EL DESMADRE AUTONÓMICO

EL DESMADRE AUTONÓMICO

La creación de las Comunidades Autónomas, como una forma moderna de estructurar el Estado español, fue sin duda un avance importante de los legisladores, dadas las circunstancias del proceso de transición del régimen de la dictadura a la plena democracia. Así se recogió en la Constitución Española de 1978, aprobada por los españoles en referéndum.
La Carta Magna daba así respuesta a las demandas de las inquietudes nacionalistas de algunos políticos de determinados territorios. Descentralizaba, además, la prestación de numerosos servicios que afectan directamente a todos los ciudadanos aproximando a ellos la gestión de las Administraciones Públicas y las responsabilidades derivadas. Servicios que aumentarían y se consolidarían con la formalización y desarrollo del Estado de Bienestar, del que en la actualidad disfrutan todos los españoles.
Con el paso de los años, la gestión de los responsables políticos de todos los partidos, han ido trasformando el buen propósito de la descentralización, administrativa y política, en la mala realidad del desmadre autonómico en la que está sumido el país.
Los dirigentes políticos de las Comunidades Autónomas se han olvidado de que son una parte del Estado y que como tal se deben comportar.
En primer lugar, respecto al acatamiento de las leyes así como en relación con la división de poderes y de las funciones de cada uno de ellos, no es admisible que se incumplan las sentencias del Tribunal Constitucional o se busquen trucos estúpidos para simular que se cumplen. Acatar las sentencias de los tribunales y cumplir con ellas, gusten o no, es un deber de todos los ciudadanos y en especial de aquellos que tienen responsabilidades políticas.
No sólo se ha dejado de respetar este principio, sino que se están constituyendo pequeños reinos de taifas y en ellos sus dirigentes se comportan, además, como si tuvieran el derecho a actuar sin tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos del país, es decir no solo los de la comunidad autónoma que gobiernan sino de todos los del Estado español, lo que equivale a decir los de todas las Comunidades Autónomas de España porque son parte del Estado.
En contra de lo dicho los responsables políticos crean rivalidades entre los territorios como si pretendieran ser diferentes y superiores a los demás, presumir de mayor autonomía, pretender la independencia, con permanentes enfrentamientos con las Administración Pública Central. Exigen más y mayores competencias, como si las mismas fueran inagotables y como si lograr tal objetivo fuera favorable a todos los ciudadanos, cuando en la práctica los intereses de los partidos políticos se desvinculan del interés general y son negativos para gran parte de la ciudadanía.
Quizá el cambio más necesario e importante de la constitución de 1978 esté relacionado con la definición de las Comunidades Autónomas.
Sería, pues, imprescindible concretar con precisión tanto las competencias trasferibles, para que favorezca su aplicación a los ciudadanos si son gestionadas adecuadamente, como la financiación necesaria. Dejando claro que serán las mismas para todas las comunidades autónomas. Esto tiene que ser exigible y controlable.
Así mismo el Gobierno Central y la Administración General del Estado deberán tener capacidad para corregir las posibles desviaciones de los entes autonómicos, sin necesidad de aplicar disposiciones extraordinarias. Igualmente, dicha Administración General del Estado deberá armonizar y garantizar la gestión de modo que la ciudadanía disponga de los servicios propios de un Estado de Bienestar allí donde se resida, en cualquier comunidad autónoma, o donde se traslade la residencia, sea temporalmente o en situación de tránsito.
Modificar la Constitución para favorecer a determinados territorios y a sus habitantes sería un disparate descomunal.
Ni tradiciones, ni derechos extraordinarios adquiridos, solo igualdad de derechos para todos los ciudadanos de España e iguales servicios dentro del Estado de Bienestar, sea cual sea el producto interior bruto del territorio y la renta per cápita de sus habitantes.
Los responsables de todas las Comunidades Autónomas se tendrían que someter a tales principios y eliminar el desmadre en el que están sumergidas en la actualidad.
Por nuestra parte, no cabe sino reafirmar los principios de libertad, igualdad y solidaridad, así como la garantía de los servicios públicos.

