FUTBOL

            Sí, hablamos de ese juego que inventaron los ingleses en 1863, que tiene antecedentes en las propias islas británicas en la Edad Media y que, más remotamente, se remonta a juegos de pelota en la antigüedad clásica de Grecia y Roma. Lo que comenzó como un fenómeno deportivo impulsado por la Asociación Inglesa de Fútbol, hizo una extraordinaria fortuna y se extendió por el planeta con tal éxito que hoy constituye el deporte mayoritario y por excelencia en casi todos los países del mundo. Un deporte que levanta pasiones inmarcesibles y que cuenta con miles de millones de seguidores entre los cuales anida una rama ultra, minoritaria pero muy peligrosa que, en ocasiones, ha llegado al crimen.

            Hace mucho tiempo que el fútbol dejó de ser solo un deporte y hoy constituye sobre todo un negocio, un gran negocio que mueve montañas de dinero en derechos televisivos, recalificación de estadios, compraventa de clubes y futbolistas, pelotazos urbanísticos so pretextos deportivos, recaudaciones estatales, apuestas, quinielas, primas, fichajes, comisiones etc., etc. Los presidentes de los clubs, que antes eran de sus socios pero hoy son sociedades con su accionariado que se compra y vende como otra empresa cualquiera, son con frecuencia procesados por delitos económicos y, en algunos casos, van a dar con sus huesos en la cárcel.

            Aunque siempre se ha manipulado políticamente el deporte en general y el fútbol en particular, quizás lo novedoso  sea la utilización política a gran escala de blanqueo y auto-prestigio que las monarquías absolutas como Arabia Saudí o Qatar están haciendo de este multitudinario deporte. Son regímenes autocráticos cuyos súbditos carecen por completo de derechos y cuya población femenina vive una situación de subordinación e invisibilidad impensables en una sociedad civilizada. Solo en la construcción de los estadios de Qatar donde hemos visto jugar el mundial, se calcula que han muerto 6.000 trabajadores. Eso sí, las arcas de estos Estados están rebosantes de petrodólares. Eso explica que el Mundial de Fútbol se haya jugado en Qatar interrumpiendo todas las ligas del mundo (Allí no se puede jugar en verano) o que 4 equipos españoles se hayan marchado a jugar la Supercopa de España a Arabia Saudí a 6.000 Km de la península.

            Los miles de millones de espectadores de todo el mundo que, por medio de la televisión,  han visto el Mundial de Qatar en Doha o la Supercopa española en Riad, asisten deslumbrados al gran espectáculo en magníficos estadios en forma de jaima árabe y aire acondicionado con toda clase de lujos,  creados para la ocasión. Ello constituye una extraordinaria propaganda política sostenida por periodistas y canales de televisión internacionales, que están allí para seguir al deporte de masas pero, a su vez, dando una visión de buena organización, orden y limpieza de unas satrapías corruptas hasta el tuétano.

            Últimamente la corrupción catarí ha llegado al corazón de las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, con la compra de voluntades políticas y la implicación de una vicepresidenta del Parlamento, por más señas, afiliada al Pasok griego y ya expulsada del mismo.

            Se puede afirmar que, hoy por hoy, lo único que conserva una cierta belleza y deportividad, es el propio juego en sí, es decir, el fútbol o balón-pié. Todo lo demás está ya comprado por el poderoso caballero.

El PP contra la Constitución: fundamentos jurídicos

      Desde el 21/12/2022, tras la publicación del profesor Ramón Soriano, catedrático emérito de la Universidad Pablo de Olavide, del artículo sobre El PP contra la Constitución, dadas las circunstancias del momento, nos hemos demorado en la publicación del mismo que ahora efectuamos como Tribuna de Debate, tras su renovada autorización y dada la vigencia del mismo en la actualidad.

El texto integro es del tenor siguiente:

Varias personas caminan frente a la sede del Tribunal Constitucional el día que se celebra el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC), a 19 de diciembre de 2022, en Madrid (España). -Fernando Sánchez / Europa Press.

          El Tribunal Constitucional (en adelante TC) no se caracteriza por su rapidez y diligencia en resolver sentencias. Desde 2010 tiene en sus manos un recurso sobre el aborto, que aún no ha resuelto. Van ya doce años. Llama la atención que ahora se haya reunido de la noche a la mañana inmediatamente después de entrarle un determinado recurso de un no menos determinado partido, el PP, solicitando en recurso de amparo la interrupción por el TC del proceso parlamentario de tramitación de dos enmiendas de una ley, lo que no tiene precedente en nuestra democracia. El presidente del TC, ocupando el puesto no obstante haber concluido su mandato en junio, ha expedido la convocatoria, siendo ponente un magistrado conocido por su relación con el PP. Lo que explica que algún medio haya hablado de la «oposición de la coalición PP-TC», otros abiertamente de una «derecha político-judicial» y el presidente del Gobierno desde la tribuna de Bruselas del «complot de la derecha política y judicial». No les falta razón, si oímos las elocuentes palabras del líder del PP: «el Gobierno es ilegítimo»,  «ellos (el PP) mantienen bloqueada la renovación del Poder Judicial para protegerlo del Gobierno de Sánchez». O sea: el PP incumple la Constitución durante cuatro años para proteger a una importante institución de la Constitución frente a un Gobierno que considera ilegítimo, a pesar de que la elección y todos los pasos de ese Gobierno se han dado dentro de la Constitución y el procedimiento establecido por ella. Gravísimas las palabras del líder del PP. Está atravesando la línea roja de la democracia.

