FORTALECER Y NO DEBILITAR LA DEMOCRACIA

Con motivo de las derivas de los sucesos del 6 de enero en Washington, que debilitan el espíritu democrático, el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, Tomás De La Cuadra Salcedo, ha manifestado que siempre hay pasos previos cuando se toma el camino hacia el caos (ver la página de opinión del sábado 9 de enero de 2021, EL PAIS 13). Dice, además, que tales prácticas no son ajenas a Europa ni a España. Veamos.

Es verdad que la democracia tiene su propia fortaleza pero también es verdad que no es indestructible., cuando se van socavando sus cimientos.

Configurar los partidos y partidarios de unas u otras opciones o posiciones como tribus enemigas a las que demonizar es un primer modo de deteriorar el sentido democrático constructivo.

Hacer juicios precipitados de intenciones ajenas sin un análisis riguroso de la realidad, dividirse y confrontarse en bandos de “buenos y malos”, volver la mirada al pasado dictatorial, encresparse en luchas patrioteras de centralismo o periferia e independentismos, negar la representatividad de las urnas o despreciar los procesos legales de transición y transformación, son pasos en falso que obedecen a la teoría de cuanto peor mejor, contraria a la teoría de la democracia y de la socialdemocracia.

El sentido constitucional colectivo es un firme cimiento sobre el que poder construir el futuro, desde un presente armónico. Ahora bien, el presente parece más bien convulso. Convendrá, pues, tomar buena nota de las conductas que debilitan la democracia bien sean personales, sociales, económicas y políticas, culturales o religiosas, e ideológicas y mediáticas…

De La Cuadra Salcedo concluye sus aportaciones diciendo textualmente:
“Deliberar con los demás y escucharles no es un trámite engorroso a soportar, sino una profunda obligación moral y constitucional de esforzarse en comprender las razones del otro y entenderlas hasta donde sea posible, dentro del legítimo pluralismo que justifica políticas diferenciadas”.

Coincidamos en que la ética constitucional y democrática es garantía de una democracia sólida y plural frente a no pocos intentos de deterioro de la propia democracia que sólo puede llevar hacia el camino del caos.

Merece la pena que la realidad compleja y dinámica siempre abierta haga que el sistema democrático se nos presente abierto al futuro y la esperanza, de un futuro más constructivo que destructivo. Frente a los intentos de debilitar la democracia nuestra responsabilidad es fortalecerla

“Partidarios de Trump asaltan el Capitolio, después de asistir a un mitin del ex-presidente..”

Es la noticia inesperada, aunque pensándolo bien no tan insólita después de la trayectoria de la última legislatura norteamericana.

La reacción en todos sitios ha sido la condena inmediata y ante la sorpresa de que eso pudiese pasar en un país como ese, todos dicen que eso es más propio de repúblicas bananeras, del tercer mundo cuando un presidente se niega a perder el poder y acosa, (dicho con suavidad), con todos los medios a su disposición a los posibles sucesores..
Una pesadilla, esto no puede suceder aquí.., dicen, olvidando los mensajes y pasajes de violencia, de desprecio a las minorías, de la más rancia intolerancia de esa presidencia..
Algunos, pocos, dicen que sorprendernos por este asalto es auto engañarnos y que lo que hay que hacer es analizarlo para que no se repita, que no suceda más, ni allí, ni en otras partes del mundo, por desgracia con democracias más frágiles que la norteamericana ..

El país de la primera economía del mundo, también es el peor ejemplo de la desigualdad que genera un sistema neoliberal; un sistema que ha reducido, cuando no ha acabado, con una clase media amplia que trabajaba y consumía, que mantenía a ese mismo sistema; un sistema que ha generado que haya una parte de blancos empobrecidos por la avidez de quienes siempre quieren más, de quienes son insaciables, los muy ricos que imponen, porque pueden, las condiciones de vida a los demás. Una minoría, que cada vez acumula más riqueza a costa del empobrecimiento de la mayoría..

Esas situaciones, en el límite, provocan la desesperación y el abono ideal para seguir a quienes piensan en salidas totalitarias

La solución sería una receta de: más servicios públicos accesibles, más trabajo decente, más Estado de Bienestar en suma, y eso es infumable para incluso muchos de los que no están de acuerdo con esa deriva real cada vez más extendida en el mundo, no sólo allí, porque eso significa que contribuya más el que más tiene.., más impuestos a los ricos, .., o sea mucho cambiar.

Quizás esto sirva para que tantos medios en España tomen buena nota y dejen de aplaudir hasta con la orejas a los que aún no han digerido, menos aún aceptado, los resultados de las últimas elecciones generales; esos mismos que han reaccionado diciendo que aquí la izquierda ya había “celebrado” episodios similares de acoso a las Cortes y al Parlamento de Andalucía..Nada nuevo en esas declaraciones de la derecha, que mienten para confundir como siempre. Difama que algo queda

Lo que no sería de recibo es que los medios les siguieran en esas “sus verdades”, siendo pusilánimes y con esa malentendida equidistancia que tanto daño está haciendo a la confianza de la ciudadanía en la democracia.

Estas ideologías ya sabemos en lo que desembocan, tenemos muy malas experiencias propias y ajenas y hay que combatirlas con argumentos. Insistimos en que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad y si le das cancha a este tipo de ideologías pasan esta cosas. Es responsabilidad de todos que eso no se repita en ningún otro país.
Y por cierto, para los que comparan los episodios de acoso a los parlamentos aquí y allí, valga la aportación de Biden desde el otro lado del Atlántico: no es lo mismo una protesta, legítima en toda democracia sana, que una insurrección, …, que es lo que acaban de servirnos por TV, que es lo que allí y aquí alientan algunos nostálgicos

POR MUNDO MEJOR Y MÁS SOSTENIBLE

NATIONAL GEOGRAPHIC nos ofrece una Agenda 2021, subtitulada “Un mundo mejor y más sostenible”. Merece la pena fijarse en sus contenidos, a modo de programa. Sólo el final de diciembre y el inicio del “Año Nuevo” ya invitan a ello: “Las tasas de pobreza en el mundo se han reducido casi a la mitad desde el año 2000. El fin de la pobreza es un desafío y un requisito para el desarrollo sostenible.

