LA HERENCIA ESPERADA

LA HERENCIA ESPERADA

La clase política de España está recogiendo en Cataluña la cosecha de lo que ha sembrado en este país, España, desde el ejercicio del poder durante más de cuarenta años.
Se podría hacer una lista de los numerosos errores y de algunos despropósitos que los diferentes gobiernos han cometido con relación a Cataluña, y que en la actualidad son difíciles de corregir porque, además, los siguen cometiendo.
Cabe enumerar, al menos, desde cerrar los ojos ante el atraco de la Banca Catalana, con el presunto delincuente Pujol al frente, pasando por la celebres frases: “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” o “en privado hablo catalán”, sin olvidarse del retraso y la tibieza en la aplicación del artículo 155 de la Constitución del 78 ante la declaración de independencia.
La cascada de despropósitos es interminable.
Si la persecución de la corrupción en algunas comunidades autónomas es implacable, Andalucía, Madrid, Valencia…, llegando a ser en determinados casos casi obsesiva, en Cataluña se cerraron los ojos y se siguen cerrando con el celebre tres por ciento donde ha estado sumida la Administración Autónoma catalana enriqueciendo a sus líderes y creando, sosteniendo y alimentando las tramas de desacato legal y malversación de fondos públicos por parte de los independentistas.
Se ha hecho total dejación por parte de los gobiernos de España de sus obligaciones en materias tan fundamentales como la educación, la política lingüística, las fuerzas de orden público, los medios de comunicación, la administración carcelaria. . ., permitiendo todo tipo de abusos y comportamientos ilegales.
Algunos funcionarios de la Administración Autónoma de Andalucía pueden dar fe del comportamiento de los responsables de la Administración Central en reuniones técnicas de todo tipo con representantes de las Comunidades Autónomas. Allí solo contaban las opiniones y los trabajos de la Administración Autónoma catalana y, algunas veces, de la vasca. Aunque los trabajos y los resultados de otras comunidades autónomas fueran los mejores, así como sus ideas y propuestas, solo contaban las procedentes de Cataluña y, en ocasiones, del País Vasco, el resto no pintaba nada o muy poco.
Quizá de cara al futuro, para intentar rectificar tantos errores, hagan falta otros políticos con mayores capacidades de todo tipo, y que hagan frente a la lamentable situación por la que pasa España por culpa de los independentistas catalanes, que ni son tantos como se airea ni están tampoco unidos entre ellos.
Gregorio Peces Barba, nos recordaba después de las celebraciones del 92, “Sobre el consenso y otros temas” (publicado en 1994) que, desde el punto de vista del Estado de las Autonomías, “lo que se quería resolver de fondo era algo muy profundo que había estropeado nuestra convivencia histórica a lo largo de mucho tiempo”. De ahí la complicación que tuvo el consenso en el título VIII de la Constitución, y que sólo se llegó al consenso y la integración porque hubo algunas ideas en las que se estaba de acuerdo. “Esas ideas eran los valores superiores, los derechos fundamentales, y los principios de organización de los poderes”.
Dicho lo anterior, también hay que decir que los políticos con mayores responsabilidades no deben olvidar las obligaciones que la Constitución del 78 asigna al ejército, en el artículo 8.º1., que dice: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.”
Quizá con otros responsables políticos los millones de catalanes víctimas de la represión que ejercen sobre ellos los independentistas catalanes tengan esperanzas de que alguna vez puedan disfrutar de todos los derechos que les asignan las leyes.
Los españoles en general deben estar atentos para no caer en trampas similares de dejación de sus derechos por parte de ningún poder ni movimientos de ningún tipo.
El propio Gregorio Peces Barba, decía: “Yo coincido absolutamente con Miguel Roca en que preguntar si hay que reformar la Constitución me produce una incomodidad grandísima, porque es una pregunta vacía, es una pregunta simple, si no se matiza y no se intenta analizar el tema en profundidad”.

ECUADOR, OCTUBRE 2019

Ecuador, octubre 2019:
La (re)insurgencia del derecho de los pobres vs una Corte Constitucional sin causa.