          El recurso de amparo no solo pide que intervenga el TC interfiriendo en el Parlamento, sino que además lo haga con medidas cautelarísimas, es decir, interrumpiendo ya y de plano el proceso legislativo. Lo que los recurrentes olvidan es que estas medidas exigen un daño irreparable irreversible, lo que no se produce porque una ley puede ser derogada por otra ley, y además hubiera sido conveniente la audiencia de las partes, y tal audiencia -en el caso de la Comisión parlamentaria de Justicia, que admitió a trámite las enmiendas recurridas- no ha tenido lugar. Pero no son las medidas cautelarísimas, solicitadas contra derecho, lo que me interesa sino el cuerpo del recurso de amparo.

          Voy a moverme únicamente en el terreno del derecho para plantear una crítica a los fundamentos del recurso de amparo del PP solicitando al TC la interrupción de la tramitación de las enmiendas admitidas por la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el proceso legislativo de una ley. Son dos las enmiendas: la 61, que trata de un nuevo procedimiento de elección de los miembros del TC por el Gobierno y el CGPJ, y la 62, que se refiere a medidas para la renovación de estos miembros.

            Pero antes quiero justificar por qué afirmo en el título de este artículo que el PP se sitúa en contra de la Constitución con referencias a los artículos constitucionales vulnerados:

            A.- Contra la Constitución como un todo. La pretensión del PP de la ejecución de un veto del TC a las funciones y normas del Parlamento, ocupando el lugar de los monarcas absolutos, que tenían el derecho de vetar las leyes del Parlamento. Veto del TC no solo inexistente en el texto constitucional, sino contrario al espíritu, valores, principios y normas de la Constitución.

            B.- Contra las funciones del poder legislativo. El PP requiere la interferencia del TC en las funciones propias y exclusivas del Parlamento, contraviniendo el principio jurídico de la separación de poderes, presente en varios artículos de la Constitución y en el 66.2 en lo que atañe al poder legislativo.

            C.- Contra la participación política de los ciudadanos/as. En el Parlamento, compuesto de representantes electos, reside la soberanía del pueblo español. El ataque al Parlamento va también dirigido a los ciudadanos/as y a su derecho de participación política mediante representantes consignado en el art. 23.1 de la Constitución

            Sí, efectivamente, el PP ha atacado directamente a la Constitución española: a los apartados más relevantes de Carta Magna, a las funciones exclusivas del Parlamento y a la autonomía de esta primera institución del Estado, y al derecho de participación política ciudadana. Los diputados del PP se han colocado no fuera sino frontalmente contra la Constitución.

            Enuncio a continuación cada declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad del recurso, seleccionando una frase significativa del mismo (reiterada hasta la saciedad), y a continuación formulo mi comentario tras haber leído detenidamente y en profundidad las 54 páginas del recurso de amparo y las fuentes jurídicas conexas.

            1.- Las enmiendas atentan a la separación de poderes, lo que justifica la competencia del TC para interrumpir una proposición de ley del poder legislativo. El recurso afirma que «sendas enmiendas admitidas son el culmen de un constante, infatigable y progresivo cerco a la separación de poderes que debe cesar de inmediato, por resultar incompatible con la noción de Estado social democrático de Derecho consagrada en el artículo 1.1 de nuestra Carta Magna».

            Comentario: Es curioso que quien pide que un órgano de justicia interfiera en la actuación del poder legislativo sostenga que se está produciendo «un cerco a la separación de poderes». Una estrategia deleznable es atribuir al otro lo que éste te va a achacar. La pretensión del recurso del PP vulnera las funciones del poder legislativo, donde reside la soberanía popular. Se contraviene el curso constitucional y legal de las funciones y procedimientos de actuación de los tres poderes del Estado. El TC a instancia de recursos puede intervenir y decidir, pero una vez que se ha aprobado la norma del poder legislativo y no antes. Si la norma no existe, si el proyecto de ley o la proposición de ley no han sido aprobadas, el TC tiene que colocarse al margen y no enmendarle la plana al poder legislativo. No procede un recurso contra una ley que todavía no existe. Cada poder, cada órgano estatal, tiene su espacio y su tiempo. Si no se respetan, se vulnera uno de los principios más relevantes de la Constitución: el principio de separación de poderes, consagrado en varios artículos de la Constitución. Los principios tienen plena validez jurídica, son indeclinables y están por encima de las normas jurídicas concretas, que los desarrollan, y a las que inspiran.

