DOS ISMOS HAN CHOCADO

DOS ISMOS HAN CHOCADO

No se tienen buenos recuerdos de muchos de los “ismos” que han tenido lugar a lo largo de la historia más próxima. Así ocurre con el fascismo, con el comunismo, con el estalinismo, con el franquismo, con el nacionalismo, con el chavismo, con el populismo, y aun se podría ampliar la lista de los movimientos terminados en “ismos”.

En la actualidad hay dos “ismos” que intentan ofrecer un proceder positivo, y que pretenden, incluso, ser progresistas. Esos “ismos”, sin embargo, tienen a veces en sus promotores, comportamientos sorprendentes y no apuntan hacia nada bueno para la sociedad porque sobreactúan, y los excesos no suelen ser positivos. Dan entonces, una imagen próxima al fanatismo y a la exclusión, lo que puede echar por tierra unas actuaciones que, de estar en la sensatez de la justa medida, podrían situarse en las proximidades del interés general.
Entre estos “ismos” están el animalismo y el feminismo, que han dado base en fechas pasadas, con una actuación concreta claramente insensata en relación a los hombres que piropean, a un enfrentamiento entre ellos y a numerosos comentarios al respecto en los medios de comunicación.
Ambos “ismos” tienen en los últimos tiempos una gran actualidad y han llegado a un punto de sobreactuación tan grande que, antes o después, se volverá en contra de ellos y de sus objetivos.
Para proteger a los animales se ha legislado mucho y se pretende legislar más. Es posible que se llegue al extremo propuesto por una responsable política, de un partido importante de este país que está en expansión, de dar por ley los mismos derechos a los animales que a las personas. En Suiza pretenden que se anestesien a las langostas antes de cocinarlas, si están vivas. Al parecer los miembros de este “ismo” ignoran que la especie humana –animal humano, al fin y al cabo- mató, mata y matará a los animales para comérselos y alimentarse, lo que es consustancial a su naturaleza. Lo hace para sobrevivir.

Desde que se tiene información sobre la vida de la persona humana, el hombre cazaba animales para alimentarse. Por desgracia la especie no la forman espíritus puros, está en la cumbre de la depredación y ahí permanecerá, tal vez, mientras habite en el planeta Tierra.
Ahora bien, mientras se legisla tanto a favor de los animales, los ciento ochenta mil perros que viven en Sevilla, según datos municipales, por ejemplo, llenan de excrementos las aceras de la ciudad y de orines las paredes de los edificios. Es de esperar que los miembros del “ismo” consigan que concedan, por ley, tal derecho a los animales, pues en definitiva, ¿quién es el hombre para poner trabas a la libertad de los canes para que excreten cómo, dónde y cuando quieran?
El choque de este “ismo” con el feminismo ha tenido lugar por una campaña que un organismo de la Administración Autónoma andaluza ha llevado a término bajo el título: “NO SEAS ANIMAL” supuestamente para luchar contra el llamado piropo callejero.
Puede que, arrastrados por el movimiento americano feminista llamado Me Too, los dirigentes del organismo oficial se han lanzado, sin tener en cuenta las declaraciones de algunos intelectuales y artistas franceses, ni tampoco las manifestaciones de las actrices de la misma nacionalidad, Catherine Deneuve y Brigitte Bardot, que durante décadas han representado la esencia de la feminidad en todo el mundo.
En la campaña de referencia se compara a esos hombres, que piropean a las mujeres, con diferentes animales: el pulpo, el buitre, el gallito, el cerdo, el búho, y el gorrión. El otro “ismo” ha salido a los medios considerando intolerable tales comparaciones, pues afectan para mal a la dignidad de los animales.
La situación no merece ningún comentario, sólo decir que, en los excesos y los fanatismos, el número de tontos de alto nivel es incontable y que algunos de ellos ocupan puesto de responsabilidad en nuestra sociedad.
¡ESTAMOS LISTOS!