La Cobertura Universal de Salud, el acceso universal a una Educación de calidad, duplicar el rendimiento agrícola; el hábitat, el trabajo digno…, y la solidaridad de los países ricos con los pobres son objetivos eficientes para poner fin a la pobreza y lograr una convivencia de bienestar en todo el planeta

Acabar con enfermedades malignas, adoptar un estilo de vida saludable, combatir la malnutrición, lograr la igualdad de niñas y niños para completar su enseñanza primaria y secundaria -pero también para el acceso a la formación profesional y universitaria-, y fomentar actividades de voluntariado, así como fortalecer las políticas de igualdad y empoderamiento de las mujeres es ya un objetivo para estos momentos históricos, conjugando al unísono libertad e igualdad de las personas y pueblos.
Desde el próximo mes de marzo se nos invita, dada su urgencia, a proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua: bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos y lagos. Se nos invita a las buenas prácticas de no malgastar el agua, no abusar de la energía eléctrica y avanzar en eficiencia energética.

Mejorar el entorno de trabajo y combatir los empleos precarios es un objetivo para una nueva primavera.

La nueva era verde y digital obliga también a planificar infraestructuras, sobre todo en países en proceso de desarrollo –desarrollo que debe ser integral e integrador-. Economía, Ingeniería y Arquitectura son muy importantes para el codesarrollo responsable. “Lograr una mayor intervención de los países en desarrollo en las decisiones de las instituciones económicas mundiales es una meta a alcanzar en la ONU.

Ningún país puede luchar solo. La cooperación es condición sine qua non en la década más calurosa, la del 2010, ante el cambio climático. Por eso se invita también a las buenas prácticas de priorizar el transporte público, minimizar el uso del coche, y utilizar la bicicleta.
¿Somos conscientes de que 3.000 millones de personas en el mundo dependen para su sustento de los océanos?

¿Somos conscientes de que garantizar el acceso a la información y proteger las libertades fundamentales son requisitos imprescindibles para los objetivos de paz estable? Sin transparencia no podemos avanzar. Sin compromisos prácticos tampoco.
Desde Agosto se nos dice que, en África, los usuarios de internet se han duplicado en cuatro años. “La difusión de la tecnología en todos los países del mundo es clave para su desarrollo”.

Nuestra realidad “urbanícola” también plantea muchos retos, pues unos 3.500 millones de personas, la mitad de la humanidad, vive en ciudades. En consecuencia, lograr ciudades inclusivas, asentamientos dignos y sostenibles, formar comunidad pro vivienda digna, evitar el abandono escolar, invertir en educación, invertir en el sistema de salud pública, lograr paridad representativa en los espacios e instituciones públicos, potenciar juegos libres de sesgo de género, pero también fomentar la interculturalidad y la “transculturalidad” es un horizonte ya presente entre nosotros –aunque requiere no sólo de cambio de mentalidades sino también de actitudes en las relaciones con las demás personas-. Finalmente, es urgente favorecer y apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, perirurbanas y rurales. Nuestro Otoño ha tenido muchos problemas en este aspecto, por causa de la pandemia, pero también nos ha hecho pensar en un posible ideal para el futuro Oroño 2021.

La experiencia 2020 puede servir, sin duda, para una nueva propuesta: “Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas.” Esencial: reducir la violencia estructural y todo tipo de violencia, combatir la corrupción y la mentira, ser transparentes y veraces, y garantizar la participación ciudadana en libertad e igualdad.

DECENCIA


Hablemos, otra vez del COVID-19…se acerca la Navidad, antes un largo puente, y se abre otra vez el dilema.., Salud o Economía….

Olvidamos todo pronto, hasta lo bueno, por muy cercano en el tiempo pasado que lo tengamos…¿por qué salimos, o controlamos la “primera oleada”?..Indudablemente por el largo confinamiento domiciliario que redujo los contagios y, lo más importante las muertes a unos niveles “soportables”, por llamarles de algún modo.., se antepuso la salud de la población a la economía.., claro que por el tiempo suficiente para que luego se pudiese recuperar la actividad, o eso parecía…y ¿hemos aprendido algo?

Como la mayor parte de los mensajes políticos y mediáticos, en su pretensión de llegar a todos los rincones y de simplificar el debate, en exceso, creo que irresponsable y deliberadamente, se presenta el falso dilema entre salud o economía, algo inaceptable.

Con urgencia, la solución debe darla la política, (ya llegará la milagrosa vacuna), es una cuestión de decencia, de reforzar, de revertir, de mejorar las políticas públicas

¿Salud frente a economía? No parece que, en la confrontación política, eso sea muy importante. La derecha, y extrema derecha, están en el empeño de poder rentabilizar electoralmente la confrontación con el Gobierno, presentando su política de gestión de la pandemia, según sus declaraciones, como de atropello a la libertad, falta de transparencia, obscurantismo, hostilidad a gobiernos de CCAA concretas por no ser de su cuerda, destrucción de tejido empresarial y del empleo…

Diríamos que la oposición se siente cómoda en esta trinchera y, lo más importante, que no le preocupa mucho la salud de la ciudadanía, o va a la política de Bolsonaro, de conseguir la “inmunidad de rebaño”

Qué importa que, como todo el mundo sabe, ellos mejor que nadie, que los Centros de Atención Primaria, en déficit de inversión, no cuenten con personal y equipamiento suficiente para atender las necesidades sanitarias de sus zonas de gestión y mucho menos para realizar en las siguientes fases el diagnóstico precoz y el seguimiento o rastreo de los contagios.