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LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

Los dos asuntos de Estado de más relevancia, sobre los que se trata en la actualidad, se centran en la financiación de las Comunidades Autónomas y en la reforma de la Constitución de diciembre de 1978.
En relación con ambos temas los responsables políticos hacen manifestaciones de contenido diverso. Lo más interesante es que hay coincidencias entre ellos, cuando manifiestan que el objetivo de conseguir la correcta financiación de las Comunidades Autónomas es hacer que todos los ciudadanos de España dispongan de los mismos servicios públicos y con la misma calidad. Sin importar el lugar del país de donde sean naturales, en donde residan o se encuentren en tránsito en un territorio determinado del país.
Aunque tales son las palabras de los responsables políticos, sus hechos distan mucho de ellas. La realidad así lo demuestra y está muy distante de tales manifestaciones. Son justamente los gobernantes autonómicos, sin que haya excepciones entre ellos, los que hacen imposible conseguir objetivos tan favorables para los ciudadanos.
Un español que viaje por el territorio nacional con la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma donde reside, no puede conseguir en las farmacias de otras comunidades autónomas los medicamentos que le ha recetado un facultativo de la suya y se recogen en la mencionada tarjeta.
Un maestro funcionario de la enseñanza pública de una comunidad autónoma, que traslada su residencia por necesidades imperativas a otra, deja de ser un funcionario docente en ésta y lo mismo les ocurre a otros funcionarios de carrera en las mismas circunstancias.
Un pequeño empresario que concurre a un concurso público de una Comunidad Autónoma donde no tenga su domicilio fiscal será discriminado, negativamente, con relación a otros pequeños empresarios que residan en la misma a la hora de
valorar su oferta para la adjudicación.
Un niño que está obligado, por el traslado de sus progenitores a determinadas Comunidades Autónomas, se ve obligado a estudiar en un idioma diferente al suyo materno, el español, aunque el artículo tres de la Constitución del 78 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarla.
Determinadas Comunidades Autónomas disfrutan de fueros por los que sus gobernantes pueden dedicar a los servicios de sus ciudadanos mayores recursos que al resto de los españoles, servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos con la misma calidad.
Algunos impuestos que afectan directamente a los ciudadanos individualmente son diferentes en las diferentes comunidades autónomas, ¿qué decir del impuesto de sucesiones?
A la alta inspección del Estado para la enseñanza las Comunidades Autónomas no le prestan la menor atención, y hacen con la enseñanza lo que quieren, adoctrinando incluso a los alumnos, con fines políticos, sin respetar los derechos del menor.
Con frecuencia los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas elaboran normas innecesarias, con base en las nacionales y comunitarias, endureciendo su contenido en contra de los ciudadanos, para diferenciarse de otros territorios.
Se podrían mencionar otras muchas situaciones en las que hay una clara demostración de que los responsables políticos han dado, con sus acciones de gobierno, más importancia a los territorios que a sus ciudadanos. Con tales acciones favorecen a los nacionalismos pues han llegado al extremo de levantar barreras en sus territorios que en determinados casos llegan a ser auténticas fronteras. Sitúan, siempre, a los territorios por encima de los ciudadanos.
Por tales razones cuando reclaman una financiación más justa piensan en los territorios y en su posición no en los ciudadanos.
Los responsables políticos no pueden continuar lanzado mensajes que son contrarios a la realidad de cada día. Si persiguen que todos los ciudadanos de este país dispongan de los mismos servicios públicos y de la misma calidad, que se pongan de acuerdo, lo hagan realidad y dejen la demagogia de la que los ciudadanos, los perjudicados, están hastiados.
En cualquier posible o viable reforma constitucional habrá que tener muy presente el sentido de solidaridad interterritorial, para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía.

