UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SANCIONADORA

UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SANCIONADORA

Durante los años ochenta la Administración de la junta de Andalucía cumplía admirablemente con una de sus principales misiones: ayudar a los ciudadanos a cumplir con la legalidad y sancionarlos, de forma proporcionada, en caso de incumplir con la ley. Era en definitiva un apoyo a la ciudadanía que ésta valoraba positivamente.
Con el paso de los años la Administración de la Junta de Andalucía ha evolucionado negativamente y para mal de los ciudadanos se ha constituido en administración sancionadora y obstruccionista, que inunda de disposiciones coercitivas a los ciudadanos hasta llegar a extremos realmente insoportables.
Un pequeño empresario granadino sancionado con 300.000 euros por un vertido incontrolado accidental decía que ya había comunicado, al organismo correspondiente de la Administración Autónoma, que su única salida era entregarle la empresa, pues ni aunque consiguiera venderla a un buen precio, con su importe no podría aproximarse al coste de la sanción establecida.
Las actuaciones administrativas en este sentido son sin duda lo menos adecuado para animar a los empresarios a constituir el tejido industrial que falta en Andalucía, imprescindible para que la comunidad autónoma intente dejar el farolillo rojo que ocupa en todos los sentidos, con relación al resto de las comunidades autónomas de España, y respecto a las regiones de la zona euro.
No nos detengamos siquiera en las multas desproporcionadas en zonas de montaña y explotaciones agropecuarias, con rentas anuales muy bajas.
Como ejemplo singular del quehacer sancionador, en los últimos días se ha transmitido por los medios de comunicación la sanción de 170.000 euros impuesta a la Orden de las Hermanas Clarisas de Santa Inés de Sevilla.
El asunto merece sin duda una valoración, que en algunos puntos se puede aproximar al sarcasmo.
El motivo de la sanción es sobradamente conocido, la restauración sin la debida autorización, al tratarse de un bien de interés cultural, de un órgano relacionado con una de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer: Maese Pérez el organista.
La operación, según información de la entidad, se llevó a cabo por la Fundación Alquimia, por un importe de 150.000 euros, contribuidos en parte por la fundación y por aportaciones de los ciudadanos, y hubo por medio un silencio administrativo a las solicitudes correspondientes formuladas por la fundación.
No se trata de poner en duda ni la potestad de la Junta para proteger el patrimonio cultural, ni la necesidad de sancionar a los incumplidores de las leyes. Tampoco considerar a la orden religiosa de referencia exenta de cumplir con las normas vigentes, tenga el respaldo ciudadano que tenga. Se trata de la proporcionalidad, del sentido común, de la buena fe y de que la agilidad de la Administración Pública que debe estar siempre al servicio de los ciudadanos y ajena a la “burrocracia”, no responde con suficiente soltura ni prontitud.
Algún miembro con autoridad del Gobierno Autónomo ha utilizado el sentido común suficiente para impedir que prospere tal disparate, pero no es ésta la solución adecuada.
Habría que preguntarle al equipo que puso en marcha los mecanismos para sancionar si pensó en algún momento en la capacidad económica de la orden religiosa para templar la cuantía de la multa, pues posiblemente cualquier juez la declararía insolvente. ¿Es posible que el equipo pensara en embargarle los útiles de cocina con los que obran dulces para vender y conseguir los recursos mínimos para sobrevivir?
Las leyes se elaboran para que todos los ciudadanos las cumplan, pero si se evidencia que su aplicación es contraria al interés general, e incluso llegan a ser inaplicables, las mismas deben ser corregidas o eliminadas.
Explicar el positivismo y las normas jurídicas como derecho de obligado cumplimiento, si la ley es propia de un Estado Democrático, no exime a nuestra inteligencia de una función crítica para confrontar la norma positiva con el derecho que debe ser.
Sería muy positivo que las motivaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía volvieran a ser las que animaban a sus responsables y demás trabajadores en los años ochenta y dejara el camino de la sanción desorbita contra los ciudadanos, a la que está apuntando también la Administración Local, sin tener en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma con renta per cápita más baja de España, sólo por delante de Extremadura, y con prácticamente la mitad de renta respecto a la del País Vasco.