A diario leemos que una parte de los centros de especialidades y servicios de urgencia de atención primaria en algunas zonas, urbanas y rurales, están cerrados, y/o, no disponen de suficiente personal; que, al no funcionar todavía los hospitales al cien por cien, muchísimas consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas estén siendo aplazadas o ni siquiera han sido programadas; que sea Andalucía, (no olvidemos la responsabilidad de la gestión sanitaria de quién es), la que dedica a la sanidad menos recursos por habitante…

En el cuerpo a cuerpo del rifirrafe político todo esto es irrelevante; para ocultar esta realidad cuentan con un monumental aparato de propaganda a su servicio. Creíamos contar con un sistema sanitario envidia de medio mundo, con los mejores profesionales, aunque mal pagados y considerados.. La propaganda ocultó que la situación de la sanidad era deficitaria, y lo destapó una situación como la del coronavirus; es evidente que, si no se hubiera desmantelado la estructura de salud pública, la ciudadanía habría contado con más medios para enfrentar la enfermedad.

La vieja economía, la que nos ha llevado a la crisis, la que alimenta la deuda, la que promueve la exclusión social, la que concentra la renta y la riqueza… sólo piensa en la gente como consumidores, en los trabajadores como un coste y en las mujeres como trabajadoras gratuitas, para la familia y los cuidados; y no tiene otro objetivo que hacer máximo el crecimiento, al precio que sea. Esa economía no funciona o sólo lo hace para las elites. Esa economía es la que convierte la salud en una mercancía, la que hace enriquecer a multinacionales y a numerosos fondos de inversión y especulación que se reparten hospitales y centros de salud que se financian con fondos públicos.

La salud es un derecho humano básico, al igual que la educación, la vivienda, a reivindicar, junto al empleo decente, un planeta habitable, el cuidado de los mayores y la equidad y la lucha contra la pobreza…

Y la economía que hemos conocido hasta ahora, y que los poderosos quieren mantener, no garantiza esos derechos; al contrario, los atropella y borra. Repetimos, el dilema salud-economía es una trampa que de ningún modo podemos aceptar.

La mayoría de los ciudadanos no podemos “comprar” todo en el mercado y necesitamos de políticas públicas para la igualdad.. , porque la economía, para que sea economía decente, tiene que poner en el centro de todo a las personas y de estas, a los más necesitados.

“ESTÁS DESPEDIDO”

Los demócratas que, desde la costa este a la oeste de Estados Unidos han salido a la calles de sus principales ciudades con incontenible y explicable alegría, a celebrar la victoria de Joe Biden, le han gritado a pleno pulmón a Trump : “Estas despedido.” En efecto, no es habitual que un presidente pierda la reelección en este país pero tratándose del actual inquilino de la Casa Blanca, nada lo ha sido durante su mandato. Tampoco su salida tiene visos de efectuarse con normalidad y resulta probable que antes de marcharse de forma ruidosa e inelegante, nos obsequie con algunas patochadas finales. Su denuncias de irregularidades y corrupción del sistema electoral de su país, que viene formulando meses antes de las elecciones, su infundada y antidemocrática pretensión de parar el recuento, su apelación a los jueces y finalmente su no aceptación de los resultados que no le favorecen, parecen insólitas en una democracia consolidada cuando, además es su Administración la que convoca y controla el proceso electoral

Donald Trump ha sido derrotado en votos populares (los que emiten los electores) por una diferencia de 6.000.000. de sufragios, por votos electorales: Los que emiten los Estados que dan a Biden muchos más de los 270 (306 hasta ahora) que necesita para vencer. Y, finalmente por número de Estados que han votado al candidato demócrata. Así pues, efectivamente, los norteamericanos, han despedido a Donald Trump. Con él se marcha una manera de hacer política o debiéramos decir de hacer negocios que se ha basado en una brutal bajada de impuestos que ha favorecido a las grandes empresas y fortunas, es decir, al propio Trump y a sus amigos de la desregulación y el capitalismo salvaje, sus colegas de la especulación inmobiliaria. Junto a eso, en estos aciagos 4 años de mandato, ha tratado de destruir todo lo bueno hecho por Obama que favorecía a los más vulnerables, singularmente los seguros médicos para los más pobres. Es decir, la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible más conocida como “Obamacare”. Es aquí, ante la aparición de la pandemia del coronavirus donde su actuación raya con lo criminal al negar la importancia de la misma, no prever ningún plan para atajarla, despreciar el uso de la mascarilla y recomendar remedios tan peligrosos y pintorescos como las inyecciones de lejía. Todo ello en un país que va por los 12.000.000 de contagios y más de 250.000 muertos. Donald Trump ha hecho mucho daño a Estados Unidos y al mundo, es de esperar que, alguna vez tenga que rendir cuentas por ello.

Joe Biden, Presidente electo de Estados Unidos, se ha puesto a trabajar con su equipo en cuatro líneas que son vitales para el país: La Covid 19, la crisis económica, el cambio climático y el racismo imperante en la sociedad norteamericana. Naturalmente, estos grandes asuntos globales afectan al resto del planeta que, con excepciones (Bibi, Boris, Bolsonaro) ha respirado aliviado ante el cambio de Administración en USA.
Por fin ese gran país va a contar con un equipo científico de lucha contra la pandemia, lo que va a evitar muchos contagios y muertes si los políticos se dejan aconsejar, y en una pandemia es vital, por los expertos: Investigadores, virólogos y epidemiólogos.

Pensamos que se abordará la recesión no olvidando a los trabajadores y a los segmentos desfavorecidos de la sociedad con políticas que no dejen a nadie en la cuneta.

Biden ha asegurado que volverá al consenso climático del Acuerdo de París.

Es deseable no volver a ver asesinatos de ciudadanos negros a manos de la policía, tenemos la convicción de que Kamala Harris será determinante para ello.

Mientras Biden y su equipo trabajan, Trump juega al golf, destituye al hombre que se negó a sacar al ejército contra los manifestantes del Black Lives Matter y al director de la Agencia de Ciberseguridad por certificar la integridad y limpieza de le elecciones presidenciales. Por último, prepara con sus leguleyos todas las triquiñuelas posibles a ver si consigue ganar en los tribunales lo que ha perdido en las urnas. Afortunadamente, tiene muy pocas posibilidades.