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LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

Resulta preocupante y hasta cierto punto irritante que, la actualidad española en los medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos y no digamos en las redes sociales, esté monopolizada por dos cuestiones a cual más negativas para el país: La peripecia bruselense de un prófugo de la justicia y el interminable rosario de casos judiciales que afectan a políticos y empresarios corruptos que han detraído fondos del erario público. Parecería que nada importa más en España, ni hay otras cuestiones que preocupen a las mujeres y hombres de nuestro país.
Sin obviar la entidad que el independentismo catalán y la corrupción política tienen por estos pagos, queremos señalar algunos problemas que nos acucian a todos:
1) El Paro
Según la EPA, estamos en un 18.5% de paro, aproximadamente el doble de la media de la UE. Especialmente preocupante es el paro juvenil, que alcanza en algunas zonas el 40% y los parados de larga duración, muy en particular, aquellos que han rebasado los 45 años, cuya dificultad es mayor para encontrar un hueco en el mercado laboral.
Hacen falta políticas que fomenten el empleo, y la primera de ellas debe ser recuperar un ritmo vigoroso de inversiones públicas creadoras de empleo.
La reforma laboral del PP ha traído bajos salarios, precariedad y, eso sí, un importante incremento de los beneficios empresariales que no llega a los trabajadores.
2) La Desigualdad
Los gobiernos del PP, de acuerdo con la actuación histórica de la derecha, han acentuado la desigualdad en nuestro país. Hoy estamos entre los más desiguales de Europa. En España se da el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, aquellos cuyo salario no les permite llegar a fin de mes y deben recurrir a organizaciones asistenciales para que les faciliten comida o leche, pañales y ropa para sus hijos.
Hay también una brecha salarial entre hombres y mujeres que viola el principio social de “A igual trabajo igual salario” y que perjudica gravemente a las mujeres.
Mientras le economía crece y los bancos y las empresas obtienen pingües beneficios, hay un sector de trabajadores – el “lumpemprecariado” le han llamado algunos- cuyos salarios no les permiten vivir. Esto es indigno de la 4ª economía de la UE.
3) Las Pensiones.
Desde el 13/972013 cuando el gobierno del PP desvinculó la subida anual de las pensiones del IPC, es decir, de lo que suben los precios todos los años, el poder adquisitivo de los pensionistas no ha hecho sino bajar. La subida del 0.25% anual que el gobierno aplica desde entonces, ha penalizado a todos los pensionistas españoles contribuyendo a su empobrecimiento. No olvidemos que en España, al lado de pensiones dignas, las hay de menos de 800 euros que apenas dan para vivir. Por no hablar de las no contributivas que se asemejan más a limosnas que a pensiones.
Con todo, los pensionistas por sus ingresos fijos, han actuado como salvavidas familiares durante la crisis, dando protección y cobijo a hijos y nietos desempleados. La solidaridad de abuelas y abuelos ha evitado así un posible estallido social en lo más duro de la crisis. En paralelo, el gobierno ha gastado casi la totalidad de los 66.000.000.000 de euros que le dejo el denostado Zapatero. El vaciamiento de la “hucha” viene condicionado por la insuficiencia de las cotizaciones sociales debida a los bajos salarios, y por el gran interés del gobierno en que la gente suscriba planes privados de pensiones, dando así acceso a Bancos y compañías de seguros a la masa ingente del dinero de la pensiones, con el fin último de privatizarlas.
4) Los Políticos.
Las personas que detentan representación política se han convertido, en general, en un problema añadido que así se refleja encuesta tras encuesta cuando se pregunta a la población. Todo ello a pesar de que, el ejercicio de la política como actividad al servicio del bien común, tiene un componente noble y de que los partidos políticos son el instrumento constitucional para la participación de los ciudadanos/as en política.
¿Por qué la población ve a los políticos como problema, en vez de cómo solución? Por la mala utilización que se hace del poder, por la mezcla deliberada y fraudulenta de intereses públicos y privados, por la avidez y desvergüenza culposa de unos individuos que han saqueado los bienes públicos a mansalva, de manera sistemática y organizada con estructuras semejantes a la Mafia, y por el exceso número de representantes públicos y asesores clientelares de los mismos.
Ningún partido está libre de corrupción –con excepción de los recién llegados al escenario político- pero el numero 1 de este triste podio, es para el partido popular al que algunos jueces en sus autos califican de “Organización criminal”
Hemos querido señalar, sin agotarlos, algunos problemas que consideramos importantes para la ciudadanía de muestro país. Naturalmente hay muchos más, pero pensamos que ya va siendo hora de que la crónica judicial y los espectáculos político-circenses de los independentistas, ocupen su lugar dentro de los muchos problemas que tiene España.
Conviene, pues, ir a las raíces de nuestra situación y de la realidad histórica en la que vivimos y no andar por las ramas, un tanto despistados o alienados en nuestro quehacer político.