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LA DISPERSIÓN SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LA DISPERSIÓN SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El primer gobierno del PSOE llevó a término una importante reforma de las Administraciones Públicas, lo hizo por medio de la Ley 30 de 1984.
Gracias a esta norma se eliminaron, unificándolos, cientos de cuerpos y escalas de funcionarios cada uno de ellos con estructuras salariales diferentes, con sueldos básicos diversos y todos de cuantía ridícula y complementos del carácter más diferente y alta cuantía. Por añadidura eran impermeables entre ellos, lo que significaba que el miembro de un cuerpo o escala determinado tenía que estar en ella durante toda su vida funcionarial, pese a tener la titulación y capacidad suficientes para ocupar un puesto de trabajo en otro cuerpo o escala y aunque en uno sobraran funcionarios y en el otro faltaran.
Los cambios en las Administraciones Públicas, con la Ley 30, fueron espectaculares. Se fijaron salarios básicos únicos para las diferentes titulaciones, se limitaron y definieron los complementos iguales para todos los funcionarios Y cuantía proporcional a la titulación y a las características del puesto de trabajo. Al mismo tiempo se eliminaron la mayoría de los cuerpos y escalas, se estableció un escalafón de niveles único y se permitió la permeabilidad entre muchos de los cuerpos que permanecieron. Era posible incluso para los funcionarios de la Administración Central pasar a las Administraciones Autonómicas e incluso a la Administración Local y a la inversa.
Pero, como nada es perfecto, quedaron huecos en la reforma para permitir que, los intentos de hacer Administraciones más funcionales y mantener unas retribuciones que no generaran agravios comparativos entres los funcionarios, pudieran ser ineficaces en algunas ocasiones.
Con el paso de los años los puntos débiles, propiciados por determinados cuerpos de funcionarios para sus intereses “gremiales”, han sido aprovechados por ciertas Administraciones Autónomas y Locales para potenciar el desmadre y crear una fuente de agravios comparativos. La consecuencia es que se está volviendo a unas Administraciones Públicas que estructuran a los funcionarios en principios parecidos a los existentes antes de la Ley 30 de 1984.
En realidad, diríase que se ha hecho un recorrido de 33 años para, con la ayuda inestimable de algunas comunidades autónomas y muchos entes locales, volver al punto de partida.
¿Cómo es posible que se haya tolerado por los diferentes Gobiernos Centrales que la policía de la Comunidad autónoma de Cataluña, tenga un salario que puede llegar a ser superior hasta en un cincuenta por ciento a los que reciben los miembros de los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil? Puede resultar sorprendente pero es así.
Lo mismo ocurre con los funcionarios de las diferentes Comunidades Autónomas. Los salarios de los servidores públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están muy por debajo de los de Cataluña o el País Vasco. Algo parecido ocurre a favor de los funcionarios locales en numerosos municipios. En definitiva el desmadre es total.
El Gobierno Socialista elaboró y sacó adelante la Ley 7 de 2007. “Estatuto básico del empleado público”. En el mismo se recoge, (en su Capítulo III. Derechos retributivos) un intento de poner orden en todo el Estado de los salarios de los funcionarios públicos. El Estatuto ni se ha desarrollado, ni se aplica, ni cumplirá con los fines que en el mismo se recogen.
Lo cierto es que, sea cual sea el signo del gobierno, es imprescindible enmendar esta situación fuente de injusticias y de agravios comparativos que servirán de base para protestas, complicaciones sin fin y restarán eficacia, profesionalidad y eficiencia en los servicios de las diferentes Administraciones Públicas.