LA BANCA EN LOS TIEMPOS DEL COVID

Por fin las noticias más esperadas parecen que se concretan de una forma positiva.

La aparición de distintas propuestas de nuevas vacunas contra el COVID-19 con la promesa de ser bastante eficaces – más del 90% y, con unas fechas de aplicación bastante próximas- han provocado una ola de enorme recuperación de la confianza en que este período de desastres económicos puede llegar a su fin.

De momento las Bolsas mundiales se han disparado, algunas con subidas cercanas al 30%, quizás de una forma demasiado optimista, pero con una base lógica en su perspectiva de futuro.

Parece que en los sectores financieros europeos más activos , como la banca y las inversiones financieras e inmobiliarias, fondos de inversión etc… han resistido a la crisis- con pérdidas- pero no una voladura del sector, como se temía al principio de esta crisis  sanitaria y social.

En Europa los vectores de calificación de solvencia constatan este hecho. Si contemplamos el índice STOXX EUROPE 600 BANKS que incluyen a las entidades de crédito, tanto en el Reino Unido como a los demás países europeos más importantes tienen un índice de subida de 6% en el último mes. Los bancos resisten, sobre todo por sus grandes reservas de capital, que sostienen tanto la caída de los tipos de interés y del aumento de la morosidad.

En esta ocasión la respuesta a una crisis de tal envergadura ha sido muy distinta a las anteriores. Europa ha reaccionado desde un primer momento para salvar a su tejido social, de una forma rápida y solidaria. Esto ha permitido que se genere un clima de confianza en la economía y se haya evitado un desastre de dimensiones incalculables.

En España, afortunadamente el Gobierno actuó desde el primer momento con decisión apoyando a los sectores más vulnerables, con medidas de urgencia que han permitido crear un red de supervivencia a trabajadores y empresas – caso de los ERTES, préstamos a empresas, etc..

Otras medidas muy importantes han sido la aplicación de moratorias a los pagos inmediatos, aplazamientos de deudas a toda la población.

Esto ha permitido crear un clima de confianza en la economía – en medio de este desastre –   que ha permitido sobrevivir a la maltrecha banca española, que preveen limitar la escalada de morosidad ante la perspectiva de mejoras económicas y disminuir el ritmo de provisiones para cubrir el deterioro de las carteras, aunque lógicamente se mantiene la cautela.

La morosidad del sistema está contenida por debajo del 5%, aunque se prevé un aumento considerable cuando venzan las moratorias de pagos de las hipotecas. El Banco de España si fijaba la tasa de impago en torno al 9%, casi el doble del índice actual sin las moratorias, con un volumen de activos dudosos superiores a 100000 millones en caso extremo de impagado.

En definitiva, un gobierno de corte muy progresista ha demostrado que se puede hacer a la vez , una política de corte muy social, procurando no dejar a nadie en la estacada y la miseria sin dejar de proteger al sistema productivo y financiero creando un red de apoyo al Estado, a todos los sectores sociales generando un clima de confianza y seguridad en la Economía y los mercados.

Aunque falte todavía muchísimo para salir de esta crisis creemos que es una gran suerte tener al frente de el país un gobierno muy distinto al anterior, con una concepción más social y justa de sus prioridades.

LIBERTAD DE CONTAGIO

En estos días de otoño asistimos con preocupación y asombro a algaradas en algunas ciudades españolas protagonizadas por grupos violentos, que protestan por el nuevo Estado de Alarma decretado por el gobierno y aprobado por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados. También por las medidas adoptadas en las CCAAs acogiéndose a dicho Estado de Alarma. Son grupos muy minoritarios –La mayoría de la población española observa las normas con gran civismo- pero cuya protesta, lejos de ser pacífica, ha degenerado con frecuencia en agresiones a la policía, saqueos, incendios y destrozo de mobiliario urbano.
Los antecedentes de esta actitud hay que buscarlos en las protestas y manifestaciones producidas durante el primer Estado de Alarma de la pasada primavera en el selecto barrio de Salamanca de Madrid, que fueron inspiradas por Vox y alentadas “in situ” por algunos de sus diputados y diputadas. Entonces acusaban al gobierno de la nación de atentar contra la libertad de los españoles y de “Dictadura Constitucional”. Ahora, esta misma fuerza política habla de gobierno ilegítimo y medidas anticonstitucionales. Todo ello a pesar de que el Estado de Alarma está extraído de la propia Constitución y aprobado por el Parlamento español.
En consecuencia, debemos preguntarnos: ¿Qué quieren estos hombres y mujeres, casi siempre jóvenes que protestan airadamente? No son de fácil clasificación, han aparecido pancartas con peticiones del tipo siguiente: “Mas bares y menos políticos”; y en otros lugares: ¡Gora Eta!. Hay fotos de muchachas tirando piedras a la policía con una mano y el cubata en la otra. Pero sobre todo piden LIBERTAD. Así, con mayúsculas y sin limitaciones. Y, éste es el problema porque, en estos momentos, no es posible. Quieren libertad para moverse, para viajar, para reunirse, para ligar y amar sin acotaciones horarias, para beber, para entrar y para salir y para celebrar fiestas hasta el amanecer y más allá.
Son generaciones nacidas en democracia y nada acostumbradas a que le recorten derechos que creen adquiridos para siempre. ¿Ignoran, acaso, que en este choque de derechos debe prevalecer el de la salud?
Ocurre, sin embargo, que no podemos seguir viviendo como si no existiera una pandemia que azota el planeta y que, en España se ha mostrado especialmente virulenta, que no ha sido vencida y para la cual, todavía, no hay tratamiento específico ni vacuna. No podemos ni debemos cerrar los ojos ante los miles de contagios diarios y la situación hospitalaria de nuestro país y mucho menos ante el número de fallecidos que no hace sino ascender.
Los derechos que nuestra Constitución consagra no incluyen el “derecho” a atentar contra la salud y la vida de otras personas, no incluyen el “Derecho a Contagiar”
Habrá pues, que hacer pedagogía. En una situación crítica, como la que estamos viviendo, el Gobierno y también los de las CCAAs están obligados a ser transparentes y a explicar con detalle a la población las medidas que se vayan tomando a fin de que todos podamos digerirlas y aceptarlas.
No saldremos vivos de esta sin que se imponga la cordura, el buen juicio científico y el acuerdo político.
Actitudes como las de Vox tratando de deslegitimar al Gobierno, tachando las medidas adoptadas de anticonstitucionales y animando a estos rebeldes sin causa a salir a la calle contra ellas, no ayudan precisamente a vencer esta pandemia. Frente a actitudes extremosas, ha de prevalecer el derecho universal de la salud para todas las personas, lo que implica cordura, racionalidad y sensatez.

