El partido popular chapotea penosamente desde hace varias décadas en un albañal de corrupción donde abundan las comisiones ilegales, el desvío ilícito de dinero público, los dossieres comprometedores y los espionajes a sus propios dirigentes con unos procedimientos propios de las organizaciones mafiosas. Eso por no hablar de sobresueldos, de opacidad fiscal, de la mal llamada «Policía patriótica» que unía a su condición espuria de utilizar medios públicos para fines privados, la de estar cometiendo un delito de ocultación de pruebas y obstrucción a la Justicia. Han estado financiando las actividades partidistas de los últimos 20 años, especialmente las campañas electorales, a costa de las comisiones fraudulentas de los contratos públicos suscritos con las administraciones que controlaban y eso, a todos los niveles: Ayuntamientos, CCAAs y Gobierno Central. Tanto han insistido en esta línea que, hay varias sentencias que califican al PP de organización criminal.
Tan evidente ha sido el origen delictivo de su excesivo gasto en campañas electorales que, de haber participado en una competición deportiva en vez de electoral, habría sido descalificado por dopaje.
Finalmente, en 2018, la corrupción hizo caer el gobierno de Mariano Rajoy, mediante una moción de censura que venía a establecer unos mínimos de higiene democrática.
Es en este marco de corrupción política donde debemos situar la actual batalla en el seno del PP. Es una lucha por el poder a tumba abierta desprovista de cualquier matiz ideológico diferenciador, que se desarrolla entre un débil líder nacional con una política errática, y una presidenta de Madrid que ha arrasado en las últimas elecciones de su comunidad, que maneja un presupuesto multimillonario (del que ya se está beneficiando su familia) y resuelta a disputar al líder el poder máximo dentro de la organización. Por cierto, cachorros ambos de la misma camada, criados a los próvidos pechos de Esperanza Aguirre.
Pablo e Isabel se intercambian acusaciones en público y en los medios de comunicación que, aunque esto lo tendrán que fallar los jueces, son presuntamente constitutivas de delito. Posiblemente, ambos tienen razón.
En efecto, cobrar una comisión por una adquisición de la administración donde tu hermana es la máxima representante, al margen de consideraciones éticas o políticas, puede caer bajo el Código Penal. Así mismo, espiar a un cargo público utilizando otro cargo público -ese fontanero dimisionario incrustrado en el ayuntamiento de Madrid – esos detectives que no se sabe quien paga, esas filtraciones documentales… Todo eso tiene un terrible aspecto de sumario judicial.
Parece que, como decía Pio Cabanillas Gallas, aquel ministro de Franco, fundador del primitivo PP y ministro varias veces de UCD: ¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros! En el PP han llegado «Los nuestros» y se van a despedazar entre ellos. Es probable que se pacten alto al fuego y treguas (pues todas las guerras las tienen) pero, cerrar la contienda sin victimas una vez declaradas las hostilidades, se nos antoja poco menos que imposible.
Lo más lamentable es que esta guerra interna es absolutamente ajena a los intereses y necesidades de los ciudadanos, saca a la superficie lo peor de un partido político, perjudica a la democracia y tiene como único beneficiario a Vox.