A FAVOR DE LA CONEXIÓN FERROVIARIA DE GRANADA Y CONTRA LOS PRIVILEGIOS SOBERANISTAS PERIFÉRICOS

A FAVOR DE LA CONEXIÓN FERROVIARIA DE GRANADA
Y CONTRA LOS PRIVILEGIOS SOBERANISTAS PERIFÉRICOS

En los primeros días en este mes de abril se han cumplido tres años que Granada, una ciudad con unos trescientos mil habitantes, en una Comunidad Autónoma eminentemente turística como es Andalucía y con el monumento más visitado de España, la Alhambra, está sin conexión ferroviaria.
Tal situación ha originado, según los expertos, unas perdidas económicas, para la localidad, superiores a los quinientos millones de euros, al margen del deterioro de su prestigio como una ciudad cosmopolita.
Ante esta situación surge la pregunta siguiente: ¿Es imaginable que una desfachatez igual se hubiese dado en una ciudad catalana de similares características a la andaluza? Las presiones del gobierno autónomo independentista de turno y las manifestaciones sociales, hubiesen originado tal presión sobre el Gobierno de la Administración General del Estado que el problema se hubiese solucionado sobre la marcha.
Todo tipo de privilegios a favor de los soberanistas periféricos ha sido un hábito tradicional a lo largo de la historia y las consecuencias resultan nefastas para el resto del país y principalmente para Andalucía –periferia geográfica históricamente relegada-
La presión del Gobierno Autónomo Andaluz, al parecer, apenas si tiene capacidad para impedir se den y mantengan barbaridades de esta índole, y el Partido Socialista Obrero Español tampoco va actualmente en la dirección adecuada.
La primera línea férrea para el tren de alta velocidad de España, denominado AVE por un destacado militante socialista, se construyó entre Sevilla y Madrid. Ocurrió así porque los gobiernos socialistas que llevaron a cabo las grandes trasformaciones, que este país necesitaba, los presidía Felipe González y tenían el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados que sostenía al gobierno. El objetivo era lograr en el Sur una inversión de modernidad, a la vez que una vertebración interterritorial imprescindible para las comunicaciones en pro del desarrollo económico y cultural.
El proyecto se culminó a pesar de las muchas críticas e incluso burlas, entre ellas las emanadas de Cataluña y por supuesto de los partidos conservadores, que no entendían como esa primera línea ferroviaria de alta velocidad construida en España no se hacía para unir a Barcelona con el resto del mundo.
Es imposible entender que determinados partidos, tal como Podemos y sus Mareas, hagan manifestaciones a favor de los golpistas en prisión e insistan que ante el intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes la única salida es establecer contactos bilaterales entre los golpistas y el gobierno, las llamadas absurdamente soluciones políticas. Llegan incluso a proponer una amnistía para los delincuentes, cuando los indultos generales, figura equivalente a la amnistía, están expresamente prohibidos por la Constitución de 1978 (Articulo 62, i).
Ante estos hechos el país debe ponerse en guardia porque corre el peligro de volver al punto de partida. Aquel punto en que se inició la tolerancia al independentismo de toda clase de abusos, entre ellos el incumplimiento de las sentencias de los tribunales, el uso delictivo de los medios de comunicación, la implantación de sistemas de enseñanza para adoctrinar a los niños en el odio a España y a los españoles, la tolerancia con la corrupción en la Administración Pública Autónoma como un hábito normal, la inhibición ante el caso de Banca Catalana, la marginación del español en las actividades administrativas e industriales y otras muchas actuaciones insolidarias e irresponsables, con el beneplácito de los gobiernos centrales de turno que pactaban con ellos para conseguir conformar las mayorías parlamentarias que necesitaban.
Andalucía y los andaluces tienen que estar atentos porque las consecuencias de nuevas dejaciones de los gobiernos centrales ante los independentistas, de cualquier territorio, tendrán consecuencias para ellos mucho peores que mantener sin servicios ferroviarios al núcleo poblacional de Granada, una ciudad importante de Andalucía y de España, con un legado y un patrimonio histórico de valor mundial.