POR UN PROGRESO INTEGRAL, INCLUSIVO;LOCAL Y GLOBAL

En el contexto actual, empecemos por un no rotundo a las tendencias destructivas que puedan derivar en un caos y en sus consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad. Nos interesa un progreso inclusivo y corresponsable.


Promover el progreso integral de la cultura y la economía, defender los derechos humanos de toda persona y pueblo, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra, es lo que firmamos en el “Preámbulo” de la Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978, que muy pronto va a cumplir los 42 años. Lo lógico sería, pues, ir avanzando –sin retrocesos- hacia un progreso integral, inclusivo, local y global.

En consecuencia, defendemos la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo político de la ciudadanía, y la justicia; es decir, el sentido socialdemócrata comprometido en la transformación de la realidad.


Sin duda alguna el sistema democrático puede mejorarse y debe profundizarse de forma continua. Hoy en día, desde Europa, pero siempre abiertos al conjunto del Mundo -nuestra Casa Común- necesitamos no de confrontaciones y guerras abiertas o solapadas, sino de mucho diálogo y consenso, mirando siempre el bien de toda la Humanidad


¿Qué pedimos a los poderes públicos y a las fuerzas que operan activamente en estos momentos históricos? Pedimos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y grupos -en las que el ser humano se integra- sean reales y efectivas. Pedimos, además, que se facilite la participación de la ciudadanía y de toda persona en la vida cultural, social, política y económica, reformando lo que sea necesario, y removiendo los obstáculos que impidan o dificulten dicha plenitud democrática (lo que ya se decía también en el art. 9, 2 de la C.E. de 1978 ).


A estas alturas, dada nuestra mayoría de edad, desde una opción socialdemócrata, no cabe sino ser pro convivencia y bienestar democráticos, en todos los ámbitos y niveles de la vida humana, social, económica, política, cultural; local y global.


La conciencia clara de que toda la riqueza en sus distintas formas, sea cual fuere la titularidad, debe estar subordinada al interés general, es decir, al Bien Común, también está recogida en el art. 128, 1 de la mencionada constitución española.

En coherencia con lo antedicho, el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su justa distribución (art. 131,1 –que parece inspirado incluso en la Doctrina Social de aquella época-).

¿Qué corresponde, pues, a los gobiernos? Elaborar anualmente los presupuestos…, y presentarlos a debate al poder legislativo –las Cortes Generales-, para su examen, enmiendas y aprobación.

Vamos a dejarnos de circunloquios, enfrentamientos rancios y violentos, y búsquese el consenso necesario para seguir avanzando por el camino del desarrollo integral solidario.

EL GOLPE CONSTITUCIONAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL PARTIDO POPULAR

NOTA PREVIA: Aunque con retraso, publicamos en el apartado de Tribuna de Debate este artículo del Profesor Ramón Luis Soriano, pidiendo disculpas por no haberlo hecho en su día. Siendo conscientes que el tema sigue siendo de suma actualidad, reproducimos con su autorización, el texto literal siguiente:

Estamos a punto de que pasado mañana, 30 de septiembre de 2020, pueda producirse un nuevo atentado directo contra nuestra Constitución: el nombramiento de altos jueces de nuestro país por el órgano de Gobierno del Poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mandatos caducados desde hace ya casi dos años y sin renovación esperable a corto y medio plazo.

En varias ocasiones anteriores, cuando ha estado en la oposición, el PP se ha negado a la renovación de importantes órganos del Estado. Ahora hace lo mismo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Comentaristas y líderes de opinión aseguran que es una estratagema del principal partido de la oposición, que se opone a la renovación del CGPJ, porque le interesa mantener su actual composición de vocales conservadores, ya que de él dependen futuros nombramientos de presidentes y magistrados del Poder judicial, que podrían beneficiarle en los casos judiciales de corrupción del partido.

Como en anteriores aportaciones no cruzo las líneas de un análisis exclusivamente jurídico del asunto. Me sitúo y mantengo únicamente en el campo del Derecho, sin entrar en otra clase de consideraciones.

Lamento que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no haya previsto un enorme vacío jurídico de extraordinarias consecuencias, que afecta nada menos que a la separación e independencia de los poderes del Estado, una de las líneas maestras del Estado de Derecho diseñado por nuestra Constitución. Este vacío jurídico se podría haber evitado con un simple texto añadido al artículo 571.2 de la LOPJ: “En el supuesto de no renovación de los miembros del CGPJ en tiempo y forma, serán inválidas las decisiones sobre nombramientos de este órgano de gobierno del Poder judicial”. Simplemente esto y no estaríamos ahora hablando de un golpe constitucional contra uno de los principios constitucionales fundamentales: la separación e independencia de los poderes estatales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Porque es atentar a este principio cuando uno de los poderes se excede en el ejercicio de sus funciones sobrepasando ampliamente (casi dos años) el plazo señalado por la Constitución (cinco años de duración de los mandatos según el artículo 122.3 de la Constitución) y ejerciendo su función más importante: el nombramiento de los altos jueces de nuestro país. Además un análisis comparativo de los puntos 1 y 2 del citado artículo 571 de la LOPJ -en el que no entro para no aburrirles- lleva directamente a la conclusión de que un CGPJ en funciones no puede desarrollar “todas sus atribuciones “, como dice el precepto.

