LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE SEVILLA

LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE SEVILLA

Han pasado más de veinte años desde que los responsables políticos comenzaron a tratar sobre la necesidad de contar, en Sevilla, con una ciudad de la justicia donde se instalaran todos los organismos judiciales de la ciudad. A pesar de haber trascurrido tantos años aún no han tomado los responsables una decisión definitiva sobre la cuestión.
Mientras tanto, sí se han hecho realidad los proyectos de las ciudades de la justicia de tres capitales andaluzas:
La ciudad de la justicia de Málaga se comenzó a construir en el año 2002 y se inauguró en el año 2007, cuenta con unos 70.000 metros cuadrados de superficie útil que albergan 82 órganos judiciales.
La ciudad de la justicia de Córdoba se inauguró el 25 de abril del año 2018, se construyó en una parcela de 12.112 metros cuadrados y cuenta con 51.000 metros cuadrados útiles en los que se han instalado la totalidad de los órganos judiciales de la ciudad.
La ciudad de la justicia de Almería se finalizó su construcción y se inauguró el año 2011. Tiene una superficie útil de 30.000 metros cuadrados y se han instalado en ellos 30 juzgados y los órganos judiciales correspondientes.
En las otras cinco provincias andaluzas no ha sido posible, hasta la fecha, construir las respectivas ciudades de la justicia, aunque en todas ellas se considera una infraestructura imprescindible que no se ha llevado a término por falta de entendimiento entre la Junta de Andalucía y los respectivos ayuntamientos.
La ciudad de la justicia de Sevilla ha terminado por ser una entelequia, pese a que los órganos correspondientes de los órganos competentes de las Administraciones Públicas vienen discutiendo en torno a ella desde hace más de veinte años. No se ha hecho realidad ni se vislumbra que alguna vez lo sea a pesar de que todas las partes implicadas reconocen su necesidad, dado que los juzgados están instalados en varios edificios de propiedad privada, en alquiler, justamente en la capital de la Comunidad Autónoma.
Las alternativas para fijar el lugar de su ubicación han sido el primer punto de desacuerdo entre las Administraciones. Se han manejado básicamente tres lugares para su construcción. Uno ha sido el solar de los Gordales con una superficie en torno a los 40.000 metros cuadrados, situado en la proximidad de lo terrenos donde se instala la feria de abril. Otro los solares que están entorno a la antigua estación de Cádiz, que en parte ya se han edificado; y también se han manejado los terrenos situados junto a la estación de autobuses. Los dos últimos con superficies menores a los de los Gordales.
Lo cierto es que no hay un acuerdo, si se prevé que lo haya, para consolidar un proyecto que se llegue a realizar, aunque las partes en desacuerdo reconozcan que cada día son más necesarias estas instalaciones.
Quizá se encuentre en Sevilla otras ubicaciones que podrían ser más viables y económicamente menos costosas. Entre ellas merece especial mención la antigua fábrica de artillería. Estas instalaciones que son una referencia histórica y ya están ubicadas en el centro de la ciudad, están medio en ruinas y fueron cedidas al Ayuntamiento de Sevilla por el Ministerio de Defensa en el año 2018. Es cierto que se han llevado a cabo diferentes actuaciones para reforzar las construcciones. Nada más.
El Ayuntamiento sevillano ha recibido subvenciones de la UE con el fin de conseguir su mantenimiento y realizar proyectos para su uso. Lo cierto es que una superficie de base en torno a los 40.000 metros cuadrados es difícil darle una utilidad adecuada. La proximidad de esta emblemática fábrica al antiguo palacio de justicia y a otros juzgados ubicados en edificios de propiedad pública, la hace aún más adecuada para que con un esmerado proyecto de adaptación, conservando aquellas zonas que puedan tener interés histórico por diferentes motivos, se pueda ubicar la ciudad de la justicia de Sevilla.

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UN CONFLICTO PENDIENTE DE SOLUCIÓN

UN CONFLICTO PENDIENTE DE SOLUCIÓN

Un conflicto de especial relevancia que ha tenido lugar en este país, que aún persiste y posiblemente no tenga una solución aceptable, ha sido el de los empresarios autónomos de automóviles de alquiler, los taxistas.
Las manifestaciones más intensas del conflicto han tenido lugar en Madrid y en Barcelona, las dos ciudades con más población de España y donde la huelga podía tener una mayor incidencia sobre la población y teóricamente más repercusión con carácter nacional. Aunque, al mismo tiempo, son las dos ciudades con las mejores redes de transportes públicos colectivos de España.
Calificar la huelga de desatinada está más que justificado y los motivos para hacerlo son varios:
En primer lugar no se trata de unos trabajadores que hacen huelga a unos empresarios con la intención de conseguir que acepten sus reivindicaciones, haciendo que pierdan ingresos y clientes, y tengan que terminar cediendo a las demandas de sus trabajadores. En esta ocasión los patrones son los propios huelguistas y también en los casos de tratarse de una empresa con varios trabajadores, la misma carece de capacidad para atender a las demandas que plantean. Por tal razón los que perdían ingresos son los huelguistas y nadie más.
En segundo lugar les crean problemas a sus clientes y a la población en general, lo que es muy negativo para los intereses de los huelguistas, pues su proceder afecta también, para mal, a posibles futuros usuarios de ese tipo de transporte situándolos a favor de los transportes públicos colectivos y a los de sus competidores.
En tercer lugar si los huelguistas pretenden presionar a las Administraciones Públicas los resultados ha sido y serán negativos para ellos. La Administración Central ya traspasó el problema a las Administraciones Autónomas y éstas intentaron e intentan compartirlo con las Locales. Lo que puede dar lugar a que los huelguistas reciban diferentes respuestas a lo largo y ancho del país. En definitiva, podrían terminar por conseguir que en cada municipio tuviera un tratamiento diferente y en algunos, como ya ha ocurrido en Barcelona, la supuesta solución no lo fuera pues está en contra de las normas de la competencia. De confirmarse este aspecto, todos los ciudadanos tendrán que pagar las sanciones e indemnizaciones correspondientes a las empresas perjudicadas, por la falta de libre competencia. Lo dispuesto, además, quedaría ilegalizado y dejaría de aplicarse.
Que hay factores que impulsan a los taxistas para tenerse como agraviados por las normas que los regula como servicio público, es evidente. Que las licencias son carísimas es de general conocimiento, aunque el precio se debe al juego de la oferta y la demanda, en un mercado secundario que quizá la Administración Local debería controlar. También es cierto que el servicio público de los taxis, al menos en la ciudad de Sevilla, no tiene toda la calidad que debería tener y algunos estudios así lo han demostrado. Unos simples hechos anecdóticos pueden servir de ejemplo: al salir de ciertos espectáculos teatrales o de algunos centros hospitalarios ni hay taxis en las puertas ni en su entorno, ni posiblemente se puedan encontrar. Eso no ocurre en ninguna ciudad de características similares a las de Sevilla.
Lo que carece de sentido es que los empresarios del taxi no hagan uso de las herramientas que ponen a su disposición las nuevas tecnologías de la comunicación, para prestar servicios con similar efectividad y rendimiento a como lo hacen las empresas con las que compiten y las que han motivado la infructuosa huelga. Gozando además de la ventaja de contar con paradas fijas de referencia y ofrecerse al público en circulación por las ciudades, al estar perfectamente identificados.