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LAS CARENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA (LA JUSTICIA)

LAS CARENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
(LA JUSTICIA)

La idea que la Unión Europea (UE) es un proyecto contrario a los intereses de la inmensa mayoría de lo ciudadanos de los países que la integran, es imposible de mantener con la más mínima racionalidad.
La UE es una realidad favorable para el resto del mundo y vivir con plenos derechos en ese territorio es sin duda un privilegio, porque es la mejor zona del planeta para hacerlo en libertad.
Es cierto, también, que la UE tiene aún bastantes carencias y que a causa de las mismas el porcentaje de euroescépticos, entre los ciudadanos de los diferentes países integrados, está en aumento permanente.
La política económica de extrema austeridad, durante los años de la crisis, impuesta prácticamente por Alemania, unida a un tratamiento no aceptado, por la mayoría de la ciudadanía, del problema de la emigración han disparado las decepciones.
En España uno de los países tradicionalmente más favorables a la UE, la cifra de los ciudadanos partidarios a ella ha pasado del 80 por ciento al 50 por ciento en tan sólo unos años. Ahora, tras el comportamiento del tribunal del Landed alemán y por supuesto de la justicia belga ante el fugado de España, bajo orden de arresto del Tribunal Supremo español, habría que saber en qué nivel se ha situado el porcentaje de la población española pro-europeista.
Una de los motivos fundamentales para crear la unión de los países europeos era luchar contra los enfrentamientos entre ellos, arrastrados por las ideas nacionalistas.
Alemania ha sido la primera causante y la principal víctima de las dos mayores catástrofes sufridas por la humanidad, por causa de tales ideologías, que han tenido lugar durante el siglo XX. Por ello, Alemania también debería ser la más interesada en luchar contra tan nefastos
movimientos nacionalistas.
Cuando se trata de leyes surge inmediatamente la referencia al poder jurídico, como si sólo fueran los juristas los que pudieran entender y opinar sobre las leyes, cuando la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución (art.87), y cuando dichas leyes afectan a todos los ciudadanos y son ellos, en consecuencia, los primeros que deberían opinar sobre las mismas y sobre su aplicación, valorarlas para criticarlas en toda su extensión si lo consideran oportuno, aunque en ningún caso incumplirlas.
Es difícil, por tal razón, que la mayoría de los ciudadanos españoles, que sin duda no son expertos en leyes, puedan entender cómo en la UE se puedan dar hechos tan lamentables como los ocurridos en el tribunal alemán y antes el comportamiento de la justicia belga. Así como las impertinentes declaraciones de dos autoridades europeas, una miembro del gobierno alemán y otra de la Comisión Europea, inaceptables para un
Estado de Derecho.
La UE no puede permitirse determinados comportamientos que podrían enmarcarse dentro del buenismo o, lo que es peor, en el ámbito de la estupidez –en el sentido de torpeza notable a la hora de comprender lo justo de una determinada realidad-.
¿Por qué? Porque parece lógicamente inconcebible que si el más alto tribunal de un país que forma parte de la Unión Europea, por lo que tiene que ser forzosamente un Estado Democrático y de Derecho que cumpla con todas las garantías para los encausados por la justicia, pueda ser contradicho por cualquier tribunal de otro Estado miembro al negarle la entrega de un ciudadano sobre el que pesa una orden de arresto.
Si eso ocurre…, algo falla en los principios que sostienen esa Unión de Estados.
La mayoría de los ciudadanos españoles nunca podrán entender que la justicia de países de la UE deje en la impunidad al máximo responsable de que tuvieran lugar muchos hechos violentos, trasmitidos en directo por televisión. Hechos que culminaron en un acto institucional donde el acusado declaró la independencia de una parte del territorio nacional con el calificativo de república, violando la soberanía de todo el pueblo español.
Al fugitivo de la justicia española no lo tiene que juzgar ningún tribunal de otro país europeo, tan sólo entregarlo al Tribunal Supremo Español.
No atender los requerimientos del más alto tribunal de un país miembro de la Unión Europea equivale no sólo a valorarlo como incompetente, sino también como mal intencionado con sus pretensiones de arrestar a un hombre inocente.
Errores de tal categoría son tajos dados a los lazos de unión, entre los Estados europeos, que tanto tiempo y esfuerzos han costado tender.
En la UE no puede obviarse lo que la propia Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, estableciera en su día: “El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial a la Ley y al Derecho.”