Ante esta situación se abren cinco vías, de menor a mayor desde el punto de vista de su oportunidad y eficacia:

PRIMERA VÍA: Contrarrestar la resistencia del principal partido de la oposición parlamentaria a la renovación del CGPJ mediante la creación de una mayoría parlamentaria sin él. El problema es que esta mayoría es muy cualificada: nada menos que los 3/5 del Congreso de los Diputados y del Senado, es decir, 210 votos favorables. La mayorías muy cualificadas de nuestra Constitución (para éste y otros órganos) son una prueba palmaria de que los constituyentes estaban pensando en un bipartidismo de largo tiempo, que podría alcanzar estos altos porcentajes de votos. Ante un Congreso fragmentado como el actual ya una mayoría absoluta (mitad más uno de los componentes del órgano) es una tarea titánica. Esta vía es impracticable ante la actual composición del Congreso de los Diputados, siempre que en la renovación del CGPJ y otras instituciones el PP encuentre el apoyo de Vox, porque ambos juntos hacen irrebasable la barrera de 210 votos.

SEGUNDA VÍA: Los vocales del CGPJ no promovidos por el PP dimiten de sus cargos con el argumento de que sus mandatos han caducado hace ya casi dos años. Esta dimisión generalizada de casi la mitad de los vocales obligaría a la renovación. Con todo, no es una vía operativa por dos razones: a) los vocales pensarán que la renovación corresponde al Parlamento y no a ellos por este procedimiento estratégico, y b) no es presumible el voluntario harakiri en quienes disfrutan de estatus y beneficios.

TERCERA VÍA: La reforma de la LOPJ para que 12 miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces y magistrados mediante un proceso electoral interno. Los otros 8 miembros seguirían siendo elegibles por 3/5 de ambas cámaras, ya que lo exige el artículo 122.3 de la Constitución y su reforma necesitaría unas mayorías parlamentarias inexistentes actualmente y difíciles de alcanzar en el futuro con la quiebra del bipartidismo. Esta vía ha sido propuesta muy recientemente por el partido Ciudadanos, pero no ha encontrado los votos suficientes en el Congreso de los Diputados. Tengo que decir que de prosperar esta iniciativa se habría retrocedido a la situación anterior a 1985, que fue cambiada por la LOPJ de 1985 a iniciativa del partido en el Gobierno, el PSOE. La LOPJ exige una mayoría de 3/5 de ambas cámaras, el Congreso y el Senado, para la elección de los veinte vocales del CGPJ, a razón de diez elegibles por el Congreso y diez por el Senado. Con ello se perpetró con meridiana claridad un atentado contra el principio de separación e independencia de poderes, ya que el Poder judicial pasaba a depender y ser controlado por el Poder legislativo, perdiendo su independencia. Curioso que pocas voces, como la mía, se levantaran en aquellas fechas contra esta vulneración de la Constitución española en uno de sus principios fundamentales. La propuesta de Ciudadanos ha fracasado, pero nada impide que en el futuro pueda volverse a ella con la construcción de nuevas mayorías.

CUARTA VÍA: La propuesta del partido Podemos: una reforma de la LOPJ para que 12 miembros del CGPJ sean elegidos por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, quedando los 8 miembros restantes del órgano en la situación actual, es decir,elegibles por 3/5 de ambas cámaras, ya que así lo exige el artículo 122.3 de la Constitución. Podemos piensa que sería factible coordinar la mayoría absoluta de la investidura del presidente del Gobierno, de la que los medios le ha considerado el principal urdidor. La propuesta de Podemos salvaría la necesaria renovación del CGPJ, ya que de la mayoría cualificada de 3/5 se pasaría a la mayoría absoluta (mitad más uno de los componentes de Congreso), es decir, de 210 votos favorables a 176 votos favorables. Pero no salvaría la actual situación del Poder judicial doblegado y controlado por el Poder legislativo, como antes he dicho y que, al menos parcialmente, se obtendría con la propuesta de Ciudadanos. Digo parcialmente porque con esta propuesta todavía 8 de los 20 vocales del CGPJ seguirían siendo elegidos por Congreso y Senado por imperativo constitucional, como he indicado antes. En la línea de esta propuesta apareció ayer en los medios un pacto por la renovación de las instituciones políticas, firmado por un alto número de partidos –PSOE, Podemos, PNV, ER, J per C, Más País, Compromís, Nueva Canaria, Teruel existe-, que arrojan una cifra superior a la mayoría absoluta: 187 votos. El documento pide la adherencia al mismo del resto de los partidos con representación parlamentaria. ¿Conseguirá que el PP se avenga a negociar una nueva composición del CGPJ? Lo veremos a muy corto plazo.

QUINTA VÍA: Evitar el refrendo de los nombramientos de los altos jueces por el Ministro de Justicia, aplicando el “milagroso” artículo 634.1 de la LOPJ, que dice así en relación con los acuerdos del CGPJ: “Adoptarán la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia, los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial sobre el nombramiento de Presidentes y Magistrados”. La aplicación de este precepto daría lugar a una batería de críticas destempladas y recursos desde las filas de partidos y algunas instituciones, con el eslogan de que el Gobierno ha atentado contra el Poder judicial, yendo más allá de sus atribuciones. En el supuesto de los recursos, el Gobierno cuenta con un importante argumento: la analogía jurídica derivada de la comparación entre un Gobierno en funciones y un CGPJ en funciones: de la misma manera que un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo sus funciones principales, igualmente no puede hacerlo un CGPJ en funciones (siendo su principal función el nombramiento de presidentes y magistrados), a cuyo efecto el Gobierno puede emplear como argumentos las previsiones legales antes referidas de los puntos 1 y 2 del artículo 571 de la LOPJ.

