NO QUIERO UN REPARTO TERRITORIAL SINO UNA REFORMA FISCAL

NO QUIERO UN REPARTO TERRITORIAL SINO UNA REFORMA FISCAL

 

Al calor de la polémica surgida por la reivindicación independentista de Cataluña se están ocultando a la opinión pública algunos elementos fundamentales para que la ciudadanía pueda juzgar correctamente los diferentes argumentos en liza.

 

Por lo pronto, se intenta hacer invisible cuánto hay de mala gestión pública  por parte de los responsables políticos que protagonizan la reivindicación secesionista. Nada mejor para ese fin qué dirigir el descontento hacia un supuesto enemigo exterior.

 

Existe actualmente en Cataluña un justificado malestar, lo mismo que en el resto de los territorios del Estado, por la crisis institucional, social y económica  que perjudica de una manera desigual a amplios sectores de la sociedad.

 

En estas circunstancias ofertar un camino, por problemático e insuficiente que fuese el final del mismo, goza en los momentos actuales de una credibilidad que de ser otra la situación de partida no tendría de ninguna manera. Pues una gran parte de los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que desarrollan su vida, padecen un brutal retroceso en sus condiciones de vida y una merma considerable en sus expectativas de futuro.

 

El presente es hoy un terreno abonado para que personajes sin escrúpulos hagan diagnósticos falsos y propongan inadecuados tratamientos para los males que nos afligen.

 

Ni los inmigrantes, ni los romaníes ni la estructura del poder territorial ni el llamado turismo sanitario intercomunitario, ni el “fontanero polaco” ni los “sin techo” son la causa de esta desazón en la que vivimos.

 

Hasta el menos conspicuo de los observadores puede darse cuenta de que ninguna de las medidas que se están aplicando para, supuestamente, salir de la crisis tiene como objetivo exigir las responsabilidades pertinentes a los que la han ocasionado y, menos aún, que sean los que soporten el peso principal de la crisis.

 

Por el contrario, las medidas impuestas tienen como primer objetivo resarcir a las entidades financieras de las pérdidas que les han originado sus cálculo erróneo y codicioso, detrayendo para ello los recursos precisos para equilibrar sus cuentas mediante el aumento de impuestos no progresivos, reduciendo los salarios, facilitando y abaratando los despidos, persiguiendo sistemáticamente la acción sindical y aboliendo las prestaciones sociales que habían adquirido ya la naturaleza de derechos adquiridos.

 

Mientras, el mismo Banco que se ha salvado de la quiebra gracias a la cuota parte que se  vio obligado a pagar, entre otros su deudor hipotecario, consuma la ignominia de despojarle de su vivienda y convertirle en deudor personal probablemente para el resto de su vida.

 

Se está produciendo una cínica redistribución de la riqueza a la inversa, pues los medios económicos que se obtienen con el ahogamiento de la clase más débil y la demolición de la clase media, amén de la destrucción de la cultura y de la ciencia, sirven para salvaguardar y aumentar la riqueza de los más poderosos.

 

Cuanto llevamos dicho vale, en lo que a cada cual corresponde, para los más acomodados de Cataluña, de Valencia o de Andalucía y para los más sacrificados por las medidas que se han adoptado para combatir la crisis en esas mismas comunidades.

 

¿Cómo se puede hablar de que uno y otro segmento de la sociedad se ven idénticamente maltratados? ¿Puede de verdad  creerse que una Cataluña soberana va a resolver estos problemas?

 

Lo que hace falta es, en primer término, deslegitimar como terapeutas a quienes antes han oficiado de pirómanos, vía Goldman Sachs o Lehman Brothers,  y ahora ejercen de bomberos.

 

Hay que regular las entidades financieras para que devuelvan a la sociedad lo que han afanado de ella.

 

Hay que hacer  que en Cataluña, y en el resto de España, pague más quien más tiene mediante una reforma fiscal que se atenga al mandato de nuestra Constitución y reciba más, mediante un gasto público redistributivo, también de acuerdo con el mandato constitucional, quien más necesitado se encuentre.

 

Me temo que algunos no quieren ir por ahí. La publicación de las balanzas fiscales para ver cuánto aporta y cuánto recibe cada Comunidad, en pos de la milagrosa ecuación de recibir lo que se da, viene a ser lo mismo que si alguna vez se estableciera un sistema fiscal de ingresos que merezca ese honroso nombre, en el que los mayores contribuyentes pretendieran que el gasto público que se les asignase equivaliese al importe de los impuestos que pagasen.

 

Más importante sería que se publicaran los ingresos y  los patrimonios personales o por lo menos que la Agencia Tributaria y las oficinas presupuestarias tuvieran un banco de datos verosímil de los contribuyentes. Lo otro es humo y algodón de feria con los que la izquierda no debería entretenerse.

Carlos Navarrete Merino

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