CUANDO EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD- SOBRE POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD-

CUANDO EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD
-SOBRE POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD-

Un centro directivo de la Administración Pública, con cien funcionarios, gozaba de buena fama por lo acertado y ágil de su gestión. El director era un profesional con amplia experiencia. Con trabajo y entrega logró llevar la labor del centro a altas cotas de eficacia. Pero…, los responsables políticos decidieron que dejara el cargo directivo y se reintegrara al puesto que le correspondía como técnico de la Administración Pública, porque tenía cierta edad y se imponía la renovación con personas más jóvenes.
Además, claro está, había otra razón oculta: destacaba como militante del partido en el poder, no por ser un fiel seguidor de las directrices oficiales si no por ser crítico con ellas. En contraposición, el nuevo director era joven, carecía de experiencia en la Administración Pública, no era funcionario, pero si un fiel seguidor de las directrices de los responsables del partido político en el poder.
El joven responsable detectó al poco tiempo de ocupar la dirección que uno de los funcionarios incumplía con el horario, salía y entraba cuando quería, faltaba, se daba de baja con relativa frecuencia y su trabajo era deficiente. No estaba dispuesto a tolerar la situación y tomó medidas para todos los funcionarios del centro. Controló con rigor las entradas y salidas del personal para lo que utilizó listas de firmas, limitó el tiempo que los funcionarios podían dedicar a tomar café, también bajo control, redujo el uso del teléfono y repasaba, con lupa, cada escrito que salía del centro lo que hizo incrementar progresivamente los tiempos de tramitación hasta superar ampliamente los plazos legales.
Las medidas no dieron resultado pues aunque noventa y nueve funcionarios cumplían, el de siempre burlaba los controles con facilidad y mantenía sus hábitos de siempre.
El director no renunció a sus tácticas de control y extremó aún más las medidas. Las hojas de firmas pasaron del conserje a su secretaria y terminó en su mesa, aunque como director le era imposible cumplir con los horarios. Para completar la situación hacía pasar, de tiempo en tiempo, una hoja de firmas por los puestos de trabajo para controlar la presencia de los funcionarios en los mismos. Todo cuanto hizo resultó inútil porque el incumplidor iba por delante de sus medidas y las burlaba con facilidad.
Los funcionarios del centro directivo sometidos a una dinámica tan cretina se sentían vigilados y controlados como si fueran delincuentes. Al tiempo que aumentaban los controles disminuían la eficacia y la agilidad del centro y, además, el absentismo de los funcionarios se disparó.
Bastaron dos años para que los superiores del joven y fiel director consideraran que ya tenía experiencia suficiente para ocupar cargos de mayor responsabilidad y aquel centro directivo, dado su bajo rendimiento con atasco de expedientes y objeto de continuas quejas de los ciudadanos, debía desaparecer y distribuir sus funcionarios, entre ellos el incumplidor, y sus funciones entre otros organismos.
En otro orden de cosas y con otra perspectiva, pero de forma similar en cuanto a la repercusión social, la extensión de los casos de corrupción, en todos los niveles de la clase política, ha lanzado a los poderes del Estado a supuestas campañas de vigilancia y control de la ciudadanía, como si todos y cada uno de sus miembros fueran los responsables de la corrupción no un porcentaje reducido de ellos.
Con tal fin se han puesto a todo gas a la maquinaria legislativa para elaborar nuevas disposiciones, cuando con las que son de aplicación bastan y sobran para acabar con los corruptos. Las Administraciones Públicas han puesto en estado de alerta a los numerosos cuerpos de inspección de los que disponen, que han comenzado sus actuaciones para hacer cumplir, a rajatabla, con cantidad de normas no todas ellas acertadas ya que han proliferado hasta tal extremo que algunas son inaplicables, otras contradictorias, muchas interpretativas, y no pocas tan inútiles como los responsables de elaborarlas, lo que hicieron con el único fin de la autojustificación.
Estas campañas demenciales vienen a multiplicar la burocracia, atemorizar a los ciudadanos y a complicar aún más la supervivencia de numerosas empresas y entidades, así como a incrementar la economía sumergida, de un país con índices de paro insoportables y con trabas, tan extremas para la puesta en marcha y funcionamiento de actividades de todo tipo, generadoras de empleo, que lo sitúan con ventaja, en negativo, a la cabeza de los países supuestamente desarrollados.
La clase política, dado su comportamiento, actúa con el mayor cinismo como si no supiera que el foco principal de corrupción está justamente en sus organizaciones, así como en sectores muy concretos de la sociedad, defraudadores y corruptos, próximos a ellas. El objetivo que tienen que perseguir es resurgir renovadas y dispuestas a no tolerar, en el comportamiento de sus miembros, el menor desvío de la ética más estricta y exigirles eficacia a los que tengan responsabilidades públicas, para seguir adelante con un mínimo de dignidad y sacar a este país del atolladero en el que los responsables políticos lo han metido.
Ni el clientelismo o el servilismo político es un remedio para la reforma de la Administración, ni las medidas genéricas son una solución a problemas puntuales, concretos o individuales, ni la corrupción en distintos ámbitos económicos, sociales y políticos, puede atajarse incrementando normas y trabas que dificulten la generación de empleo y la actividad productiva. La proliferación legislativa y normativa suele ser síntoma del incumplimiento de la legalidad. Mejor, pues optar por la profesionalidad, atajar directamente las deficiencias y carencias, e invertir en cultura de la responsabilidad, a todos los niveles, y en I+D+I para lograr un desarrollo acorde con las exigencias de nuestro tiempo.

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