LA PERMANENTE SUBDIVISIÓN DE LA IZQUIERDA POLÍTICA

LA PERMANENTE SUBDIVISIÓN DE LA IZQUIERDA POLÍTICA
“Éramos pocos y parió la abuela”.
Una frase popular que se le podía aplicar al profesor titular de la Universidad de Granada y decano de la Facultad de Filosofía y Letras José Antonio Pérez Tapia, licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Filosofía y Letras.
El profesor fue portavoz de la corriente crítica del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Socialista, y diputado en el grupo del PSOE y optó a la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español que perdió.
Repentinamente, para así iniciar el año 2018, salió a los medios de comunicación, con mayor difusión, para anunciar que se había dado de baja en el PSOE. Tal hecho no tendría la menor trascendencia si no fuera acompañado con la promesa de formar un nuevo partido que se situará a la izquierda del PSOE.
El profesor ha desechado lo opción de integrarse en Izquierda Unida o en Podemos, aunque ambos partidos comparten sus ideas sobre el derecho a la independencia y a la conveniencia de que en Cataluña tenga lugar un referéndum para decidir sobre su independencia, que son según sus palabras el motivo principal por el que ha decidido dejar el PSOE, a pesar de sus veinte y cinco años de militancia y de haber tenido cierta relevancia dentro de la organización y contar con un número considerable de seguidores, entre los afiliados, como portavoz de la corriente de Izquierda Socialista.
Carece de sentido discutir si apoyar el derecho a decidir y llevar a término un referéndum, con tal fin en Cataluña, es realmente una actitud progresista, propia de la ideología de izquierdas o se trata simplemente de repetir los errores de la España cantonal, que marcó el punto final y el fracaso total de la Primera República. Pero con tal justificación el profesor se desmarca claramente de los preceptos constitucionales y se alía a los mensajes propios de los populismos, los mismos que pretenden arrastrar a Europa a desastres similares a los vividos a lo largo de su complicada historia, especialmente a los más próximos del siglo XX.
En relación a los efectos contrarios para el PSOE que pueda producir la creación de un nuevo partido político por parte del señor Pérez Tapias son evidentes.
Es difícil preveer el número de afiliados del Partido Socialista Obrero Español que puedan darse de baja para formar parte de la nueva organización política y lo mismo se puede decir en relación al número de votantes que tendría, tanto en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como en las generales a nivel nacional. Pero sean pocos o muchos lo previsible es que cuente con los suficientes votos para restar al PSOE, quizá en algunas circunscripciones, los suficientes para quitarle algún escaño, y no sean los necesarios para que el nuevo partido tenga alguna representación parlamentaria.
El proceder del señor profesor será, en definitiva, una mala jugada para las políticas progresistas a llevar a cabo en el país.
Se repite la historia de siempre entre los partidos progresistas. Los enfrentamientos entre ellos es lo más habitual y cuando llegan a determinados acuerdos que pueden tener cierta trascendencia no saben bien qué hacer con el poder. No ocurre lo mismo entre las fuerzas conservadoras más afines a los pactos y a la unidad.
El período de gobierno del PSOE tras las elecciones de 1982 pasará a la historia como clave para España y como uno de los más positivos para el país, lástima que no se cuente en la actualidad ni con líderes como los de entonces para unificar a los movimientos progresistas en una política socialdemócrata renovada y con objetivos nuevos, positivos y alcanzables.
Como decíamos antaño son necesarios en una determinada opción: la partitura, la dirección de orquesta y el auditorio o público que ratifique la actuación con su reconocimiento y entusiasmo.