LA VIDA SIGUE IGUAL

LA VIDA SIGUE IGUAL

Parecemos instalados en la Teoría de Eterno Retorno de Nietzsche tiempo circular que gira sobre sí mismo donde los acontecimientos se repiten una vez y otra. O en el día de la marmota de los norteamericanos donde los días se suceden idénticos los unos a los otros. Es posible que nos ocurra como al fundador del Macondo de Cien años de soledad, José Arcadio Buendía que descubrió que un día era jueves y al día siguiente y el otro y el otro seguía siendo jueves, y esta constatación de vivir en un jueves eterno lo volvió loco.
Siguen produciéndose feminicidios regularmente por todo el territorio nacional. La brecha salarial, esa de la que Rajoy no quiere hablar, no solo no se cierra sino que parece que se extiende.
Tenemos los índices de desempleo más altos de Europa: El paro juvenil alcanza un insoportable 34%. El gobierno ahorra en prestaciones para el desempleo y tampoco sus políticas (¿Las tiene?) para crear empleo parecen dar resultados. A pesar de esto son optimistas en política económica porque el país crece al 3%.
Trump ha perpetrado una rebaja fiscal sin precedentes que ahorrará billones de dólares a inversionistas y grandes empresas norteamericanas, a la vez está realizado recortes en educación, sanidad y políticas sociales. Es decir, está robando a los pobres para dárselo a los ricos. El mismo, sus negocios y empresas serán beneficiarios de las medidas adoptadas.
El separatismo catalán insiste en investir Presidente de la Generalidad, a fugados de la Justicia, encarcelados o pendientes de juicio. Deben parecerles buenas credenciales para ocupar tal cargo.
Según las encuestas el PP continua en caída libre en intención de voto, pero el PSOE no consigue articular un discurso ilusionante que lo haga útil y atractivo para los españoles. Por tanto, no despega.
Vladimir Vladimirovich Putin, zar de todas las rusias, continua la tradición de la Ojrana –Policia zarista- después recogida por la NKVD y luego KGB soviéticas, de eliminar a sus “traidores” sobre todo si han sido miembros de los servicios secretos, a base de envenenarlos con sustancias difíciles de rastrear y uso militar.
Andalucía sigue en el furgón de cola de las CCAAs españolas. Todos los índices nos asignan el farolillo rojo. Los socialistas gobiernan esta autonomía desde la restauración de la democracia. Algún responsable político debería dar explicaciones, o mejor, sacarnos de esta situación.
El Congreso de los Diputados no funciona, el Senado no digamos, de los parlamentos autónomos para qué hablar, el gobierno está paralizado. Los ciudadanos se empiezan a preguntar para que sirven todos ellos. Puede que lleguen a la conclusión de su irrelevancia. Que se lo digan a los belgas que estuvieron más de 450 días sin gobierno y subió el PIB.
Xi Jinping, uno de los hombres más poderosos del planeta, ha cambiado la Constitución china que limitaba a dos mandatos la primera magistratura para perpetuarse en el poder. Parece que alejarse de este, produce un desgarro que Xi no puede soportar: ¿ Cómo iba él a abandonar a su suerte a una cultura de 5000 años y dejar solos a 1300 millones de chinos)
Bachar el Asad, persiste en bombardear a la población civil lanzándoles desde el aire bidones de gasolina. ¿Acabará alguna vez este genocida ante un Tribunal Penal Internacional?
Gonzalo Queipo de Llano permanece en su tumba de la Basílica de la Macarena. Contaban los viejos del lugar que les grababa en la frente a los obreros UHP (Uníos hermanos proletarios), antes de enviarlos al pelotón de fusilamiento. De García Lorca y los enterrados en las cunetas no se sabe nada.
Los africanos que buscan una vida mejor en Europa, siguen muriendo en esa inmensa tumba llamada Mediterráneo.
Aquiles de hermosas grebas, continúa matando interminablemente a Héctor y destruyendo con su lanza de fresno las falanges troyanas. A pesar de que estos defendían su patria, sus mujeres, sus hijos, y él solo buscaba el botín y la gloria.
Judios y palestinos llevan siglos matándose pero todavía no parecen ahítos de sangre.
El Papa Francisco sigue persiguiendo denodadamente pederastas clericales, pero estos crecen y se multiplican sin control y no parece que sus delitos vayan a purgarse pronto.
Los jubilados y pensionistas de Bilbao se manifiestan cada lunes para protestar por la indignidad del 0.25%. Se han producido manifestaciones en todas las capitales españolas y en muchos pueblos, pero no con esta asiduidad. Y ello a pesar de la lluvia y de que cobran las pensiones más altas de España. Será que la reconversión industrial los ha hecho especialmente combativos.
El crecimiento vegetativo en nuestro país lleva años arrojando un resultado negativo. Es decir, se producen más defunciones que nacimientos. Este hecho gravísimo no parece preocupar a los patriotas del dinero en los paraísos fiscales ni al gobierno de la nación.
En el sur de España ya se nota la primavera y el aire se carga del olor de la flor del naranjo.
¿Para cuándo una nueva primavera de igualdad y libertad para la Historia de la Comunidad Humana?