LA TOMA DE GRANADA

LA TOMA DE GRANADA

Ante las manifestaciones que cada año tienen lugar en Granada cuando se celebra el ritual llamado “La Toma de Granada”, que en los últimos años tienen un claro carácter de violencia -mal disimulada- entre los manifestantes supuestamente de ideologías extremas y enfrentadas, las preguntas que surgen son: ¿Se han molestado ambos grupos de manifestantes en estudiar la historia de España?, ¿saben si lo que defienden, con su comportamiento y gritos airados, tiene una base real?, ¿no se mueven sobre hechos inventados y, tal vez, arrastrados por demagogos mal intencionados?
En primer lugar es interesante decir que la celebración tiene lugar desde tiempo inmemorial con diferentes modificaciones en las ceremonias.
Los historiadores especializados en la Edad Media española han valorado el período histórico de forma diferente y entre los especialista más afamados han destacado por sus posiciones confrontadas Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro. Para uno -en ese período- prerromanos, romanos y visigodos configuran la unificación política y cultural de Hispania, no incluye ni judaísmo ni islamización, la población es cristiana y occidental. Son sus palabras: “La España europea había nacido en el fragor de los combates y ese batallar acentuó viejas modalidades de la Hispania primitiva, castró otras y creó no pocas nuevas”. “España y los españoles estaba ya latente en los pueblos prerromanos y fueron los visigodos y los romanos quienes la configuraron al construir la unificación y cultura de España”.
La otra visión, aunque siempre matizada o retomada y revisada, en el caso de Américo Castro, se centra en considerar la realidad histórica de tres castas en la península Ibérica: cristianos, moros y judíos. Sitúa a la casta cristiana a la contra de las castas de los moros y judíos e insiste en que los visigodos no eran españoles.
Los estudios genéticos realizados de la población actual de España pueden inclinar la balanza hacia uno de los dos grandes historiadores. El tratamiento de los datos son varios pero todos ellos resultan prácticamente coincidentes en sus conclusiones, aunque el del historiador Mateo Mathaus: “¿Cómo es la composición genética de los españoles?” Es el más claro. Del mismo son significativos los tres párrafos siguientes:
“España está genéticamente muy relacionada con el resto de los pueblos de Europa (Irlanda, Gales, Bretaña Francesa y Portugal) más que ningún otro pueblo”.
“El español es un pueblo muy homogéneo desde el punto de vista genético”.
“Lo que la ciencia nos demuestra y deja claro es que la composición genética de los antiguos pobladores de la Península Ibérica es muy similar a la que se encuentra en la moderna España, lo que sugiere una fuerte continuidad genética a largo plazo desde la época prerromana”.
Estas aseveraciones confirman la idea de que el año 711 los musulmanes asaltaron la península Ibérica y fueron una fuerza invasora y posteriormente de ocupación, con progresivas oleadas de invasores, durante los años de la llamada reconquista. No cabe duda que los invasores dejaron un importante legado cultural, científico y monumental, pero no genético. Fueron una fuerza de ocupación y gobernaron a una población autóctona que los tenía como invasores.
No es fácil ponerse en el lugar de la población nativa de España en la Edad Media y más concretamente al final de la misma, pero si un pueblo es invadido por fuerzas militares y éstas permanecen controlando el poder como un ejército de ocupación, cuando son expulsadas está justificada una celebración del hecho histórico.
En cualquier caso las posiciones de los dos grupos que se enfrentan en la celebración de la toma de Granada, están fuera de la razón, porque la celebración debería ser un acto de encuentro para los ciudadanos de buena voluntad por un hecho histórico fundamental para España.
J.M. Llamas

UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SANCIONADORA

UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SANCIONADORA

Durante los años ochenta la Administración de la junta de Andalucía cumplía admirablemente con una de sus principales misiones: ayudar a los ciudadanos a cumplir con la legalidad y sancionarlos, de forma proporcionada, en caso de incumplir con la ley. Era en definitiva un apoyo a la ciudadanía que ésta valoraba positivamente.
Con el paso de los años la Administración de la Junta de Andalucía ha evolucionado negativamente y para mal de los ciudadanos se ha constituido en administración sancionadora y obstruccionista, que inunda de disposiciones coercitivas a los ciudadanos hasta llegar a extremos realmente insoportables.
Un pequeño empresario granadino sancionado con 300.000 euros por un vertido incontrolado accidental decía que ya había comunicado, al organismo correspondiente de la Administración Autónoma, que su única salida era entregarle la empresa, pues ni aunque consiguiera venderla a un buen precio, con su importe no podría aproximarse al coste de la sanción establecida.
Las actuaciones administrativas en este sentido son sin duda lo menos adecuado para animar a los empresarios a constituir el tejido industrial que falta en Andalucía, imprescindible para que la comunidad autónoma intente dejar el farolillo rojo que ocupa en todos los sentidos, con relación al resto de las comunidades autónomas de España, y respecto a las regiones de la zona euro.
No nos detengamos siquiera en las multas desproporcionadas en zonas de montaña y explotaciones agropecuarias, con rentas anuales muy bajas.
Como ejemplo singular del quehacer sancionador, en los últimos días se ha transmitido por los medios de comunicación la sanción de 170.000 euros impuesta a la Orden de las Hermanas Clarisas de Santa Inés de Sevilla.
El asunto merece sin duda una valoración, que en algunos puntos se puede aproximar al sarcasmo.
El motivo de la sanción es sobradamente conocido, la restauración sin la debida autorización, al tratarse de un bien de interés cultural, de un órgano relacionado con una de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer: Maese Pérez el organista.
La operación, según información de la entidad, se llevó a cabo por la Fundación Alquimia, por un importe de 150.000 euros, contribuidos en parte por la fundación y por aportaciones de los ciudadanos, y hubo por medio un silencio administrativo a las solicitudes correspondientes formuladas por la fundación.
No se trata de poner en duda ni la potestad de la Junta para proteger el patrimonio cultural, ni la necesidad de sancionar a los incumplidores de las leyes. Tampoco considerar a la orden religiosa de referencia exenta de cumplir con las normas vigentes, tenga el respaldo ciudadano que tenga. Se trata de la proporcionalidad, del sentido común, de la buena fe y de que la agilidad de la Administración Pública que debe estar siempre al servicio de los ciudadanos y ajena a la “burrocracia”, no responde con suficiente soltura ni prontitud.
Algún miembro con autoridad del Gobierno Autónomo ha utilizado el sentido común suficiente para impedir que prospere tal disparate, pero no es ésta la solución adecuada.
Habría que preguntarle al equipo que puso en marcha los mecanismos para sancionar si pensó en algún momento en la capacidad económica de la orden religiosa para templar la cuantía de la multa, pues posiblemente cualquier juez la declararía insolvente. ¿Es posible que el equipo pensara en embargarle los útiles de cocina con los que obran dulces para vender y conseguir los recursos mínimos para sobrevivir?
Las leyes se elaboran para que todos los ciudadanos las cumplan, pero si se evidencia que su aplicación es contraria al interés general, e incluso llegan a ser inaplicables, las mismas deben ser corregidas o eliminadas.
Explicar el positivismo y las normas jurídicas como derecho de obligado cumplimiento, si la ley es propia de un Estado Democrático, no exime a nuestra inteligencia de una función crítica para confrontar la norma positiva con el derecho que debe ser.
Sería muy positivo que las motivaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía volvieran a ser las que animaban a sus responsables y demás trabajadores en los años ochenta y dejara el camino de la sanción desorbita contra los ciudadanos, a la que está apuntando también la Administración Local, sin tener en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma con renta per cápita más baja de España, sólo por delante de Extremadura, y con prácticamente la mitad de renta respecto a la del País Vasco.

LA DISPERSIÓN SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LA DISPERSIÓN SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El primer gobierno del PSOE llevó a término una importante reforma de las Administraciones Públicas, lo hizo por medio de la Ley 30 de 1984.
Gracias a esta norma se eliminaron, unificándolos, cientos de cuerpos y escalas de funcionarios cada uno de ellos con estructuras salariales diferentes, con sueldos básicos diversos y todos de cuantía ridícula y complementos del carácter más diferente y alta cuantía. Por añadidura eran impermeables entre ellos, lo que significaba que el miembro de un cuerpo o escala determinado tenía que estar en ella durante toda su vida funcionarial, pese a tener la titulación y capacidad suficientes para ocupar un puesto de trabajo en otro cuerpo o escala y aunque en uno sobraran funcionarios y en el otro faltaran.
Los cambios en las Administraciones Públicas, con la Ley 30, fueron espectaculares. Se fijaron salarios básicos únicos para las diferentes titulaciones, se limitaron y definieron los complementos iguales para todos los funcionarios Y cuantía proporcional a la titulación y a las características del puesto de trabajo. Al mismo tiempo se eliminaron la mayoría de los cuerpos y escalas, se estableció un escalafón de niveles único y se permitió la permeabilidad entre muchos de los cuerpos que permanecieron. Era posible incluso para los funcionarios de la Administración Central pasar a las Administraciones Autonómicas e incluso a la Administración Local y a la inversa.
Pero, como nada es perfecto, quedaron huecos en la reforma para permitir que, los intentos de hacer Administraciones más funcionales y mantener unas retribuciones que no generaran agravios comparativos entres los funcionarios, pudieran ser ineficaces en algunas ocasiones.
Con el paso de los años los puntos débiles, propiciados por determinados cuerpos de funcionarios para sus intereses “gremiales”, han sido aprovechados por ciertas Administraciones Autónomas y Locales para potenciar el desmadre y crear una fuente de agravios comparativos. La consecuencia es que se está volviendo a unas Administraciones Públicas que estructuran a los funcionarios en principios parecidos a los existentes antes de la Ley 30 de 1984.
En realidad, diríase que se ha hecho un recorrido de 33 años para, con la ayuda inestimable de algunas comunidades autónomas y muchos entes locales, volver al punto de partida.
¿Cómo es posible que se haya tolerado por los diferentes Gobiernos Centrales que la policía de la Comunidad autónoma de Cataluña, tenga un salario que puede llegar a ser superior hasta en un cincuenta por ciento a los que reciben los miembros de los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil? Puede resultar sorprendente pero es así.
Lo mismo ocurre con los funcionarios de las diferentes Comunidades Autónomas. Los salarios de los servidores públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están muy por debajo de los de Cataluña o el País Vasco. Algo parecido ocurre a favor de los funcionarios locales en numerosos municipios. En definitiva el desmadre es total.
El Gobierno Socialista elaboró y sacó adelante la Ley 7 de 2007. “Estatuto básico del empleado público”. En el mismo se recoge, (en su Capítulo III. Derechos retributivos) un intento de poner orden en todo el Estado de los salarios de los funcionarios públicos. El Estatuto ni se ha desarrollado, ni se aplica, ni cumplirá con los fines que en el mismo se recogen.
Lo cierto es que, sea cual sea el signo del gobierno, es imprescindible enmendar esta situación fuente de injusticias y de agravios comparativos que servirán de base para protestas, complicaciones sin fin y restarán eficacia, profesionalidad y eficiencia en los servicios de las diferentes Administraciones Públicas.