EL DESMADRE AUTONÓMICO

EL DESMADRE AUTONÓMICO

La creación de las Comunidades Autónomas, como una forma moderna de estructurar el Estado español, fue sin duda un avance importante de los legisladores, dadas las circunstancias del proceso de transición del régimen de la dictadura a la plena democracia. Así se recogió en la Constitución Española de 1978, aprobada por los españoles en referéndum.
La Carta Magna daba así respuesta a las demandas de las inquietudes nacionalistas de algunos políticos de determinados territorios. Descentralizaba, además, la prestación de numerosos servicios que afectan directamente a todos los ciudadanos aproximando a ellos la gestión de las Administraciones Públicas y las responsabilidades derivadas. Servicios que aumentarían y se consolidarían con la formalización y desarrollo del Estado de Bienestar, del que en la actualidad disfrutan todos los españoles.
Con el paso de los años, la gestión de los responsables políticos de todos los partidos, han ido trasformando el buen propósito de la descentralización, administrativa y política, en la mala realidad del desmadre autonómico en la que está sumido el país.
Los dirigentes políticos de las Comunidades Autónomas se han olvidado de que son una parte del Estado y que como tal se deben comportar.
En primer lugar, respecto al acatamiento de las leyes así como en relación con la división de poderes y de las funciones de cada uno de ellos, no es admisible que se incumplan las sentencias del Tribunal Constitucional o se busquen trucos estúpidos para simular que se cumplen. Acatar las sentencias de los tribunales y cumplir con ellas, gusten o no, es un deber de todos los ciudadanos y en especial de aquellos que tienen responsabilidades políticas.
No sólo se ha dejado de respetar este principio, sino que se están constituyendo pequeños reinos de taifas y en ellos sus dirigentes se comportan, además, como si tuvieran el derecho a actuar sin tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos del país, es decir no solo los de la comunidad autónoma que gobiernan sino de todos los del Estado español, lo que equivale a decir los de todas las Comunidades Autónomas de España porque son parte del Estado.
En contra de lo dicho los responsables políticos crean rivalidades entre los territorios como si pretendieran ser diferentes y superiores a los demás, presumir de mayor autonomía, pretender la independencia, con permanentes enfrentamientos con las Administración Pública Central. Exigen más y mayores competencias, como si las mismas fueran inagotables y como si lograr tal objetivo fuera favorable a todos los ciudadanos, cuando en la práctica los intereses de los partidos políticos se desvinculan del interés general y son negativos para gran parte de la ciudadanía.
Quizá el cambio más necesario e importante de la constitución de 1978 esté relacionado con la definición de las Comunidades Autónomas.
Sería, pues, imprescindible concretar con precisión tanto las competencias trasferibles, para que favorezca su aplicación a los ciudadanos si son gestionadas adecuadamente, como la financiación necesaria. Dejando claro que serán las mismas para todas las comunidades autónomas. Esto tiene que ser exigible y controlable.
Así mismo el Gobierno Central y la Administración General del Estado deberán tener capacidad para corregir las posibles desviaciones de los entes autonómicos, sin necesidad de aplicar disposiciones extraordinarias. Igualmente, dicha Administración General del Estado deberá armonizar y garantizar la gestión de modo que la ciudadanía disponga de los servicios propios de un Estado de Bienestar allí donde se resida, en cualquier comunidad autónoma, o donde se traslade la residencia, sea temporalmente o en situación de tránsito.
Modificar la Constitución para favorecer a determinados territorios y a sus habitantes sería un disparate descomunal.
Ni tradiciones, ni derechos extraordinarios adquiridos, solo igualdad de derechos para todos los ciudadanos de España e iguales servicios dentro del Estado de Bienestar, sea cual sea el producto interior bruto del territorio y la renta per cápita de sus habitantes.
Los responsables de todas las Comunidades Autónomas se tendrían que someter a tales principios y eliminar el desmadre en el que están sumergidas en la actualidad.
Por nuestra parte, no cabe sino reafirmar los principios de libertad, igualdad y solidaridad, así como la garantía de los servicios públicos.