            ¿Dónde reside la competencia del TC para interrumpir el proceso ordinario legislativo del Parlamento? En la Constitución el título IX sobre el TC, arts. del 159 al 165, trata  de  composición, organización, recursos y legitimación para interponer recursos. Dos recursos a instancia de parte: de inconstitucionalidad y de amparo. Y un recurso de inconstitucionalidad en un ámbito objetivo concreto: «contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley». Como ven, nada de proceder contra una ley en trámite, como persiguen los recurrentes del PP, sino contra leyes válidas y en vigor. Bien, ahora vayamos a las disposiciones legislativas de desarrollo constitucional: la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (extensísima), y la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. ¿Las habrán leído los recurrentes? En ningún resquicio de estas leyes se plantea, porque sería inconstitucional, la competencia del TC para interrumpir el proceso legislativo. Y no olvidemos que las competencias de poderes y órganos constitucionales están tasadas.

            2.- La inconstitucionalidad  del cambio de una mayoría de dos tercios para la elección de los dos candidatos al TC por el CGPJ. El recurso declara que la enmienda pretende «la perversión del sistema de nombramientos, por el CGPJ, de los magistrados del Tribunal Constitucional, concretamente mediante la rebaja de la mayoría de los tres quintos que tanto sistemática como teleológicamente se ha considerado pacíficamente exigible desde la entrada en vigor de la Constitución».

            Comentario. El cambio consiste en sustituir la elección de los candidatos al TC por tres quintos de los votos de los miembros del CGPJ por la elección de los dos candidatos más votados, teniendo cada miembro del CGPJ la posibilidad de presentar a un candidato. Es uno de los puntos en los que más han insistido los recurrentes. ¿Acaso no puede hacer este cambio el Parlamento? El Parlamento crea, modifica y suprime las leyes: es su principal función señalada por el art. 66.2 de la Constitución. ¿Por qué no va a cambiar las mayorías en la elección de candidatos por el CGPJ mediante la reforma de la ley 6/1985? Máxime cuando tiene a su favor una poderosa razón: con el cambio legislativo propicia la renovación de una institución tan relevante como el TC, en la que hay cuatro magistrados con el cargo ya caducado desde junio. El Parlamento ha hecho el cambio legislativo por mayoría absoluta, como exige la Constitución para la reforma de las leyes orgánicas, es decir, 176 votos favorables. Y se ha aprobado el cambio por una cifra aún mayor: 186 votos.

            3.- La ilegalidad de introducir enmiendas en un proyecto de ley que trata de otro asunto. El recurso critica «la introducción de la reforma en el último momento a través de sendas enmiendas introducidas sin conexión de homogeneidad, todo ello en el marco de una proposición de ley fraudulenta».

            Comentario: Es ya altísimo el número de leyes, que contienen en su seno materias que no les corresponden. Es una práctica habitual de todos los Gobiernos, Parlamentos y legislaturas. Quizás las leyes anuales de presupuesto general del Estado sean las que más materias de todo tipo y no apropiadas contengan, debido a su generalidad. No es que las leyes introduzcan asuntos afines o relacionados, sino a veces asuntos que no tienen que ver absolutamente nada con el tema de la ley. Los medios refieren la introducción por el PP de una enmienda totalmente impropia en el caso del Plan Ibarretxe. Recuerdo un caso más burdo: una enmienda del PP en 2003 en la ley de arbitraje. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional defendiendo la conveniencia de que las enmiendas se ajusten al objetivo de las leyes, pero los legisladores de hecho constantemente  introducen enmiendas no apropiadas en las leyes. Por lo tanto, el fundamento del recurso del PP cae por el peso de una práctica habitual, además de ser extremadamente cínico, porque el PP, como otros partidos políticos, ha introducido enmiendas inapropiadas en numerosas leyes. Según mi cuenta el partido político que más ha incorporado estas enmiendas en el proceso legislativo.

            4.- La ilegalidad de introducir enmiendas a destiempo y del procedimiento de urgencia, que no permiten la deliberación. El recurso critica «el fraude de ley parlamentaria dirigido a esquivar las garantías esenciales del procedimiento de tramitación legislativa… las decisiones adoptadas en relación con la tramitación general del procedimiento legislativo, minimizando en la medida de lo posible las garantías de publicidad y debate público, recurriendo fraudulentamente a la proposición de ley y acordando sin motivo que se precie la tramitación por el procedimiento de urgencia».

            Comentario: Los recurrentes se quejan de que no hay tiempo suficiente para deliberar sobre las enmiendas y que se ha empleado indebidamente el procedimiento de urgencia. Pero nunca se han quejado ni han acudido en amparo ante el TC en las numerosas ocasiones, en las que se ha empleado el procedimiento de urgencia en el proceso legislativo. Procedimiento habitual y utilizado por todos los Gobiernos, de la misma manera que utilizan abusivamente todos los Gobiernos los decretos-ley. No sirve este alegato contra prácticas habituales parlamentarias, constantemente aplicadas también por el recurrente, para justificar nada menos que la intervención del TC contra el poder legislativo. La hipérbole jurídica más irracional, cínica y vergonzante con la que me he topado en mi carrera de investigador del derecho. Lo relevante es que las enmiendas criticadas se han presentado en tiempo y forma. El procedimiento seguido se ha hecho con escrupuloso respeto a la tramitación de la declaración de urgencia del art. 93 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Los recurrentes quieren dar a entender que no se respeta las normas del proceso y esto es falso. Por otra parte referir el fraudulento uso de la proposición de ley es un disparate jurídico de primer orden, igualmente cínico y demagógico, porque supone cercenar la primera de las funciones de los parlamentarios: la presentación de proposiciones de ley. Los diputados del Parlamento pueden presentar proposiciones de ley cuando quieran, de la misma manera que puede presentar proyectos de ley el Gobierno, cuando lo crea conveniente. Ambas iniciativas están en el mismo plano de relevancia y uso discrecional de sus titulares.

