ECUADOR, OCTUBRE 2019

Ecuador, octubre 2019:
La (re)insurgencia del derecho de los pobres vs una Corte Constitucional.

Por Antonio Salamanca

Hoy, 8 de octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano está en pie, empoderando en su diversidad las plazas del país. A estas horas sigue entrando en Guayaquil y Quito, por el Nor
ador, octubre 2019: La (re)insurgencia del derecho de los pobres vs una Corte Constitucional sin causa Antonio Salamanca
Hoy, 8 de octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano está en pie, empoderando en su diversidad las plazas del país. A estas horas sigue entrando en Guayaquil y Quito, por el Norte y el Sur. Hay pueblo por todos los chaquiñanes, caminos y carreteras del Ecuador. Van y vienen, llenos de dignidad y generosidad, de decoro y belleza, de indignación y fuerza revolucionaria milenaria. ¡Es un orgullo este pueblo cimarrón indígena, afro, mestizo y blanco! El 1 de octubre, el Presidente de la República, Lenin Moreno, anunció (Decreto Ejecutivo 883) la crucifixión en el altar del Fondo Monetario Internacional para las grandes mayorías ecuatorianas. El préstamo de 4.200 millones de dólares firmado este año con el FMI exige sacrificios. El inicio del via crucis es: a) la eliminación de los subsidios para el uso de combustibles fósiles y la liberación del precio del diesel y la gasolina extra y extra con etanol; b) una reducción del 20% del salario para aquellos trabajadores con contrato de servicios ocasionales a la hora de su renovación; c) el “diezmo” de un día de salario al mes para los trabajadores de las empresas públicas; d) la pérdida de 15 días de vacaciones a todos los servidores públicos. Para el próximo año los despidos del sector público aportarán otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales: “a las empresas públicas se les exigirá una reducción de gasto de 100 millones de dólares y en el caso de la Seguridad Social, de 50 millones de dólares”, según el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El mismo día, conmocionados por el primer golpe de la medida, de inmediato, el sector del transporte pesado, taxistas, autobuses municipales e interprovinciales, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes anunciaron movilizaciones para protestar por el “paquetazo” neoliberal. La movilización se extiende rápidamente por más de 20 provincias. Acto seguido, el jueves 3 de octubre, el Presidente, Lenin Moreno, declara el estado de excepción y limita derechos humanos como el derecho de reunión y asociación (Decreto Ejecutivo 884). Los excesos de parte de las fuerzas armadas y policía se extienden por el país. Se derrama sangre en suelo ecuatoriano. El fundamento o argumento para el estado de excepción es la conmoción social interna. Para el gobierno, la causa del estado de excepción no fue su primer golpe con el paquetazo neoliberal sino los efectos de los gritos de dolor del pueblo ante las agresiones. Por otro lado, la sorprendente rapidez, un solo día de conmoción, le bastó para declarar algo tan grave como es la restricción de derechos humanos con la declaración por sesenta días de un estado de excepción. El sábado, 5 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ante las agresiones a sus pueblos y comunidades, por parte de algunos policías y miembros del ejército, declara el estado de excepción en sus territorios. En una genuina y legítima expresión del derecho vivo, que nace de abajo, del pueblo, de las calles, de las comunidades, de la tierra, en un estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural como el ecuatoriano, la CONAIE fundamenta su decisión en la Declaración de Naciones sobre Pueblos
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Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de Ecuador. !Qué riqueza del Derecho de los pobres para llenar y extender el contenido del artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)! El domingo, 6 de octubre, el gobierno ecuatoriano, a través de su Cancillería, sostiene que “declarar el estado de excepción es prerrogativa solo del gobierno, según la Constitución y la ley internacional”. El lunes 7 de octubre, la Corte Constitucional del Ecuador emite el Dictamen Nº 5-19-EE/9. Un dictamen que confunde la causa con el efecto para pretender legitimar el Decreto Ejecutivo que declara el estado de excepción (DE 884). La Corte quiere hacer creer que la conmoción social se origina con el grito de dolor del pueblo (el efecto) ocultando que su causa es el golpe al pueblo generado por el Decreto Ejecutivo 883. Este hecho no resulta para la Corte causa de conmoción alguna digna de ser valorada. Algo curioso cuando en la identificación de los hechos y causal constitucional que se invoca, la misma Corte recoge que “en el Decreto se especifica que los hechos por los cuales se declaró el estado de excepción, se deben al anuncio de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional el 1 de octubre de 2019” (nº 6). Por el contrario, para la Corte, en su párrafo 48, lo que considera como hechos que legitiman su decisión es la conmoción provocada por “…las paralizaciones en diferentes lugares del país, (que) han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas; así como también, la alerta de una posible radicalización de la medida en todo el territorio nacional, ya que las diferentes agrupaciones continúan convocándose para jornadas de protesta continua e indefinida”. Para la Corte, esta es la “causa”, que le lleva a legitimar el estado de excepción y al tiempo el paquetazo neoliberal. La causa causante de la conmoción no existe:

“Por ende, en atención a los hechos acaecidos (…) las medidas adoptadas son necesarias toda vez que algunos de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción que nos ocupa, es la paralización –en diferentes lugares del país- de la normal y libre circulación de la ciudadanía, a través de acciones violentas y vandálicas de grupos o colectivos de personas que atentaron contra la vida, integridad y propiedad del resto de ciudadanos”.

La Corte Constitucional, por ausencia de causas materiales, justificación razonable e incompatibilidad de las medidas de excepción con la Constitución, debió declarar la inconstitucionalidad del estado de excepción. La conmoción interna que vive ahora el país es producto, tiene causa directa, en el anuncio de las medidas económicas y no en la agitación social. Al no ser la conmoción interna, sino un decreto económico, la causa de la excepción, es indispensable que la Corte revise las medidas económicas de forma automática, como lo prevé el artículo 436 numerales 3 y 8 de la Constitución, para ver si las medidas citadas se adecuan a la Constitución. De encontrarlas incompatibles debe suspender las medidas conjuntamente con la excepcionalidad, hasta que el gobierno elabore normas constitucionales. La Corte no demostró la existencia material de una crisis económica que justificara la creación de medidas económicas en el contexto de un Estado social (art. 1
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CRE). Las medidas deben responder a la Constitución, en el sentido que debe respetar los principios de la economía social y solidaria (art. 283 CRE), así como, cumplir con los principios de equidad, igualdad y solidaridad. Además, en el supuesto caso de crisis económica, esas medidas deben responder a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad aplicables, hasta que el país haya salido de las dificultades económicas. El gobierno tampoco justificó que el peso económico de la crisis sería soportado por todos los sectores de una economía social, en el supuesto caso de que se encontrase el país en crisis. Incluso en la circunstancia de que esa supuesta crisis económica fuese real, y no inducida, es inconstitucional sobrecargar, de forma permanente, la salida a la dificultad económica en las espaldas de toda la sociedad, con el alza generalizada de combustibles y consecuentemente de la canasta básica, así como en los salarios de los funcionarios públicos. La ilegitimidad material de la decisión es mayor, y menor aún su justificación, cuando se condona, amnistía, en 2018, deudas por intereses a los grandes deudores con el Estado. La Corte Constitucional podría (debía) haber tomado, por ejemplo, el camino del Tribunal Constitucional de Portugal para atender la crisis financiera global que padece el país desde 2008. Mediante sentencia No. 187/13, declaró inconstitucional la medida de disminuir los salarios de los servidores públicos y servicios sociales pretendida por el ejecutivo. En esa línea dictó la sentencia No. 413/14, en la que declaró la inconstitucionalidad de las medidas económicas, que reducían los sueldos de los trabajadores y el recorte del 5% y 6% del presupuesto, destinado a servicios sociales y enfermedades catastróficas, por ser desproporcional y contrario a la constitución. La Corte Constitucional ecuatoriana debió considerar la cláusula social del Estado y las medidas económicas que en este caso están íntimamente ligadas. Por el contrario, dio la espalda a la historia de los derechos humanos de los pueblos ecuatorianos, al pretender justificarse con la mera verificación de los requisitos formales del estado de excepción. El control de constitucionalidad debe identificar la materialidad de las causas por las que fue dictado el decreto de excepción. Es deber de la Corte Constitucional verificar si la justificación de las medias son necesarias y constitucionales; si la conmoción interna es producto del caos social o de las medidas económicas decretadas por el gobierno. La Corte Constitucional tiene el deber de exigir al gobierno que revise y justifique la materialidad de esas medidas para que sean constitucionales. De no ser justificadas y no respetar los principios del Estado social, deberán ser declaradas inconstitucionales.

