UNA CONCEJALA RETRIBUIDA CON 105.000 EUROS AL AÑO

 

 

 

 

UNA CONCEJALA RETRIBUIDA CON 105.000 EUROS AÑO

Hablar de los desatinos que acompañan a la gestión de la municipalidad parece un mal hábito. Calificar a la Administración Local de un cáncer que padece este país y que necesita de un tratamiento enérgico, para controlar, al menos, su malignidad, puede ser una exageración. Pero lo cierto es que resulta muy difícil encontrar, con carácter genérico, un quehacer positivo de los responsables de gobernar y administrar los miles de municipios que conforman este país.

En plena crisis económica, cuando los casos de corrupción se multiplican en las Administraciones Públicas, especialmente en la Local, y saturan los juzgados; y cuando está en discusión un anteproyecto de Ley sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, surgen dos noticias que le afectan y que deben comentarse   con el fin de que la ciudadanía conozca tantos despropósitos.

Conviene reaccionar y acabar con las arbitrariedades al uso. El mismo día que la Junta de Andalucía hizo saber que los funcionarios de la Administración Autónoma cobrarían, durante el año 2014, unas pagas extraordinarias reducidas; y, aunque ello se sumaba a otras muchas medidas de reducción salarial de todos los funcionarios públicos, eliminación de organismos y despido masivo de interinos y contratados, el Alcalde de Sevilla decidió aumentar el salario, en un cincuenta por ciento, a una de sus ediles. En números redondos pasó de 70.000 euros a 105.000 euros, anuales. Esto  significa que el salario de la concejala, en cuestión, es mayor del que cobra el Presidente del Gobierno, la Presidenta de la Junta de Andalucía y que el propio Alcalde de Sevilla. No hay motivo alguno que justifique tal disparate y los responsables del mismo merecen un castigo político proporcional a una barbaridad de esa magnitud.

Además, consta que en el Ayuntamiento de Sevilla hay decenas de trabajadores que cobran más que el Alcalde.

La oposición apenas le ha dado importancia al dislate y, tras algunos tibios comentarios críticos, ha dejado el asunto, quizá porque piense en hacer desatinos de similar envergadura si alguna vez alcanza de nuevo el gobierno del municipio.

La segunda noticia proviene de datos dados por el Banco Mundial en relación a la facilidad para instalar actividades industriales en 185 países.  Con todas las reservas en relación a la fiabilidad de los datos de las instituciones internacionales, que aciertan poco en los últimos tiempos, los resultados sitúan a España en el puesto 136 en el año 2012 y en el 142 en el año 2013.

La interpretación a este resultado es muy sencilla: el país con el segundo porcentaje de paro más alto de la Unión Europea es, al mismo tiempo y entre todos los países del mundo, uno de los que pone más dificultades para instalar y poner en marcha actividades industriales.

¿Qué tiene que ver la Administración Local con resultado tan negativo? Pues… todo, porque los municipios son los que conceden la inmensa mayoría de las licencias para las actividades industriales.

En la clasificación que da el Banco Mundial en lugar de España, deberían figuran los municipios españoles.

Durante los años en los que surgió y se infló la burbuja inmobiliaria los municipios españoles rechazaron miles de solicitudes de actividades industriales, por los motivos más disparatados y pintorescos, y otras muchas los solicitantes renunciaron a instalarlas ante tantas exigencias y ante una morosidad de años en la tramitación administrativa, técnica y política.

Daba la impresión de que los responsables municipales solo pensaban en la recalificación del suelo, en busca de plusvalías, lo que entre otros efectos negativos estaba el facilitar el desarrollo de la corrupción, entre políticos, banqueros y empresarios, el desmadre urbanístico y, en definitiva, provocar la crisis económica-financiera. Olvidaban que un país sin un tejido industrial consolidado, tendrá siempre problemas graves de empleo y su grado de desarrollo y riqueza no se consolidará estructuralmente.

El proyecto de Ley sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local      está en el Congreso de los Diputados, para su tramitación y su aprobación como Ley. El título de la norma parece indicar que se pretende terminar con los frecuentes abusos de los municipios, en cuanto a las retribuciones de algunos de sus trabajadores, así como eliminar la burocracia estéril para facilitar la implantación de actividades industriales. Su contenido, por desgracia, no apunta a esos objetivos.

Parece que a los políticos lo que más le preocupa son sus intereses particulares.

 

 

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Un pensamiento en “UNA CONCEJALA RETRIBUIDA CON 105.000 EUROS AL AÑO

  1. El sueldo de la concejala del Ayuntamiento de Sevilla y las trabas burocráticas a la industria, son dos muestras clarisimas del dislate en el que se ha convertido la política municipal en nuestro país.Excelente y esclarecedor artículo.

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