LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

Sobre los nacionalismos se ha escrito prácticamente todo, y es difícil decir algo nuevo sobre sus nefastas consecuencias derivadas de los sentimientos identitarios, todos orientados a imponer una superioridad indiscutible de ellos, los nacionalistas, sobre todos los humanos foráneos.
Los sentimientos nacionalistas e identitarios son peligrosos porque llegan a dominar el ánimo de las personas para convertirlas en servidores de la sinrazón.
No es pues aceptable que, frente a los nacionalismos imperantes en parte de los ciudadanos de algunas regiones de este país, surja además el nacionalismo español. Sería retornar a épocas pretéritas, superadas para bien de todos, en las que hubo que combatir en enfrentamientos físicos sin sentido.
Frente a los nacionalismos está la necesidad de que los ciudadanos de un país conozcan su historia, se entiende que la conformada por especialistas suficientemente objetivos que hayan valorado en el trascurrir de un país tanto los hechos positivos como los negativos, pero que en su conjunto han forjado una cultura que contiene la esencia del vivir de una ciudadanía que debe saber el lugar que ocupa en este mundo. Un mundo que poco a poco elimina fronteras para llegar, posiblemente, cuando pase el tiempo, hasta una cultura universal, a la que también tenemos la obligación de ir conociendo y asimilando para hacerla compatible con la propia y armonizar las formas de vida y de relacionarse entre todos los seres humanos sin distinciones. En ese sentido el concepto de “Hispanidad” implica una apertura a lo más universal que la propia Nación.
¿Cómo es posible, pues, que ante el panorama de hacer universal la cultura haya ciudadanos de este país que pongan objeciones al concepto de hispanidad y lo que significa? Aceptarla y compartirla es un primer paso de aproximación a una cultura más universal.
Se trata de un hecho histórico incontestable que en los países hispánicos ha tenido lugar, a lo largo de los siglos, un proceso de sincretismo entre diferentes culturas generando quizá la mayor extensión de seres humanos con un patrimonio común que abarca desde monumentos históricos a la comunicación y la lengua, hasta el arte y el folklore y cuantos aspectos incumben al vivir y convivir de los seres humanos. ¿Quién puede negar esta realidad? Carecen de sentido las valoraciones hechas, precisamente por nacionalistas contrarios al concepto de hispanidad, en base a hechos históricos, de la llamada colonización. Ellos pretenden valorarlos con los parámetros de una sociedad democrática avanzada del siglo XXI, cuando tuvieron lugar a lo largo de periodos lejanos con valores aceptados por la sociedad muy distintos a los actuales.
¿Qué pueden decir, entonces, de la colonización de la península Ibérica por los cartaginenses, los romanos, los bárbaros del norte y los musulmanes? Todos dejaron huellas algunas de enorme importancia y trascendencia, y constituyen el legado de una herencia inestimable a la sociedad española actual. Desde el patrimonio monumental, que por su variedad, amplitud y riqueza constituye, posiblemente, el primero del planeta hasta las lenguas, las ciencias y las artes. Por eso, precisamente, no sólo se habla de interculturalidad y mestizaje sino incluso de “transculturalidad”, o de “crisol de culturas”.
Ese patrimonio, en realidad, ha trascendido a otros pueblos y en la actualidad se manifiesta ampliamente en los pueblos hispanos de un modo singular.
El conocimiento de su historia, debe predisponer a los habitantes de este país a posturas de apertura hacia los demás, y más en una época que se llama de la globalización económica, o mejor, de la mundialización.
La primera celebración del día de la Hispanidad tuvo lugar durante la Segunda Republica el 12 de octubre de 1935 en Madrid y su concepción nunca debe ser la base para fundamental ningún tipo de nacionalismo, sino de un deseo de apertura hacia todos los pueblos del planeta para compartir su inabarcable riqueza y propiciar un enriquecimiento mutuo.
La Hispanidad es un reto de interculturalidad y sentido de diálogo y de apertura hacia la mundialización de la gran Comunidad Humana.

