Hace unos días en el Congreso de los Diputados se produjo un hecho sobre el que, los socialistas deberíamos reflexionar: El PSOE junto con el PP y Vox, votó en contra de la Propuesta de Resolución que propugnaba abrir una investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos de Borbón (JCB). Ante este hecho sin duda significativo y susceptible de causar vergüenza propia y ajena, cabe preguntarse si los socialistas españoles estamos obligados a apoyar y, en su caso, encubrir al susodicho rey.
Dada la trayectoria del personaje en cuestión, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza y el Supremo español por blanqueo de capitales y comisiones ilegales y acaba de hacer una regularización ante la Hacienda española para evitar un posible procesamiento, no parece lógico que el PSOE no esté a favor de una Comisión de Investigación parlamentaria para esclarecer diversos asuntos turbios en relación con JCB que, se presume, tiene una gran fortuna amasada durante sus largos años de reinado y después de su abdicación.
¿Acaso los españoles podemos hacer caso omiso de una vida de lujos asiáticos, incluidas carísimas amantes cuando su propio hijo, Felipe de Borbón, lo ha privado de la asignación que disfrutaba como miembro de la familia real?
¿Hasta dónde va a llegar el apoyo y, en su caso, la complicidad del PSOE con JCB? ¿Hasta adonde diga Margarita Robles? ¿Estamos obligados por medio de la disciplina de partido por alguna Resolución del último Congreso?
Durante muchos años, todo el reinado de JCB, ha habido un consenso en torno a la figura del rey que, alguno consideraba inmaculada, apoyado por la prensa que ignoraba o silenciaba sus escándalos: Cacerías, aventuras amorosas, negocios inconfesables etc. etc. Es decir, lo que han hecho los borbones en su vida privada a lo largo de la historia. Porque de la pública es mejor no hablar. El que tenga curiosidad y tiempo que lea, dentro de los
Episodios Nacionales de Pérez Galdós, “El terror de 1824” o la propia Historia de España que siempre está ahí para ilustrarnos.
El debate arteramente sustraído por Adolfo Suarez, entre monarquía y república y un posible referéndum sobre la forma de Estado, que sucesivos gobiernos del PP y el PSOE han sepultado bajo siete estados de tierra, está más vivo que nunca y muchos españoles no se sienten vinculados con una institución –La monarquía- a la que no encuentran sentido alguno. Nada ha sido más demoledor para la institución que Juan Carlos de Borbón y algunos miembros de su familia.
En todo caso la inviolabilidad del Jefe del Estado que refleja la Constitución, es una prerrogativa inaceptable y una pervivencia medieval en una sociedad democrática y moderna. Como se ha dicho por constitucionalistas de largo recorrido en Sevilla (Javier Pérez Royo y Manuel Carrasco Durán): tanto la inviolabilidad (art. 56.3) como el refrendo (art. 64) “son dos reliquias históricas que se mantienen por tradición y que se limitan sencillamente a recordarnos cuál ha sido el origen de la monarquía parlamentaria de nuestros días”.
Si Donald Trump se atrevió a decir antes de ser presidente de los EEUU que su popularidad era tal que podría matar a alguien a plena luz del día en la Quinta Avenida del Nueva York , sin que le pasara nada, el rey de España con la Carta Magna en la mano ¿podría, en un rapto de locura transitoria, apuñalar a una vendedora de castañas en la Puerta del Sol de Madrid, sin que fuera posible someterlo a juicio ni recluirlo en una institución para enfermos mentales? Según los constitucionalistas antes mencionado “La Constitución no contiene ninguna previsión que reconozca a los demás miembros de la Familia Real un estatus distinto de cualquier otro ciudadano. No obstante, la Ley Orgánica 4/2014, ha reservado a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte (art. 55 bis LOPJ)” –ver Curso de Derecho Constitucional (Decimosexta edición), Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2018-.
Es razonable que desde el gobierno se defienda la Constitución Española en su integridad y, por tanto, la monarquía parlamentaria, aunque, desde una perspectiva socialista, nos gustaría que Pedro Sánchez pusiera el acento en el derecho al trabajo o a una vivienda digna que también son constitucionales y se incumplen de una manera sistemática, pero que tengamos que defender, apoyar con nuestros votos e impedir las investigaciones en curso, tanto parlamentarias como judiciales, sobre JCB, parece excesivo para un partido como el PSOE de honda raigambre republicana