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LA FUERZA CENTRÍFUGA DE LOS ESPAÑOLES

LA FUERZA CENTRÍFUGA DE LOS ESPAÑOLES
Las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo dieron la victoria, en el municipio de la Línea de la Concepción, al partido político de ámbito local: La Línea 100×100.
La Línea de la Concepción es un municipio de la provincia de Cádiz situado al sur de la misma, en el istmo que une el Peñón de Gibraltar con la península. Su población está por encima de los sesenta y dos mil habitantes y el paro se sitúa en torno al veinte y cinco por ciento.
El municipio se segregó de San Roque en 1870, cuando tenía una población en torno a los trecientos habitantes, más tarde en 1913 Alfonso XIII le concedió el título de ciudad. El nombre se fundamentó en el hecho de que la Inmaculada Concepción es la patrona del ejército español.
En la actualidad la Línea de la Concepción es conocida en España porque es una zona de intenso contrabando y narcotráfico, es noticia que las fuerzas de seguridad del Estado tienen muchas dificultades para enfrentarse a estas actividades ilegales, en la zona, para intentar erradicarlas. El municipio es conocido, también, porque un alto porcentaje de sus vecinos trabajan en el Peñón de Gibraltar por lo que reclaman continuamente un trato del Estado Español, con la colonia británica, que favorezca su situación laboral. Los medios de comunicación recogen los frecuentes roces entre las patrulleras de la Guardia Civil y algunos barcos de la colonia británica, porque no respetan la soberanía española en determinadas aguas marítimas y las autoridades del Peñón crean dificultades, de forma ilegal, a los pescadores del municipio para dificultar o incluso impedir que faenen en aguas españolas.
Los resultados en las elecciones municipales no pueden ser más contundentes. El partido político La Línea 100×100 consiguió el 67´51 % de los votos, por lo que le correspondió 21 de los 25 concejales de los que consta el consistorio municipal; 3 fueron para el PSOE con el 12´51 % de los votos y 1 para el PP con el 6´35 de los votos.
A primera vista se podría deducir que el partido de ámbito local La Línea 100×100 había conseguido un éxito tan rotundo al ofrecer a los linenses un programa de gobierno tan realista, positivo y atractivo para su bienestar que merecía, sin ninguna duda, la muestra de confianza por parte de la población que ha tenido en las urnas.
Lo cierto es, sin embargo, que el punto fundamental del programa del partido ganador era lograr la independencia de la localidad transformarse en una ciudad autónoma. Conseguir segregarse de la provincia de Cádiz y de la región andaluza.
El alcalde electo tiene, al parecer, varios títulos universitarios, lo que viene a confirmar que pasar por la universidad y hacerlo con éxito no garantiza tener algo de sentido común y un mínimo de inteligencia.
Lo cierto es que en algunos españoles hay una tendencia a dejarse llevar por extrañas fuerzas centrífugas, que conducen, sin duda, a la
autodestrucción del Estado con consecuencias muy negativas para los ciudadanos.
No basta, al parecer, con que la mayoría de los españoles tengan que soportar a los movimientos independentistas, fuente de inestabilidad con sus comportamientos ilegales frente a las instituciones del Estado. Para complicar más el panorama, ahora resurge puntualmente, y es de esperar que se mantenga así, en un pueblo de Andalucía aquel movimiento cantonal, que tuvo lugar durante la efímera y convulsa Primera República española (11 de febrero de 1873 a 29 de diciembre de 1874). Un movimiento que produjo mucho daño al país, y que tras ser aplastado por el ejército dio paso a la restauración de la monarquía.
Es de esperar que en el futuro no sea un dicho popular el ¡Viva la Línea de la Concepción!, en lugar de el ¡Viva Cartagena!

