EL PACTO SÁNCHEZ-IGLESIAS

EL PACTO SÁNCHEZ-IGLESIAS.

Después de seis meses, dos Elecciones Generales y 1.300.000 votos y 10 escaños menos, se ha producido el acuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Eso sin hablar del gasto intangible en desaliento, decepción y hartazgo de gran parte del electorado, especialmente de izquierdas, que contemplaba asombrado como sus representantes eran incapaces de ponerse de acuerdo. En parte esta pifia se ha subsanado hoy, sin que estuviera de más que sus responsables dieran alguna explicación más allá del abrazo escenificado ante las cámaras.
Mientras llegue una razonable explicación, si es que llega, nosotros vamos a aventurar la nuestra: No ha habido antes acuerdo porque los actores en presencia no han querido y ello, en contra de toda lógica, puesto que no hay diferencias insalvables en sus programas políticos, y en contra de los deseos y esperanzas de la inmensa mayoría de sus votantes. ¿A qué se debe pues, esta diferencia radical que impidió el acuerdo en abril? A que Pedro Sánchez no quería un gobierno de coalición y Pablo Iglesias no aceptaba un gobierno donde él no estuviera. Seguro que ha habido también errores de cálculo electoral, presiones y egocentrismo excesivo pero lo anterior nos parece evidente.
En las generales del 10-N que, no perdamos la perspectiva, el PSOE ha vuelto a ganar, los electores han sancionado a aquellas formaciones consideradas responsables de la repetición electoral. Así el PSOE ha perdido más de 700.000 votos y tres escaños, UP más de 600.000 votos y siete escaños y Ciudadanos ¡2.500.000 votos y 47 escaños¡ El dictamen de los electores para esta formación más que un castigo es un torpedo en su línea de flotación. Y es curioso porque Ciudadanos no estaba implicado directamente en la partida que se jugaba en el ámbito de la izquierda y, sin embargo, ha resultado el más perjudicado. ¿Por qué? Por su cerrilismo, su incoherencia, sus errores y porque sus electores llegaron a la conclusión certera de que sus votos no servían para gobernar España. Le hubiera resultado duro pero muy rentable un acercamiento al PSOE con el que sumaba mayoría absoluta y hoy, Rivera, sería vicepresidente del gobierno en vez de dedicarse a pasear al perro. Esto es lo que hace el centro liberal en toda Europa y por no hacerlo y aliarse con la extrema derecha lo abandonó Macrón, lo abandonó Valls, se fueran parte de los fundadores y dirigentes de su partido y finalmente lo abandonaron sus electores.
Estas elecciones generales de noviembre han tenido también otro efecto indeseado facilitado por la torpeza de la izquierda: El auge de la derecha y sobre todo de la extrema derecha cuyos argumentos populistas y simplistas pero claros convencen cada vez a más gente. No pensemos que son un problema solo del PP, en poco más de seis meses, después de un tiempo de hibernación, han pasado de extraparlamentarios a tercera fuerza política de nuestro país.
El pacto es un primer paso esperanzador pero al que habrá que sumar otros fuerzas algunas contradictorias con lo firmado. Nos referimos a los independentistass catalanes y singularmente a ERC cuya abstención parece necesaria para la investidura. Lo firmado con UP (más que nada una declaración de buenas intenciones que habrá que desarrollar) concreta que el dialogo sobre Cataluña se realizará dentro del marco de la Constitución, y esta no permite el secesionismo. A nuestro juicio, la necesidad de fuerzas no constitucionalistas es el mayor escollo para la concreción del pacto. Una parte de la derecha podría resolver esto con un rasgo de generosidad como el del PSOE con el PP permitiéndole gobernar con su abstención, pero es altamente improbable ya que, desde la transición, la derecha no ha tenido ningún rasgo de este tipo.
En definitiva, tenemos la oportunidad de configurar el primer gobierno de coalición progresista desde la II República acometiendo las reformas que nuestro país necesita y mejorando, dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, la calidad de vida de nuestro pueblo. Esperemos que los oscurantistas y los disgregadores no malogren el intento.

MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA Y MENOS EGOLATRÍA Y PARTITOCRACIA

MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA
Y MENOS EGOLATRÍA Y PARTITOCRACIA

La Democracia, teóricamente, en cuanto ejercicio de la soberanía por el propio pueblo, podría ser directa o indirecta (como democracia representativa). En nuestras democracias occidentales, claro está, la soberanía se ejerce por representantes intermediarios. Es decir, nos movemos en un contexto de democracia representativa. Pero… ¿Ejerce el pueblo su soberanía? ¿Se tiende, en nuestro Estado social y democrático de Derecho, a mejorar efectivamente las condiciones de vida del pueblo?
Egolatría se entiende como culto o amor excesivo de sí mismo. Es lo que se percibe y observa en los liderazgos actuales de los distintos partidos políticos.
“Partitocracia”, como neologismo y expresión coloquial, viene recogida en Wikipedia como predominio excesivo de los partidos políticos en el sistema democrático. De hecho, se reseña lo siguiente: “La concepción del Estado democrático, tanto en su versión de democracia representativa, como de la directa, se asienta sobre una relación bilateral entre ciudadanos y Estado. Tal y como la conocemos hoy, la naturaleza de la democracia estriba en la apropiación por parte del pueblo del poder político y de allí surge la necesidad de nombrar representantes para que, proviniendo de y a nombre del pueblo le administren su original poder. Sin embargo, en la práctica histórica, esta relación bilateral pasa a adquirir crecientemente un carácter trilateral: ciudadano-partido político-Estado, de tal manera que el ejercicio de la soberanía popular ya solo es posible mediante la mediación de los partidos.”
Conjugando democracia representativa, egolatría en los liderazgos, y predominio de los partidos políticos en el ejercicio del poder, la democracia (ya sea popular, liberal, conservadora y neoconservadora, socialdemócrata u otra, en su caso, de tendencia “orgánica” o “paramilitar”), la Democracia en mayúscula, se debilita por difuminarse la separación de poderes, porque el poder ejecutivo invade el poder legislativo, por constatarse enfrentamientos partidistas permanentes en el parlamento en vez de mejorar el marco legal, y por percibirse, a veces, interferencias ideológicas o partidistas en el sistema y ejercicio del poder judicial.
En consecuencia, en vísperas electorales o en cualquier momento de nuestra vida diaria, si de verdad se quisiera mejorar y revitalizar la democracia, el paso previo debe ser escuchar atentamente a la sociedad civil y apostar por mejorar sus condiciones de vida, educando en la solidaridad, mirando el interés general, y haciendo posible y efectiva la participación del pueblo y el ejercicio real de su soberanía.
La tarea no es nada fácil, frente a egolatrías desmesuradas, individualismo lacerante, y partidocracia ramplona, que condicionan el presente. Ni la opción anti-sistema ni la tendencia a una democracia orgánica de corte paramilitar o totalitarista van a mejorar la democracia. Importa, pues, como indica el Preámbulo de la Constitución Española de 1978 : “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular”, lo que implica garantizar los derechos humanos, promover el progreso de la cultura y la economía al servicio de la vida digna de la sociedad en su conjunto, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación y solidaridad entre todos los pueblos de la Tierra.
El paradigma del Estado y la Federación o Confederación de Estados – propios de la Teoría Política- hay que entenderlos al servicio del pleno desarrollo integral de toda la Comunidad Humana.

