DOS ISMOS HAN CHOCADO

DOS ISMOS HAN CHOCADO

No se tienen buenos recuerdos de muchos de los “ismos” que han tenido lugar a lo largo de la historia más próxima. Así ocurre con el fascismo, con el comunismo, con el estalinismo, con el franquismo, con el nacionalismo, con el chavismo, con el populismo, y aun se podría ampliar la lista de los movimientos terminados en “ismos”.

En la actualidad hay dos “ismos” que intentan ofrecer un proceder positivo, y que pretenden, incluso, ser progresistas. Esos “ismos”, sin embargo, tienen a veces en sus promotores, comportamientos sorprendentes y no apuntan hacia nada bueno para la sociedad porque sobreactúan, y los excesos no suelen ser positivos. Dan entonces, una imagen próxima al fanatismo y a la exclusión, lo que puede echar por tierra unas actuaciones que, de estar en la sensatez de la justa medida, podrían situarse en las proximidades del interés general.
Entre estos “ismos” están el animalismo y el feminismo, que han dado base en fechas pasadas, con una actuación concreta claramente insensata en relación a los hombres que piropean, a un enfrentamiento entre ellos y a numerosos comentarios al respecto en los medios de comunicación.
Ambos “ismos” tienen en los últimos tiempos una gran actualidad y han llegado a un punto de sobreactuación tan grande que, antes o después, se volverá en contra de ellos y de sus objetivos.
Para proteger a los animales se ha legislado mucho y se pretende legislar más. Es posible que se llegue al extremo propuesto por una responsable política, de un partido importante de este país que está en expansión, de dar por ley los mismos derechos a los animales que a las personas. En Suiza pretenden que se anestesien a las langostas antes de cocinarlas, si están vivas. Al parecer los miembros de este “ismo” ignoran que la especie humana –animal humano, al fin y al cabo- mató, mata y matará a los animales para comérselos y alimentarse, lo que es consustancial a su naturaleza. Lo hace para sobrevivir.

Desde que se tiene información sobre la vida de la persona humana, el hombre cazaba animales para alimentarse. Por desgracia la especie no la forman espíritus puros, está en la cumbre de la depredación y ahí permanecerá, tal vez, mientras habite en el planeta Tierra.
Ahora bien, mientras se legisla tanto a favor de los animales, los ciento ochenta mil perros que viven en Sevilla, según datos municipales, por ejemplo, llenan de excrementos las aceras de la ciudad y de orines las paredes de los edificios. Es de esperar que los miembros del “ismo” consigan que concedan, por ley, tal derecho a los animales, pues en definitiva, ¿quién es el hombre para poner trabas a la libertad de los canes para que excreten cómo, dónde y cuando quieran?
El choque de este “ismo” con el feminismo ha tenido lugar por una campaña que un organismo de la Administración Autónoma andaluza ha llevado a término bajo el título: “NO SEAS ANIMAL” supuestamente para luchar contra el llamado piropo callejero.
Puede que, arrastrados por el movimiento americano feminista llamado Me Too, los dirigentes del organismo oficial se han lanzado, sin tener en cuenta las declaraciones de algunos intelectuales y artistas franceses, ni tampoco las manifestaciones de las actrices de la misma nacionalidad, Catherine Deneuve y Brigitte Bardot, que durante décadas han representado la esencia de la feminidad en todo el mundo.
En la campaña de referencia se compara a esos hombres, que piropean a las mujeres, con diferentes animales: el pulpo, el buitre, el gallito, el cerdo, el búho, y el gorrión. El otro “ismo” ha salido a los medios considerando intolerable tales comparaciones, pues afectan para mal a la dignidad de los animales.
La situación no merece ningún comentario, sólo decir que, en los excesos y los fanatismos, el número de tontos de alto nivel es incontable y que algunos de ellos ocupan puesto de responsabilidad en nuestra sociedad.
¡ESTAMOS LISTOS!