Por Antonio Salamanca

Hoy, 8 de octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano está en pie, empoderando en su diversidad las plazas del país. A estas horas sigue entrando en Guayaquil y Quito, por el Norte y el Sur. Hay pueblo por todos los chaquiñanes, caminos y carreteras del Ecuador. Van y vienen, llenos de dignidad y generosidad, de decoro y belleza, de indignación y fuerza revolucionaria milenaria. ¡Es un orgullo este pueblo cimarrón indígena, afro, mestizo y blanco! El 1 de octubre, el Presidente de la República, Lenin Moreno, anunció (Decreto Ejecutivo 883) la crucifixión en el altar del Fondo Monetario Internacional para las grandes mayorías ecuatorianas. El préstamo de 4.200 millones de dólares firmado este año con el FMI exige sacrificios. El inicio del via crucis es: a) la eliminación de los subsidios para el uso de combustibles fósiles y la liberación del precio del diesel y la gasolina extra y extra con etanol; b) una reducción del 20% del salario para aquellos trabajadores con contrato de servicios ocasionales a la hora de su renovación; c) el “diezmo” de un día de salario al mes para los trabajadores de las empresas públicas; d) la pérdida de 15 días de vacaciones a todos los servidores públicos. Para el próximo año los despidos del sector público aportarán otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales: “a las empresas públicas se les exigirá una reducción de gasto de 100 millones de dólares y en el caso de la Seguridad Social, de 50 millones de dólares”, según el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El mismo día, conmocionados por el primer golpe de la medida, de inmediato, el sector del transporte pesado, taxistas, autobuses municipales e interprovinciales, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes anunciaron movilizaciones para protestar por el “paquetazo” neoliberal. La movilización se extiende rápidamente por más de 20 provincias. Acto seguido, el jueves 3 de octubre, el Presidente, Lenin Moreno, declara el estado de excepción y limita derechos humanos como el derecho de reunión y asociación (Decreto Ejecutivo 884). Los excesos de parte de las fuerzas armadas y policía se extienden por el país. Se derrama sangre en suelo ecuatoriano. El fundamento o argumento para el estado de excepción es la conmoción social interna. Para el gobierno, la causa del estado de excepción no fue su primer golpe con el paquetazo neoliberal sino los efectos de los gritos de dolor del pueblo ante las agresiones. Por otro lado, la sorprendente rapidez, un solo día de conmoción, le bastó para declarar algo tan grave como es la restricción de derechos humanos con la declaración por sesenta días de un estado de excepción. El sábado, 5 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ante las agresiones a sus pueblos y comunidades, por parte de algunos policías y miembros del ejército, declara el estado de excepción en sus territorios. En una genuina y legítima expresión del derecho vivo, que nace de abajo, del pueblo, de las calles, de las comunidades, de la tierra, en un estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural como el ecuatoriano, la CONAIE fundamenta su decisión en la Declaración de Naciones sobre Pueblos
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Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de Ecuador. !Qué riqueza del Derecho de los pobres para llenar y extender el contenido del artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)! El domingo, 6 de octubre, el gobierno ecuatoriano, a través de su Cancillería, sostiene que “declarar el estado de excepción es prerrogativa solo del gobierno, según la Constitución y la ley internacional”. El lunes 7 de octubre, la Corte Constitucional del Ecuador emite el Dictamen Nº 5-19-EE/9. Un dictamen que confunde la causa con el efecto para pretender legitimar el Decreto Ejecutivo que declara el estado de excepción (DE 884). La Corte quiere hacer creer que la conmoción social se origina con el grito de dolor del pueblo (el efecto) ocultando que su causa es el golpe al pueblo generado por el Decreto Ejecutivo 883. Este hecho no resulta para la Corte causa de conmoción alguna digna de ser valorada. Algo curioso cuando en la identificación de los hechos y causal constitucional que se invoca, la misma Corte recoge que “en el Decreto se especifica que los hechos por los cuales se declaró el estado de excepción, se deben al anuncio de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional el 1 de octubre de 2019” (nº 6). Por el contrario, para la Corte, en su párrafo 48, lo que considera como hechos que legitiman su decisión es la conmoción provocada por “…las paralizaciones en diferentes lugares del país, (que) han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas; así como también, la alerta de una posible radicalización de la medida en todo el territorio nacional, ya que las diferentes agrupaciones continúan convocándose para jornadas de protesta continua e indefinida”. Para la Corte, esta es la “causa”, que le lleva a legitimar el estado de excepción y al tiempo el paquetazo neoliberal. La causa causante de la conmoción no existe:

“Por ende, en atención a los hechos acaecidos (…) las medidas adoptadas son necesarias toda vez que algunos de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción que nos ocupa, es la paralización –en diferentes lugares del país- de la normal y libre circulación de la ciudadanía, a través de acciones violentas y vandálicas de grupos o colectivos de personas que atentaron contra la vida, integridad y propiedad del resto de ciudadanos”.

La Corte Constitucional, por ausencia de causas materiales, justificación razonable e incompatibilidad de las medidas de excepción con la Constitución, debió declarar la inconstitucionalidad del estado de excepción. La conmoción interna que vive ahora el país es producto, tiene causa directa, en el anuncio de las medidas económicas y no en la agitación social. Al no ser la conmoción interna, sino un decreto económico, la causa de la excepción, es indispensable que la Corte revise las medidas económicas de forma automática, como lo prevé el artículo 436 numerales 3 y 8 de la Constitución, para ver si las medidas citadas se adecuan a la Constitución. De encontrarlas incompatibles debe suspender las medidas conjuntamente con la excepcionalidad, hasta que el gobierno elabore normas constitucionales. La Corte no demostró la existencia material de una crisis económica que justificara la creación de medidas económicas en el contexto de un Estado social (art. 1
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CRE). Las medidas deben responder a la Constitución, en el sentido que debe respetar los principios de la economía social y solidaria (art. 283 CRE), así como, cumplir con los principios de equidad, igualdad y solidaridad. Además, en el supuesto caso de crisis económica, esas medidas deben responder a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad aplicables, hasta que el país haya salido de las dificultades económicas. El gobierno tampoco justificó que el peso económico de la crisis sería soportado por todos los sectores de una economía social, en el supuesto caso de que se encontrase el país en crisis. Incluso en la circunstancia de que esa supuesta crisis económica fuese real, y no inducida, es inconstitucional sobrecargar, de forma permanente, la salida a la dificultad económica en las espaldas de toda la sociedad, con el alza generalizada de combustibles y consecuentemente de la canasta básica, así como en los salarios de los funcionarios públicos. La ilegitimidad material de la decisión es mayor, y menor aún su justificación, cuando se condona, amnistía, en 2018, deudas por intereses a los grandes deudores con el Estado. La Corte Constitucional podría (debía) haber tomado, por ejemplo, el camino del Tribunal Constitucional de Portugal para atender la crisis financiera global que padece el país desde 2008. Mediante sentencia No. 187/13, declaró inconstitucional la medida de disminuir los salarios de los servidores públicos y servicios sociales pretendida por el ejecutivo. En esa línea dictó la sentencia No. 413/14, en la que declaró la inconstitucionalidad de las medidas económicas, que reducían los sueldos de los trabajadores y el recorte del 5% y 6% del presupuesto, destinado a servicios sociales y enfermedades catastróficas, por ser desproporcional y contrario a la constitución. La Corte Constitucional ecuatoriana debió considerar la cláusula social del Estado y las medidas económicas que en este caso están íntimamente ligadas. Por el contrario, dio la espalda a la historia de los derechos humanos de los pueblos ecuatorianos, al pretender justificarse con la mera verificación de los requisitos formales del estado de excepción. El control de constitucionalidad debe identificar la materialidad de las causas por las que fue dictado el decreto de excepción. Es deber de la Corte Constitucional verificar si la justificación de las medias son necesarias y constitucionales; si la conmoción interna es producto del caos social o de las medidas económicas decretadas por el gobierno. La Corte Constitucional tiene el deber de exigir al gobierno que revise y justifique la materialidad de esas medidas para que sean constitucionales. De no ser justificadas y no respetar los principios del Estado social, deberán ser declaradas inconstitucionales.

