LOS REINOS DE TAIFAS

LOS REINOS DE TAIFAS

La formación de los reinos de taifas fue un hecho histórico que tuvo lugar en la España musulmana, y que, como otros muchos acontecimientos que han forjado a este país, ya no se estudia en las escuelas.
Tuvo lugar en el año 1031, como consecuencia de la inestabilidad y debilidades del Califato de Córdoba, que según sus fundadores, el linaje árabe de los Omeya en el año 756, sería un imperio imperecedero.
El Califato de Córdoba se dividió en 26 reinos, los llamados reinos de taifas; taifa significa bando o fracción. Tales reinos aumentaron o disminuyeron, en número, a lo largo de los cincuenta años que tuvieron de vida.
Esta situación debilitó considerablemente a los musulmanes y favoreció de manera significativa a los reinos cristianos en la llamada reconquista. Los reinos de taifas para su mantenimiento necesitaron aumentar considerablemente los impuestos sobre la población, hasta el extremo de que los habitantes se sintieron liberados con la llegada de los Almorávides que terminaron con la situación volviendo a unificar lo que la ambición de algunos jerarcas descerebrados había dividido. Aunque con posterioridad se volvió a repetir la división, en dos ocasiones más, tuvieron menor duración.
Tales tendencias tienen, a la vista de la historia, en esta “tierra de conejos” una cierta tradición y en esa línea estuvo el movimiento cantonal del siglo XIX, aunque éste no duró los cincuenta años de los primeros reinos de taifas pues el ejército acabó con él en menos de un año. De hecho, no obstante, se constituyeron los cantones y tuvieron tiempo suficiente incluso para enfrascarse en guerras entre ellos, crear impuestos o acuñar monedas propias.
El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón publicó el día 10 de julio de 2018 una ley, aprobada en el parlamento de la Comunidad, por la que reconoce a Aragón como un país y con nacionalidad propia. Lo asombroso es que la norma se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista Obrero Español.
Con esta Ley se da un paso más, que se une a los movimientos independentistas de varias Comunidades Autónomas, en pos de la disgregación de este país. Incluso en Andalucía, donde el único partido político nacionalista con alguna relevancia ha desaparecido prácticamente, se ha formado el movimiento nacionalista ANA que pretende formar un Estado independiente en base a los supuestos territorios Tartessos.
Es sabido que los partidos nacionalistas tienen como fin la independencia de determinados territorios, pretensiones que apoyan los partidos anarquistas, así como las llamadas Mareas y Podemos porque estas organizaciones tienen como principal objetivo destruir el sistema y constituir un Estado nuevo. Aunque no explican cómo será, alguna vez han dicho que lo sacarían de la UE, quizá porque sería incompatible con los principios democráticos que tienen que regir en los países integrados. Lo que no se entiende es que la Socialdemocracia en España muestre a veces tales tendencias de disgregación, cuando ha sido una organización política clave en Europa para formar la Unión Europea que pretende todo lo contrario.
La ceguera y debilidad, durante años, de los partidos llamados constitucionalistas españoles, en relación con los movimientos independentistas, han llevado al país a esta situación, cuando España es en la actualidad el país de Europa que está más descentralizado, posiblemente demasiado. Bastaría con valorar el hecho de que las Comunidades Autónomas españolas administran más del cincuenta por ciento del presupuesto nacional, algunas más que otras, y los Landes Alemanes, modelo de descentralización, no llegan al cuarenta y cuatro por ciento.
La cuestión está en saber qué están dispuestos a hacer los partidos constitucionalistas en relación a la integridad territorial, tal y como recoge el artículo dos de la Constitución de 1978: Unidad de la nación española, autonomía de nacionalidades y regiones, y solidaridad entre todas ellas. Aclarar este sentido de unidad y descentralización integradora y solidaria es clave –incluso desde una perspectiva federal-. ¿Para qué? Para que aquellos votantes que quieren un país único y unido que pueda figurar en la UE como uno de sus principales miembros, lo que se reflejaría en el Estado de Bienestar a favor de todos los ciudadanos, sepan a quien votar.

LA CAJA ÚNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS INDEPENDENTISTAS

LA CAJA ÚNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS
INDEPENDENTISTAS