            Pocas veces se ha presentado ante el TC un recurso de amparo tan deficiente en todos los aspectos: en el texto y en el contexto. Una interpretación no desafortunada sino sencillamente falsa de las normas constitucionales y legales. Un casus belli inconstitucional que realmente esconde un propósito inconfesado contra la Constitución y la democracia.

RETOS PARA ESTE 2023

 Lo primero, quizás, lo que recordamos al iniciar el 2022: La Naturaleza une a las culturas del mundo. La Naturaleza es la Casa Común de toda la Humanidad. Posteriormente, en Mayo, Federico Mayor Zaragoza reiteraba su constante propuesta de estar unidos por la paz y el multilateralismo. Era una forma de actualizar el gran reto de la paz en nuestro contexto actual que es una realidad histórica de permanentes guerras. ¡Alto al fuego! La salud y la convivencia son esenciales. 

    Evitar a las generaciones venideras el horror de las guerras, asumir la denominada Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, evitar que la cultura bélica y el dominio financiero de las élites se impongan a la ciudadanía global, lograr la solidaridad efectiva y eficiente; eliminar la carrera de armamentos y las armas nucleares; asumir que somos una sola y gran familia humana, y que somos por todas partes comunidades de personas y, en consecuencia, que debemos gozar de igual dignidad mujeres y hombres. 

   La pregunta obligada es si estamos pidiendo un imposible. Pero, a la altura del 2023, lo que sorprende en la sin razón humana es que no hayamos sido capaces de aprender de las grandes guerras de 1918 y de la finalizada en 1945, a pesar de tener en mano la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en París por la 138 Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1948.

   ¿Para qué entonces cantar el Himno de la Alegría que debe identificar al conjunto de la Unión Europea? Salud y paz interior, ¡Paz en la Tierra! ¡Paz interior en la Casa Común que es la Naturaleza! El sentido del multiculturalismo democrático es una propuesta a reiterar políticamente anti-bloques, con el fin de evitar confrontaciones y crímenes de guerra, de odio y de ruinas en este Año Nuevo 2023.

   ¡Viva la Paz!

   ¡Vivan el bienestar y la solidaridad el conjunto de todas las familias y pueblos del Mundo Global!

   Para ser efectivos, convendrá retomar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (del 30 de marzo de 2010), con su patrimonio que se quiere espiritual y moral, en base a los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y que implican materializar los principios de la Democracia y el Estado de Derecho.

SEVILLA, 01/01/2023,

José Mora Galiana

EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 – PROPUESTA DE LA ASIGNATURA CONSTITUCIONAL-

         Con motivo de recordar la denominada  “Transición de la Dictadura a la Democracia”, gracias al referéndum del 6 de diciembre de 1978, que ratificó ampliamente el proyecto del Estado Social y Democrático de Derecho en el que nos encontramos ahora (con la vigente Constitución Española), en un taller de “Atención Educativa” de Bachillerato, con alumnado joven (mujeres y hombres) de 16 años, hablamos de redescubrir los valores de nuestra Carta Magna de 1978.

         En primer lugar, invitamos a refrescar los “Derechos Fundamentales de la Unión Europea” de finales de marzo de 2010, colocando gráficamente en los cinco dedos de las manos: 1. Dignidad, 2. Libertad, 3. Igualdad, 4. Solidaridad, y 5. Ciudadanía. Nos paramos en el tema muy actual de la igualdad para acentuar las exigencias de no discriminación; de respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística; igualdad de género; derechos de cuidados y protección de los niños y niñas; derechos de las personas mayores; e integración de las personas discapacitadas. Y todo ello con garantías de Justicia y Equidad.

         Pero como uno se remonta a 1948, se trajo a colación la Declaración Universal de los Derechos Humanos (del 10/XII/1948), en su artículo 1º, recordando la sentencia de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos; y, puesto que estamos dotados de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente.

         Inmediatamente pasamos al Preámbulo de la Constitución  (del 29/XII/1978) en el que se expresa la voluntad de garantizar la convivencia, consolidar el Estado de Derecho, promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar una digna calidad de vida y bienestar, así como la exigencia de colaborar en fortalecer relaciones pacíficas (frente a la tendencia permanente de guerras y conflictos bélicos), y de promover la cooperación entre todos los pueblos de la Madre Tierra –nuestra Casa Común-.