¿A DONDE VAS, ESPAÑA?

¿A DÓNDE VAS, ESPAÑA?

En el contexto de cuanto acontece en Venezuela, cabría hacerse una pregunta de antaño: “¿Dónde estás, España? Que se remontaría a los tiempos de la Transición y de nuestra relación con Centroamérica, pero ahora, siendo parte de la Unión Europea, y, tras la declaración institucional del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez (el 15 de febrero del año en curso), que nos convoca a elecciones generales el 28 de abril, parece más correcto preguntarse: “¿A dónde vas, España?”
Hace casi nueve meses, se pretendía avanzar, y de hecho se ha avanzado, en tres aspectos importantes: a) en un crecimiento económico respetuoso con el Medio Ambiente y con la creación de empleo digno más estable, respetuoso con los mayores y atento a las exigencias de la juventud; b) la reconstrucción del Estado de Bienestar, dando prioridad a la conjunción de libertad e igualdad, salud universal, educación y servicios sociales; y c) reforzar las instituciones democráticas y respetar la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
¿Qué ha ocurrido? Pues que, a pesar de la mano tendida al diálogo respecto a las tendencias catalanistas, se ha producido un bloqueo parlamentario, es decir, del legislativo, respecto de unos presupuestos con sensibilidad más social y que, sin embargo, no han sido apoyados por los distintos grupos representativos de las diversas opciones políticas. ¿Por qué? Porque, salvo excepciones contadas, se prefería que el Presidente salido de la moción de censura (conforme al art. 113 y 114 de la Constitución) se viera en su escasa representación parlamentaria y, previa deliberación del Consejo de Ministros, asumiera la responsabilidad de proponer la disolución del Congreso y del Senado, para de inmediato fijar fecha de elecciones (a tenor del art. 115 de la Constitución).
Ante lo ocurrido, a partir de mediados de febrero, procede volverse a preguntar lo anteriormente formulado: ¿Hacia dónde vas, España?
En el parto de los últimos nueve meses hemos vivido una especie de “espejismo”. La escasez social desértica, los recortes económicos y la necesidad de un poco de agua para aliviar la andadura, nos hizo vislumbrar un oasis que, de pronto, nos remite a un horizonte más lejano. La España de la próxima década, de una nueva generación, y de un renovado bienestar socialdemócrata pasa a ser ese nuevo horizonte, alcanzable pero distante todavía del punto en el que nos encontramos. ¿Qué debemos hacer? Volvernos atrás, de donde veníamos ya fatigados, o seguir avanzando, desde positivas sensaciones presentes hacia la España en la que creemos, una España europea, una España abierta al diálogo y a las relaciones internacionales, desde lo alcanzado, es decir, desde un Estado Social y Democrático de Derecho consolidado en sus instituciones y en su separación de poderes, que pueda ser referente para el conjunto de América Latina y para quienes amen de verdad la cultura iberoamericana e hispanoamericana, así como el desarrollo económico integral que garantice una digna calidad de vida.
Como indica el artículo 6º de la Constitución Española, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Pero su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Es más, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
España, pues, debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto, desde la moderación y el sentido común, excluyendo desde el sentido constitucional políticas de crispación y violencia o de intimidación de la ciudadanía. Necesitamos avanzar. La brújula la tenemos en el Preámbulo de la propia Constitución.
¿Qué es lo que necesitamos para seguir avanzando?
Necesitamos de la cohesión social y de la cohesión territorial para conservar y preservar la unidad de España. Necesitamos garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución.
Necesitamos seguir consolidando el Estado de Derecho y proteger a toda persona española, a toda persona, a todos los pueblos de España, a todos los pueblos, y necesitamos promover el progreso económico y cultural, propios de una sociedad democrática europea y avanzada.
Finalmente, necesitamos colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación internacional entre todos los pueblos de la Tierra. Ese es nuestro horizonte constitucional.
No se nos olvide: España, como Estado Social y Democrático de Derecho propugna los valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los poderes del Estado emanan del pueblo español en quien reside la soberanía nacional (ver art. 1º, 1 y 2). ¡Nunca más tendencias totalitarias!