INTERÉS GENERAL, ECONOMÍA Y SOCIALISMO EN LIBERTAD

INTERÉS GENERAL,
ECONOMÍA Y SOCIALISMO EN LIBERTAD

Bertrand Russell (1872-1970), en su libro Caminos de libertad: socialismo, anarquismo y comunismo (1918), nos indica, desde su propia experiencia, la necesidad de conjugar la libertad y la justicia económica como modo de lograr el “goce de vivir” y la defensa del interés general.
Por nuestra parte, entre el 1975 y finales de 1978, fuimos capaces de lograr un consenso constitucional en el que toda la riqueza del país en sus distintas formas, fuera cual fuere su titularidad, debería estar subordinada al interés general. Ese es el gran reto constitucional -recogido en el Título VII, sobre Economía y Hacienda (artículos 128 al 136 de la CE)-.
En este quehacer constitucional, nos inspiramos en otros países europeos, tales como Italia (al Sur) y Alemania (al norte). Una vez logrado el consenso, fuimos de hecho un referente en el conjunto iberoamericano. El reto indicado implicaba un especial sentido de responsabilidad compartida, de planificación, de modernización; de equilibrio presupuestario; de solidaridad interterritorial; de estabilidad presupuestaria y participación efectiva de los distintos ámbitos, incluso sociales (empresariado y personas trabajadoras, en el art. 129).
Concretamente, en el art. 135, 5 de la CE de 1978 se estableció, además, que una Ley Orgánica desarrollaría los principios enunciados así como la participación, en los procedimientos respectivos, de la coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera.
Ello implica regular: a) la distribución de los límites del déficit y de la deuda; b) el cálculo del déficit estructural; c) la responsabilidad de cada Administración Pública, en su caso, por incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El tema es de tal importancia que, además de la coordinación institucional, es imprescindible un Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, con dependencia directa de las Cortes Generales (art. 136, 1).
Como en el caso del Poder Judicial, “Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces” (art. 136, 3).

En consecuencia, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales tendrán que conjugar la coordinación institucional en las cuestiones presupuestarias con la gestión económica, la planificación, la mejora del producto interior bruto y la subordinación de la riqueza, de toda riqueza, al interés general.

¿Qué es lo que suele fallar? Pues… el sentido de solidaridad, la coordinación, la participación efectiva, y la supeditación del interés particular al interés general. Ahí es donde resulta difícil avanzar en la relación entre Ética y Política, absolutamente necesaria en cualquier reforma constitucional en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Por eso, tal vez, conviene leer, en la actualidad, el libro de Josep Borrell y otros, que se titula Escucha, Cataluña. Escucha, España –cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión-.
Josep Borrell (con su aportación “Catalán, Español, Europeo”), Francesc de Carreras (en “La defensa espiral del silencio”), Juan-José López Burniol (en torno a “El problema español”), y Josep Piqué (“En busca de la política perdida”) apuestan, razonada y documentalmente, por el diálogo y el reencuentro de la mayoría de los españoles, frente al crispado debate territorial. El reto tal vez parezca imposible, pero, para estos autores, incluso los puentes rotos pueden rehacerse si se antepone el interés general al interés particular.