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LA BRECHA DE LA SOCIEDAD CATALANA

LA BRECHA DE LA SOCIEDAD CATALANA

La brecha originada en la sociedad catalana, supuestamente por los acontecimientos políticos de no se sabe cuantos años, aunque es de suponer que muchos, muchísimos, o al menos desde la crisis económica y los recortes de la Administración General del Estado, es un tema recurrente, tratado y comentado por todo tipo de profesionales y por la ciudadanía en general.
Se trata el tema como si fuera un caso único, peligroso, sin solución y que ennegrece el futuro, a medio y largo plazo, no sólo de Cataluña sino de todo el país, y con influencias incluso sobre otros países de Europa. Es así, al parecer, porque ocurre en Cataluña el “ombligo” del universo mundo para los nacionalistas catalanes independentistas deseosos de la secesión efectiva.
La pregunta al respecto es: ¿Qué sociedad constituida sobre principios democráticos es en la actualidad de pensamiento único y sus ciudadanos forman un bloque monolítico sin enfrentamientos dialécticos internos de todo tipo, y en grados diferentes?
El bipartidismo, que constituye de por si dos bloques enfrentados, a veces muy enfrentados, está por desgracia en crisis, aunque retornará, y las opciones políticas son temporalmente muy numerosas y dispersas. En consecuencia más bloques enfrentados, pues no sólo en España hubo problemas para formar gobierno tras las últimas elecciones generales, también tienen dificultades Alemania, Austria, Holanda; las tuvo Portugal y Bélgica y en un futuro próximo es posible que lo tengan más países en la UE porque las sociedades están muy fragmentadas, nos guste o no la dimensión económica de la realidad es muy determinante en todo tipo de conflicto, aunque también pesen aspectos culturales, ideológicos, sociales y políticos.
Los problemas de entendimiento entre miembros de familias, de grupos de amigos e incluso de asociaciones culturales y deportivas o de cualquier otra índole, por posicionamientos políticos enfrentados de sus miembros, ni son exclusivos de la sociedad catalana ni son nuevos, aunque en ésta puedan ser más agudos. De hecho, desde hace tiempo, es frecuente en toda España que en algunas familias numerosas, y en pandillas de amigos, el acordar cuando se reúnen para cualquier tipo de celebración, no hablar de política, para impedir enfrentamientos que rompan la armonía entre los reunidos.
Resulta evidente que tal fenómeno ni es nuevo, ni es grave, ni alumbra un futuro negro. Es propio de una ciudadanía en libertad en sus términos más genéricos, y así continuará siendo en las sociedades democráticas. Es posible que en Cataluña hayan fermentado, en tales enfrentamientos, sentimientos de odio por parte de algunos nacionalistas pero por tal razón, es aún más necesario el imperio de la ley.
Lo intolerable, con consecuencias funestas, es que una minoría social se haga con el poder y, además de incumplir con la ley, lo ejerza para castigar, humillar, marginar, someter, controlar y realizar otras lindezas contra los ciudadanos que no comparten determinas principios que ellos elevan a la categoría de dogmas. Es lo que pasa en Cataluña y, por tal razón, aplicar las leyes para romper con tal situación es además de necesario, conveniente. Sus efectos serán no sólo beneficiosos para la parte sometida sino para toda la sociedad española y catalana y si el Estado mantiene el imperio de la Ley, pronto se verán los efectos.
En un Estado de Derecho las leyes son de aplicación para todos los ciudadanos, y una de las más importantes consecuencias de su aplicación es la defensa de los débiles frente a los fuertes porque todos están sometidos a la legalidad.
En Cataluña el imperio de los fuertes, los nacionalistas, montados en los principios que sustentan tales ideologías, al intentar diferenciarse de los demás por una superioridad genética, económica, cultural y cuantas ocurrencias pasen por esas mentes calenturientas, a veces nefastas, los ha llevado a saltarse todas la leyes para subyugar no sólo a toda la sociedad catalana sino a que se supedite a sus decisiones el resto de España. Por supuesto que aducen, los independentistas, razones económicas de crisis motivada por la Administración General del Estado –con su centro en Madrid- y por los recortes en el Estado del Bienestar, las inversiones en infraestructuras y especialmente en el aplazado sine die corredor del Mediterráneo. Pero esos y otros argumentos no hacen sino enmascarar un golpe secesionista en el contexto jurídico del marco constitucional.
Sin duda, el acuerdo de los partidos constitucionalistas para aplicar la ley y retornar al Estado de Derecho, es un paso a favor de que los débiles vuelvan a estar protegidos por la legalidad.
Es lógico que los partidos nacionalistas no estén a favor de tales medidas. En cuanto a ese conjunto de confluencias que intentan formar un partido político con el nombre de Podemos, que están también en contra del imperio de la ley, pueden pensar poco porque al parecer siguen buscando dónde está su lugar -si más próximos a Pancho Villa o a José Stalin-.
La llamada brecha catalana no pasa de ser una huella más de las muchas que marcan y separan a los miembros de la especie. Conviene, pues, desdramatizar y retomar los temas de fondo una vez que las aguas vuelvan a su cauce, sin ello será sumamente difícil transformar la sociedad y la propia comunidad positivamente, mirando el presente y el futuro del momento histórico actual.