No estamos hablando de mocos de pavo. La no renovación del CGPJ y de otras importantes instituciones de nuestro país, como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, ha supuesto una vulneración del principio de separación e independencia de poderes de nuestra Constitución y además de la institución de la representación política, la armadura de nuestra democracia parlamentaria, pues en la actualidad no se corresponde en absoluto la composición ideológica de un CGPJ caducado y la del Parlamento salido de las últimas elecciones generales. Un hecho que acentúa aun más el grado de vulneración de la Constitución. “

Sevilla, 28 de septiembre de 2020

Ramón Soriano,

PE de la Universidad Pablo de Olavide

LA CONSTITUCIÓN Y EL ORDENAMIENTO POLÍTICO DE LIBERTAD E IGUALDAD (I) PARTIDOS POLÍTICOS, DIVISIÓN DE PODERES, Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS


¿Por qué retomar en estos momentos históricos el tema de la Constitución? Pues por la sencilla razón que, al hablar de las Instituciones y los partidos políticos; al hablar de garantías democráticas, de equilibrio de poderes; de democracia directa.; de ley electoral, o cuando se formulan críticas hacia lo establecido y se dan algunas ideas para cambios o reformas legislativas, lo primero y principal -en un Estado social y democrático de Derecho- es la exigencia de garantizar la conjunción de libertad e igualdad con justicia y sentido de la pluralidad cultural y política.
El pluralismo político, (véase Los partidos políticos…..), la Constitución de 1978 los incorpora en su Título Preliminar y formula su reconocimiento en su Art. 6, pues son fundamentales para vertebrar el mandato del escenario político salido de la conformación del voto expresado en las correspondientes elecciones.
Pero una vez dicho lo anterior, inmediatamente hay que decir que ellos solos no pueden monopolizar el escenario político. Mucho menos deben conseguir esa hegemonía desde sus estructuras internas, “exportando” su modelo de cuotas de poder a las instituciones para su dominio, con la disciplina de voto de sus componentes como caso más extremo e ilustrativo, coartando así la necesaria libertad individual, de expresión sobretodo.
Cabe, pues, preguntarse si los partidos políticos (art. 6) – y también los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales (art. 7), como fuerzas sociopolíticas y económicas, tienen una estructura y un funcionamiento efectivamente democráticos.
¿Hay, además, División e independencia de los poderes públicos del Estado?
Desde la cúpula de los partidos, desde sus comisiones ejecutivas, se proponen a los miembros componentes de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Procedimiento directo o por cuota de poder obtenida en las correspondientes elecciones legislativas. Es decir el o los partidos vencedores en esos comicios, (que, lógicamente, copan el poder ejecutivo o Gobierno), trasladan esa cuota para estar representados en todas las instituciones.
El caso paradigmático es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de los Jueces, donde éstos son “nombrados” a propuesta de los miembros de
aquellas ejecutivas, (las de los partidos); el bloqueo por la negativa de unos partidos en concreto sobre la renovación, por expiración de mandato, del CGPJ, caso actualísimo, o sobre la discusión, pasada, de la constitucionalidad o no del Estatuto Catalán, son algunos ejemplos de la “contaminación” partidista.
En la misma línea, es aún más grave y amparado legalmente, el nombramiento por el Gobierno de una figura tan trascendente para la Justicia como la del Fiscal General del Estado, que debía ser el primer ejemplo de independencia institucional, por el bien de la propia Justicia.
Responsabilidades políticas…..
Centrándonos en la dimisión de un cargo público, pro ejemplaridad, como salida última a una infracción en el ejercicio de una responsabilidad política y como exigencia a algún deber que no se cumple, es notorio que dimiten pocos representantes o responsables políticos. Siendo la pauta general que los partidos tapen, oculten o protejan de alguna manera a los militantes que han delinquido legal o moralmente, ante la sociedad y ante la justicia, cuando es el caso.
La perdida de la confianza ciudadana ante situaciones en que se traiciona la responsabilidad pública de un político, y que no es corregida por el partido que le asignó esa responsabilidad, queda en un limbo jurídico al no existir controles externos a los propios partidos.
La salida de esos partidos, hemos dicho, es proteger al presunto culpable de esa falta a su responsabilidad, culpando a los adversarios políticos y a veces a los medios de comunicación, y no obligando a la mencionada dimisión, incluso antes de que se produzca el hipotético pronunciamiento judicial sobre la infracción cuando la culpabilidad, generalmente, es evidente.
Conclusión: Las anomalías existen dentro de los ordenamientos jurídicos. Lo importante es reflexionar sobre ellas, tomar conciencia de aquello que dificulta la libertad, la igualdad y la justicia, y tratar de transformar la realidad con el fin de garantizar una convivencia ejemplar en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.


LA CONSTITUCIÓN Y EL ORDENAMIENTO POLÍTICO DE LIBERTAD E IGUALDAD
(II)
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA, EXIGENCIA DE IGUALDAD
Y DEFENSA Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DEL PUEBLO