LA HERENCIA ESPERADA

LA HERENCIA ESPERADA

La clase política de España está recogiendo en Cataluña la cosecha de lo que ha sembrado en este país, España, desde el ejercicio del poder durante más de cuarenta años.
Se podría hacer una lista de los numerosos errores y de algunos despropósitos que los diferentes gobiernos han cometido con relación a Cataluña, y que en la actualidad son difíciles de corregir porque, además, los siguen cometiendo.
Cabe enumerar, al menos, desde cerrar los ojos ante el atraco de la Banca Catalana, con el presunto delincuente Pujol al frente, pasando por la celebres frases: “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” o “en privado hablo catalán”, sin olvidarse del retraso y la tibieza en la aplicación del artículo 155 de la Constitución del 78 ante la declaración de independencia.
La cascada de despropósitos es interminable.
Si la persecución de la corrupción en algunas comunidades autónomas es implacable, Andalucía, Madrid, Valencia…, llegando a ser en determinados casos casi obsesiva, en Cataluña se cerraron los ojos y se siguen cerrando con el celebre tres por ciento donde ha estado sumida la Administración Autónoma catalana enriqueciendo a sus líderes y creando, sosteniendo y alimentando las tramas de desacato legal y malversación de fondos públicos por parte de los independentistas.
Se ha hecho total dejación por parte de los gobiernos de España de sus obligaciones en materias tan fundamentales como la educación, la política lingüística, las fuerzas de orden público, los medios de comunicación, la administración carcelaria. . ., permitiendo todo tipo de abusos y comportamientos ilegales.
Algunos funcionarios de la Administración Autónoma de Andalucía pueden dar fe del comportamiento de los responsables de la Administración Central en reuniones técnicas de todo tipo con representantes de las Comunidades Autónomas. Allí solo contaban las opiniones y los trabajos de la Administración Autónoma catalana y, algunas veces, de la vasca. Aunque los trabajos y los resultados de otras comunidades autónomas fueran los mejores, así como sus ideas y propuestas, solo contaban las procedentes de Cataluña y, en ocasiones, del País Vasco, el resto no pintaba nada o muy poco.
Quizá de cara al futuro, para intentar rectificar tantos errores, hagan falta otros políticos con mayores capacidades de todo tipo, y que hagan frente a la lamentable situación por la que pasa España por culpa de los independentistas catalanes, que ni son tantos como se airea ni están tampoco unidos entre ellos.
Gregorio Peces Barba, nos recordaba después de las celebraciones del 92, “Sobre el consenso y otros temas” (publicado en 1994) que, desde el punto de vista del Estado de las Autonomías, “lo que se quería resolver de fondo era algo muy profundo que había estropeado nuestra convivencia histórica a lo largo de mucho tiempo”. De ahí la complicación que tuvo el consenso en el título VIII de la Constitución, y que sólo se llegó al consenso y la integración porque hubo algunas ideas en las que se estaba de acuerdo. “Esas ideas eran los valores superiores, los derechos fundamentales, y los principios de organización de los poderes”.
Dicho lo anterior, también hay que decir que los políticos con mayores responsabilidades no deben olvidar las obligaciones que la Constitución del 78 asigna al ejército, en el artículo 8.º1., que dice: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.”
Quizá con otros responsables políticos los millones de catalanes víctimas de la represión que ejercen sobre ellos los independentistas catalanes tengan esperanzas de que alguna vez puedan disfrutar de todos los derechos que les asignan las leyes.
Los españoles en general deben estar atentos para no caer en trampas similares de dejación de sus derechos por parte de ningún poder ni movimientos de ningún tipo.
El propio Gregorio Peces Barba, decía: “Yo coincido absolutamente con Miguel Roca en que preguntar si hay que reformar la Constitución me produce una incomodidad grandísima, porque es una pregunta vacía, es una pregunta simple, si no se matiza y no se intenta analizar el tema en profundidad”.

ECUADOR, OCTUBRE 2019

Ecuador, octubre 2019:
La (re)insurgencia del derecho de los pobres vs una Corte Constitucional sin causa.