EFEMÉRIDES CATALANAS

EFEMÉRIDES CATALANAS

Las referencias históricas, hechas símbolos, del independentismo catalán son dignas de comentar. Representan, sin duda, la base de los sentimientos nacionalistas que someten a la razón aunque carecen de la solidez, trascendencia y positivismo que pretenden asignarle los más fanáticos de los independentistas. Es así, tanto por el valor de los mismos como por su contexto histórico y social.
Con el día Nacional de Cataluña, la Diada, se conmemora la caída de Barcelona, el día 11 de septiembre de 1714, en poder de las tropas favorables a la Casa de los Borbones en la guerra de sucesión. En esta contienda participaron las potencias europeas movidas por sus intereses expansionistas, unas favorables a la Casa de Austria y otras a la de los Borbones, con el fin de designar un monarca para España.
Cataluña era favorable a la Casa de Austria, aunque no todos los ciudadanos lo fueran, y lo mismo ocurría en el resto de España a favor de la Casa de los Borbones.
Fue Rafael Casanova, máxima autoridad militar y política de la ciudad, y abogado de profesión, quien entregó Barcelona a los enemigos. Pero éste fue exonerado de cargos en virtud del perdón real, con lo que volvió a ejercer como abogado.
En definitiva en el día Nacional de Cataluña se celebra una derrota, se tiene como héroe a quien rindió la plaza al enemigo y después fue perdonado para volver a su actividad profesional.
El himno oficial de Cataluña, los segadores, está inspirado en una canción nacida en 1640, aunque su letra es de 1899 y su música de 1892. En 1640 tuvo lugar la sublevación de campesinos y segadores, llamada del Corpus de Sangre. La promovieron la burguesía y la aristocracia catalanas, aunque después fueron también víctimas de los sublevados contra el ejército español, estacionado en Cataluña en relación a la guerra de los treinta años. A lo largo de doce años que duró la llamada guerra de los segadores tuvieron lugar infinidad de acontecimientos: se proclamó la Republica Catalana, Cataluña pasó a formar parte de Francia, el rey francés Luis XIII se declaró conde de Barcelona y, al final, Cataluña volvió a formar parte de España.
Después de tantos años, además del daño causado a los intereses del país, a nivel europeo y de su imperio, se perdió para España, y por lo tanto para Cataluña, a favor de Francia el Condado del Rosellón. Otro gran éxito a celebrar por el nacionalismo catalán.
La sardana actual, -la cumbre más popular del folklore catalán,- fue compuesta por un andaluz, José María Ventura Casas nacido en Alcalá la Real, provincia de Jaén, el 2 de febrero de 1817.
Tampoco se pueden dejar de tener en cuenta los homenajes que se le hacen a quien fuera presidente de la autonomía catalana, durante la Segunda República, haciendo una interpretación completamente interesada de la historia.
El presidente de la autonomía catalana Luis Companys proclamó el Estado Catalán el 6 de octubre de 1934, fue un acto fuera de la legalidad contra la Segunda República. Acabó con la sublevación el general Batet, lo que originó derramamiento de sangre con víctimas mortales. Companys fue condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República a 30 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. El gobierno del frente popular lo amnistió, para desgracia de la República, pues volvió a presidir la autonomía catalana y en unión de las anarquistas prestaron un servicio inestimable para obstaculizar al gobierno republicano de Madrid y facilitar así a los militares golpistas ganar la guerra civil.
Es cierto que los nacionalistas alemanes (Nazis) entregaron al nacionalista catalán a los nacionalistas españoles (dictadura franquista) y éstos lo fusilaron sin un juicio con las mínimas garantías. Pero es evidente que, en este caso, los independentistas catalanes vuelven a celebrar un acto de perdedores.
Está dentro de lo posible que en el futuro los independentistas catalanes celebren también la condena por los tribunales de justicia del que es en la actualidad presidente de su Comunidad Autónoma.
Ante los hechos comentados, que los independentistas catalanes celebran con un fervor a un paso del fanatismo, es fácil comprender que estén empapados de victimismo y de acuerdo a tal sentimiento se comporten, aunque al hacerlo se predisponen a sumar nuevas derrotas a la lista de sus celebraciones, para mal de Cataluña y del resto de España.
¿Acaso no sería posible celebrar otro tipo de efemérides, en positivo, como lo fueran los Juegos Olímpicos del 92?