         ¿Cuáles son los valores de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho?  La libertad, la Justicia, la igualdad, y el pluralismo democrático.

         En consecuencia, puesto que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, conviene repasar los diez títulos propios de la Constitución vigente: I. De los Derechos y Deberes Fundamentales; II. De la Corona; III. De las Cortes Generales; IV. Del Gobierno y de la Administración Pública; V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes; VI. Del Poder Judicial; VII. Economía y Hacienda; VIII. De la organización territorial del Estado; IX. Del tribunal Constitucional; y X. De la Reforma Constitucional.

         ¿Cuál sería nuestra propuesta para seguir aprendiendo de tan importante herencia democrática?

         Quizás suscribir lo que ha manifestado el profesor Ramón Soriano en un reciente artículo suyo, del 01/XI/2022, publicado en el periódico Público y que transmite la siguiente propuesta formal:

         «La enseñanza de la Constitución como asignatura obligatoria en todos los niveles educativos para que el voto de los ciudadanos sea fundado.

         La formación no debe ser únicamente cívica, sino además institucional. Siempre que una asignatura se abra con el título «Valores cívicos», «Educación cívica» o similares palabras en cualquier nivel educativo la reyerta política está servida y aparecerá por doquier la acusación de querer llevar al alumnado al terreno de los valores subjetivos profesados por los autores del programa docente. Por ello, propongo que esta asignatura reciba el nombre de «Constitución». Las voces contrarias callarán, y, si no es así, estarán desprovistas de justificación.

         El conocimiento de la Constitución es una condición para la emisión de un voto ciudadano fundado en las elecciones. No falta la crítica a quienes votan sin conocimiento. Recuerden las palabras de Vargas Llosa: «Hay que saber votar». O el formulario de varias preguntas, que los votantes deben contestar para tener derecho al voto, que exigía Sánchez Dragó. Son propuestas contrarias a uno de los principios constitucionales: el principio de igualdad, y que suponen un desconocimiento u olvido de las trabas injustas generadas por la sociedad y los poderes públicos a quienes no pueden adquirir la formación adecuada para participar con solvencia en la vida pública. Pero evidentemente, si la Constitución se estudiara en todos los niveles educativos, pareceres como los de los anteriores escritores desaparecerían o ya no tendrían la misma fuerza de convicción. Y lo más importante: los ciudadanos/as gozarían de una herramienta para conocer y oponerse a los trajines, manipulaciones y mentiras de informadores y comunicadores.

         La Constitución trata de una serie de temas elementales y básicos, que a distinto nivel deben ser asimilados por los estudiantes de educación primaria, secundaria y universitaria. Temas como poderes públicos, organización del Estado, partidos políticos, la Corona, derechos y libertades, economía y hacienda, garantías de las personas, comunidades autónomas… son temas cuyo conocimiento es necesario para desenvolvernos en nuestra vida diaria. Podemos pasar sabiendo poco de literatura, historia y geografía, pero nos irá mal si no conocemos nuestra Constitución. La Constitución es la norma fundamental de convivencia. Cualquier aspecto social de nuestra vida tiene como referencia la Constitución.

         Si se sustituyen las criticadas asignaturas antes citadas y se pone en su lugar «Constitución española», se conseguirán dos cosas a la vez: la minoración de la crítica de los adversarios políticos y mediáticos y la contribución a que los votos de la ciudadanía en las elecciones periódicas sean más fundados, con lo que se beneficiará en último caso el funcionamiento de nuestra democracia.»

         Situemos, pues, la Constitución en el lugar estratégico que le corresponde, como viene a indicarnos el catedrático emérito de Derecho Constitucional y expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, en su artículo Nuestra Constitución (El PAÍS, 06/XII/2022, pág, 11).

SE, 06/XII/2022,

José Mora Galiana

LOS ERRORES DE IRENE MONTERO

Hay algo peor que equivocarse, es persistir en el error. Irene Montero se ha equivocado porque habiendo hecho una ley que protege a las mujeres víctimas de delitos sexuales, ha dejado resquicios en la propia ley que permiten, en determinados casos, una rebaja de las condenas dictadas con anterioridad. Y ello a pesar de que, tanto el Consejo General del Poder Judicial como una Asociación de Mujeres Juristas, le advirtieron, antes de su publicación, que la ley podía tener esos efectos indeseados.

            En España tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa, ahora bien, cada vez que se habla de reducción de penas, una caterva vociferante, donde destaca la derecha y la ultraderecha, se opone con ferocidad alegando el apocalipsis social y la destrucción del orden constituido. Sin embargo, un principio básico del Derecho Penal es la aplicación de la norma más favorable para el condenado y su retroactividad caso de resultarle beneficiosa. Así pues, de la misma manera que un principio del Derecho dice: » In dubio pro reo» (En caso de duda a favor del acusado) las personas que ejercen el poder judicial no han hecho otra cosa que cumplir la ley.

