LA CORRUPCION QUE NO CESA

 

       Muchos opositores al régimen de Franco que vivimos la ilusionada Transición de la Dictadura a la Democracia pensábamos que la separación clásica de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial; los partidos políticos y los sindicatos; la libertad de expresión traducida en unos medios de comunicación libres y críticos y, en definitiva, la acción política del pueblo español iba a terminar para siempre  con la corrupción.

       En aquellos primeros años de nuestra recién estrenada libertad hubo pocos casos y nuestra preocupación se centraba en la desestabilización que provocaba el terrorismo de ETA y la aceptación por parte de unos mandos militares golpistas de una democracia constitucional plena.

       Los socialistas pudimos participar en las elecciones generales de 1979 con un lema: “Cien años de honradez y firmeza”. Nada que ver con la situación actual. Todas las instituciones desde la Corona hasta las corporaciones de pequeños pueblos, desde el Presidente del Gobierno hasta Consejeros Autonómicos, desde el Tribunal Constitucional hasta Ministros del Gobierno, están afectados por casos de corrupción. Por no hablar de banqueros, empresarios y partidos políticos. El magma es tan espeso que a veces es difícil distinguir entre corruptores y corruptos. No se sabe qué fue primero si el empresario que propone privatizar un sector sanitario a cambio de cuantiosas dádivas al político en ejercicio o viceversa. En cualquier caso ambos están perjudicando el interés general de los ciudadanos y, por supuesto, cometiendo un delito.

       Hay casos de corrupción institucional, continuada en el tiempo, como la financiación ilegal del PP y los posibles “sobre-sueldos” a su cúpula que, caso de probarse, podrían llevarse por delante al Gobierno de España y el poco crédito que como país nos queda en Europa.

       No debe deducirse de lo anterior que vivamos en un país de corrupción generalizada pero sí que ésta abarca muy diversos y sensibles ámbitos de las instituciones económico-políticas que hacen funcionar un Estado.

       Apuntaremos posibles soluciones que podrían solventar o, al menos, paliar el problema.

       1.- El acuerdo entre partidos.

Hasta ahora la actitud de los partidos políticos con miembros imputados con casos de corrupción ha sido similar a la observada por la Iglesia Católica con sus curas pederastas: protección, ocultación y falta de colaboración con la Justicia. En definitiva, y esto es lo grave, complicidad.

Es necesario un gran acuerdo ente partidos con las modificaciones legislativas oportunas para erradicar la corrupción de sus integrantes, separando de su cargo a todo político imputado.

Listas abiertas que permitan a los ciudadanos mayor capacidad de elección.

Se debe limitar a dos los mandatos de todo cargo electo, desde un Alcalde Pedáneo hasta el Presidente del Gobierno. Esta limitación afectará también a los cargos nombrados por medio de Órdenes o Decretos: Secretarios de Estado, Directores Generales, Delegados de Gobierno y sus equivalentes en las CCAA.

Prohibición por Ley para presentarse en las listas o ser nombrados para cargos aquellos políticos sobre los que pese una causa judicial.

No prescripción de los delitos económicos cometidos en el ejercicio del cargo.

       2.- Una eficaz persecución judicial.

Los órganos jurisdiccionales españoles que luchan contra la corrupción económico-política no pueden ser objeto de presión y deben ser respetados para que cumplan su importante función a la mayor celeridad posible. Cuando la magnitud de los casos lo requiera, serán reforzados con los recursos técnicos y humanos necesarios para culminar su labor y acortar los plazos, a veces exasperantes, entre la comisión del delito y su condena.

       3.- Los medios de comunicación.

En una democracia con ciertas dosis de calidad resulta esencial el papel de unos medios de comunicación libres, críticos y que realicen un periodismo de análisis e investigación. Un arma capital para acabar con la corrupción es denunciarla. La publicación de esas prácticas delictivas hace imposible su continuidad y suele incoar acciones judiciales correctivas. En nuestro país muchos casos importantes que mezclan el poder y el dinero han sido y son desvelados por la prensa, la radio y la TV, cumpliendo así una de sus más importantes funciones y rindiendo un gran servicio a la ciudadanía a la que se deben.

       4.- La sanción social.

Es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Por qué votamos a formaciones que incluyen en sus listas políticos corruptos? ¿Cómo es posible que en las elecciones de una Comunidad Autónoma con un candidato a Presidente ya encausado éste revalidara la mayoría absoluta? Parece que no tenemos especiales reparos en ser gobernados por corruptos.

La respuesta electoral de la ciudadanía ha de ser intolerante en estos casos. Un rechazo frontal disuadirá a los partidos políticos de presentar candidatos contaminados. También sería deseable la exigencia de responsabilidades políticas, es decir, dimisiones. Los tiempos de la política y la justicia son distintos y no podemos esperar que todo lo resuelvan los Tribunales.

       Los cuatro puntos anteriores contienen condiciones necesarias pero no suficientes. Hacen falta personas honradas dispuestas a hacer las cosas bien. La corrupción es también un fenómeno cultural  que, para ser combatida, postula la necesidad de un sentido cívico y político responsable. De ahí la importancia de la Educación, en todos los ámbitos de la vida.

 

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