EL FRACASO DE LA POLÍTICA: REPETICIÓN DE ELECCIONES GENERALES

EL FRACASO DE LA POLÍTICA: REPETICIÓN DE ELECCIONES GENERALES

El 28 de abril pasado los electores de izquierda y especialmente los socialistas, creíamos que habíamos ganado las Elecciones Generales. En consecuencia se generó una gran ilusión porque habíamos frenado a las derechas y el país se encaminaba hacía una legislatura progresista que iba a revertir la política austericida de Rajoy y mejorar sustancialmente la vida de la gente. En efecto, los antecedentes no podían ser mejores, en apenas diez meses se habían tomado medidas que, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) junto con otras estaba incidiendo positivamente en la ciudadanía. Además se pactó con Unidas Podemos unos Presupuestos generales del Estado que, de cristalizar hubieran supuesto un avance importante en el bienestar de nuestro pueblo. Todo eso se fue al garete por el voto en contra de las derechas aliadas, en este caso, con el independentismo catalán.
En aquellas semanas de abril y mayo nadie pensaba que sería imposible el acuerdo y nos veríamos ante una repetición electoral.
El hecho es que España cuenta con una mayoría social y electoral de izquierdas pero las formaciones de este espectro ideológico son incapaces re representarla y ello con programas próximos que, en ninguna parte presentan problemas insalvables.
¡Que contraste con las derechas¡ Si unos hablan de feminazis y de expulsar inmigrantes por la via rápida además de abolir la Ley de Memoria Histórica, pues nada; Nos tomamos un café informal y borramos las diferencias. PP, Cs. y Vox están de acuerdo en lo fundamental: Bajar los impuestos a empresas y grandes fortunas es decir, robarle a los pobres para dárselo a los ricos. Ese es el programa básico de la derecha planetaria desde Trump a Macron. En torno a ese programa las derechas españolas han fraguado un pacto de manera inmediata en todos aquellos ámbitos donde la suma de los tres se lo ha permitido. Ahora se les abre la posibilidad inesperada de pactar también en el Estado.
Vamos a tratar de analizar las posiciones políticas de las formaciones que nos han llevado a esta insólita repetición electoral.
PSOE. En democracia quien tiene más votos tiene también mayor responsabilidad. Por eso, fue Pedro Sánchez el encargado de formar gobierno. Aparte de su evidente fracaso, podemos afirmar que la gestión de dicho encargo no ha sido manejada con la suficiente flexibilidad e inteligencia. No ha habido negociación con Podemos y todo se ha reducido a un cruce de reproches y acusaciones que finalmente ha desembocado en una nueva convocatoria electoral por falta de apoyos.
Parecía una partida de póquer jugada por tahúres bajo la fría mirada de estrategas sin ideología ¿Iván Redondo? que aconsejaban los descartes.
Es verdad que el PSOE ofreció a Unidas Podemos hasta cinco fórmulas de colaboración para la legislatura, incluido su anhelado gobierno de coalición, y las rechazó todas, pero el PSOE por responsabilidad estaba obligado a llegar a un acuerdo.
UNIDAS PODEMOS. Sorprende que un partido de nueva creación, que no preside ninguna Comunidad Autónoma y que solo gobierna un ayuntamiento de una capital de provincia en España, rechace entrar en el Consejo Ministros con una Vicepresidencia y tres ministerios. Sobre todo si consideramos que tiene un tercio de los diputados del PSOE. Pensamos que es un error histórico de Podemos cuyas consecuencias es pronto para evaluar. De momento, ha evitado ya en varias ocasiones que este país cuente con gobierno de izquierdas.
CIUDADANOS. La actitud de este partido, sus bandazos, sus absurdos “cordones sanitarios” su incoherencia, su atrabiliario recorrido desde su “social-democracia” inicial hasta sus pactos con Vox, tienen descolocados a sus electores, sus afiliados y a una parte importante de su dirección algunos de cuyos miembros lo han abandonado. El drama de Ciudadanos es que pretende ocupar un espacio político –El liderazgo de la derecha- que los electores no le han dado. Esto le obliga a situarse, en ocasiones, a la derecha del PP, cosa de por sí difícil, máxime si tenemos en cuenta que carece de su infraestructura y experiencia de gestión. Traicionando sus objetivos de sobrepasar al PP, lo han reforzado cuando peor estaban dándoles un importante balón de oxígeno, singularmente en Madrid.
Una actitud menos cafré y un acercamiento al PSOE, podría haber dado lugar a una legislatura de mayoría absoluta, 180, diputados que quizás habría resuelto algunos problemas importantes que tiene España.
PP. Se ha recuperado parcialmente de su de debacle electoral de abril. Ello ha permitido a su líder consolidarse y ahora aguarda una segunda oportunidad que la torpeza de la izquierda , inesperadamente le ha brindado. Juega a ser hombre de Estado pero le falta talla y varios hervores.
Vox. En su línea Nacional-Sindicalista y por el Imperio hacia Dios pero sin olvidarse de bajar los impuestos a los señoritos.
En definitiva, una pena y una ocasión perdida sobre todo si lo comparamos con Italia, en veinte dias de agosto Sergio Mattarella, Presidente de la República y Giuseppe Conte, primer ministro, han logrado un pacto de dos formaciones políticas irreconciliables, han neutralizado a Salvini y han configurado un gobierno de coalición. Claro que ellos no practican navegación a vela ni descansan en Doñana.

