LOS CURSOS DE FORMACIÓN, PARA LOS TRABAJADORES, UN ESCÁNDALO FICTICIO

LOS CURSOS DE FORMACIÓN, PARA LOS TRABAJADORES,
UN ESCÁNDALO FICTICIO

Los andaluces llevan meses soportando el machaqueo, por parte de medios de comunicación, partidos políticos, Gobierno Autónomo e incluso de la jurisdicción, con los cursos de formación para los trabajadores y la corrupción. Se habla del despilfarro de millones, de decenas de millones, de miles de millones, por parte de diputaciones, municipios, organizaciones empresariales y sindicales, de entidades sin ánimo de lucro, de pequeñas empresas y de particulares.
La jurisdicción pretende iniciar una causa general sobre la materia, para suplantar a la Administración Autónoma en sus funciones. Es un disparate mayúsculo, similar al que se pretendió hacer con el Parlamento Andaluz, por parte de un miembro de un poder del Estado que ni tan siquiera emana del pueblo sino de un tribunal de oposiciones.
Hasta la fecha han conseguido hacer un enorme
revoltillo de informaciones variopintas para perjudicar en primer lugar a los miles de trabajadores que consiguen aumentar su formación por medio de estos cursos – de ahí su enorme importancia -, y en segundo lugar a los miles de trabajadores y de pequeñas entidades que viven de esta faceta de la formación tan decisiva para los alumnos y que prácticamente está paralizada en Andalucía. Todo ello, para más INRI, gracias a la incompetencia de la Administración Pública ayudada con espectacular ahínco por los partidos políticos, los medios de comunicación y la jurisdicción.
Tras meses de polémicas absurdas se anuncia, por parte de los responsables políticos de la Junta de Andalucía, la publicación de una misteriosa lista de entidades a las que la Administración Autónoma le asignó cursos para su ejecución.
Tal publicación es simplemente una resolución del Presidente del Servicio Andaluz de Empleo de 12 de diciembre de 2012, en la que se decide de acuerdo con la legislación vigente exceptuar la limitación que establece la Ley de Hacienda para que las entidades recogidas en la lista puedan optar a impartir nuevos cursos subvencionados sin tener el visto bueno de las justificaciones correspondientes a los expedientes de los anteriores cursos concedidos, consecuencia de la incapacidad para dar respuesta en tiempo y forma de la Administración Autónoma.
La resolución de referencia no se publicó en el BOJA porque dado su rango no era preceptivo hacerlo, en cualquier caso se trata de un documento público al alcance de cualquier ciudadano que lo solicite, incluyendo por supuesto a los medios de comunicación, y que debía estar en poder de las entidades recogidas en el anexo.
Lo lamentable es que dado el tratamiento que se ha dado a la cuestión, para la ciudadanía las entidades, más de mil, que recoge el anexo de la resolución entre las que figuran entes locales de todos los signos políticos, organizaciones sin ánimo de lucro, pequeñas empresas y algunos otros organismo oficiales son corruptas, cuando en realidad es muy probable hayan realizado los cursos que le subvencionaron de acuerdo con la normativa de aplicación. De no ser así es la Administración Autónoma quién debe exigirles las correspondientes responsabilidades y, si así lo recoge la ley, sancionarlos, lo que podría llegar a suponer la devolución de parte o de toda la cantidad asignada en la subvención para impartir los cursos. Dichas actuaciones están dentro de la normalidad, son propias de las Administraciones Públicas y distan mucho de la corrupción, de la actuación de la jurisdicción y de los muchos disparates divulgados en los últimos meses.
Una de las consecuencias de tantas falacias es la elaboración de una ley por el Gobierno Autónomo, llena de exigencias absurdas, similares a ciertas actuaciones de la inspección educativa, para castigar a las entidades dedicadas a este tipo de formación como si fueran culpables de no se sabe qué, en vez de fiscalizar en tiempo y forma las justificaciones de los respectivos expedientes y por supuesto pagar el importe de la subvención.
La nueva normativa hará imposible impartir cursos a muchas de las entidades que lo hacían correctamente y posiblemente numerosos trabajadores dejaran de tener posibilidades de formarse y otros de tener un empleo como docentes o gestores.
Al margen de la lamentable situación, para mal de trabajadores y entidades docentes de Andalucía, consecuencia de estos hechos impresentables, es evidente que la Administración Autónoma, en este punto, ha superado ampliamente el nivel de incompetencia tolerable y que los responsables de tanto despropósito deberían poner sus cargos a disposición, en vez de hacer tanto ruido en contra de la formación de los trabajadores, de los profesionales que imparten docencia y de los gestores honrados que trabajan en dicho cometido.

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