LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA Y LOS CURAS PEDERASTAS

            Hace pocos días la Conferencia Episcopal francesa ha publicado los resultados de una investigación impulsada por este organismo, sobre pederastia en el seno de la Iglesia católica en Francia, que ha determinado que 216.000 niños y niñas de este país habían sufrido abusos sexuales por parte del clero del país galo. La cifra se eleva a más de 300.000 si se incluye a laicos al servicio de colegios religiosos. Otros países europeos como Alemania han hecho lo propio.

            En el caso de nuestro país, la Conferencia Episcopal acaba de negarse a iniciar cualquier pesquisa que pueda esclarecer, siquiera sea aproximadamente cuántos menores han sido víctimas del clero español en el lapso de tiempo que abarca desde 1940 hasta 2020. Mucho menos a hablar de reparaciones e indemnizaciones que, como damnificados, pudieran corresponderles.

            Hace años publicamos un artículo en estas páginas: «Francisco y los curas pederastas» que reflejaba nuestra posición al respecto; La jerarquía eclesiástica ha considerado siempre estos delitos como pecados y como tales, y en secreto, han sido tratados. Además, ha ocultado y protegido a estos malhechores, convirtiéndose así en cómplice de sus delitos pretendiendo preservar a la institución por encima de la justicia y perpetuando una situación que sólo muy recientemente ha comenzado a cambiar.

            En España, ni la jerarquía de la Iglesia Católica ni los sucesivos gobiernos de uno y otro signo han hecho nada por esclarecer estos delitos que van desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días.

            Rodríguez Zapatero mejoró la dotación del clero quizás pensando que, de esta forma, se los ganaría o al menos, no serían tan virulentos. ¡Pobre iluso! Se encontró a los obispos y cardenales manifestándose en las calles con Rouco Varela al frente.

            El hecho es que la Iglesia Católica y especialmente su jerarquía tienen un problema de abusos sexuales de suma gravedad y alcance planetario, porque no son casos aislados que se produzcan en un sector del clero o en un país determinado, sino que ocurren allí donde el catolicismo está implantado, es decir, en una parte importante de nuestro planeta y, singularmente, en América del Norte, América del Sur y Europa.

            Parece, pues, llegado el momento de que en España se investiguen los abusos y delitos cometidos por el clero singularmente en la época del nacional-catolicismo franquista cuando el poder de la Santa Madre era inmenso y nadie se atrevía a oponerse a sus tropelías. Sin obviar el periodo democrático donde se han seguido perpetrando algunos de estos hechos, con la diferencia a favor que, unos pocos al menos, se han denunciado y han llegado a los tribunales. Pues, ni siquiera tras el Concilio Vaticano II, se fue capaz de que el celibato fuera opcional y que la mujer pudiera optar al sacerdocio.

            La Conferencia Episcopal ya ha dejado claro que ellos no van a analizar ni hechos ni causas de esos comportamientos delictivos. Pero en nuestro país hay partidos políticos, sindicatos, asociaciones de todo tipo, corporaciones profesionales (muchas relacionadas con la Justicia) que podrían jugar un papel importante en este asunto. También el Parlamento, y, en última instancia, el Estado.

            El Islam, y las Iglesias evangélicas, parece que tienen una relación más natural de su clero con la sexualidad, a pesar de sus propios contextos de patriarcado y de resistencia al derecho de igualdad de la mujer y el hombre. 

            Quizás ayudaría a la resolución de este grave problema, al menos en buena parte, el que la cúpula de la Iglesia reconsiderara su posición con respecto al celibato del clero permitiéndole a este casarse, a ver si así dejan de perseguir a niños y a niñas y disminuye drásticamente el número de víctimas. 

POR UN MODELO DE EMPRESA PÚBLICA

         No somos expertos en nada, ni pretendemos serlo,  y menos en el sistema de subastas por  las que diferentes fuentes de energía marcan los precios en el mercado de la electricidad, pero sí padecemos como consumidores la subida continua de la factura de la luz, y queremos opinar sobre ello

         Todo empezó en 1977, (¿quién sería?) cuando, por imposición de la UE se entró en un proceso de liberalización del sector eléctrico, que añadió, a la instrucción europea, algunas “particularidades” made in Spain: la venta de Endesa con lo que se renunció a la participación en el nuevo escenario de una empresa pública, que sí mantienen otros países europeos, como veremos; se detrajeron del erario público unos millones, 1500 M€, para pagar a las empresas eléctricas unos costes de transición a la futura competencia; y se implantó un sistema de subasta caótico para fijar el precio diario de la energía..

         Para rizar el rizo, poco después se condenó a las energías renovables, (¿quién sería?), en beneficio de estas empresas dominadoras ya del mercado y del capital alemán con fuertes intereses en la energía solar (impuesto al sol, etc.), con lo que se perdieron inversiones en marcha, de las que aún colean las reclamaciones de devolución en los tribunales.

         Todo este proceso de pasar de un sistema centralizado de producción eléctrica a uno de libre competencia, conlleva unas inversiones que no se realizaron y abocan a una situación de oligopolio, ante una privatización de un sector estratégico, fundamental e imprescindible para la vida de la gente; intereses privados alejados y olvidados del interés general, y fuera del tratamiento de servicio público que merece todo bien esencial.

         Con la misma directriz de liberación europea, Francia, Italia, Suecia, Noruega.., entre otros mantienen un modelo de servicio público inexistente en nuestro país. ENEL, empresa pública italiana es la dueña de ENDESA, ex-empresa pública española, que de esta manera deriva sus beneficios a su país.

         Es decir con esta regulación hay un oligopolio de hecho, un reducido grupo de empresas, y sus filiales, controlan el mercado y los precios, que no son propiamente por su producción, ni por mejoras tecnológicas, que están incluidos en el recibo

         Abundando en esto último, el sector eléctrico con esta regulación no cumple con la libre competencia y olvida el obligado constitucional del “interés general”, y bien que lo sufrimos ciudadanos y empresas como consumidores..

         No es una solución total a un problema estructural, pero en la UE cuentan con empresas públicas, de producción y distribución eléctrica, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia,.., con lo que no sería ninguna locura, homologar el papel del Estado, también en esto,  con los de los países de nuestro entorno.

         Hay más países, Australia, Canadá, EEUU, Israel, Japón, Suiza.., que también cuentan con empresas y modelo públicos.

         A ver si los raros vamos a ser los españoles…