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LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

Resulta preocupante y hasta cierto punto irritante que, la actualidad española en los medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos y no digamos en las redes sociales, esté monopolizada por dos cuestiones a cual más negativas para el país: La peripecia bruselense de un prófugo de la justicia y el interminable rosario de casos judiciales que afectan a políticos y empresarios corruptos que han detraído fondos del erario público. Parecería que nada importa más en España, ni hay otras cuestiones que preocupen a las mujeres y hombres de nuestro país.
Sin obviar la entidad que el independentismo catalán y la corrupción política tienen por estos pagos, queremos señalar algunos problemas que nos acucian a todos:
1) El Paro
Según la EPA, estamos en un 18.5% de paro, aproximadamente el doble de la media de la UE. Especialmente preocupante es el paro juvenil, que alcanza en algunas zonas el 40% y los parados de larga duración, muy en particular, aquellos que han rebasado los 45 años, cuya dificultad es mayor para encontrar un hueco en el mercado laboral.
Hacen falta políticas que fomenten el empleo, y la primera de ellas debe ser recuperar un ritmo vigoroso de inversiones públicas creadoras de empleo.
La reforma laboral del PP ha traído bajos salarios, precariedad y, eso sí, un importante incremento de los beneficios empresariales que no llega a los trabajadores.
2) La Desigualdad
Los gobiernos del PP, de acuerdo con la actuación histórica de la derecha, han acentuado la desigualdad en nuestro país. Hoy estamos entre los más desiguales de Europa. En España se da el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, aquellos cuyo salario no les permite llegar a fin de mes y deben recurrir a organizaciones asistenciales para que les faciliten comida o leche, pañales y ropa para sus hijos.
Hay también una brecha salarial entre hombres y mujeres que viola el principio social de “A igual trabajo igual salario” y que perjudica gravemente a las mujeres.
Mientras le economía crece y los bancos y las empresas obtienen pingües beneficios, hay un sector de trabajadores – el “lumpemprecariado” le han llamado algunos- cuyos salarios no les permiten vivir. Esto es indigno de la 4ª economía de la UE.
3) Las Pensiones.
Desde el 13/972013 cuando el gobierno del PP desvinculó la subida anual de las pensiones del IPC, es decir, de lo que suben los precios todos los años, el poder adquisitivo de los pensionistas no ha hecho sino bajar. La subida del 0.25% anual que el gobierno aplica desde entonces, ha penalizado a todos los pensionistas españoles contribuyendo a su empobrecimiento. No olvidemos que en España, al lado de pensiones dignas, las hay de menos de 800 euros que apenas dan para vivir. Por no hablar de las no contributivas que se asemejan más a limosnas que a pensiones.
Con todo, los pensionistas por sus ingresos fijos, han actuado como salvavidas familiares durante la crisis, dando protección y cobijo a hijos y nietos desempleados. La solidaridad de abuelas y abuelos ha evitado así un posible estallido social en lo más duro de la crisis. En paralelo, el gobierno ha gastado casi la totalidad de los 66.000.000.000 de euros que le dejo el denostado Zapatero. El vaciamiento de la “hucha” viene condicionado por la insuficiencia de las cotizaciones sociales debida a los bajos salarios, y por el gran interés del gobierno en que la gente suscriba planes privados de pensiones, dando así acceso a Bancos y compañías de seguros a la masa ingente del dinero de la pensiones, con el fin último de privatizarlas.
4) Los Políticos.
Las personas que detentan representación política se han convertido, en general, en un problema añadido que así se refleja encuesta tras encuesta cuando se pregunta a la población. Todo ello a pesar de que, el ejercicio de la política como actividad al servicio del bien común, tiene un componente noble y de que los partidos políticos son el instrumento constitucional para la participación de los ciudadanos/as en política.
¿Por qué la población ve a los políticos como problema, en vez de cómo solución? Por la mala utilización que se hace del poder, por la mezcla deliberada y fraudulenta de intereses públicos y privados, por la avidez y desvergüenza culposa de unos individuos que han saqueado los bienes públicos a mansalva, de manera sistemática y organizada con estructuras semejantes a la Mafia, y por el exceso número de representantes públicos y asesores clientelares de los mismos.
Ningún partido está libre de corrupción –con excepción de los recién llegados al escenario político- pero el numero 1 de este triste podio, es para el partido popular al que algunos jueces en sus autos califican de “Organización criminal”
Hemos querido señalar, sin agotarlos, algunos problemas que consideramos importantes para la ciudadanía de muestro país. Naturalmente hay muchos más, pero pensamos que ya va siendo hora de que la crónica judicial y los espectáculos político-circenses de los independentistas, ocupen su lugar dentro de los muchos problemas que tiene España.
Conviene, pues, ir a las raíces de nuestra situación y de la realidad histórica en la que vivimos y no andar por las ramas, un tanto despistados o alienados en nuestro quehacer político.

IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANTE EL RUPTURISMO CATALANISTA

IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ANTE EL RUPTURISMO CATALANISTA
Por: José Mora Galiana
Desde la Sevilla cosmopolita, con toda su historia y sus restos arqueológicos, el tema catalanista en España da la impresión de quedar a merced de un plan rupturista de algunos iluminados que alardean de mayorías minoritarias de la sociedad de esa parte del territorio de la Península Ibérica. Por eso, tal vez, la Constitución de 1978, antes del Título X “De la Reforma Constitucional” establece el Título IX: “Del Tribunal Constitucional”.
Es claro que la Constitución de 1978 consagró una forma de gobierno democrática en el marco de la Monarquía Parlamentaria y de una determinada organización territorial del Estado. Pero también es claro que esa opción ha sido útil para una convivencia social durante los últimos cuarenta años. Por ello, cuando se fuerzan republicanismos e independencias rupturistas, antes de entrar en posibles y hasta necesarias reformas constitucionales, conviene respetar el Estado Social y Democrático de Derecho, y recordar que, en la división de poderes, el poder judicial cuanta con el Tribunal Constitucional, limitado, pero cuyos miembros,12, aunque nombrados por el Rey (4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado – y en ambos casos por mayoría de 3/5-; y 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta de Consejo General del Poder Judicial), dichos miembros del Tribunal son nombrados entre Magistrados y Fiscales, Funcionarios Públicos, y Abogados, “todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional” (art. 159, 2.). Se quiere, además, que los miembros del Tribunal Constitucional sean independientes.
Según el art. 161, 1. “El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer, entre otras cosas, los recursos de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de las de éstas entre sí.
Además, “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses” (art. 161, 2.).
Para interponer recurso de inconstitucionalidad están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas (ver art. 162, 1 a).
Interesa, pues, volver a la normalidad constitucional y desde ella plantear lo que se considere legitimo y viable -por los cauces propios del Estado de Derecho- para mejorar la convivencia y seguir avanzando en Democracia.
En todo caso, siempre el interés general o el denominado Bien Común, debe anteponerse al interés particular.

LA PERMANENTE SUBDIVISIÓN DE LA IZQUIERDA POLÍTICA

LA PERMANENTE SUBDIVISIÓN DE LA IZQUIERDA POLÍTICA
“Éramos pocos y parió la abuela”.
Una frase popular que se le podía aplicar al profesor titular de la Universidad de Granada y decano de la Facultad de Filosofía y Letras José Antonio Pérez Tapia, licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Filosofía y Letras.
El profesor fue portavoz de la corriente crítica del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Socialista, y diputado en el grupo del PSOE y optó a la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español que perdió.
Repentinamente, para así iniciar el año 2018, salió a los medios de comunicación, con mayor difusión, para anunciar que se había dado de baja en el PSOE. Tal hecho no tendría la menor trascendencia si no fuera acompañado con la promesa de formar un nuevo partido que se situará a la izquierda del PSOE.
El profesor ha desechado lo opción de integrarse en Izquierda Unida o en Podemos, aunque ambos partidos comparten sus ideas sobre el derecho a la independencia y a la conveniencia de que en Cataluña tenga lugar un referéndum para decidir sobre su independencia, que son según sus palabras el motivo principal por el que ha decidido dejar el PSOE, a pesar de sus veinte y cinco años de militancia y de haber tenido cierta relevancia dentro de la organización y contar con un número considerable de seguidores, entre los afiliados, como portavoz de la corriente de Izquierda Socialista.
Carece de sentido discutir si apoyar el derecho a decidir y llevar a término un referéndum, con tal fin en Cataluña, es realmente una actitud progresista, propia de la ideología de izquierdas o se trata simplemente de repetir los errores de la España cantonal, que marcó el punto final y el fracaso total de la Primera República. Pero con tal justificación el profesor se desmarca claramente de los preceptos constitucionales y se alía a los mensajes propios de los populismos, los mismos que pretenden arrastrar a Europa a desastres similares a los vividos a lo largo de su complicada historia, especialmente a los más próximos del siglo XX.
En relación a los efectos contrarios para el PSOE que pueda producir la creación de un nuevo partido político por parte del señor Pérez Tapias son evidentes.
Es difícil preveer el número de afiliados del Partido Socialista Obrero Español que puedan darse de baja para formar parte de la nueva organización política y lo mismo se puede decir en relación al número de votantes que tendría, tanto en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como en las generales a nivel nacional. Pero sean pocos o muchos lo previsible es que cuente con los suficientes votos para restar al PSOE, quizá en algunas circunscripciones, los suficientes para quitarle algún escaño, y no sean los necesarios para que el nuevo partido tenga alguna representación parlamentaria.
El proceder del señor profesor será, en definitiva, una mala jugada para las políticas progresistas a llevar a cabo en el país.
Se repite la historia de siempre entre los partidos progresistas. Los enfrentamientos entre ellos es lo más habitual y cuando llegan a determinados acuerdos que pueden tener cierta trascendencia no saben bien qué hacer con el poder. No ocurre lo mismo entre las fuerzas conservadoras más afines a los pactos y a la unidad.
El período de gobierno del PSOE tras las elecciones de 1982 pasará a la historia como clave para España y como uno de los más positivos para el país, lástima que no se cuente en la actualidad ni con líderes como los de entonces para unificar a los movimientos progresistas en una política socialdemócrata renovada y con objetivos nuevos, positivos y alcanzables.
Como decíamos antaño son necesarios en una determinada opción: la partitura, la dirección de orquesta y el auditorio o público que ratifique la actuación con su reconocimiento y entusiasmo.