El Parlamento sin minorías
Es notorio que el parlamento pierde iniciativa en la propuesta legislativa a favor de los proyectos de ley gubernamentales, que se demuestra viendo la diferencia del uso de una y otra fórmula, a favor de los proyectos de ley del Gobierno, y que además utiliza los Decretos-Ley, (y no en situaciones de urgencia y extraordinarias, como es preceptivo), con la consiguiente falta de debate para su ratificación parlamentaria.
Es más, al ser el sistema de aprobación por mayoría, el Parlamento sigue la estela del partido gubernamental que manda en esa “mayoría”, y lógicamente la Cámara tiene difícil su función de control, que sólo ejercería si se reconociera normativamente (en el correspondiente Reglamento, por ejemplo), el papel de las minorías, que podrían proponer temas de debate, pruebas, solicitudes de comparecencias externas…
La disciplina de voto
Los Reglamentos de ambas Cámaras no contemplan la iniciativa parlamentaria individual, es decir los parlamentarios no tienen voz propia; sí, por supuesto, voto, aunque esa libertad está constreñida por la conocida disciplina de voto partidista. Pero hay casos conocidos de ruptura de esa “disciplina”, como la muy llamativa (aunque lejos de tratarse de la votación a una iniciativa legislativa), de la Asamblea de Madrid, donde dos parlamentarios socialistas hicieron, con su voto en contra de la propuesta de su partido, que se repitieran unas elecciones, al no haber mayoría suficiente para formar el gobierno de esa Comunidad.
El Transfuguismo…. es una forma de burlar la voluntad de los votantes, al abandonar la lista en la que ha sido elegido, con un programa definido, pasando a otra formación, pero sin renunciar a su representación, o sea dimitiendo, como mandaría una lógica que no se aplica. De hecho, la Constitución portuguesa contempla la pérdida del acta o mandato para este caso. Lo que invita a tomar nota de ello. Pues, por su gran trascendencia, el transfuguismo conlleva generalmente cambios de gobiernos, como en el pasado en algunos Ayuntamientos y CCAA, y la frecuencia con que se produce este fenómeno, y los casos de corrupción política y económica que lleva aparejados, terminan en los Tribunales, pero en esa instancia no tienen solución, puesto que habría que reformar la legislación electoral para que el/la tránsfuga, no continuase en el cargo. Sin embargo los partidos políticos, pese la existencia un tibio Acuerdo, no los atajan, porque cuando sucede un caso de corrupción, hay un partido perjudicado, pero, en paralelo, otro u otros beneficiados; el clásico “son malos, pero son mis malos”. Como
en otros muchos casos prima el interés partidista sobre la, tan castigada, moralidad pública.
Comisiones de investigación….
Reproducen la proporción para la toma de decisiones de la Cámara a la que representan, es decir su toma de decisiones se realiza por voto ponderado, es decir, el voto de cada uno de sus miembros “pesa” en función de la representación de su partido en el Parlamento. En consecuencia, son comisiones creadas ad hoc y en la cuota de representación, mencionada antes, tienen su principal dificultad para hacerse oír las minorías; pues además de no tener la iniciativa para crearlas, tienen que seguir la misma operativa que en el pleno de la Asamblea o en las demás comisiones, es decir la regla de las mayorías.
Para acabar creemos que son inoperantes por los motivos expuestos:
A) La Inmunidad parlamentaria….
La figura del aforado, (un diputado o senador no puede ser detenido o procesado sino es en el acto, durante la comisión del delito, y la inculpación y proceso deben ser autorizados por la Cámara correspondiente), tenía sentido cuando la representación del parlamentario era individual y era representante de una facción electoral determinada, por lo que no podía ser sustituido y ponía en peligro, con su baja, la composición y, por tanto, el normal desenvolvimiento de la Cámara de pertenencia.
Rompe el principio de igualdad ante la ley y santifica la supremacía de un poder, el legislativo sobre otro, el judicial. Es difícilmente entendible por la opinión pública y a veces es la institución refugio de políticos con comportamientos corruptos; no recordamos muchos casos de autorización del legislativo para el enjuiciamiento de un parlamentario.
B) La Iniciativa legislativa popular….
Es un medio constitucional de democracia directa. Es iniciada por el pueblo, si en un plazo determinado es avalada con las firmas de 500.000 ciudadanos, pero es el Parlamento quien la aprueba, si es aceptada por la Mesa del Congreso y el Pleno la toma en consideración. No hay plazos para su debate, con lo que pierde su impronta de urgencia, ni puede ser defendida por sus promotores. Por tales razones es de dudosa eficacia como instrumento legislativo y de participación popular, adoleciendo de concreción y desarrollo normativo para que fuese eficaz. Se conocen pocos casos de presentación de este tipo de propuesta popular y ninguno que haya tenido, repetimos, eficacia. Y menos que se halla plasmado la iniciativa.
C) El referéndum….
Es otro medio de democracia directa constitucional, esta vez de valor consultivo. Solamente son conocidos en el período democrático el referéndum plebiscitario efectuado sobre el ingreso en la OTAN de iniciativa gubernamental y, a nivel andaluz, sobre la autonomía de Andalucía, también a iniciativa del Gobierno Central.
D) Elecciones
La Constitución consagra el voto libre e igual para los españoles. La primera contradicción, respecto a la libertad de voto, es que en las elecciones legislativas, y en otras, ese voto es a una lista cerrada y bloqueada, es decir a la lista que ha de votarse tal cual la presenta el partido político, sin ninguna posibilidad de cambio por el votante, a la totalidad de ella y en el orden preestablecido.
Respecto de la igualdad, al ser la circunscripción electoral la provincia y por la gran diferencia entre estas por número de habitantes, hace que unos pocos votos se traduzcan en un número desproporcionado de escaños, (por ejemplo, el voto de un ciudadano de la provincia menos habitada puede valer, en su traducción a representantes en el Parlamento, cuatro veces más que el de la más habitada). La crítica se amplía de hecho ante la concesión de un número de escaños, de inicio, igual por circunscripción y la aplicación de la regla D`Hont al reparto de los restos, que hace que algunas formaciones “pierdan”, más que otras, gran número de votos, que no suman para su cómputo general.
E) El Defensor del Pueblo….
Protege las leyes contra los actos administrativos, contrarios a ellas. Dicho de otro modo, es un Comisionado del Parlamento para que ni el Ejecutivo, ni la Administración vulneren lo legislado.
Los ciudadanos pueden utilizar esta institución, aunque su regulación es incompleta en lo que respecta al carácter de sus resoluciones, no ejecutivas aunque pueden ser utilizadas con carácter probatorio en caso de constituir con ellas una demanda ante los Tribunales ordinarios.
En suma, como tal, el Defensor no puede interponer un recurso judicial ordinario, lo que abona la convicción de que es una figura con poca capacidad jurídica, al menos para que sus resoluciones sean aplicadas con carácter ejecutivo por los cargos públicos concernidos.
Conclusión: Por lo dicho, por otras cuestiones de derechos fundamentales, y sobre el fondo y la forma, conviene reflexionar para seguir avanzando.