LA INEFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

LA INEFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Colegios profesionales y asociaciones empresariales han dado un ultimátum al Ayuntamiento de Sevilla, con relación al desastroso funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo y a las carencias del Plan General de Ordenación Urbana.
Al margen de lo aceptable o no de la actitud amenazante de profesionales y empresarios es evidente, como desde este blog se ha tratado en otras ocasiones, que la Administración Local, en general, y en concreto la de Sevilla deja mucho, demasiado, que desear.
Es indudable que no son los responsables políticos los que materializan la gestión directa de las funciones del municipio, pero sí son responsables de que los servidores públicos municipales, muy bien pagados en relación a los funcionarios de otras Administraciones Públicas, se comporten como si los ciudadanos fueran los que debieran de servirles a ellos.
Los gestores municipales son con frecuencia tan impresentables que si se valoran con seriedad algunas actuaciones, los resultados reales serían claramente vergonzosos.
Un ciudadano fanático de la legalidad que tenga previsto hacer una obra menor para renovar el cuarto de baño, y pida la preceptiva licencia municipal para hacer una obra menor se puede enfrentar a años de espera. A nadie le debe extrañar que la mayoría de este tipo de obras se haga sin licencia y, en caso de solicitarla, la obra se termine antes de que llegue la correspondiente autorización, que suele demorarse más de lo debido.
De hecho, hay demasiados industriales, pequeños empresarios, que llevan años esperando la licencia de su actividad y pasan días enteros en las instalaciones municipales para intentar que los trámites burocráticos culminen, aportando continuamente nueva documentación requerida por el leguleyo de turno. Los servidores públicos según Larra están instalados en el Ayuntamiento de Sevilla.
Con frecuencia da la impresión que los funcionarios tienen acocotados y dominados a los responsables políticos por la prepotencia con que tratan a los ciudadanos. Olvidan que deben aplicar las normas vigentes en vez de interpretarlas según su criterio, por lo general obstruccionista, para atender las peticiones de los ciudadanos
En la actualidad el atasco de todo tipo de licencias, para obras de cualquier entidad y actividades industriales, debería ser prácticamente inasumible por una corporación medianamente responsable.
Parte de la economía de la ciudad está secuestrada por la incompetencia de los órganos gestores del ayuntamiento.
Si un funcionario se convierte en una especie de tapón en los trámites de la Administración Local con una actitud de prepotencia, paralizando expedientes, imponiendo en la gestión la interpretación personal de las normas desde posiciones contrarias al solicitante; si echa atrás expedientes por cuestiones marginales, que paraliza la marcha normal de cualquier tipo de licencia amparándose en los posibles errores cometidos por otro departamento del Ayuntamiento, sin ponerse en contacto con el mismo para solventar los posibles errores; si por cualquier tiquismiquis invalida expedientes con documentación compleja y costosa de formaliza. . ., y así se podía continuar con otros muchos obstáculos ficticios, ese funcionario debería ser erradicado de las funciones que desempeña y dedicarlo a tareas que no dañen a los ciudadanos y a la ciudad.
Por desgracia los responsables políticos municipales no le dan la menor importancia a este tipo de obstáculos que sufren la población y la propia economía local.
Se puede considerar inadecuada la actitud amenazante de los colegios profesionales y asociaciones empresariales, pero tras ellos están muchas personas dañadas en sus intereses por una
gestión funcionarial impresentable.
Los responsables políticos tienen la obligación de buscar una solución adecuada a esta situación que es nefasta para la ciudad y por lo tanto para los ciudadanos y su mejor bienestar socioeconómico.