¿QUIÉN NEGOCIA CON DELINCUENTES?

¿QUIÉN NEGOCIA CON DELINCUENTES?
Cuando en un Estado de derecho los delincuentes andan sueltos y se les permite cometer nuevos delitos, en la impunidad, la seguridad jurídica de los ciudadanos está en grave riesgo de desaparecer y que la sociedad retorne a la barbarie.
No se puede negociar con los delincuentes. ¿Se puede negociar, acaso, con un violador, con un atracador, con un homicida? Lo máximo a lo que pueden aspirar tales malhechores, antes de comparecer ante un juez, es a negociar con el ministerio público una reducción de la condena que pidan para él, tras reconocer haber cometido el delito, arrepentirse y prometer no volver a delinquir.
El actual gobierno no solo está dando muestras de extrema debilidad, también está dando pie con su lentitud, escasas capacidades de respuesta y torpes reflejos a que otros delincuentes de semejante catadura se animen para llevar a término similares delitos. No impidió que hubiese urnas el uno de octubre, aunque es evidente que no tuvo lugar ningún referéndum. Se arrugó ante las críticas hechas al comportamiento de las fuerzas de seguridad españolas, cuando en cualquier país europeo, la parte del mundo con mayores garantías para sus ciudadanos, sus fuerzas de seguridad actúan con mucha mayor contundencia ante manifestaciones más pacificas y por motivos con clara justificación social.
Su reacción ante la traición de los mozos de escuadra ha sido ridícula y sin la menor repercusión sobre un cuerpo de seguridad del Estado que está para perseguir a los delincuentes, hacer cumplir las órdenes de los jueces y el Ministerio del Interior tiene autoridad sobre los mismos.
Los partidos políticos han tenido, ante esta crisis de Estado, un comportamiento orientado fundamentalmente a sus intereses partidistas. Especialmente digno de mención el de esa amalgama de comunismo, anarquismo, nacionalismo, independentismo y todos los ismos imaginables que le puedan ser útiles, de los llamados Podemitas.
Se comportan como si estuviesen en la Rusia de 1917 dispuestos al asalto del Palacio de Invierno. Lo que parecen ignorar es que están en la Unión Europea de 2017, es decir cien años después. Y aquellos que evocan el asalto al Palacio de Invierno como una gesta heroica, la realidad fue muy diferente a la que rememoran estos demagogos.
El 26 de octubre de de 1917 el palacio de Invierno estaba defendido por un batallón de mujeres y era la sede de un gobierno provisional presidido por un socialista. El zar Nicolás II había abdicado el 2 de marzo de 1917, y en agosto fue trasladado prisionero a Siberia. ¿Dónde está la gesta que evocan estos impresentables? Fue una traición a los socialistas.
Los delincuentes tienen que ser detenidos, y juzgados por los delitos cometidos.
En los países democráticos las negociaciones se hacen en los parlamentos, donde los representantes de la soberanía nacional tienen capacidad y libertad para tratar cuantos asuntos son del interés general, lo demás no pasan de ser trampas de los delincuentes en las que no deben caer los representantes de un pueblo soberano.