SE, 13/XI/17

LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

Sobre los nacionalismos se ha escrito prácticamente todo, y es difícil decir algo nuevo sobre sus nefastas consecuencias derivadas de los sentimientos identitarios, todos orientados a imponer una superioridad indiscutible de ellos, los nacionalistas, sobre todos los humanos foráneos.
Los sentimientos nacionalistas e identitarios son peligrosos porque llegan a dominar el ánimo de las personas para convertirlas en servidores de la sinrazón.
No es pues aceptable que, frente a los nacionalismos imperantes en parte de los ciudadanos de algunas regiones de este país, surja además el nacionalismo español. Sería retornar a épocas pretéritas, superadas para bien de todos, en las que hubo que combatir en enfrentamientos físicos sin sentido.
Frente a los nacionalismos está la necesidad de que los ciudadanos de un país conozcan su historia, se entiende que la conformada por especialistas suficientemente objetivos que hayan valorado en el trascurrir de un país tanto los hechos positivos como los negativos, pero que en su conjunto han forjado una cultura que contiene la esencia del vivir de una ciudadanía que debe saber el lugar que ocupa en este mundo. Un mundo que poco a poco elimina fronteras para llegar, posiblemente, cuando pase el tiempo, hasta una cultura universal, a la que también tenemos la obligación de ir conociendo y asimilando para hacerla compatible con la propia y armonizar las formas de vida y de relacionarse entre todos los seres humanos sin distinciones. En ese sentido el concepto de “Hispanidad” implica una apertura a lo más universal que la propia Nación.
¿Cómo es posible, pues, que ante el panorama de hacer universal la cultura haya ciudadanos de este país que pongan objeciones al concepto de hispanidad y lo que significa? Aceptarla y compartirla es un primer paso de aproximación a una cultura más universal.
Se trata de un hecho histórico incontestable que en los países hispánicos ha tenido lugar, a lo largo de los siglos, un proceso de sincretismo entre diferentes culturas generando quizá la mayor extensión de seres humanos con un patrimonio común que abarca desde monumentos históricos a la comunicación y la lengua, hasta el arte y el folklore y cuantos aspectos incumben al vivir y convivir de los seres humanos. ¿Quién puede negar esta realidad? Carecen de sentido las valoraciones hechas, precisamente por nacionalistas contrarios al concepto de hispanidad, en base a hechos históricos, de la llamada colonización. Ellos pretenden valorarlos con los parámetros de una sociedad democrática avanzada del siglo XXI, cuando tuvieron lugar a lo largo de periodos lejanos con valores aceptados por la sociedad muy distintos a los actuales.
¿Qué pueden decir, entonces, de la colonización de la península Ibérica por los cartaginenses, los romanos, los bárbaros del norte y los musulmanes? Todos dejaron huellas algunas de enorme importancia y trascendencia, y constituyen el legado de una herencia inestimable a la sociedad española actual. Desde el patrimonio monumental, que por su variedad, amplitud y riqueza constituye, posiblemente, el primero del planeta hasta las lenguas, las ciencias y las artes. Por eso, precisamente, no sólo se habla de interculturalidad y mestizaje sino incluso de “transculturalidad”, o de “crisol de culturas”.
Ese patrimonio, en realidad, ha trascendido a otros pueblos y en la actualidad se manifiesta ampliamente en los pueblos hispanos de un modo singular.
El conocimiento de su historia, debe predisponer a los habitantes de este país a posturas de apertura hacia los demás, y más en una época que se llama de la globalización económica, o mejor, de la mundialización.
La primera celebración del día de la Hispanidad tuvo lugar durante la Segunda Republica el 12 de octubre de 1935 en Madrid y su concepción nunca debe ser la base para fundamental ningún tipo de nacionalismo, sino de un deseo de apertura hacia todos los pueblos del planeta para compartir su inabarcable riqueza y propiciar un enriquecimiento mutuo.
La Hispanidad es un reto de interculturalidad y sentido de diálogo y de apertura hacia la mundialización de la gran Comunidad Humana.