EL INDULTO

EL INDULTO

La hipótesis de conceder, por iniciativa del Gobierno, un indulto a los probables condenados por el llamado juicio sobre el proceso, ha originado numerosos comentarios. Los más controvertidos se han hecho en torno al tratamiento que tendría, desde la legalidad, la aplicación de tal medida de gracia, al margen de la valoración política de tal proceder.
Los aspectos sobre los que hay frecuentes comentarios entre los ciudadanos, que se reflejan en los medios de comunicación, son aquellos relacionados con la petición: ¿Quién puede solicitar el indulto? Y sobre el arrepentimiento de los condenados: ¿Sería preceptivo, para recibir la gracia del indulto, que los beneficiados con la misma manifestaran arrepentimiento por los delitos que fueron condenados?
La norma que rige la tramitación de los indultos es la ley del 28 de junio de 1870 “de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto”. Ley que fue reformada por la Ley 1/1988 14 de enero, por la que se modifica la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.
Si las leyes deberían estar escritas con la claridad suficiente para poder ser entendidas por personas sin formación jurídica, en este caso se cumple tal recomendación y tras leer las dos normas mencionadas se deduce con facilidad que no es preceptivo que la solicitud de indulto la haga el condenado, y tampoco lo es que se requiera el arrepentimiento del que sufre la condena por los actos delictivos que cometió y por los que fue condenado.
Tan solo hay una referencia en relación al arrepentimiento, en el artículo 25 de la Ley de 28 de junio de 1870, y dice que el informe del Tribunal sentenciador, no siempre preceptivo en la tramitación del indulto y no vinculante, irán pruebas o indicios de arrepentimiento que se hubiesen observado.
Concluido el juicio por el proceso, en el Tribunal Supremo, ha resultado más que evidente, por las respuestas de los acusados, al ser interrogados y por sus alegatos finales, que ninguno de ellos ha manifestado que esté arrepentido de sus actos, supuestamente delictivos. Ha ocurrido todo lo contrario, dado que algunos de ellos no solo han manifestado que no habían cometido ningún delito y que volverán a intentar llevar a cabo iguales acciones cuando tengan la ocasión.
Llegaron, incluso, al extremo de amenazar a todo un país con las reacciones contrarias de los catalanes en masa. Se pronunciaron como si ellos tuvieran un derecho innato a sentirse superiores al resto de los españoles y todos los ciudadanos de Cataluña estuvieran bajo su control para llevar a término cualquier tipo de actos, aunque estuvieran fuera de la legalidad.
Cuanto se diga en estas fechas sobre sentencias y posible indultos, no pasan de ser hipótesis que solo el tiempo confirmará o no.
Ante los hechos del proceso que se juzgan por el Tribunal Supremo, cualquier ciudadano se puede preguntar si las normas que rigen los mecanismos para conceder la gracia del indulto se basan en la lógica que maneja la ciudadanía. Es decir: ¿Se puede conceder la gracia del indulto a un delincuente que no se arrepiente de haber cometido el delito por el que ha sido condenado, y que por añadidura amenaza con volver a cometerlo cuando tenga ocasión?
Que a tales preguntas respondan los poderes legislativo y ejecutivo de este país, los ciudadanos deberían estar atentos.