Por Antonio Salamanca

Hoy, 8 de octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano está en pie, empoderando en su diversidad las plazas del país. A estas horas sigue entrando en Guayaquil y Quito, por el Norte y el Sur. Hay pueblo por todos los chaquiñanes, caminos y carreteras del Ecuador. Van y vienen, llenos de dignidad y generosidad, de decoro y belleza, de indignación y fuerza revolucionaria milenaria. ¡Es un orgullo este pueblo cimarrón indígena, afro, mestizo y blanco! El 1 de octubre, el Presidente de la República, Lenin Moreno, anunció (Decreto Ejecutivo 883) la crucifixión en el altar del Fondo Monetario Internacional para las grandes mayorías ecuatorianas. El préstamo de 4.200 millones de dólares firmado este año con el FMI exige sacrificios. El inicio del via crucis es: a) la eliminación de los subsidios para el uso de combustibles fósiles y la liberación del precio del diesel y la gasolina extra y extra con etanol; b) una reducción del 20% del salario para aquellos trabajadores con contrato de servicios ocasionales a la hora de su renovación; c) el “diezmo” de un día de salario al mes para los trabajadores de las empresas públicas; d) la pérdida de 15 días de vacaciones a todos los servidores públicos. Para el próximo año los despidos del sector público aportarán otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales: “a las empresas públicas se les exigirá una reducción de gasto de 100 millones de dólares y en el caso de la Seguridad Social, de 50 millones de dólares”, según el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El mismo día, conmocionados por el primer golpe de la medida, de inmediato, el sector del transporte pesado, taxistas, autobuses municipales e interprovinciales, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes anunciaron movilizaciones para protestar por el “paquetazo” neoliberal. La movilización se extiende rápidamente por más de 20 provincias. Acto seguido, el jueves 3 de octubre, el Presidente, Lenin Moreno, declara el estado de excepción y limita derechos humanos como el derecho de reunión y asociación (Decreto Ejecutivo 884). Los excesos de parte de las fuerzas armadas y policía se extienden por el país. Se derrama sangre en suelo ecuatoriano. El fundamento o argumento para el estado de excepción es la conmoción social interna. Para el gobierno, la causa del estado de excepción no fue su primer golpe con el paquetazo neoliberal sino los efectos de los gritos de dolor del pueblo ante las agresiones. Por otro lado, la sorprendente rapidez, un solo día de conmoción, le bastó para declarar algo tan grave como es la restricción de derechos humanos con la declaración por sesenta días de un estado de excepción. El sábado, 5 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ante las agresiones a sus pueblos y comunidades, por parte de algunos policías y miembros del ejército, declara el estado de excepción en sus territorios. En una genuina y legítima expresión del derecho vivo, que nace de abajo, del pueblo, de las calles, de las comunidades, de la tierra, en un estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural como el ecuatoriano, la CONAIE fundamenta su decisión en la Declaración de Naciones sobre Pueblos
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Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de Ecuador. !Qué riqueza del Derecho de los pobres para llenar y extender el contenido del artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)! El domingo, 6 de octubre, el gobierno ecuatoriano, a través de su Cancillería, sostiene que “declarar el estado de excepción es prerrogativa solo del gobierno, según la Constitución y la ley internacional”. El lunes 7 de octubre, la Corte Constitucional del Ecuador emite el Dictamen Nº 5-19-EE/9. Un dictamen que confunde la causa con el efecto para pretender legitimar el Decreto Ejecutivo que declara el estado de excepción (DE 884). La Corte quiere hacer creer que la conmoción social se origina con el grito de dolor del pueblo (el efecto) ocultando que su causa es el golpe al pueblo generado por el Decreto Ejecutivo 883. Este hecho no resulta para la Corte causa de conmoción alguna digna de ser valorada. Algo curioso cuando en la identificación de los hechos y causal constitucional que se invoca, la misma Corte recoge que “en el Decreto se especifica que los hechos por los cuales se declaró el estado de excepción, se deben al anuncio de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional el 1 de octubre de 2019” (nº 6). Por el contrario, para la Corte, en su párrafo 48, lo que considera como hechos que legitiman su decisión es la conmoción provocada por “…las paralizaciones en diferentes lugares del país, (que) han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas; así como también, la alerta de una posible radicalización de la medida en todo el territorio nacional, ya que las diferentes agrupaciones continúan convocándose para jornadas de protesta continua e indefinida”. Para la Corte, esta es la “causa”, que le lleva a legitimar el estado de excepción y al tiempo el paquetazo neoliberal. La causa causante de la conmoción no existe:

“Por ende, en atención a los hechos acaecidos (…) las medidas adoptadas son necesarias toda vez que algunos de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción que nos ocupa, es la paralización –en diferentes lugares del país- de la normal y libre circulación de la ciudadanía, a través de acciones violentas y vandálicas de grupos o colectivos de personas que atentaron contra la vida, integridad y propiedad del resto de ciudadanos”.