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

Los dos asuntos de Estado de más relevancia, sobre los que se trata en la actualidad, se centran en la financiación de las Comunidades Autónomas y en la reforma de la Constitución de diciembre de 1978.
En relación con ambos temas los responsables políticos hacen manifestaciones de contenido diverso. Lo más interesante es que hay coincidencias entre ellos, cuando manifiestan que el objetivo de conseguir la correcta financiación de las Comunidades Autónomas es hacer que todos los ciudadanos de España dispongan de los mismos servicios públicos y con la misma calidad. Sin importar el lugar del país de donde sean naturales, en donde residan o se encuentren en tránsito en un territorio determinado del país.
Aunque tales son las palabras de los responsables políticos, sus hechos distan mucho de ellas. La realidad así lo demuestra y está muy distante de tales manifestaciones. Son justamente los gobernantes autonómicos, sin que haya excepciones entre ellos, los que hacen imposible conseguir objetivos tan favorables para los ciudadanos.
Un español que viaje por el territorio nacional con la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma donde reside, no puede conseguir en las farmacias de otras comunidades autónomas los medicamentos que le ha recetado un facultativo de la suya y se recogen en la mencionada tarjeta.
Un maestro funcionario de la enseñanza pública de una comunidad autónoma, que traslada su residencia por necesidades imperativas a otra, deja de ser un funcionario docente en ésta y lo mismo les ocurre a otros funcionarios de carrera en las mismas circunstancias.
Un pequeño empresario que concurre a un concurso público de una Comunidad Autónoma donde no tenga su domicilio fiscal será discriminado, negativamente, con relación a otros pequeños empresarios que residan en la misma a la hora de
valorar su oferta para la adjudicación.
Un niño que está obligado, por el traslado de sus progenitores a determinadas Comunidades Autónomas, se ve obligado a estudiar en un idioma diferente al suyo materno, el español, aunque el artículo tres de la Constitución del 78 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarla.
Determinadas Comunidades Autónomas disfrutan de fueros por los que sus gobernantes pueden dedicar a los servicios de sus ciudadanos mayores recursos que al resto de los españoles, servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos con la misma calidad.
Algunos impuestos que afectan directamente a los ciudadanos individualmente son diferentes en las diferentes comunidades autónomas, ¿qué decir del impuesto de sucesiones?
A la alta inspección del Estado para la enseñanza las Comunidades Autónomas no le prestan la menor atención, y hacen con la enseñanza lo que quieren, adoctrinando incluso a los alumnos, con fines políticos, sin respetar los derechos del menor.
Con frecuencia los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas elaboran normas innecesarias, con base en las nacionales y comunitarias, endureciendo su contenido en contra de los ciudadanos, para diferenciarse de otros territorios.
Se podrían mencionar otras muchas situaciones en las que hay una clara demostración de que los responsables políticos han dado, con sus acciones de gobierno, más importancia a los territorios que a sus ciudadanos. Con tales acciones favorecen a los nacionalismos pues han llegado al extremo de levantar barreras en sus territorios que en determinados casos llegan a ser auténticas fronteras. Sitúan, siempre, a los territorios por encima de los ciudadanos.
Por tales razones cuando reclaman una financiación más justa piensan en los territorios y en su posición no en los ciudadanos.
Los responsables políticos no pueden continuar lanzado mensajes que son contrarios a la realidad de cada día. Si persiguen que todos los ciudadanos de este país dispongan de los mismos servicios públicos y de la misma calidad, que se pongan de acuerdo, lo hagan realidad y dejen la demagogia de la que los ciudadanos, los perjudicados, están hastiados.
En cualquier posible o viable reforma constitucional habrá que tener muy presente el sentido de solidaridad interterritorial, para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía.

UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SANCIONADORA

UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SANCIONADORA

Durante los años ochenta la Administración de la junta de Andalucía cumplía admirablemente con una de sus principales misiones: ayudar a los ciudadanos a cumplir con la legalidad y sancionarlos, de forma proporcionada, en caso de incumplir con la ley. Era en definitiva un apoyo a la ciudadanía que ésta valoraba positivamente.
Con el paso de los años la Administración de la Junta de Andalucía ha evolucionado negativamente y para mal de los ciudadanos se ha constituido en administración sancionadora y obstruccionista, que inunda de disposiciones coercitivas a los ciudadanos hasta llegar a extremos realmente insoportables.
Un pequeño empresario granadino sancionado con 300.000 euros por un vertido incontrolado accidental decía que ya había comunicado, al organismo correspondiente de la Administración Autónoma, que su única salida era entregarle la empresa, pues ni aunque consiguiera venderla a un buen precio, con su importe no podría aproximarse al coste de la sanción establecida.
Las actuaciones administrativas en este sentido son sin duda lo menos adecuado para animar a los empresarios a constituir el tejido industrial que falta en Andalucía, imprescindible para que la comunidad autónoma intente dejar el farolillo rojo que ocupa en todos los sentidos, con relación al resto de las comunidades autónomas de España, y respecto a las regiones de la zona euro.
No nos detengamos siquiera en las multas desproporcionadas en zonas de montaña y explotaciones agropecuarias, con rentas anuales muy bajas.
Como ejemplo singular del quehacer sancionador, en los últimos días se ha transmitido por los medios de comunicación la sanción de 170.000 euros impuesta a la Orden de las Hermanas Clarisas de Santa Inés de Sevilla.
El asunto merece sin duda una valoración, que en algunos puntos se puede aproximar al sarcasmo.
El motivo de la sanción es sobradamente conocido, la restauración sin la debida autorización, al tratarse de un bien de interés cultural, de un órgano relacionado con una de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer: Maese Pérez el organista.
La operación, según información de la entidad, se llevó a cabo por la Fundación Alquimia, por un importe de 150.000 euros, contribuidos en parte por la fundación y por aportaciones de los ciudadanos, y hubo por medio un silencio administrativo a las solicitudes correspondientes formuladas por la fundación.
No se trata de poner en duda ni la potestad de la Junta para proteger el patrimonio cultural, ni la necesidad de sancionar a los incumplidores de las leyes. Tampoco considerar a la orden religiosa de referencia exenta de cumplir con las normas vigentes, tenga el respaldo ciudadano que tenga. Se trata de la proporcionalidad, del sentido común, de la buena fe y de que la agilidad de la Administración Pública que debe estar siempre al servicio de los ciudadanos y ajena a la “burrocracia”, no responde con suficiente soltura ni prontitud.
Algún miembro con autoridad del Gobierno Autónomo ha utilizado el sentido común suficiente para impedir que prospere tal disparate, pero no es ésta la solución adecuada.
Habría que preguntarle al equipo que puso en marcha los mecanismos para sancionar si pensó en algún momento en la capacidad económica de la orden religiosa para templar la cuantía de la multa, pues posiblemente cualquier juez la declararía insolvente. ¿Es posible que el equipo pensara en embargarle los útiles de cocina con los que obran dulces para vender y conseguir los recursos mínimos para sobrevivir?
Las leyes se elaboran para que todos los ciudadanos las cumplan, pero si se evidencia que su aplicación es contraria al interés general, e incluso llegan a ser inaplicables, las mismas deben ser corregidas o eliminadas.
Explicar el positivismo y las normas jurídicas como derecho de obligado cumplimiento, si la ley es propia de un Estado Democrático, no exime a nuestra inteligencia de una función crítica para confrontar la norma positiva con el derecho que debe ser.
Sería muy positivo que las motivaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía volvieran a ser las que animaban a sus responsables y demás trabajadores en los años ochenta y dejara el camino de la sanción desorbita contra los ciudadanos, a la que está apuntando también la Administración Local, sin tener en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma con renta per cápita más baja de España, sólo por delante de Extremadura, y con prácticamente la mitad de renta respecto a la del País Vasco.