LA PINZA SEPARATISTA CATALANA

LA PINZA SEPARATISTA CATALANA

Había muchos y variados signos de que, el 1 de octubre, día del Referendum ilegal convocado por la Generalitat, sería una fecha nefasta para la reciente historia de España, pero la realidad ha empeorado cualquier previsión razonable.
En efecto, ha fallado todo: ningún atisbo de racionalidad en un Govern que ha lanzado a la calle a la población (Hombres, mujeres, niños y ancianos) con premeditación y alevosía a una votación ilegal y objetivamente peligrosa, asegurando que iban a ejercer un derecho y asistir a una fiesta democrática. Los mossos de escuadra no han cumplido las órdenes del TJSC y han estado a disposición del separatismo de los políticos secesionistas que hoy controlan los mandos de la Generalitat. Por tanto, han sido cómplices de unos presuntos delincuentes y han permitido votar en algunos puntos, dotando de una apariencia de normalidad estas votaciones. Hubiera sido muy sencillo para los mossos, que cuentan con 17.000 efectivos en Cataluña, custodiar e impedir la entrada en los puntos de votación habilitados a tal fin.
Ha fallado también el dispositivo estatal de policías y guardia civil puestos sobre el terreno y sobre todo sus mandos y la coordinación inter-policial que, en efecto, ha cerrado colegios y requisado urnas pero utilizando a veces una violencia puntual e innecesaria, que ha producido carreras, contusiones, algunos heridos y, sobre todo, fotos de la policía “Apaleando al pueblo” impagables para la tesis independentista del Estado represor. Además, y esto es lo peor, no tenían un plan B ante la pasividad de la policía catalana. Naturalmente esto no es responsabilidad de los agentes que han sufrido la hostilidad de los separatistas, sino del Ministerio del Interior y del Gobierno de la Nación.
Ha fracasado también, como acaba de afirmar Inés Arrimadas, la gestión del 1-O por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Hace meses que asegura que el Referendum en Cataluña no se iba a celebrar. Lo ha dicho en foros nacionales, internacionales y “urbi et orbi” con toda rotundidad y solemnidad, porque no hay urnas, ni papeletas, ni colegios electorales, ni posible escrutinio. Pues bien, ha habido urnas, papeletas, puntos de votación, votantes y un recuento sin garantías que ha dado el resultado que han querido los separatistas. Rajoy ha pensado que la situación potencialmente explosiva de Cataluña se iba a resolver con declaraciones tan engoladas como huecas, burofaxes del TSJC y el Tribunal Constitucional y, en última instancia, enviando a la policía y la guardia civil. Todavía no ha comprendido que el Govern se ha situado al margen de toda legalidad no solo española sino también catalana porque ninguna ley reconoce el derecho unilateral de independencia. El Govern sabe la debilidad de Rajoy y su gobierno, su escaso apoyo parlamentario y lo aprovecha. Es difícil pensar que con un gobierno de Felipe González e incluso, de José María Aznar, hubiéramos llegado a esta situación.
La gravedad del desafío secesionista está potenciada por la pinza establecida por dos fuerzas en principio antagonistas: Cierta burguesía catalana muy próxima a la Administración Autónoma o dentro de la misma – Los Pujols – receptora de sus subvenciones y beneficiaria del célebre 3%, las élites extractivas que glosaba Molinas; y los restos espurios del movimiento anarquista catalán, representados por la CUP. Es decir, la alianza entre el nacionalismo y el populismo según la tesis de Santos Juliá que compartimos. Esta pinza es la que ha permitido lanzar a una parte de la población a la calle contra el Estado, acorralar a regidores socialistas que cumpliendo con la Constitución se han negado a abrir puntos de votación, cercar a policías que cumplían resoluciones judiciales y, en definitiva, amedrentar a la mayoría de la población de Cataluña que no ha participado de esta “Algarada institucional”. A esta mayoría del “seny ”hay que decirle que no está sola, pues cuenta con la solidaridad de todos los socialistas españoles.
A estas alturas no hay soluciones buenas, en cualquier caso todas pasan por el restablecimiento de la legalidad en Cataluña, es decir del Estatut y la Constitución. También deberán cambiar los protagonistas, es difícil pensar que Puigdemon y Rajoy, que nos han traído hasta aquí, vayan algún día a solventar el conflicto que, de manera tan irresponsable, han contribuido a crear.

