Hay algo peor que equivocarse, es persistir en el error. Irene Montero se ha equivocado porque habiendo hecho una ley que protege a las mujeres víctimas de delitos sexuales, ha dejado resquicios en la propia ley que permiten, en determinados casos, una rebaja de las condenas dictadas con anterioridad. Y ello a pesar de que, tanto el Consejo General del Poder Judicial como una Asociación de Mujeres Juristas, le advirtieron, antes de su publicación, que la ley podía tener esos efectos indeseados.
En España tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa, ahora bien, cada vez que se habla de reducción de penas, una caterva vociferante, donde destaca la derecha y la ultraderecha, se opone con ferocidad alegando el apocalipsis social y la destrucción del orden constituido. Sin embargo, un principio básico del Derecho Penal es la aplicación de la norma más favorable para el condenado y su retroactividad caso de resultarle beneficiosa. Así pues, de la misma manera que un principio del Derecho dice: » In dubio pro reo» (En caso de duda a favor del acusado) las personas que ejercen el poder judicial no han hecho otra cosa que cumplir la ley.
Cuando de acuerdo con la nueva ley del solo sí es sí, han comenzado las revisiones de condenas y, en algunos casos, ha habido una reducción de las mismas, Irene Montero ha persistido en el error acusando a los jueces de machistas y de no saber aplicar la ley. Estas acusaciones injustas y alejadas de la verdad, además de constituir una huida hacia adelante, han tenido la «virtud» de exasperar a toda la magistratura y a sus asociaciones, desde las más conservadoras hasta las progresistas.
El Gobierno se ha apresurado a decir algo obvio: «Las leyes son de todo el Gobierno». Sorprende no obstante, que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, el Presidente del Gobierno y la pléyade de juristas que trabajan para ellos, no hayan advertido un error tan garrafal. A menos que…
Otra cosa es la explotación y manipulación que el PP hace de estas cuestiones, tirándose al monte al afirmar que este Gobierno pone en la calle a violadores o que la ley no protege a las mujeres. Ambas falsedades se descalifican por sí mismas y no merecen más comentario. A nuestra derecha nunca les parecen las penas suficientemente duras, pues, si por ellos fuera, volveríamos a la Picota y a las ejecuciones con tortura en la plaza pública. Es decir, a la Edad Media.
No podemos evitar hacernos la siguiente pregunta: Si esta ley versara sobre otras materias y redujera las condenas de otro tipo de delitos como pueden ser los que afectan al Orden Público, la propiedad, o los de sedición: ¿Se habría armado semejante quilombo o barullo?.
En fin, habrá que esperar que el Supremo «Unifique doctrina», pero rectificar una ley o añadirle una disposición adicional no es ninguna tragedia. Rectificar es de sabios y «Sostenella y no enmendalla» es de tercos/as irrecuperables.