EL DESMADRE AUTONÓMICO

EL DESMADRE AUTONÓMICO

La creación de las Comunidades Autónomas, como una forma moderna de estructurar el Estado español, fue sin duda un avance importante de los legisladores, dadas las circunstancias del proceso de transición del régimen de la dictadura a la plena democracia. Así se recogió en la Constitución Española de 1978, aprobada por los españoles en referéndum.
La Carta Magna daba así respuesta a las demandas de las inquietudes nacionalistas de algunos políticos de determinados territorios. Descentralizaba, además, la prestación de numerosos servicios que afectan directamente a todos los ciudadanos aproximando a ellos la gestión de las Administraciones Públicas y las responsabilidades derivadas. Servicios que aumentarían y se consolidarían con la formalización y desarrollo del Estado de Bienestar, del que en la actualidad disfrutan todos los españoles.
Con el paso de los años, la gestión de los responsables políticos de todos los partidos, han ido trasformando el buen propósito de la descentralización, administrativa y política, en la mala realidad del desmadre autonómico en la que está sumido el país.
Los dirigentes políticos de las Comunidades Autónomas se han olvidado de que son una parte del Estado y que como tal se deben comportar.
En primer lugar, respecto al acatamiento de las leyes así como en relación con la división de poderes y de las funciones de cada uno de ellos, no es admisible que se incumplan las sentencias del Tribunal Constitucional o se busquen trucos estúpidos para simular que se cumplen. Acatar las sentencias de los tribunales y cumplir con ellas, gusten o no, es un deber de todos los ciudadanos y en especial de aquellos que tienen responsabilidades políticas.
No sólo se ha dejado de respetar este principio, sino que se están constituyendo pequeños reinos de taifas y en ellos sus dirigentes se comportan, además, como si tuvieran el derecho a actuar sin tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos del país, es decir no solo los de la comunidad autónoma que gobiernan sino de todos los del Estado español, lo que equivale a decir los de todas las Comunidades Autónomas de España porque son parte del Estado.
En contra de lo dicho los responsables políticos crean rivalidades entre los territorios como si pretendieran ser diferentes y superiores a los demás, presumir de mayor autonomía, pretender la independencia, con permanentes enfrentamientos con las Administración Pública Central. Exigen más y mayores competencias, como si las mismas fueran inagotables y como si lograr tal objetivo fuera favorable a todos los ciudadanos, cuando en la práctica los intereses de los partidos políticos se desvinculan del interés general y son negativos para gran parte de la ciudadanía.
Quizá el cambio más necesario e importante de la constitución de 1978 esté relacionado con la definición de las Comunidades Autónomas.
Sería, pues, imprescindible concretar con precisión tanto las competencias trasferibles, para que favorezca su aplicación a los ciudadanos si son gestionadas adecuadamente, como la financiación necesaria. Dejando claro que serán las mismas para todas las comunidades autónomas. Esto tiene que ser exigible y controlable.
Así mismo el Gobierno Central y la Administración General del Estado deberán tener capacidad para corregir las posibles desviaciones de los entes autonómicos, sin necesidad de aplicar disposiciones extraordinarias. Igualmente, dicha Administración General del Estado deberá armonizar y garantizar la gestión de modo que la ciudadanía disponga de los servicios propios de un Estado de Bienestar allí donde se resida, en cualquier comunidad autónoma, o donde se traslade la residencia, sea temporalmente o en situación de tránsito.
Modificar la Constitución para favorecer a determinados territorios y a sus habitantes sería un disparate descomunal.
Ni tradiciones, ni derechos extraordinarios adquiridos, solo igualdad de derechos para todos los ciudadanos de España e iguales servicios dentro del Estado de Bienestar, sea cual sea el producto interior bruto del territorio y la renta per cápita de sus habitantes.
Los responsables de todas las Comunidades Autónomas se tendrían que someter a tales principios y eliminar el desmadre en el que están sumergidas en la actualidad.
Por nuestra parte, no cabe sino reafirmar los principios de libertad, igualdad y solidaridad, así como la garantía de los servicios públicos.