EL FUTURO DE CATALUÑA DESPUÉS DEL 1 DE OCTUBRE

EL FUTURO DE CATALUÑA DESPUES DEL 1 DE OCTUBRE
Hablar a estas alturas del “Embrollo catalán” es quedarse corto porque en la actualidad constituye el mayor problema que tiene ante sí la democracia española desde los lejanos días de 1981, cuando Tejero, pistola en mano, asaltó el Congreso de los Diputados. Aquí no hay armas de por medio pero el golpe institucional violando el Estatut y la Constitución, perpetrado por la mayoría de la mesa del Parlament y por el govern de la Generalitat, es potencialmente tan letal para el país como aquella, felizmente fracasada, intentona golpista.
No se puede decir que hayamos llegado a esta situación rápida ni casualmente, sino dialécticamente. En efecto, han sido años de insidias, tergiversación de la historia, persecución de la lengua común y cooficial y otras tácticas separatistas, por una parte, correspondido por otra de negligencia, falta de visión y ventajismo político a la hora de administrar un país como España a base de ceder continuamente a las presiones y peticiones del nacionalismo catalán. Este craso error lo han cometido todos los partidos que hasta ahora han gobernado España.
¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Cómo detener este disparate? Estamos ante unos fanáticos independentistas que se creen legitimados para saltarse todas las leyes habidas y por haber y crear una nueva legalidad, hablando en nombre del pueblo catalán y con las urnas como instrumento de destrucción masiva. Saben que mienten y que hay graves defectos de fondo y forma en su acción política pero, estiman nimiedades esas cuestiones en aras a la consecución del gran objetivo: La independencia de su país. La soberbia y la desmesura catalanista, a modo de una extralimitación nefasta, son hechos constatables; pero, en contraposición, tenemos el gobierno de Rajoy incapaz en un lustro de poner una idea política sobre el tablero. Sólo dice que hay que cumplir la ley… Claro que hay que cumplir la Constitución, el Estatut, el Código Civil, el Penal y el Reglamento de La Comunidad de vecinos, pero la política y los políticos están para resolver conflictos, pues esa es su función principal. Este es un conflicto para un estadista y Rajoy no lo es.
No somos equidistantes porque este es un golpe al Estado de Derecho español y porque los independentistas, como los partidarios del Brexit, no han calculado qué efectos reales tendría para Cataluña salir de España y de Europa. Así pues, ¿qué se puede hacer? De momento impedir el Referendum del 1 de octubre. Sería devastador para el Estado Español y para Cataluña que llegara a celebrarse, porque tan sólo su celebración en las actuales condiciones implicaría un triunfo, a lo peor, irreversible del independentismo. En este sentido, sólo cabe apoyar al Gobierno de la Nación, es decir, al Gobierno del Estado Social y Democrático de Derecho de España. La celebración del referéndum secesionista significaría para el Estado obviar y burlar sus más altas instituciones. Para Cataluña sería la cristalización definitiva del cisma propiciado por los Mas, Puigdemons, Forns, Forcadells, Junqueras y demás compañeros mártires, en la sociedad catalana. Todo ello por no hablar ni de la CUP -anarquistas cerrilmente nacionalistas-, a la que votan los más ricos de los catalanes, ni de los Puyols encausados todos ellos por delitos económicos.
A partir del 2 de octubre, se abre un tiempo nuevo en el que efectivamente, habrá que negociar. Por ello, quizás, ya se hace referencia al federalismo de la reconciliación –haciendo alusión a la realidad canadiense-. Después de la evaluación de daños, Rajoy no podrá seguir ocultándose tras el Supremo, el Constitucional, los jueces y los fiscales; deberá poner una o varias opciones políticas sobre la mesa teniendo en cuenta que nos afectan a todos y por tanto, tienen que respetar la dignidad y los intereses de todos los españoles. La solución no debe ser para Cataluña si no para España en su conjunto. Y no puede ser acordar más autogobierno para esa Comunidad Autónoma porque, esa senda, transitada por los presidentes del gobierno que en España han sido y son, nos ha llevado al precipicio actual.
Si la cuestión es simbólica y nominativa, se puede resolver. Si el problema se solventa con una reforma de la Constitución que nos conduzca a un Estado tipo República Federal Alemana, también, pero si se trata de la independencia o de obtener réditos a cuenta de la misma, más vale que le digamos ya a los independentistas que NO. Ningún Estado serio negocia su partición.
Así pues, a menos que sean capaces de desgajar Cataluña de la Península Ibérica y alejarse navegando por el Mediterráneo, van a seguir formando parte de esta vieja nación que se llama España, y de la que velis nolis forman y seguirán formando parte de su Historia.