La Corte Constitucional, por ausencia de causas materiales, justificación razonable e incompatibilidad de las medidas de excepción con la Constitución, debió declarar la inconstitucionalidad del estado de excepción. La conmoción interna que vive ahora el país es producto, tiene causa directa, en el anuncio de las medidas económicas y no en la agitación social. Al no ser la conmoción interna, sino un decreto económico, la causa de la excepción, es indispensable que la Corte revise las medidas económicas de forma automática, como lo prevé el artículo 436 numerales 3 y 8 de la Constitución, para ver si las medidas citadas se adecuan a la Constitución. De encontrarlas incompatibles debe suspender las medidas conjuntamente con la excepcionalidad, hasta que el gobierno elabore normas constitucionales. La Corte no demostró la existencia material de una crisis económica que justificara la creación de medidas económicas en el contexto de un Estado social (art. 1
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CRE). Las medidas deben responder a la Constitución, en el sentido que debe respetar los principios de la economía social y solidaria (art. 283 CRE), así como, cumplir con los principios de equidad, igualdad y solidaridad. Además, en el supuesto caso de crisis económica, esas medidas deben responder a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad aplicables, hasta que el país haya salido de las dificultades económicas. El gobierno tampoco justificó que el peso económico de la crisis sería soportado por todos los sectores de una economía social, en el supuesto caso de que se encontrase el país en crisis. Incluso en la circunstancia de que esa supuesta crisis económica fuese real, y no inducida, es inconstitucional sobrecargar, de forma permanente, la salida a la dificultad económica en las espaldas de toda la sociedad, con el alza generalizada de combustibles y consecuentemente de la canasta básica, así como en los salarios de los funcionarios públicos. La ilegitimidad material de la decisión es mayor, y menor aún su justificación, cuando se condona, amnistía, en 2018, deudas por intereses a los grandes deudores con el Estado. La Corte Constitucional podría (debía) haber tomado, por ejemplo, el camino del Tribunal Constitucional de Portugal para atender la crisis financiera global que padece el país desde 2008. Mediante sentencia No. 187/13, declaró inconstitucional la medida de disminuir los salarios de los servidores públicos y servicios sociales pretendida por el ejecutivo. En esa línea dictó la sentencia No. 413/14, en la que declaró la inconstitucionalidad de las medidas económicas, que reducían los sueldos de los trabajadores y el recorte del 5% y 6% del presupuesto, destinado a servicios sociales y enfermedades catastróficas, por ser desproporcional y contrario a la constitución. La Corte Constitucional ecuatoriana debió considerar la cláusula social del Estado y las medidas económicas que en este caso están íntimamente ligadas. Por el contrario, dio la espalda a la historia de los derechos humanos de los pueblos ecuatorianos, al pretender justificarse con la mera verificación de los requisitos formales del estado de excepción. El control de constitucionalidad debe identificar la materialidad de las causas por las que fue dictado el decreto de excepción. Es deber de la Corte Constitucional verificar si la justificación de las medias son necesarias y constitucionales; si la conmoción interna es producto del caos social o de las medidas económicas decretadas por el gobierno. La Corte Constitucional tiene el deber de exigir al gobierno que revise y justifique la materialidad de esas medidas para que sean constitucionales. De no ser justificadas y no respetar los principios del Estado social, deberán ser declaradas inconstitucionales.