LA BROCHA GORDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LA BROCHA GORDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Es bien conocido por los servidores públicos el uso que los responsables políticos de las Administraciones hacen de la brocha gorda. La utilizan en situaciones que se dan en las tres administraciones públicas, obviando así soluciones más justas e inteligentes, por el esfuerzo de precisión técnica y profesionalidad que implica.
Es frecuente que el incumplimiento de determinadas disposiciones por parte de los funcionarios, que van desde el horario y ciertas normas internas relacionadas con los trámites administrativos hasta la marginación de los principios más elementales de carácter interno de funcionalidad y convivencia, dan origen a comportamientos irracionales.
En circunstancias como las mencionadas utilizan la brocha gorda con la intención de poner coto a los incumplimientos e irregularidades, aunque no consiguen solucionar los problemas sino todo lo contrario, pues complican más la situación.
Los responsables no se enfrentan directamente a los hechos ni hacen lo necesario para que los incumplidores, que suelen ser una minoría, rectifiquen su conducta y, si es necesario, se inicien contra los infractores los correspondientes expedientes sancionadores.
Recurren a poner en marcha medidas que afectan a todos los funcionarios y no precisamente a su favor sino en su contra, pues suelen ser normas restrictivas. Nada positivo consiguen con esa forma de actuar, pues los incumplidores buscan la forma de saltarse las nuevas disposiciones, aunque sean más restrictivas y los cumplidores permanecen, en su comportamiento correcto, pero más presionados con las nuevas restricciones.
Valga a modo de ejemplo el siguiente: ¿Cómo establecer el valor real de un inmueble? En la compra y venta de viviendas de segunda mano es bien conocido que algunos compradores declaraban, acogiéndose al modo de proceder tolerado, un precio inferior al real de compra, con el fin de pagar menos impuestos por la operación de dicha transmisión patrimonial.
Ante esta situación la Administración Pública ha tomado la brocha gorda y ha decidido castigar a todos los ciudadanos que compran una vivienda de segunda mano. No ha optado por vigilar tales operaciones de compra-venta, que se hacen ante un notario que además de dar fe de la transacción actúa como recaudador de impuestos, que sería lo correcto, sino que ha decidido fijar ella el precio mínimo de cualquier inmueble en transacción para cuantificar los impuestos pagar. El mismo es el precio catastral multiplicado por un coeficiente que está normalmente, según el municipio de que se trate, por encima del 2 y en ocasiones muy próximo al tres. Pero… ¿Cuál es el valor real del bien que se transmite, en la situación y el estado en que se transmite?
La normativa en general no contempla todas las variables y, en consecuencia, suele castigar a los ciudadanos que cumplen por sistema las leyes. Se limita, además, muy considerablemente la libertad de comercio, y hasta podría llegar a deteriorar, incluso, derechos fundamentales de los ciudadanos, como el del acceso a la vivienda de familias jóvenes. Ya que, con esta disposición, quien tenga la suerte de comprar una vivienda de segunda mano por su valor catastral o en su entorno, lo que puede ocurrir por circunstancias muy diversas, tiene que tributar por un valor varias veces superior.
El castigo a los ciudadanos que cumplirían correctamente con sus obligaciones tributarias es más que probable que sea burlado por los listillos que encontrarán alguna forma de burlar la norma fruto de la brocha gorda.
Lo correcto sería poner en marcha los mecanismos adecuados, en los que tendrían un papel importante que cumplir los notarios, para que los ciudadanos que compran una vivienda de segunda mano tributaran lo justo, ni más ni menos, sólo lo justo, es decir el impuesto sobre el importe real pagado.
Concluyendo: Con la brocha gorda nada bueno se consigue, porque es poner en marcha por los responsables políticos mecanismos defensivos e incluso justificativos de su labor, que sin duda es muy negativa.