INTERÉS GENERAL, ECONOMÍA Y SOCIALISMO EN LIBERTAD

INTERÉS GENERAL,
ECONOMÍA Y SOCIALISMO EN LIBERTAD

Bertrand Russell (1872-1970), en su libro Caminos de libertad: socialismo, anarquismo y comunismo (1918), nos indica, desde su propia experiencia, la necesidad de conjugar la libertad y la justicia económica como modo de lograr el “goce de vivir” y la defensa del interés general.
Por nuestra parte, entre el 1975 y finales de 1978, fuimos capaces de lograr un consenso constitucional en el que toda la riqueza del país en sus distintas formas, fuera cual fuere su titularidad, debería estar subordinada al interés general. Ese es el gran reto constitucional -recogido en el Título VII, sobre Economía y Hacienda (artículos 128 al 136 de la CE)-.
En este quehacer constitucional, nos inspiramos en otros países europeos, tales como Italia (al Sur) y Alemania (al norte). Una vez logrado el consenso, fuimos de hecho un referente en el conjunto iberoamericano. El reto indicado implicaba un especial sentido de responsabilidad compartida, de planificación, de modernización; de equilibrio presupuestario; de solidaridad interterritorial; de estabilidad presupuestaria y participación efectiva de los distintos ámbitos, incluso sociales (empresariado y personas trabajadoras, en el art. 129).
Concretamente, en el art. 135, 5 de la CE de 1978 se estableció, además, que una Ley Orgánica desarrollaría los principios enunciados así como la participación, en los procedimientos respectivos, de la coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera.
Ello implica regular: a) la distribución de los límites del déficit y de la deuda; b) el cálculo del déficit estructural; c) la responsabilidad de cada Administración Pública, en su caso, por incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El tema es de tal importancia que, además de la coordinación institucional, es imprescindible un Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, con dependencia directa de las Cortes Generales (art. 136, 1).
Como en el caso del Poder Judicial, “Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces” (art. 136, 3).

En consecuencia, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales tendrán que conjugar la coordinación institucional en las cuestiones presupuestarias con la gestión económica, la planificación, la mejora del producto interior bruto y la subordinación de la riqueza, de toda riqueza, al interés general.

¿Qué es lo que suele fallar? Pues… el sentido de solidaridad, la coordinación, la participación efectiva, y la supeditación del interés particular al interés general. Ahí es donde resulta difícil avanzar en la relación entre Ética y Política, absolutamente necesaria en cualquier reforma constitucional en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Por eso, tal vez, conviene leer, en la actualidad, el libro de Josep Borrell y otros, que se titula Escucha, Cataluña. Escucha, España –cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión-.
Josep Borrell (con su aportación “Catalán, Español, Europeo”), Francesc de Carreras (en “La defensa espiral del silencio”), Juan-José López Burniol (en torno a “El problema español”), y Josep Piqué (“En busca de la política perdida”) apuestan, razonada y documentalmente, por el diálogo y el reencuentro de la mayoría de los españoles, frente al crispado debate territorial. El reto tal vez parezca imposible, pero, para estos autores, incluso los puentes rotos pueden rehacerse si se antepone el interés general al interés particular.