LA FUERZA CENTRÍFUGA DE LOS ESPAÑOLES

LA FUERZA CENTRÍFUGA DE LOS ESPAÑOLES
Las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo dieron la victoria, en el municipio de la Línea de la Concepción, al partido político de ámbito local: La Línea 100×100.
La Línea de la Concepción es un municipio de la provincia de Cádiz situado al sur de la misma, en el istmo que une el Peñón de Gibraltar con la península. Su población está por encima de los sesenta y dos mil habitantes y el paro se sitúa en torno al veinte y cinco por ciento.
El municipio se segregó de San Roque en 1870, cuando tenía una población en torno a los trecientos habitantes, más tarde en 1913 Alfonso XIII le concedió el título de ciudad. El nombre se fundamentó en el hecho de que la Inmaculada Concepción es la patrona del ejército español.
En la actualidad la Línea de la Concepción es conocida en España porque es una zona de intenso contrabando y narcotráfico, es noticia que las fuerzas de seguridad del Estado tienen muchas dificultades para enfrentarse a estas actividades ilegales, en la zona, para intentar erradicarlas. El municipio es conocido, también, porque un alto porcentaje de sus vecinos trabajan en el Peñón de Gibraltar por lo que reclaman continuamente un trato del Estado Español, con la colonia británica, que favorezca su situación laboral. Los medios de comunicación recogen los frecuentes roces entre las patrulleras de la Guardia Civil y algunos barcos de la colonia británica, porque no respetan la soberanía española en determinadas aguas marítimas y las autoridades del Peñón crean dificultades, de forma ilegal, a los pescadores del municipio para dificultar o incluso impedir que faenen en aguas españolas.
Los resultados en las elecciones municipales no pueden ser más contundentes. El partido político La Línea 100×100 consiguió el 67´51 % de los votos, por lo que le correspondió 21 de los 25 concejales de los que consta el consistorio municipal; 3 fueron para el PSOE con el 12´51 % de los votos y 1 para el PP con el 6´35 de los votos.
A primera vista se podría deducir que el partido de ámbito local La Línea 100×100 había conseguido un éxito tan rotundo al ofrecer a los linenses un programa de gobierno tan realista, positivo y atractivo para su bienestar que merecía, sin ninguna duda, la muestra de confianza por parte de la población que ha tenido en las urnas.
Lo cierto es, sin embargo, que el punto fundamental del programa del partido ganador era lograr la independencia de la localidad transformarse en una ciudad autónoma. Conseguir segregarse de la provincia de Cádiz y de la región andaluza.
El alcalde electo tiene, al parecer, varios títulos universitarios, lo que viene a confirmar que pasar por la universidad y hacerlo con éxito no garantiza tener algo de sentido común y un mínimo de inteligencia.
Lo cierto es que en algunos españoles hay una tendencia a dejarse llevar por extrañas fuerzas centrífugas, que conducen, sin duda, a la
autodestrucción del Estado con consecuencias muy negativas para los ciudadanos.
No basta, al parecer, con que la mayoría de los españoles tengan que soportar a los movimientos independentistas, fuente de inestabilidad con sus comportamientos ilegales frente a las instituciones del Estado. Para complicar más el panorama, ahora resurge puntualmente, y es de esperar que se mantenga así, en un pueblo de Andalucía aquel movimiento cantonal, que tuvo lugar durante la efímera y convulsa Primera República española (11 de febrero de 1873 a 29 de diciembre de 1874). Un movimiento que produjo mucho daño al país, y que tras ser aplastado por el ejército dio paso a la restauración de la monarquía.
Es de esperar que en el futuro no sea un dicho popular el ¡Viva la Línea de la Concepción!, en lugar de el ¡Viva Cartagena!