UNOS CUADERNILLOS MUNICIPALES

UNOS CUADERNILLOS MUNICIPALES

La falta de una mejor coordinación entre las Administraciones Públicas parece una evidencia que ya ha recibido críticas de todo tipo, aunque por los resultados bien poco influyen sobre los responsables políticos que tienen capacidad para buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
Antes o después, sin embargo, se tendrá que poner freno a los excesos pues ya no serán solo los territorios periféricos minados por las falacias independentistas, sino que el resto de los entes administrativos del país tienden a fragmentarlo, movimiento no sólo promovido por la Comunidades Autónomas, pues también participan en el fenómeno los entes locales de cierta entidad y capacidad técnica, ya que cada alcalde se siente un virrey para gobernar su municipio como si fuera un Estado, sin prestar la atención debida a la estructuración real del país, del que forma parte y al que están llevando, en unión de las otras Administraciones Públicas, a la ingobernabilidad.
Las tres Administraciones Públicas: Local, Autónoma y Central están en el empeño de no ponerse de acuerdo y con frecuencia además de repetir actuaciones, dilapidan recursos y están más pendientes de ellas mismas que de los ciudadanos y de los servicios que los entes bajo su gobierno están obligadas a prestar para ellos, y que deben tener la misma calidad y extensión para todos los españoles, conforme al principio de solidaridad, que el Estado debe garantizar en su realización efectiva (art. 138, del Título VIII: De la Organización Territorial del Estado).
En general, se percibe cierta dejación de funciones de los organismos centrales del Estado y, además, una hipervaloración del autogobierno, a todos los niveles, un camino seguro hacia el desmadre y la descomposición, aunque haya quien invoque las “Ciudades Estados”, como la clásica Atenas, para el caso de las grandes urbes.
Una simple anécdota, con poca trascendencia, evidencia la descoordinación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, así como la suficiencia excesiva del ente local, y que ha tenido lugar a causa de unos cuadernillos con nombre genérico “EDUCACIÓN PARA LA SALUD” editados por una de sus concejalías.
Los cuadernillos están dirigidos a los alumnos de la Educación Primaria Tercer Ciclo, Segundo Ciclo y Primer Ciclo, con el nombre de Educación Afectivo-Sexual.
Se han distribuido por los centros educativos de la ciudad de Sevilla y han ocasionado problemas, al instante, a los centros que los han hecho llegar hasta los alumnos de los diferentes niveles educativos a los que estaban destinados.
Un cierto número de madres se han personado en la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía para denunciar los cuadernillos, al considerar su contenido inadecuado para la edad de los niños a los que van dirigidos. La respuesta de la Junta de Andalucía ha sido decir que tales cuadernillos no se contemplan en sus planes de estudios y por lo tanto se tienen que retirar.
Al margen del contenido de los cuadernillos que pretenden ser imaginativos, aunque el tratamiento de la información, a transmitir al alumnado con acceso al ciberespacio, es demasiado simplista, lo lamentable es que su destino será el vertedero de basura o, como mucho, el contenedor para el supuesto reciclaje de papel.
Posiblemente la preparación de los cuadernillos fue fruto de la buena voluntad de algún político municipal que no tuvo en cuenta que es la Junta de Andalucía, junto con el Gobierno Central, los responsable de fijar los planes de estudios de la Educación Primaria y que cualquier actuación en ese campo se debe de hacer forzosamente, al menos, en coordinación con la Administración Autónoma. Pues, aunque en ello debe intervenir también la Administración Central, la Alta Inspección de Educación del Gobierno Central está siendo marginada por completo, o en demasiadas ocasiones, por los Gobiernos Autónomos.
Si dos entes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, encabezados por el mismo partido político no coordinan sus políticas, ¿qué ocurrirá entre aquellos entes controlados por partidos políticos diferentes?
La Administración Central del Estado tiene la obligación de ejercer sus funciones, de actuar como elemento coordinador y controlador de todas las Administraciones Públicas pues de hacer dejación de sus obligaciones, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en la actualidad, la descomposición del Estado será inevitable.