SE, 13/XI/17

LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

Sobre los nacionalismos se ha escrito prácticamente todo, y es difícil decir algo nuevo sobre sus nefastas consecuencias derivadas de los sentimientos identitarios, todos orientados a imponer una superioridad indiscutible de ellos, los nacionalistas, sobre todos los humanos foráneos.
Los sentimientos nacionalistas e identitarios son peligrosos porque llegan a dominar el ánimo de las personas para convertirlas en servidores de la sinrazón.
No es pues aceptable que, frente a los nacionalismos imperantes en parte de los ciudadanos de algunas regiones de este país, surja además el nacionalismo español. Sería retornar a épocas pretéritas, superadas para bien de todos, en las que hubo que combatir en enfrentamientos físicos sin sentido.
Frente a los nacionalismos está la necesidad de que los ciudadanos de un país conozcan su historia, se entiende que la conformada por especialistas suficientemente objetivos que hayan valorado en el trascurrir de un país tanto los hechos positivos como los negativos, pero que en su conjunto han forjado una cultura que contiene la esencia del vivir de una ciudadanía que debe saber el lugar que ocupa en este mundo. Un mundo que poco a poco elimina fronteras para llegar, posiblemente, cuando pase el tiempo, hasta una cultura universal, a la que también tenemos la obligación de ir conociendo y asimilando para hacerla compatible con la propia y armonizar las formas de vida y de relacionarse entre todos los seres humanos sin distinciones. En ese sentido el concepto de “Hispanidad” implica una apertura a lo más universal que la propia Nación.
¿Cómo es posible, pues, que ante el panorama de hacer universal la cultura haya ciudadanos de este país que pongan objeciones al concepto de hispanidad y lo que significa? Aceptarla y compartirla es un primer paso de aproximación a una cultura más universal.
Se trata de un hecho histórico incontestable que en los países hispánicos ha tenido lugar, a lo largo de los siglos, un proceso de sincretismo entre diferentes culturas generando quizá la mayor extensión de seres humanos con un patrimonio común que abarca desde monumentos históricos a la comunicación y la lengua, hasta el arte y el folklore y cuantos aspectos incumben al vivir y convivir de los seres humanos. ¿Quién puede negar esta realidad? Carecen de sentido las valoraciones hechas, precisamente por nacionalistas contrarios al concepto de hispanidad, en base a hechos históricos, de la llamada colonización. Ellos pretenden valorarlos con los parámetros de una sociedad democrática avanzada del siglo XXI, cuando tuvieron lugar a lo largo de periodos lejanos con valores aceptados por la sociedad muy distintos a los actuales.
¿Qué pueden decir, entonces, de la colonización de la península Ibérica por los cartaginenses, los romanos, los bárbaros del norte y los musulmanes? Todos dejaron huellas algunas de enorme importancia y trascendencia, y constituyen el legado de una herencia inestimable a la sociedad española actual. Desde el patrimonio monumental, que por su variedad, amplitud y riqueza constituye, posiblemente, el primero del planeta hasta las lenguas, las ciencias y las artes. Por eso, precisamente, no sólo se habla de interculturalidad y mestizaje sino incluso de “transculturalidad”, o de “crisol de culturas”.
Ese patrimonio, en realidad, ha trascendido a otros pueblos y en la actualidad se manifiesta ampliamente en los pueblos hispanos de un modo singular.
El conocimiento de su historia, debe predisponer a los habitantes de este país a posturas de apertura hacia los demás, y más en una época que se llama de la globalización económica, o mejor, de la mundialización.
La primera celebración del día de la Hispanidad tuvo lugar durante la Segunda Republica el 12 de octubre de 1935 en Madrid y su concepción nunca debe ser la base para fundamental ningún tipo de nacionalismo, sino de un deseo de apertura hacia todos los pueblos del planeta para compartir su inabarcable riqueza y propiciar un enriquecimiento mutuo.
La Hispanidad es un reto de interculturalidad y sentido de diálogo y de apertura hacia la mundialización de la gran Comunidad Humana.