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

Los dos asuntos de Estado de más relevancia, sobre los que se trata en la actualidad, se centran en la financiación de las Comunidades Autónomas y en la reforma de la Constitución de diciembre de 1978.
En relación con ambos temas los responsables políticos hacen manifestaciones de contenido diverso. Lo más interesante es que hay coincidencias entre ellos, cuando manifiestan que el objetivo de conseguir la correcta financiación de las Comunidades Autónomas es hacer que todos los ciudadanos de España dispongan de los mismos servicios públicos y con la misma calidad. Sin importar el lugar del país de donde sean naturales, en donde residan o se encuentren en tránsito en un territorio determinado del país.
Aunque tales son las palabras de los responsables políticos, sus hechos distan mucho de ellas. La realidad así lo demuestra y está muy distante de tales manifestaciones. Son justamente los gobernantes autonómicos, sin que haya excepciones entre ellos, los que hacen imposible conseguir objetivos tan favorables para los ciudadanos.
Un español que viaje por el territorio nacional con la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma donde reside, no puede conseguir en las farmacias de otras comunidades autónomas los medicamentos que le ha recetado un facultativo de la suya y se recogen en la mencionada tarjeta.
Un maestro funcionario de la enseñanza pública de una comunidad autónoma, que traslada su residencia por necesidades imperativas a otra, deja de ser un funcionario docente en ésta y lo mismo les ocurre a otros funcionarios de carrera en las mismas circunstancias.
Un pequeño empresario que concurre a un concurso público de una Comunidad Autónoma donde no tenga su domicilio fiscal será discriminado, negativamente, con relación a otros pequeños empresarios que residan en la misma a la hora de
valorar su oferta para la adjudicación.
Un niño que está obligado, por el traslado de sus progenitores a determinadas Comunidades Autónomas, se ve obligado a estudiar en un idioma diferente al suyo materno, el español, aunque el artículo tres de la Constitución del 78 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarla.
Determinadas Comunidades Autónomas disfrutan de fueros por los que sus gobernantes pueden dedicar a los servicios de sus ciudadanos mayores recursos que al resto de los españoles, servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos con la misma calidad.
Algunos impuestos que afectan directamente a los ciudadanos individualmente son diferentes en las diferentes comunidades autónomas, ¿qué decir del impuesto de sucesiones?
A la alta inspección del Estado para la enseñanza las Comunidades Autónomas no le prestan la menor atención, y hacen con la enseñanza lo que quieren, adoctrinando incluso a los alumnos, con fines políticos, sin respetar los derechos del menor.
Con frecuencia los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas elaboran normas innecesarias, con base en las nacionales y comunitarias, endureciendo su contenido en contra de los ciudadanos, para diferenciarse de otros territorios.
Se podrían mencionar otras muchas situaciones en las que hay una clara demostración de que los responsables políticos han dado, con sus acciones de gobierno, más importancia a los territorios que a sus ciudadanos. Con tales acciones favorecen a los nacionalismos pues han llegado al extremo de levantar barreras en sus territorios que en determinados casos llegan a ser auténticas fronteras. Sitúan, siempre, a los territorios por encima de los ciudadanos.
Por tales razones cuando reclaman una financiación más justa piensan en los territorios y en su posición no en los ciudadanos.
Los responsables políticos no pueden continuar lanzado mensajes que son contrarios a la realidad de cada día. Si persiguen que todos los ciudadanos de este país dispongan de los mismos servicios públicos y de la misma calidad, que se pongan de acuerdo, lo hagan realidad y dejen la demagogia de la que los ciudadanos, los perjudicados, están hastiados.
En cualquier posible o viable reforma constitucional habrá que tener muy presente el sentido de solidaridad interterritorial, para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía.