LA FUERZA CENTRÍFUGA DE LOS ESPAÑOLES

LA FUERZA CENTRÍFUGA DE LOS ESPAÑOLES
Las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo dieron la victoria, en el municipio de la Línea de la Concepción, al partido político de ámbito local: La Línea 100×100.
La Línea de la Concepción es un municipio de la provincia de Cádiz situado al sur de la misma, en el istmo que une el Peñón de Gibraltar con la península. Su población está por encima de los sesenta y dos mil habitantes y el paro se sitúa en torno al veinte y cinco por ciento.
El municipio se segregó de San Roque en 1870, cuando tenía una población en torno a los trecientos habitantes, más tarde en 1913 Alfonso XIII le concedió el título de ciudad. El nombre se fundamentó en el hecho de que la Inmaculada Concepción es la patrona del ejército español.
En la actualidad la Línea de la Concepción es conocida en España porque es una zona de intenso contrabando y narcotráfico, es noticia que las fuerzas de seguridad del Estado tienen muchas dificultades para enfrentarse a estas actividades ilegales, en la zona, para intentar erradicarlas. El municipio es conocido, también, porque un alto porcentaje de sus vecinos trabajan en el Peñón de Gibraltar por lo que reclaman continuamente un trato del Estado Español, con la colonia británica, que favorezca su situación laboral. Los medios de comunicación recogen los frecuentes roces entre las patrulleras de la Guardia Civil y algunos barcos de la colonia británica, porque no respetan la soberanía española en determinadas aguas marítimas y las autoridades del Peñón crean dificultades, de forma ilegal, a los pescadores del municipio para dificultar o incluso impedir que faenen en aguas españolas.
Los resultados en las elecciones municipales no pueden ser más contundentes. El partido político La Línea 100×100 consiguió el 67´51 % de los votos, por lo que le correspondió 21 de los 25 concejales de los que consta el consistorio municipal; 3 fueron para el PSOE con el 12´51 % de los votos y 1 para el PP con el 6´35 de los votos.
A primera vista se podría deducir que el partido de ámbito local La Línea 100×100 había conseguido un éxito tan rotundo al ofrecer a los linenses un programa de gobierno tan realista, positivo y atractivo para su bienestar que merecía, sin ninguna duda, la muestra de confianza por parte de la población que ha tenido en las urnas.
Lo cierto es, sin embargo, que el punto fundamental del programa del partido ganador era lograr la independencia de la localidad transformarse en una ciudad autónoma. Conseguir segregarse de la provincia de Cádiz y de la región andaluza.
El alcalde electo tiene, al parecer, varios títulos universitarios, lo que viene a confirmar que pasar por la universidad y hacerlo con éxito no garantiza tener algo de sentido común y un mínimo de inteligencia.
Lo cierto es que en algunos españoles hay una tendencia a dejarse llevar por extrañas fuerzas centrífugas, que conducen, sin duda, a la
autodestrucción del Estado con consecuencias muy negativas para los ciudadanos.
No basta, al parecer, con que la mayoría de los españoles tengan que soportar a los movimientos independentistas, fuente de inestabilidad con sus comportamientos ilegales frente a las instituciones del Estado. Para complicar más el panorama, ahora resurge puntualmente, y es de esperar que se mantenga así, en un pueblo de Andalucía aquel movimiento cantonal, que tuvo lugar durante la efímera y convulsa Primera República española (11 de febrero de 1873 a 29 de diciembre de 1874). Un movimiento que produjo mucho daño al país, y que tras ser aplastado por el ejército dio paso a la restauración de la monarquía.
Es de esperar que en el futuro no sea un dicho popular el ¡Viva la Línea de la Concepción!, en lugar de el ¡Viva Cartagena!