LA BRECHA DE LA SOCIEDAD CATALANA

LA BRECHA DE LA SOCIEDAD CATALANA

La brecha originada en la sociedad catalana, supuestamente por los acontecimientos políticos de no se sabe cuantos años, aunque es de suponer que muchos, muchísimos, o al menos desde la crisis económica y los recortes de la Administración General del Estado, es un tema recurrente, tratado y comentado por todo tipo de profesionales y por la ciudadanía en general.
Se trata el tema como si fuera un caso único, peligroso, sin solución y que ennegrece el futuro, a medio y largo plazo, no sólo de Cataluña sino de todo el país, y con influencias incluso sobre otros países de Europa. Es así, al parecer, porque ocurre en Cataluña el “ombligo” del universo mundo para los nacionalistas catalanes independentistas deseosos de la secesión efectiva.
La pregunta al respecto es: ¿Qué sociedad constituida sobre principios democráticos es en la actualidad de pensamiento único y sus ciudadanos forman un bloque monolítico sin enfrentamientos dialécticos internos de todo tipo, y en grados diferentes?
El bipartidismo, que constituye de por si dos bloques enfrentados, a veces muy enfrentados, está por desgracia en crisis, aunque retornará, y las opciones políticas son temporalmente muy numerosas y dispersas. En consecuencia más bloques enfrentados, pues no sólo en España hubo problemas para formar gobierno tras las últimas elecciones generales, también tienen dificultades Alemania, Austria, Holanda; las tuvo Portugal y Bélgica y en un futuro próximo es posible que lo tengan más países en la UE porque las sociedades están muy fragmentadas, nos guste o no la dimensión económica de la realidad es muy determinante en todo tipo de conflicto, aunque también pesen aspectos culturales, ideológicos, sociales y políticos.
Los problemas de entendimiento entre miembros de familias, de grupos de amigos e incluso de asociaciones culturales y deportivas o de cualquier otra índole, por posicionamientos políticos enfrentados de sus miembros, ni son exclusivos de la sociedad catalana ni son nuevos, aunque en ésta puedan ser más agudos. De hecho, desde hace tiempo, es frecuente en toda España que en algunas familias numerosas, y en pandillas de amigos, el acordar cuando se reúnen para cualquier tipo de celebración, no hablar de política, para impedir enfrentamientos que rompan la armonía entre los reunidos.
Resulta evidente que tal fenómeno ni es nuevo, ni es grave, ni alumbra un futuro negro. Es propio de una ciudadanía en libertad en sus términos más genéricos, y así continuará siendo en las sociedades democráticas. Es posible que en Cataluña hayan fermentado, en tales enfrentamientos, sentimientos de odio por parte de algunos nacionalistas pero por tal razón, es aún más necesario el imperio de la ley.
Lo intolerable, con consecuencias funestas, es que una minoría social se haga con el poder y, además de incumplir con la ley, lo ejerza para castigar, humillar, marginar, someter, controlar y realizar otras lindezas contra los ciudadanos que no comparten determinas principios que ellos elevan a la categoría de dogmas. Es lo que pasa en Cataluña y, por tal razón, aplicar las leyes para romper con tal situación es además de necesario, conveniente. Sus efectos serán no sólo beneficiosos para la parte sometida sino para toda la sociedad española y catalana y si el Estado mantiene el imperio de la Ley, pronto se verán los efectos.
En un Estado de Derecho las leyes son de aplicación para todos los ciudadanos, y una de las más importantes consecuencias de su aplicación es la defensa de los débiles frente a los fuertes porque todos están sometidos a la legalidad.
En Cataluña el imperio de los fuertes, los nacionalistas, montados en los principios que sustentan tales ideologías, al intentar diferenciarse de los demás por una superioridad genética, económica, cultural y cuantas ocurrencias pasen por esas mentes calenturientas, a veces nefastas, los ha llevado a saltarse todas la leyes para subyugar no sólo a toda la sociedad catalana sino a que se supedite a sus decisiones el resto de España. Por supuesto que aducen, los independentistas, razones económicas de crisis motivada por la Administración General del Estado –con su centro en Madrid- y por los recortes en el Estado del Bienestar, las inversiones en infraestructuras y especialmente en el aplazado sine die corredor del Mediterráneo. Pero esos y otros argumentos no hacen sino enmascarar un golpe secesionista en el contexto jurídico del marco constitucional.
Sin duda, el acuerdo de los partidos constitucionalistas para aplicar la ley y retornar al Estado de Derecho, es un paso a favor de que los débiles vuelvan a estar protegidos por la legalidad.
Es lógico que los partidos nacionalistas no estén a favor de tales medidas. En cuanto a ese conjunto de confluencias que intentan formar un partido político con el nombre de Podemos, que están también en contra del imperio de la ley, pueden pensar poco porque al parecer siguen buscando dónde está su lugar -si más próximos a Pancho Villa o a José Stalin-.
La llamada brecha catalana no pasa de ser una huella más de las muchas que marcan y separan a los miembros de la especie. Conviene, pues, desdramatizar y retomar los temas de fondo una vez que las aguas vuelvan a su cauce, sin ello será sumamente difícil transformar la sociedad y la propia comunidad positivamente, mirando el presente y el futuro del momento histórico actual.

