EL EMBROLLO ENERGÉTICO II
En algunos países europeos, entre los que se encuentra España, se ha optado por marginar de forma definitiva la energía eléctrica de origen nuclear. Hay opiniones diversas sobre la decisión incluso en el terreno estrictamente técnico, unas a favor y otras en contra, pero lo cierto es que la medida se ha tomado por los responsables competentes y de acuerdo con ella se debe proceder.
Según datos de la Secretaria de Estado de Energía, en la actualidad hay en el mundo 432 centrales nucleares en funcionamiento, repartidas por treinta países, y 62 en construcción. En España están en funcionamiento 8 y de acuerdo con el plan de moratoria nuclear decidido por el gobierno en 1984, se paralizaron las obras de construcción de otras tres. Fue la respuesta gubernamental a la presión social de algunas organizaciones sociales y al atentado de ETA en
una de ellas en 1978:
La central de Lemoniz (Vizcaya), comenzaron las obras en 1972 y se paralizaron definitivamente en 1984.
La central de Santillana (Cantabria), comenzaron las obras que se limitaron a unas zanjas de sondeo en 1973 y se paralizaron definitivamente en 1984.
La central de Valdecaballeros (Badajoz), comenzaron las obras en 1975 y se paralizaron definitivamente en 1984.
El cierre de estas tres centrales en construcción, y el proyecto de Trillo II, costó a los españoles, en concepto de indemnización, una cantidad en torno a los 6.000 ó 9.000 millones de euros, según diferentes fuentes, que se pagaron a lo largo de veinte años en el recibo de la luz.
Lo cierto es que en los países europeos que han optado por dejar la energía nuclear los accidentes de Chernobil en 1986 y el de Fukushima en el 2011, han acentuado el rechazo de esta tecnología para generar energía eléctrica en algunos sectores
sociales de esos países y también del nuestro.
El problema se presenta con las centrales que ahora están en funcionamiento, pues antes o después llegarán al final de su vida útil y habrá que buscarles un tratamiento técnica y legalmente aceptable para controlar sin riesgos los elementos procedentes de su desmontaje y demolición que estén contaminados y tengan carácter radiactivo de diferentes grados de actividad.
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.) elaboró por encargo del gobierno un plan general de residuos radiactivos aprobado en junio de 2006. En el mismo se recoge la construcción de un almacén temporal de combustibles gastados y residuos radiactivos de alta actividad. Una instalación imprescindible en la actualidad para los combustibles agotados que se almacenan en las centrales y en el futuro, cuando se vayan desmontando los centrales hoy activas, para almacenar los residuos radioactivos de alta intensidad.
Un ayuntamiento de Cuenca, Villar de Cañas, concedió la licencia municipal pertinente para construir en su municipio el imprescindible almacén. Un hecho sorprendente, pues los munícipes, arrastrados por determinadas asociaciones sociales, se resisten en dar licencias para actividades industriales; como si los ciudadanos pudieran vivir de la holganza; más aun si se relacionan con residuos y si éstos son peligrosos o radiactivos es una empresa imposible.
Las obras iniciadas del almacén se han suspendido y lo más probable es que no tengan un buen fin, a causa de protestas y acciones legales, de la más diversa índole y motivación.
La cuestión es saber qué harán los responsables ante una situación tan pintoresca como la comentada. No se quiere la energía nuclear, la centrales se tendrán que cerrar y demoler pero tampoco aceptan, los contrarios, habilitar las instalaciones adecuadas para llevar a termino tan ansiado desmantelamiento.
El embrollo parece no tener fin.