LA FACTURA DE LA LUZ Y EL DECRETO

         ¿Qué eleva la factura de la luz?

         Como nos ilustran a diario los medios, la factura depende de una parte fija, que pagamos sí o sí, y otra que depende del consumo, variable, que depende de la clase de energía que nos suministren y del tipo de contrato que tengamos. Hablemos de esta parte variable.

         El precio de la “luz” que consumimos se decide en el Mercado Mayoritario en una subasta diaria, de los distintas clases de energía, dependiente de la oferta y la demanda, y que marca la necesaria planificación de lo que van a ofrecer las Centrales.

         El orden de la subasta es: de la energía más barata a la más cara, nucleares e hidroeléctricas (ya amortizadas), primero, no fósiles después y si la demanda de KW,s sube, entran las que usan carbón y gas, las más contaminantes y por tanto las más caras. El precio final de esta subasta, el del KW que llega al recibo, es el de la energía más cara

¿Qué está en contra del consumidor y de las necesidades energéticas de las empresas? Estamos pagando las facturas más caras que nunca porque se han encarecido los derechos a contaminar por CO2, un “mercado” donde los países ricos (sus empresas son las que contaminan), pagan a los países pobres cuotas por seguir contaminando, y el precio del gas,  por razones geopolíticas y de demanda.

         Ha pasado el verano, con períodos máximos de demanda de energía y seguimos pagando precios elevados, y cuando llegue el invierno se producirán situaciones similares, el consumo y el precio subirán aún más y la previsión es que esa escalada persista hasta la primavera, hasta el mes de marzo de 2022.

         Invertir esta tendencia de los precios de la energía eléctrica a la subida escandalosa sin modificar ese mercado, al albur de manipulaciones, no es tarea fácil ni inmediata, por lo que el Gobierno desde principios de verano ha comenzado a tomar medidas..

         Primero, ha reducido los impuestos que siendo del sector inciden en la factura, a saber: de la medida de suspensión, temporal, del Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica del 7% en el tercer trimestre de este 2021, y la reducción del IVA del 21 al 10%. El coste en la factura por los impuestos es aproximadamente del 22%. A continuación, y muy recientemente, el Gobierno aprobó un Real-Decreto Ley, para paliar una situación excepcional y sin precedentes, en su redacción, muy protestado incluso con amenazas de cierre patronal por las eléctricas (hecho que puede ser objeto de otra tirilla en el blog).

         Esa Norma produce lo siguiente:

  1. Obliga a devolver a las Eléctricas los beneficios extraordinarios al asignar  a su generación eléctrica los costes de gas que no soportan, estimados en 2.600 M€, hasta donde los expertos calculan la escalada en el precio del gas, marzo de 2022. Además lo limita a los beneficios obtenidos por encima de un precio del MW hora, 20 €, y al  90% de esos beneficios, y la Comisión de la Competencia, CNMC trasladará esa reducción a la factura.
  •  Rebaja del 5,1% al  0,5 %, del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que al estar transferido a las CCAA, tendrá que compensar.
  • Limita o topa la tarifa regulada de gas al 5% en los dos siguientes trimestres y, antes de que acabe el año se aprobará un calendario para incentivar las subastas a largo plazo, en las que las eléctricas ofertarán en función de la demanda prevista.
  • Garantiza un suministro mínimo, 3,5 KW para consumidores vulnerables, Bono Social Eléctrico, seis meses más sumados a los cuatro actuales.
  • Modifica la Ley de Aguas y fija reservas mínimas almacenadas para evitar deterioros medioambientales y facilitar actividades económicas de uso por los municipios.

         En fin, medidas temporales y limitadas, para esperar a que amaine el temporal, pero que señalan el camino para una reforma estructural de un “mercado” de un bien esencial para la vida y  el bienestar, y estratégico  para la economía, que algunos quieren convertir en otra arma arrojadiza contra el Gobierno. 

UN NUEVO CURSO POLÍTICO

El Gobierno afronta un nuevo curso político con algunos triunfos en la mano y varias incógnitas importantes por despejar. Entre los primeros cabe citar el incuestionable éxito de la campaña de vacunación, que no sólo ha cumplido el objetivo de llegar al 70 por ciento de la población en agosto sino que, además, nos ha situado como uno de los países con mayor población vacunada del mundo. El éxito no es solo del Gobierno, sino de una sociedad española informada y proclive a las vacunas y de un sistema sanitario público que, a pesar de necesitar un mayor fortalecimiento, ha hecho y hace un extraordinario esfuerzo para atender a los enfermos de Covid-19, el resto de las patologías y vacunar masivamente a la población. El otro triunfo evidente y cuantificable es la reactivación económica. Ello ha permitido la salida de cientos de miles de trabajadores, los ERTE y la creación de empleo en los últimos meses.

         El turismo de los españoles/as ha contribuido eficazmente al sostenimiento de todas las variantes hoteleras y hosteleras amen del comercio y el turismo internacional, ha iniciado una lenta recuperación que puede acelerarse con las bajas incidencias que comienzan a anotarse en España.

         Además, dentro del desastre de la retirada de Afganistán, nuestro país ha conseguido evacuar en pocos días a varios miles de personas y establecer un punto de acogida y distribución que, por lo que sabemos, funciona con eficacia. De hecho, el 8/9/2021, el titular de Exteriores, se ha comprometido a negociar con los talibán la salida del personal afgano que ha colaborado con las fuerzas españolas.

         Entre las incógnitas destacan dos especialmente preocupantes: El precio de la electricidad que amenaza a muchas familias españolas y a la recuperación; y La cuestión catalana.

         En el primer caso, cabe señalar que los españoles pagamos unos precios por el fluido eléctrico más caros de Europa. Esto es así históricamente sin que gobiernos de izquierdas o derechas hayan hecho gran cosa por evitarlo. ¿No es posible intervenir el precio de la electricidad o crear una empresa pública? ¿Es que estamos a merced de Endesa, Iberdrola, Naturgy y demás empresas del sector? ¿De verdad no hay nada que hacer? Si un Gobierno como el actual no hace nada al respecto, ¿Quien lo hará? ¿Pablo Casado? En algún analista económico hemos llegado a leer que el consumidor debe percibir un “umbral de dolor”  en la factura eléctrica. ¿Cuánto dolor debemos soportar para que se replanteen los grandes beneficios de las compañías eléctricas?

         La cuestión catalana parece aún más insondable. Los distintos grupos independentistas no se ponen de acuerdo entre ellos y, además, piden lo que saben no pueden obtener:
Amnistía y Referéndum de autodeterminación. El futuro de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern parece cuando menos incierto.

         Todo ello con un PP cada vez más radicalizado y obsesionado con VOX, capaz de ponerse enfrente del Gobierno en mitad de una crisis política y diplomática con otro Estado (Marruecos), objetar la operación de evacuación en Afganistán realizada por el Ejército Español a las órdenes del Gobierno, o afirmar hasta la saciedad que la campaña de vacunación puesta en marcha en nuestro País constituye un rotundo fracaso.

         El Nuevo Curso Político se anuncia, pues, políticamente  movido no sólo en el sistema educativo y sanitario sino en las relaciones internacionales y en la propia vertebración territorial como Estado Social y Democrático de Derecho.