LA TOMA DE GRANADA

LA TOMA DE GRANADA

Ante las manifestaciones que cada año tienen lugar en Granada cuando se celebra el ritual llamado “La Toma de Granada”, que en los últimos años tienen un claro carácter de violencia -mal disimulada- entre los manifestantes supuestamente de ideologías extremas y enfrentadas, las preguntas que surgen son: ¿Se han molestado ambos grupos de manifestantes en estudiar la historia de España?, ¿saben si lo que defienden, con su comportamiento y gritos airados, tiene una base real?, ¿no se mueven sobre hechos inventados y, tal vez, arrastrados por demagogos mal intencionados?
En primer lugar es interesante decir que la celebración tiene lugar desde tiempo inmemorial con diferentes modificaciones en las ceremonias.
Los historiadores especializados en la Edad Media española han valorado el período histórico de forma diferente y entre los especialista más afamados han destacado por sus posiciones confrontadas Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro. Para uno -en ese período- prerromanos, romanos y visigodos configuran la unificación política y cultural de Hispania, no incluye ni judaísmo ni islamización, la población es cristiana y occidental. Son sus palabras: “La España europea había nacido en el fragor de los combates y ese batallar acentuó viejas modalidades de la Hispania primitiva, castró otras y creó no pocas nuevas”. “España y los españoles estaba ya latente en los pueblos prerromanos y fueron los visigodos y los romanos quienes la configuraron al construir la unificación y cultura de España”.
La otra visión, aunque siempre matizada o retomada y revisada, en el caso de Américo Castro, se centra en considerar la realidad histórica de tres castas en la península Ibérica: cristianos, moros y judíos. Sitúa a la casta cristiana a la contra de las castas de los moros y judíos e insiste en que los visigodos no eran españoles.
Los estudios genéticos realizados de la población actual de España pueden inclinar la balanza hacia uno de los dos grandes historiadores. El tratamiento de los datos son varios pero todos ellos resultan prácticamente coincidentes en sus conclusiones, aunque el del historiador Mateo Mathaus: “¿Cómo es la composición genética de los españoles?” Es el más claro. Del mismo son significativos los tres párrafos siguientes:
“España está genéticamente muy relacionada con el resto de los pueblos de Europa (Irlanda, Gales, Bretaña Francesa y Portugal) más que ningún otro pueblo”.
“El español es un pueblo muy homogéneo desde el punto de vista genético”.
“Lo que la ciencia nos demuestra y deja claro es que la composición genética de los antiguos pobladores de la Península Ibérica es muy similar a la que se encuentra en la moderna España, lo que sugiere una fuerte continuidad genética a largo plazo desde la época prerromana”.
Estas aseveraciones confirman la idea de que el año 711 los musulmanes asaltaron la península Ibérica y fueron una fuerza invasora y posteriormente de ocupación, con progresivas oleadas de invasores, durante los años de la llamada reconquista. No cabe duda que los invasores dejaron un importante legado cultural, científico y monumental, pero no genético. Fueron una fuerza de ocupación y gobernaron a una población autóctona que los tenía como invasores.
No es fácil ponerse en el lugar de la población nativa de España en la Edad Media y más concretamente al final de la misma, pero si un pueblo es invadido por fuerzas militares y éstas permanecen controlando el poder como un ejército de ocupación, cuando son expulsadas está justificada una celebración del hecho histórico.
En cualquier caso las posiciones de los dos grupos que se enfrentan en la celebración de la toma de Granada, están fuera de la razón, porque la celebración debería ser un acto de encuentro para los ciudadanos de buena voluntad por un hecho histórico fundamental para España.
J.M. Llamas