¿QUÉ HACER ANTE LA SECESIÓN?

¿QUÉ HACER ANTE LA SECESIÓN?

POR JOSÉ MORA GALIANA

Constitucionalmente hay un artículo, el 155, que contempla la posibilidad de afrontar los conflictos territoriales con las Comunidades Autónomas, de convicciones colectivas o culturas encontradas, si fracasan el diálogo y las negociaciones parlamentarias o sociales. Mientras no haya otra normativa consensuada, ese artículo de la CE de 1978, que es el 155, es una posibilidad práctico-práctica. Pero… ¿Qué dice? ¿Qué implica ese artículo?

El referido artículo 155 dice textualmente:

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

Este artículo 155, ante la amenaza -también practico-práctica- de una secesión, con el fin de instaurar una República Independiente Catalana, vendría a aplicarse en relación con el supuesto cultural de 1978, formulado en el artículo 1º del Título Preliminar de la CE, que dice así:
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Ese fue el fruto cultural jurídico, al final de la década de los 70, que permitió pasar de la Dictadura a la Democracia. ¿Puede actualizarse? ¿Puede reformarse? Si lo quisiera la mayoría del pueblo español, por supuesto que sí, y además, dentro de lo también previsto en el Título X: “De la reforma constitucional”, puesto que la realidad histórica es compleja, dinámica, humana y abierta al futuro.

En cuanto al Título III, “De las Cortes Generales”, tenemos el capítulo primero (De las Cámaras) en el que el Congreso (quizás con un exceso de representantes o diputados) y el Senado (como cámara de representación territorial) “representan al pueblo español”; el capítulo segundo establece el articulado “De la elaboración de las leyes” (arts. 81-92), dejando claro que “la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras” (art. 87. 1), y contemplando, además, que “Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.” (art. 87. 2). El capítulo tercero habla “De los Tratados Internacionales” (arts. 93-96), en donde vuelve a tener importancia especial no sólo las Cortes Generales sino también el Tribunal Constitucional, en su caso (art. 95).
El Título IV trata “Del Gobierno y de la Administración (arts. 97-107). Queda claro que es el Gobierno quien dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y que tiene que ejercer su función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes (art. 97). “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”, nos habla el Título V (arts. 108-116). Probablemente, no muy tarde, las circunstancias del momento actualicen la importancia de este Título V, puesto que el Gobierno tiene que responder de su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108) y, en consecuencia, ante el conjunto del pueblo español.

Nota a tener en cuenta:

CADENA SER
“Mañana jueves, en el parlament, y pasado mañana, viernes, en el Senado, vamos a tener la última oportunidad de embridar este caballo desbocado”. En estos términos se expresaba el periodista Iñaki Gabilondo —en su comentario Dudas y discrepancias, en la Cadena Ser—.
De este modo, la opción de detener la actual dinámica del conflicto catalán pasa por un lado por “el parlament, descartando sin ambages la declaración de independencia”. Y por otra por el Senado, “aparcando el 155”.
“Este sería el sueño”, afirma Gabilondo, quien por contra plantea también “la pesadilla”: “Que pasado mañana viernes tengamos a la vez independencia y 155. Una hazaña que llevaría a esta generación de políticos al basurero de la historia”.