PRO POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSENSO Y GARANTIAS EFECTIVAS Y REALES

PRO POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSENSO
Y GARANTIAS EFECTIVAS Y REALES

Desde el verano de 2017 al invierno actual de 2018 se ha ido produciendo una acelerada quiebra institucional que hace difícil la esperanza de una nueva primavera constitucional española.
A pesar de que se haya acompasado en el tiempo la relectura de la Constitución de 1978, y aún distanciándose espacialmente de cuanto acontece a diario en este territorio fragmentado en lo social, lo cultural, lo económico y lo político, no parece que sea fácil mantener lo que, en su momento, se proclamó como voluntad política primera: garantizar la convivencia democrática.
Incluso las ideas para una posible actualización y reforma de la Constitución Española, que profesores de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo propusieron en noviembre de 2017, pasaron a un tercer o cuarto plano de la actualidad y el debate.
De hecho, en la Revista Exodo (nº 141, diciembre de 2017), dedicada a Cataluña más allá del vértigo, por una solidaridad real, se constata una solidaridad truncada y un cierto vértigo que agranda distancias entre opciones encontradas.
Vista, pues, la realidad compleja, dinámica, cambiante, pero siempre abierta al mañana, quizás lo más conveniente y pragmático sea centrarse en garantizar, retomar y revitalizar lo que fuera el proyecto de la política social y económica, resquebrajada también por causa de la crisis económica-financiera de hace más de diez años.
Hagamos, en consecuencia, un recordatorio constitucional paso a paso para ver lo que se pueda mejorar, cambiar o reformar, fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero proyectemos, sin miedos, un compromiso de solidaridad que garantice no sólo derechos y libertades sino también “los principios rectores de la política social y económica”, más allá de toda desvertebración social o territorial.
Vista la realidad actual en España, parece casi imposible emprender un proceso de reforma constitucional… y menos todavía utilizar el artículo 168 que aventura la posibilidad de una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al capítulo segundo, Sección Primera del Título I (“De los derechos y deberes fundamentales”, o al Título II (“De la Corona”).
Con independencia de poder superar o no el denominado “cáncer catalanista” (ver el artículo de Javier Pérez Royo: “Primera quiebra constitucional de la democracia”), me parece que sería más pragmático y eficiente: a) normalizar la convivencia y salir de la situación anómala de la aplicación del art. 155 y b) centrarse -los que consideramos que el consenso constitucional fue positivo para el conjunto de España y para la solidaridad interterritorial- en el capítulo III del Título I de la Constitución.
¿Con qué finalidad?
Con la finalidad de pasar “De la desolación a la esperanza” (tema que trata Antonio García Santesmases en su “Balance y perspectiva”, en la Revista Exodo citada), pero también con la finalidad de pasar a la acción programática y a la responsabilidad constitucional de garantizar lo que no se garantiza “De los principios rectores de la política social y económica”:
Protección de la familia, política orientada al pleno empleo, la formación y readaptación profesional, asistencia y prestaciones sociales, derechos económicos y sociales de trabajadores españoles en el extranjero, protección de la salud y la educación sanitaria, el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación.
Protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos.
Garantizar una vivienda digna y adecuada, así como la participación libre y eficaz de la juventud, en el desarrollo político, social, económico y cultural; política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas disminuidas en sus capacidades físicas, sensoriales o psíquicas.
Garantía de pensiones adecuadas -periódicamente actualizadas- durante la tercera edad de la ciudadanía, y prestación de servicios sociales que atiendan problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio; defensa de consumidores y usuarios -su información y educación-; y regulación de organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios.

Lo que más necesitamos ahora es un proyecto eficaz y efectivo de política social y económica, basado en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Si de verdad se reconoce que España sea un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugne valores como libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, no debe haber inconveniente ni en garantizar la convivencia democrática dentro del marco constitucional ni en la común aceptación de los derechos y deberes fundamentales, ni en llegar a garantizar también la aplicación efectiva y eficiente “De los principios rectores de la política social y económica (recogidos en el capítulo III, del Título I), y que pueden ser la base de todo un programa de consenso de todas las fuerzas progresistas que defiendan el desarrollo integral de las personas y comunidades de dicho Estado, a su vez miembro de la Unión Europea.

Como subraya el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes”. Ese debe ser nuestro norte, para garantizar la mejor convivencia posible en España, en Europa y en el conjunto de la Comunidad Humana.

SE, 06/02/2018