            Cuando de acuerdo con la nueva ley del solo sí es sí, han comenzado las revisiones de condenas y, en algunos casos, ha habido una reducción de las mismas, Irene Montero ha persistido en el error acusando a los  jueces de machistas y de no saber aplicar la ley.  Estas acusaciones injustas y alejadas de la verdad, además de constituir una huida hacia adelante, han tenido la «virtud» de exasperar a toda la magistratura y a sus asociaciones, desde las más conservadoras hasta las progresistas.

            El Gobierno se ha apresurado a decir algo obvio: «Las leyes son de todo el Gobierno». Sorprende no obstante, que el Ministerio de Justicia, el  Ministerio de la Presidencia, el Presidente del Gobierno y la pléyade de juristas que trabajan para ellos, no hayan advertido un error tan garrafal. A menos que…

            Otra cosa es la explotación y manipulación que el PP hace de estas cuestiones, tirándose al monte al afirmar que este Gobierno pone en la calle a violadores o que la ley no protege a las mujeres. Ambas falsedades se descalifican por sí mismas y no merecen más comentario. A nuestra derecha nunca les parecen las penas suficientemente duras, pues, si por ellos fuera, volveríamos a la Picota y a las ejecuciones con tortura en la plaza pública. Es decir, a la Edad Media.

            No podemos evitar hacernos la siguiente pregunta: Si esta ley versara sobre otras materias y redujera las condenas de otro tipo de delitos como pueden ser los que afectan al Orden Público, la propiedad, o los de sedición: ¿Se habría armado semejante quilombo o barullo?.

            En fin, habrá que esperar que el Supremo «Unifique doctrina», pero rectificar una ley o añadirle una disposición adicional no es ninguna tragedia. Rectificar es de sabios y «Sostenella y no enmendalla» es de tercos/as irrecuperables.

JUANMA MORENO Y EL SHERIFF DE NOTTINGHAM

     Los condados ingleses en la Edad Media contaban con un representante del rey con funciones judiciales y ceremoniales que actuaban también como recaudadores de impuestos. Solían esquilmar al pueblo en general y a los campesinos en particular, en una época que cobraba los impuestos en especie (granos, cereales, frutos o animales de granja) y que los años de malas cosechas dejaba a los campesinos sin medios para subsistir, es decir, ellos y sus hijos se morían de hambre. En sentido estricto el trabajo de estos Sheriffs consistía en robar a los pobres para dárselo  al rey y a los nobles beneficiarios de tales impuestos. En este sentido, el Sheriff de Nottingham es la encarnación de la arbitrariedad y crueldad de la nobleza inglesa de la Edad Media vinculada al proscrito Robin Hood, el bandido justiciero y generoso.

     Una de las primeras medidas adoptadas por Juanma Moreno, con su flamante mayoría absoluta, ha sido suprimir el impuesto de patrimonio. Una medida que beneficia al 02% de la población andaluza es decir, unas 20.000 personas de los 8.500.000 habitantes de Andalucía y restará para servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) casi 100 millones de euros.

     Otra de las «Hazañas» de Juanma Moreno es que ha conseguido, en poco tiempo, rebajar el gasto escolar por alumno en Andalucía al mismo nivel de la Comunidad de Madrid, de tal manera que son las dos comunidades españolas que menos invierten, por niñas y niños, en las etapas  de escolaridad obligatoria. No es una cuestión solo de ineptitud en la gestión, es que pretenden privatizar la Educación para que solo unos pocos tengan acceso a un instrumento que, con sus carencias, mejora a las personas y ha servido siempre como ascensor social.

     El hombre de buen talante, el sonriente Juanma Moreno, se comporta en definitiva como el Sheriff de Nottingham sustrayendo recursos al pueblo para dárselo a los privilegiados del sistema, a aquellos que, justamente no lo necesitan. Es una manera directa de cumplir el programa de la derecha más rancia que se sitúa al lado de los grandes patrimonios, los bancos y las energéticas y petroleras. No queremos hacer demagogia pero hoy, como en la Inglaterra de los siglos XI y XII, se trata de robar a los pobres para enriquecer, aún más, a los ricos.

¿VIVIR EN BELIN?

         Residir en Berlín, a pesar de la relativa cercanía de los conflictos entre Rusia y Ucrania, puede considerarse todo un privilegio de la vida, sobre todo culturalmente hablando y también desde la vertiente intercultural. Museos, parques y espacios naturales, barriadas con zonas de compras, cafeterías o restaurantes, el río, los lagos,…. y las comunicaciones son excelentes. Pasear por las amplias aceras de la ciudad, en evolución permanente, y contemplar su arboleda es todo un privilegio.

         Teniéndose cubiertas las necesidades básicas de salud, habitad y alimentación, trabajo y formación, uno podría sentirse afortunado. La pregunta se reabre en la urbe, no obstante, por vertiginoso aumento del precio de los alquileres actuales de la vivienda.

          ¿Cuánto debe trabajar y ganar para poder sobrevivir, dignamente, una familia de mediana edad con descendencia infantil y/o adolescente?

