ALBERTO RUIZ GALLARDÓN,LA CARA MÁS PROGRESISTA DEL PARTIDO POPULAR

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, LA CARA MÁS PROGRESISTA DEL PARTIDO POPULAR

Hace años, cuando por primera vez ocupó la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, los medios de comunicación lo trataron como la figura más progresista de la derecha, tanto que daban por hecho que si llegaba a ser candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular lo podían votar incluso sectores de la izquierda moderada. Tal era la valoración que hacían de él  aunque en colaboración con el Gobierno Central, de la derecha, acaparó Fondos de Cohesión para hacer algunas obras públicas en la comunidad autónoma que gobernaba, aunque el destino legítimo de tales recursos debió ser las comunidades autónomas con renta más baja, entre ellas Andalucía.

Llegó después su etapa como alcalde de la capital del reino y ya no pudo ocultar su personalidad de megalómano que llevó al municipio  a ser el más endeudado, proporcionalmente, de todo el país y culminó con el traslado de la sede central del ayuntamiento al que se llamó Palacio de Comunicaciones, donde hizo unas instalaciones faraónicas que exigieron  inversiones exageradas y dejó, para otros menesteres, la Casa de la Villa, donde se ubicaban los órganos centrales de la administración local de Madrid desde el siglo XVII.

Ahora ocupa la cartera de Justicia del primer gobierno del PP de esta legislatura, que tiene el respaldo de una mayoría absoluta del partido de la derecha y su verdadero rostro se ha descubierto. Primero con el tratamiento legal del aborto, después con las tasas judiciales y la privatización del Registro Civil, y es de temer que en el futuro, si no es cesado como ya se rumorea, ofrezca muestras nuevas de su deriva política hacia las posiciones de la derecha más reaccionaria, rancia y torpe de este país. Si lo apartan de la política es probable que traslade su quehacer, lamentable, a las actividades como fiscal, cuerpo al que pertenece gracias al horroroso sistema de acceso a la fiscalía que aun perdura en este país el mismo que a la judicatura es decir por medio de unas oposiciones endogámicas  que controlan los propios miembros de la judicatura, cuando como parte que son de un poder del estado tendrían que ser elegidos por medio de las urnas con participación directa de la ciudadanía.

La justicia es uno de los poderes del estado que no ha sufrido la transformación requerida por un estado democrático en el siglo XXI. Ninguno de los gobiernos de este país, tras la Constitución del 78, incluidos los socialistas, han tenido el valor requerido para hacerla razones por las que se ha llegado a la situación lamentable en la que se encuentra en la actualidad, con el prestigio por los suelos y arrastrando la desconfianza extrema que inspira en los ciudadanos, ya que dudan de su independencia y son víctimas de su ineficacia.

Desde el gobierno de los jueces hasta el último juzgado del país, pasando por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, todas las organismos judiciales están atascados en su quehacer porque siguen encajonados en procedimientos arcaicos y en su actividad diría permanecen ajenos a la ofimática, en toda su amplitud, una herramienta de trabajo que en la actualidad es imprescindibles para que las instituciones funcionen.

Tan desastrosa es la situación  que se llega a confundir una justicia garantista con una justicia que permite el obstruccionismo de los más poderosos, y unos gobiernos que indultan a los delincuentes de cuello blanco condenados por los tribunales como si estuviéramos en el Medioevo.

El señor ministro, ante esta situación lamentable, la solución que considera más oportuna es castigar aún más a los ciudadanos imponiendo tasas para poder litigar, es decir un derecho se restringe para dejarlo al alcance de aquellos que tenga los recursos económicos necesarios y vende tal maniobra de expolio a la ciudadanía, que nos  lleva  hasta épocas muy lejanas, como una fórmula para desatacar los juzgados.

La actuación política que ha iniciado el señor ministro se completa con la privatización del registro civil que controlarían los registradores  y determinadas acciones de los jueces que se asignarían a los notarios, para que los ciudadanos paguen y enriquezcan aún más a tales profesionales que hacen funciones que corresponden directamente a las Administraciones Públicas y en consecuencia deberían llevarla a término funcionarios que se limitaran a cobrar un salario por su quehacer. Ambas figuras, propias de la Edad Media, que el PSOE insinuó que eliminaría, pero que no lo hizo como tantas otras cosas, para que los funcionarios desarrollaran sus funciones están recibiendo más apoyo de los gobiernos durante la crisis, para que conserven sus prebendas millonarias, que los parados.

La cara que se tuvo como la más progresista del Partido popular, solo ha necesitado ser miembro de un gobierno de derechas para ponerse a la cabeza de la reacción más extrema.

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