ALTURA DE MIRAS Y GOBERNABILIDAD

ALTURA DE MIRAS Y GOBERNABILIDAD

Altura de miras y gobernabilidad es lo que viene pidiendo, en la revista Temas, José Felix Tezanos – director de la misma, en sus editoriales-. Dicha petición, además de denunciar carencias democráticas del momento, señalan e indican desafecciones y distanciamientos políticos de la ciudadanía. Por eso conviene preguntarse sobre lo que debe ser una buena Política (en mayúscula).
Sin duda, anteponer el Bien Común o el Interés General al bien individual y el interés particular, es una exigencia ética de la Política que centra la atención no en las apetencias de poder personal o partidistas sino en los problemas tanto globales como locales, que van desde las fracturas y brechas internacionales y amenazas del cambio climático, las guerras y la carrera de armamentos, hasta la necesidad de justicia y paz, bienestar, trabajo y garantías laborales para las familias, mujeres y hombres; vivienda digna, y servicios públicos de Salud, Educación –con una muy especial atención a los valores solidarios-, Pensiones, Seguridad Ciudadana, y conjunción de libertad e igualdad. En todos estos temas ni vale la retórica ni la egolatría. Y, sin embargo, constatamos un exceso de egoísmo en los liderazgos y marcadas distancias entre el decir y el hacer.
Por eso, tal vez, cuando se frustra la posibilidad de formar Gobierno, y con ello la de aprobar un programa de actuación social, con sus presupuestos, es inevitable que se constate preocupación y perplejidad ciudadana. Ante tal situación, si de verdad se es demócrata, hay que mirar sobre todo y ante todo los intereses del conjunto de toda la Comunidad, es decir, el Bien Común. Pero lo que se dice de los liderazgos lo debemos aplicar también a la propia ciudadanía, incluso en el gobierno o desgobierno de las comunidades familiares. Nos enfrentamos, pues, ante situaciones, problemas, disfunciones y disyuntivas que requieren una atención lo más objetiva posible y lo menos individualista y partidista posible, si de verdad se quiere estabilidad y gobernabilidad en beneficio del conjunto de la Comunidad y del Estado Español, dentro del marco más amplio de la Unión Europea.
Adolecemos, sin duda, de formación cívica, y como advirtiera años ha Ernest Lluch, frente al predominio económico y sus presiones, necesitamos más y más Cultura Política –desde una base ética de compromiso social comunitario-.
Revisar las capacidades de la naturaleza humana, sus hábitos positivos y negativos, y su racionalidad e irracionalidad –a veces- es urgente si se quiere alcanzar un mayor grado de representatividad y que no se llegue a deslegitimar la democracia actual.
En sus lecciones sobre la Política, Aristóteles dedicó su último capítulo a lo que tal vez deba ser lo primero: “La educación de los jóvenes”. Estado ideal no parece que exista. Pero sí hay que mejorar, y mucho, los modos de organización y de conservación de la Democracia.
En consecuencia, a pesar del tiempo que nos separa, también podemos añadir con Aristóteles, en nuestro contexto actual, lo siguiente: “el buen gobernante debe ser bueno y sensato, y… el político ha de ser sensato… Por otra parte… la virtud de un ciudadano digno parece que es el ser capaz de mandar y obedecer bien” (ver Política, libro III, Editorial Gredos, Madrid, 2008, págs. 161-162).