         Con motivo de la visita de la Jefatura del Estado Español a Alemania, en la propia Embajada Española de Berlín, el 16 de octubre, durante el primer saludo a personas de origen hispano, se aprovechó la oportunidad para manifestarle, entre otras, la necesidad de incrementar los sueldos de las personas trabajadoras de la propia Embajada.

         Sin estadísticas concretas en la mano, pero en una primera aproximación a algunos de los portales de alquiler más visitados en Alemania, parece ser que un piso de una sola habitación en una zona céntrica de Berlín puede rondar los 700€ (entre 10 y 15 € por m2), excluyendo el hecho de estar amueblado u otros requisitos que encarecen sin duda el inmueble.

         La desbandada de los ciudadanos hacia zonas menos encarecidas ha provocado un éxodo del centro hacia la periferia que, a pesar de todo, no logra salvaguardarse de la inevitable onda expansiva procedente del centro.

         Más allá de este ‘éxodo’ interno la capital alemana mantiene su dinamismo y continúa su crecimiento frenético. De hecho la población se va aproximando a los cuatro millones de habitantes: unos 3, 645 millones en 2019 y 3, 770 en 2022. Salgas a la calle de mañana, sobre las 14 horas, o por la tarde, incluso al anochecer, la movilidad de personas es espectacular por ciertos lugares.

         Vivir en Berlín, en sí mismo, es una maravilla. Se trata de una gran urbe, la más poblada de Alemania,  y con su propio caché e historia…. Pero, la pregunta es si, tras las crisis sufridas y los efectos de los años 2020 y 2022, se pueden aventurar las personas y familias jóvenes a la opción personal o familiar de vivir en la gran ciudad, próxima al Estado de Polonia.

         Desde una perspectiva sevillana-andaluza, la dialéctica centro periferia y el tema del éxodo de la ciudad hacia el campo parece cada vez de más actualidad. Nos vemos, una vez más, ante la realidad histórica, compleja, dinámica y abierta.   

LOS RUSOS NO QUIEREN COMBATIR

     Desde que el 21 de septiembre pasado, Vladimir Putin decretara la movilización parcial (una movilización general encubierta), 250.000 hombres en edad de empuñar las armas han abandonado Rusia. Lo han hecho por medio de las pocas fronteras que aún tienen abiertas y por  todos los medios posibles: avión, tren, autobuses, muchos en sus coches, bicicletas e incluso a pie. Desde el 24 de febrero de 2022, fecha del inicio de la invasión rusa, hasta el decreto de movilización, otros 500.000 hombres habían huido del país. Es decir, desde que empezó la guerra 750.000 hombres aptos para combatir han preferido el exilio a participar en la guerra de Putin. Alguno, una vez fuera del país, lo ha dicho con claridad meridiana: «Yo me alistaría si hubieran atacado a mi país, pero a nosotros no nos ha atacado nadie»

     A estos hombres que consideran injusto luchar en esta guerra imperialista hay que unir intelectuales, científicos, técnicos, mujeres y hombres en profundo desacuerdo con esta matanza absurda desencadenada por el autócrata del Kremlin y que está suponiendo una tremenda sangría para esta nación. No olvidemos que los hombres y mujeres que toman el duro camino del éxodo, no sólo no combaten, también diezman la cadena productiva de Rusia y, en definitiva, la empobrecen y debilitan.

     Por si esto fuera poco, en los territorios recientemente anexionados «manu militare», El Donbas con sus dos provincias más Zaporiya y Jersón, el Kremlin pretende una movilización general de hombres entre 18 y 35 años, es decir, obligar a los ucranianos de estas zonas a alistarse y luchar contra el ejército ucraniano que pretende recuperar su país. Naturalmente, esto está provocando otra huida hacia zonas no controladas por el ejército ruso.

     Hay un fuerte contraste entre las celebraciones de la anexión en salones palaciegos de una blancura impoluta con columnas con capiteles dorados, constelados de banderas y uniformes entorchados, de una estética plagiada de los fastos zaristas, y lo que ocurre en el campo de batalla donde el ejército ucraniano está arrollando al ruso, que se bate en el noreste y en el sur en franca retirada. Mientras Putin firma solemnemente en Moscú la anexión de los nuevos territorios que «Formarán parte de Rusia para siempre», en el teatro de operaciones militares está rápidamente perdiendo por la fuerza de las armas, el terreno recién adquirido.

     Es tan ridículo que, si no fuera por el coste en vidas humanas, dolor y destrucción inhumana, sería cómico este gran teatro del mundo moscovita.

EN TORNO A UNA PETICIÓN DE INDULTO

     Otro día opinaremos sobre la historia kafkiana de la Sentencia, desde su inicio, con el exceso de celo, judicial-mediático-político, tan bien orquestado; haciendo coincidir, además, los tiempos electorales con los momentos álgidos del proceso. En fin utilizando todos los medios, limpios, sucios y mediopensionistas, estirándolos como un chicle. Diez años,10, de proceso…, ¡ni los juicios de Munich! … Como hemos dicho a veces los resultados son evidentes: no a todos los partidos les afecta en la misma medida la corrupción política…Reflexionemos sobre ello. 