EL FRACASO DE LA POLÍTICA: REPETICIÓN DE ELECCIONES GENERALES

EL FRACASO DE LA POLÍTICA: REPETICIÓN DE ELECCIONES GENERALES

El 28 de abril pasado los electores de izquierda y especialmente los socialistas, creíamos que habíamos ganado las Elecciones Generales. En consecuencia se generó una gran ilusión porque habíamos frenado a las derechas y el país se encaminaba hacía una legislatura progresista que iba a revertir la política austericida de Rajoy y mejorar sustancialmente la vida de la gente. En efecto, los antecedentes no podían ser mejores, en apenas diez meses se habían tomado medidas que, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) junto con otras estaba incidiendo positivamente en la ciudadanía. Además se pactó con Unidas Podemos unos Presupuestos generales del Estado que, de cristalizar hubieran supuesto un avance importante en el bienestar de nuestro pueblo. Todo eso se fue al garete por el voto en contra de las derechas aliadas, en este caso, con el independentismo catalán.
En aquellas semanas de abril y mayo nadie pensaba que sería imposible el acuerdo y nos veríamos ante una repetición electoral.
El hecho es que España cuenta con una mayoría social y electoral de izquierdas pero las formaciones de este espectro ideológico son incapaces re representarla y ello con programas próximos que, en ninguna parte presentan problemas insalvables.
¡Que contraste con las derechas¡ Si unos hablan de feminazis y de expulsar inmigrantes por la via rápida además de abolir la Ley de Memoria Histórica, pues nada; Nos tomamos un café informal y borramos las diferencias. PP, Cs. y Vox están de acuerdo en lo fundamental: Bajar los impuestos a empresas y grandes fortunas es decir, robarle a los pobres para dárselo a los ricos. Ese es el programa básico de la derecha planetaria desde Trump a Macron. En torno a ese programa las derechas españolas han fraguado un pacto de manera inmediata en todos aquellos ámbitos donde la suma de los tres se lo ha permitido. Ahora se les abre la posibilidad inesperada de pactar también en el Estado.
Vamos a tratar de analizar las posiciones políticas de las formaciones que nos han llevado a esta insólita repetición electoral.
PSOE. En democracia quien tiene más votos tiene también mayor responsabilidad. Por eso, fue Pedro Sánchez el encargado de formar gobierno. Aparte de su evidente fracaso, podemos afirmar que la gestión de dicho encargo no ha sido manejada con la suficiente flexibilidad e inteligencia. No ha habido negociación con Podemos y todo se ha reducido a un cruce de reproches y acusaciones que finalmente ha desembocado en una nueva convocatoria electoral por falta de apoyos.
Parecía una partida de póquer jugada por tahúres bajo la fría mirada de estrategas sin ideología ¿Iván Redondo? que aconsejaban los descartes.
Es verdad que el PSOE ofreció a Unidas Podemos hasta cinco fórmulas de colaboración para la legislatura, incluido su anhelado gobierno de coalición, y las rechazó todas, pero el PSOE por responsabilidad estaba obligado a llegar a un acuerdo.
UNIDAS PODEMOS. Sorprende que un partido de nueva creación, que no preside ninguna Comunidad Autónoma y que solo gobierna un ayuntamiento de una capital de provincia en España, rechace entrar en el Consejo Ministros con una Vicepresidencia y tres ministerios. Sobre todo si consideramos que tiene un tercio de los diputados del PSOE. Pensamos que es un error histórico de Podemos cuyas consecuencias es pronto para evaluar. De momento, ha evitado ya en varias ocasiones que este país cuente con gobierno de izquierdas.
CIUDADANOS. La actitud de este partido, sus bandazos, sus absurdos “cordones sanitarios” su incoherencia, su atrabiliario recorrido desde su “social-democracia” inicial hasta sus pactos con Vox, tienen descolocados a sus electores, sus afiliados y a una parte importante de su dirección algunos de cuyos miembros lo han abandonado. El drama de Ciudadanos es que pretende ocupar un espacio político –El liderazgo de la derecha- que los electores no le han dado. Esto le obliga a situarse, en ocasiones, a la derecha del PP, cosa de por sí difícil, máxime si tenemos en cuenta que carece de su infraestructura y experiencia de gestión. Traicionando sus objetivos de sobrepasar al PP, lo han reforzado cuando peor estaban dándoles un importante balón de oxígeno, singularmente en Madrid.
Una actitud menos cafré y un acercamiento al PSOE, podría haber dado lugar a una legislatura de mayoría absoluta, 180, diputados que quizás habría resuelto algunos problemas importantes que tiene España.
PP. Se ha recuperado parcialmente de su de debacle electoral de abril. Ello ha permitido a su líder consolidarse y ahora aguarda una segunda oportunidad que la torpeza de la izquierda , inesperadamente le ha brindado. Juega a ser hombre de Estado pero le falta talla y varios hervores.
Vox. En su línea Nacional-Sindicalista y por el Imperio hacia Dios pero sin olvidarse de bajar los impuestos a los señoritos.
En definitiva, una pena y una ocasión perdida sobre todo si lo comparamos con Italia, en veinte dias de agosto Sergio Mattarella, Presidente de la República y Giuseppe Conte, primer ministro, han logrado un pacto de dos formaciones políticas irreconciliables, han neutralizado a Salvini y han configurado un gobierno de coalición. Claro que ellos no practican navegación a vela ni descansan en Doñana.