LA DISPERSIÓN SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LA DISPERSIÓN SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El primer gobierno del PSOE llevó a término una importante reforma de las Administraciones Públicas, lo hizo por medio de la Ley 30 de 1984.
Gracias a esta norma se eliminaron, unificándolos, cientos de cuerpos y escalas de funcionarios cada uno de ellos con estructuras salariales diferentes, con sueldos básicos diversos y todos de cuantía ridícula y complementos del carácter más diferente y alta cuantía. Por añadidura eran impermeables entre ellos, lo que significaba que el miembro de un cuerpo o escala determinado tenía que estar en ella durante toda su vida funcionarial, pese a tener la titulación y capacidad suficientes para ocupar un puesto de trabajo en otro cuerpo o escala y aunque en uno sobraran funcionarios y en el otro faltaran.
Los cambios en las Administraciones Públicas, con la Ley 30, fueron espectaculares. Se fijaron salarios básicos únicos para las diferentes titulaciones, se limitaron y definieron los complementos iguales para todos los funcionarios Y cuantía proporcional a la titulación y a las características del puesto de trabajo. Al mismo tiempo se eliminaron la mayoría de los cuerpos y escalas, se estableció un escalafón de niveles único y se permitió la permeabilidad entre muchos de los cuerpos que permanecieron. Era posible incluso para los funcionarios de la Administración Central pasar a las Administraciones Autonómicas e incluso a la Administración Local y a la inversa.
Pero, como nada es perfecto, quedaron huecos en la reforma para permitir que, los intentos de hacer Administraciones más funcionales y mantener unas retribuciones que no generaran agravios comparativos entres los funcionarios, pudieran ser ineficaces en algunas ocasiones.
Con el paso de los años los puntos débiles, propiciados por determinados cuerpos de funcionarios para sus intereses “gremiales”, han sido aprovechados por ciertas Administraciones Autónomas y Locales para potenciar el desmadre y crear una fuente de agravios comparativos. La consecuencia es que se está volviendo a unas Administraciones Públicas que estructuran a los funcionarios en principios parecidos a los existentes antes de la Ley 30 de 1984.
En realidad, diríase que se ha hecho un recorrido de 33 años para, con la ayuda inestimable de algunas comunidades autónomas y muchos entes locales, volver al punto de partida.
¿Cómo es posible que se haya tolerado por los diferentes Gobiernos Centrales que la policía de la Comunidad autónoma de Cataluña, tenga un salario que puede llegar a ser superior hasta en un cincuenta por ciento a los que reciben los miembros de los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil? Puede resultar sorprendente pero es así.
Lo mismo ocurre con los funcionarios de las diferentes Comunidades Autónomas. Los salarios de los servidores públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están muy por debajo de los de Cataluña o el País Vasco. Algo parecido ocurre a favor de los funcionarios locales en numerosos municipios. En definitiva el desmadre es total.
El Gobierno Socialista elaboró y sacó adelante la Ley 7 de 2007. “Estatuto básico del empleado público”. En el mismo se recoge, (en su Capítulo III. Derechos retributivos) un intento de poner orden en todo el Estado de los salarios de los funcionarios públicos. El Estatuto ni se ha desarrollado, ni se aplica, ni cumplirá con los fines que en el mismo se recogen.
Lo cierto es que, sea cual sea el signo del gobierno, es imprescindible enmendar esta situación fuente de injusticias y de agravios comparativos que servirán de base para protestas, complicaciones sin fin y restarán eficacia, profesionalidad y eficiencia en los servicios de las diferentes Administraciones Públicas.