     Hoy hablamos de la petición de indulto a Griñan, (echamos de menos la no petición para  los demás), de rabiosa actualidad, hay quien se pronuncia a favor y en contra, hasta gobiernos a los que se les ve el plumero y que están convirtiendo una medida de gracia en un medio de atacar al adversario político, en un ejercicio de cinismo impropio de gobernantes demócratas y, a veces, de falta de la más elemental humanidad.

     Pero veamos “el relato”: El Gobierno no está para impartir Justicia, para eso están los Tribunales …, pero cuando no hay Justicia, ni se la espera, para eso está la prerrogativa del indulto, debidamente legislado y justificado… Eso dicen los defensores de este indulto, con los que podemos estar de acuerdo. También que las Sentencias están para cumplirlas, y que la cárcel está para la redención de las penas y para re-insertar al condenado de nuevo en la sociedad ¿Es éste el caso?

     Se confía en que los argumentos de los  votos particulares de la sentencia ayuden ante el anunciado recurso de amparo al Constitucional. Esta es una respuesta “legal”, apta para juristas, pero no para los afiliados, simpatizantes y votantes socialistas en las, ya muy próximas, elecciones municipales, autonómicas y generales, y ahora no hablamos sólo de Andalucía.

     El caso es que estamos dando vueltas a lo que nos ha llevado a iniciar este comentario y no es otra cosa que la asunción de responsabilidad, no penal, de la culpa, por el caso de corrupción de los ERE, no para lucrarse, pero sí, la Sentencia dixit, por un caso de clientelismo electoral con dinero público, naturalmente… Alguien, en nombre del PSOE de Andalucía, tiene que pedir perdón y ofrecer garantías de que se tomarán medidas para que no se vuelva a repetir.

     No valen las excusas de que con la salida del partido de los investigados y eso de que “no se han llevado un duro”, ya se ha solventado la gravedad del hecho, este partido no puede pasar página sin pedir perdón a la sociedad.

     El PSOE se debe diferenciar de la derecha en que no toma esta Sentencia con arrogancia, como si los miembros de los diferentes Gobiernos de la Junta , de 200 a 2009, condenados, no tuvieran que ver nada con la organización.

     El PSOE además debe hacer un ejercicio sincero de arrepentimiento y no sólo por intereses electorales, también y principalmente, por ética, para limpiar su nombre y dar una satisfacción a sus simpatizantes, que es a los primeros que hay que pedir perdón.

     También para distinguirse de los comportamientos de otras organizaciones. Allá ellos…

     El mantenimiento en el tiempo en los medios de comunicación del caso de los ERE  y la bajada de apoyo electoral al PSOE, tienen una relación directa evidente. El votante socialista no perdona corruptelas, ni grandes ni pequeñas, de ningún tipo. Día que pase sin hacer ese ejercicio sincero de arrepentimiento, de humildad, día que se pierde.  

     Alguien dirá que a buenas horas…Ya tenemos sentencia, mañana es tarde… 

     Nos enseñaron aquello de que: “al entrar en esta organización hay que asumir, críticamente si es necesario, su historia”…También a cumplir escrupulosamente la ley… Pues eso…

PRAXIS LIBERADORA

Contra toda desesperanza, optimismo. Eso nos transmitía Helder Cámara a mediados de febrero de 1987.

Frente a la liberalización sin más de las Democracias Occidentales, Ellacuría demandaba praxis liberadora, lo que implica tomar conciencia de la realidad estructuralmente injusta,  desarrollar una actividad comunitaria colectiva, solidaria, y fraternal, y, frente a cualquier tipo de dictadura, hacer valer la dignidad de las personas, de todas las personas -mujeres y hombres-, superando creativamente imposiciones del individualismo mercantilista o ególatra y del positivismo legal injusto. Pues no cabe justificar la muerte del mayor número de la Humanidad en beneficio de unos pocos privilegiados.

     Las características liberadoras de inspiración cristiana son claras: a) opción preferente por los pobres para conseguir por sí mismos su propia realización como personas; b) encarnación práctico-práctica en las luchas por la justicia y la liberación efectiva; c) ser levadura de la Humanidad y sal de la Tierra, conscientes de nuestra unión universal con la Naturaleza y la exigencia de su cuidado como Casa Común.

     No a la opresión económica. No a la dominación y opresión social, cultural –incluyendo la religiosa- y política. No a la muerte y sí a la vida, la salud, y la paz mundial.

     Sin una clara referencia liberadora, que nos trasciende y nos une a todas las personas, la Humanidad se empequeñece en sí misma y se deteriora y fracciona – alentada por la carrera de armamentos y las guerras -.

    Conclusiones:

     1.- Esperar activamente contra toda desesperanza pasiva, impulsando el sentido de Humanidad.

     2.- Crear solidariamente La Civilización de la Esperanza, frente a permanentes delitos ecológicos, frente a la explotación económica y la opresión social, cultural y política.

     3.- Impulsar la participación de todas las personas en todos los ámbitos de decisión, lo que implica la refundación de Naciones Unidas.

SE, 21/09/2022

José Mora Galiana