Contra el sentido de coherencia, racional, social, económica y territorial, ahí se está de momento, desde la tarde del viernes del día 27 de Octubre de 2017

EFEMÉRIDES CATALANAS

EFEMÉRIDES CATALANAS

Las referencias históricas, hechas símbolos, del independentismo catalán son dignas de comentar. Representan, sin duda, la base de los sentimientos nacionalistas que someten a la razón aunque carecen de la solidez, trascendencia y positivismo que pretenden asignarle los más fanáticos de los independentistas. Es así, tanto por el valor de los mismos como por su contexto histórico y social.
Con el día Nacional de Cataluña, la Diada, se conmemora la caída de Barcelona, el día 11 de septiembre de 1714, en poder de las tropas favorables a la Casa de los Borbones en la guerra de sucesión. En esta contienda participaron las potencias europeas movidas por sus intereses expansionistas, unas favorables a la Casa de Austria y otras a la de los Borbones, con el fin de designar un monarca para España.
Cataluña era favorable a la Casa de Austria, aunque no todos los ciudadanos lo fueran, y lo mismo ocurría en el resto de España a favor de la Casa de los Borbones.
Fue Rafael Casanova, máxima autoridad militar y política de la ciudad, y abogado de profesión, quien entregó Barcelona a los enemigos. Pero éste fue exonerado de cargos en virtud del perdón real, con lo que volvió a ejercer como abogado.
En definitiva en el día Nacional de Cataluña se celebra una derrota, se tiene como héroe a quien rindió la plaza al enemigo y después fue perdonado para volver a su actividad profesional.
El himno oficial de Cataluña, los segadores, está inspirado en una canción nacida en 1640, aunque su letra es de 1899 y su música de 1892. En 1640 tuvo lugar la sublevación de campesinos y segadores, llamada del Corpus de Sangre. La promovieron la burguesía y la aristocracia catalanas, aunque después fueron también víctimas de los sublevados contra el ejército español, estacionado en Cataluña en relación a la guerra de los treinta años. A lo largo de doce años que duró la llamada guerra de los segadores tuvieron lugar infinidad de acontecimientos: se proclamó la Republica Catalana, Cataluña pasó a formar parte de Francia, el rey francés Luis XIII se declaró conde de Barcelona y, al final, Cataluña volvió a formar parte de España.
Después de tantos años, además del daño causado a los intereses del país, a nivel europeo y de su imperio, se perdió para España, y por lo tanto para Cataluña, a favor de Francia el Condado del Rosellón. Otro gran éxito a celebrar por el nacionalismo catalán.
La sardana actual, -la cumbre más popular del folklore catalán,- fue compuesta por un andaluz, José María Ventura Casas nacido en Alcalá la Real, provincia de Jaén, el 2 de febrero de 1817.
Tampoco se pueden dejar de tener en cuenta los homenajes que se le hacen a quien fuera presidente de la autonomía catalana, durante la Segunda República, haciendo una interpretación completamente interesada de la historia.
El presidente de la autonomía catalana Luis Companys proclamó el Estado Catalán el 6 de octubre de 1934, fue un acto fuera de la legalidad contra la Segunda República. Acabó con la sublevación el general Batet, lo que originó derramamiento de sangre con víctimas mortales. Companys fue condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República a 30 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. El gobierno del frente popular lo amnistió, para desgracia de la República, pues volvió a presidir la autonomía catalana y en unión de las anarquistas prestaron un servicio inestimable para obstaculizar al gobierno republicano de Madrid y facilitar así a los militares golpistas ganar la guerra civil.
Es cierto que los nacionalistas alemanes (Nazis) entregaron al nacionalista catalán a los nacionalistas españoles (dictadura franquista) y éstos lo fusilaron sin un juicio con las mínimas garantías. Pero es evidente que, en este caso, los independentistas catalanes vuelven a celebrar un acto de perdedores.
Está dentro de lo posible que en el futuro los independentistas catalanes celebren también la condena por los tribunales de justicia del que es en la actualidad presidente de su Comunidad Autónoma.
Ante los hechos comentados, que los independentistas catalanes celebran con un fervor a un paso del fanatismo, es fácil comprender que estén empapados de victimismo y de acuerdo a tal sentimiento se comporten, aunque al hacerlo se predisponen a sumar nuevas derrotas a la lista de sus celebraciones, para mal de Cataluña y del resto de España.
¿Acaso no sería posible celebrar otro tipo de efemérides, en positivo, como lo fueran los Juegos Olímpicos del 92?