EL FUROR JUSTICIERO

EL FUROR JUSTICIERO
Sobre la situación del tercer poder, en nuestro país, se ha escrito y criticado mucho en los últimos tiempos. Lo que es lógico en un estado democrático. Pues debe ser una exigencia de la ciudadanía que el tercer poder, además de independiente, funcione de forma adecuada. Si son merecedores de críticas el Legislativo y el Ejecutivo, ¿por qué no lo va a ser el Judicial?
Las críticas sobre la lentitud de la justicia han sido permanentes. Con la avalancha de la corrupción han surgido otros aspectos dignos de críticas, no sólo por el comportamiento de tribunales y ministerio fiscal, sino también y sobre todo por la falta de respeto -por parte de los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad en general- respecto del principio de la presunción de inocencia, un derecho básico que se respeta muy poco. Las consecuencias de tal comportamiento, condenable sin reservas, causan estragos entre los ciudadanos inocentes dados por culpables antes de que los tribunales se pronuncien.
Ciertos jueces contribuyen a veces, directa o indirectamente, llegar a tal estado de cosas pues presos de un furor justiciero incontrolado se dejan arrastrar al saber que de su proceder, en ningún caso, se les va a pedir ningún tipo de responsabilidad, a no ser que se trate de un caso claro de prevaricación.
En Andalucía, más allá del correcto funcionamiento del Poder Judicial, se ha dado un prolongado periodo de furor justiciero que, sin duda, merece la pena de ser comentado.
El periodo se inició con el caso Mercasevilla, empresa municipal, se conectó con un caso de subvenciones de la Junta de Andalucía, que llevaron al caso de los ERES y paralelamente como si mandará un poderoso impulso incontenible de furor justiciero se inició el caso de las subvenciones de los cursos de formación para trabajadores, a cargo del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
A lo largo de los años trascurridos se han sucedido las acciones judiciales que hasta la fecha han dejado un saldo demasiado negativo para el tercer poder, con consecuencias nefasta para cientos de ciudadanos.
Los imputados por cientos se han visto condenados desde el principio, algunos encarcelados, obligados a pagar fianzas desmesuras y destruidas sus vidas familiares, profesionales y sociales, simplemente porque en ningún caso se ha respetado su derecho a no ser condenados antes de someterse a juicio.
La realidad actual es sencillamente inadmisible para un Estado Democrático de Derecho. El resultado final del caso de los terrenos de Mercasevilla es el siguiente: de los 18 imputados 8 fueron exculpados y los otros 10 han ido a juicio y han sido declarados inocentes por el tribunal.
En el caso de los ERE hasta la fecha ya han sido exculpados 24 de los imputados y no se sabe bien cómo terminaran los que irán a juicio o continúan imputados.
El caso de los cursos ha sido, quizá, el más lamentable pues se ha diluido como un azucarillo en agua. Las consecuencias han sido sin embargo extremadamente negativas, pues demás de los efectos destructivos para las vidas de los que fueron imputados, está la incidencia sobre trabajadores y empresarios. Los primeros se han quedado sin cursos formativos, durante tres años, tan necesarios siempre y en especial en un periodo de crisis económica y de altísimo índice de paro, como lo tenía Andalucía. Los empresarios y profesionales del sector, también se han visto afectos, han quebrado cientos de pequeñas empresas y entidades dedicadas a tal actividad y miles de puestos de trabajo han desaparecido, sin olvidar los cientos de millones de euros que la Junta de Andalucía ha perdido, fondos europeos, al suprimir la impartición de cursos durante años. (800 millones de euros según el Sindicato Andaluz de Funcionarios, otras fuentes elevan la cantidad hasta 1.100 millones de euros)
El balance del furor justiciero en Andalucía ha dado, hasta ahora, un balance desolador y puede incrementarse en el futuro, para mal de la vida e intereses de los andaluces.
El tercer poder cuenta con capacidad para impedir los furores justicieros, y si a alguno no se le puede ponerle freno a tiempo tiene la obligación, en su momento, de depurar responsabilidades como lo hacen los otros dos poderes del Estado.