En el contexto actual, empecemos por un no rotundo a las tendencias destructivas que puedan derivar en un caos y en sus consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad. Nos interesa un progreso inclusivo y corresponsable.
Promover el progreso integral de la cultura y la economía, defender los derechos humanos de toda persona y pueblo, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra, es lo que firmamos en el “Preámbulo” de la Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978, que muy pronto va a cumplir los 42 años. Lo lógico sería, pues, ir avanzando –sin retrocesos- hacia un progreso integral, inclusivo, local y global.
En consecuencia, defendemos la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo político de la ciudadanía, y la justicia; es decir, el sentido socialdemócrata comprometido en la transformación de la realidad.
Sin duda alguna el sistema democrático puede mejorarse y debe profundizarse de forma continua. Hoy en día, desde Europa, pero siempre abiertos al conjunto del Mundo -nuestra Casa Común- necesitamos no de confrontaciones y guerras abiertas o solapadas, sino de mucho diálogo y consenso, mirando siempre el bien de toda la Humanidad
¿Qué pedimos a los poderes públicos y a las fuerzas que operan activamente en estos momentos históricos? Pedimos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y grupos -en las que el ser humano se integra- sean reales y efectivas. Pedimos, además, que se facilite la participación de la ciudadanía y de toda persona en la vida cultural, social, política y económica, reformando lo que sea necesario, y removiendo los obstáculos que impidan o dificulten dicha plenitud democrática (lo que ya se decía también en el art. 9, 2 de la C.E. de 1978 ).
A estas alturas, dada nuestra mayoría de edad, desde una opción socialdemócrata, no cabe sino ser pro convivencia y bienestar democráticos, en todos los ámbitos y niveles de la vida humana, social, económica, política, cultural; local y global.
La conciencia clara de que toda la riqueza en sus distintas formas, sea cual fuere la titularidad, debe estar subordinada al interés general, es decir, al Bien Común, también está recogida en el art. 128, 1 de la mencionada constitución española.
En coherencia con lo antedicho, el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su justa distribución (art. 131,1 –que parece inspirado incluso en la Doctrina Social de aquella época-).
¿Qué corresponde, pues, a los gobiernos? Elaborar anualmente los presupuestos…, y presentarlos a debate al poder legislativo –las Cortes Generales-, para su examen, enmiendas y aprobación.
Vamos a dejarnos de circunloquios, enfrentamientos rancios y violentos, y búsquese el consenso necesario para seguir avanzando por el camino del desarrollo integral solidario.
Senatus Trianae 