Para cualquier ciudadano de este país debe resultar grotesco el quehacer que los partidos políticos han organizado en torno a las pensiones, una materia de Estado.
Hasta la persona menos avispada entiende que la vida de más de nueve millones de perceptores de pensiones de jubilación y con ellos algunos de sus familiares depende de estas rentas, que paga el Estado. Lo que hace no por una gracia que concede a ciertos ciudadanos, sino porque éstos a lo largo de su vida laboral han hecho una contribución económica más que significativa para consolidar un “DERECHO”.
Tampoco hay que ser muy inteligente para deducir que una parte importante de la economía del país, en todos los ámbitos de los mercados, depende del gasto que hacen las personas que perciben pensiones. Se trata de más de ciento treinta mil millones de euros que cada año circulan por las venas de la economía nacional dándole vida. Por último, las personas que disfrutan de tal derecho pagan impuestos como cualquier otro ciudadano, cada año hacen la declaración de la renta y contribuyen con sus obligaciones fiscales al mantenimiento del país.
Es lógico, porque es una cuestión de Estado, que los responsables políticos formen grupos de trabajo en el Parlamento, para hacer que el sistema que administra la caja única de la Seguridad Social se adapte a la realidad y evolucione llevando a término las reformas oportunas, para mejorar y hacer que el sistema se pueda mantener.
Ya está bien de disparar alarmas e intentar asustar al alto porcentaje de la población que disfrutan de su derecho a recibir una pensión. Están hartos de tanta necedad.
Son muchos los países de la Unión Europea que aportan, a los fondos destinados a pagar las pensiones a las que tienen derecho sus ciudadanos, lo recaudado por impuestos ajenos a las cotizaciones de los trabajadores, ¿por qué España tiene que ser diferente?
En este contexto de alarmas y miedos infundidos a la población con intenciones torticeras y apaños oscuros de algunas formaciones políticas, surgen unos independentistas reclamando su participación en la gestión de la Seguridad Social -con la intención sin duda de romper la caja única- y otros que elaboran una ley para crear su propia institución.
Es de esperar que ninguno de los partidos políticos con capacidad de gobernar en este país se preste a entrar en esta nueva petición en forma de trampa saducea. Es más que evidente que con tales acciones de los independentistas se intenta romper todas aquellas instituciones del Estado que unifican, dan solidez al país y son un mecanismo para la solidaridad interterritorial.
Es digno de analizar las pretensiones en este sentido de los nacionalistas vascos, cuando el déficit de las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca es superior a la del resto del país. Algo similar ocurre en la Comunidad Autónoma Catalana. Ocurre por la sencilla razón de que la cuantía de las pensiones medias en ambas autonomías es superior a la media del país porque los salarios, y por lo tanto las cotizaciones también han estado, a lo largo de la vida laboral del los trabajadores, por encima de la media nacional. Lógicamente y como en tantos otros asuntos Andalucía está a la cola en cuanto al importe de la pensión media de sus jubilados.
Trasferir la gestión de la Seguridad Social que conllevaría, antes o después, romper la caja única sería un disparate que es de esperar nunca tenga lugar.
La cuestión no debe plantearse sólo desde Andalucía, sino desde la exigencia de la solidaridad interterritorial, puesto que las asimetrías de la realidad económica deben abordarse de forma inclusiva e integradora, anteponiendo el Bien Común y el Interés General del conjunto del Estado de Derecho a toda tendencia individualista y particular.

¿PODREMOS RENOVAR LA CONVIVENCIA?

¿PODREMOS RENOVAR LA CONVIVENCIA?

«Es posible renovar la convivencia» es el título del suplemento del cuaderno nº 209 de Cristianisme i Justicia, publicado a finales de junio del año en curso, 2018, tras un proceso de escucha y diálogo. Pero la pregunta que formulamos es si, en realidad, seremos capaces de renovar la convivencia en el conjunto de España.
De hecho, la crisis de la democracia liberal está produciendo rupturas, acentuándose la diversidad y las grandes desigualdades. «Soplan vientos malignos en el planeta azul», decía Manuel Castells en 2017. Falta respeto hacia posiciones ajenas, podemos decir nosotros, pues, en verdad, constatamos una fractura política y social en Cataluña y de ésta con el conjunto de España, dejando de lado la solidaridad y vulnerando el marco legal que parecía ser elemento sustantivo de la convivencia.

¿Qué se puede hacer ahora?
Recuperar los canales de diálogo implica un cambio incluso personal y colectivo de actitudes entre grupos sociales, económicos, políticos y culturales.
Promover cualquier opción de cambios constitucionales implica renunciar a la unilateralidad, junto con el compromiso de la no violencia.
Reconocer y valorar positivamente la diversidad de culturas lleva consigo el reconocimiento y garantía de los derechos humanos como enriquecimiento de los bienes públicos, frente a tendencias de uniformidad centralistas, o centrífugas y periféricas.
Defender la división de poderes y respetar el sistema judicial del Estado de Derecho, obliga a un mayor grado del sentido de la proporcionalidad y de la correlación entre la ética, la política y la justicia, lo que implica el respeto sumo en la garantía de los derechos civiles y políticos de toda la población por igual.

Para garantizar el Estado de Derecho se supone también que son las urgencias sociales las que deben ocupar el primer lugar de la agenda política, anteponiendo el bien común a los intereses particulares. Garantizar derechos como el trabajo digno, el acceso a la vivienda de familias jóvenes y de personas mayores, o la defensa del medio ambiente y la garantía de la convivencia y la paz, vienen a ser imperativos éticos que deben traducirse en derechos fundamentales en el horizonte de cualquier Estado ya sea Federal o sea, como lo es ahora, Estado de las Autonomías.
¿Es posible renovar la convivencia?
«Claro que es posible renovar la convivencia, recuperar espacios de diálogo y reconstruir desde la política y las personas una sociedad que nos acoja a todos en nuestra diversidad. Sólo hay que empezar mirando al otro como igual, a cada persona en todo su valor y dignidad».
Esa es la conclusión reflexiva y operativa que se nos brinda en los inicios de este mes de julio, desde una perspectiva humanista actualizada.

José Mora Galiana,
SE, 6/07/18

EL BUENISMO, CAMINO DIRECTO A LA NECEDAD

EL BUENISMO, CAMINO DIRECTO A LA NECEDAD

En los mentideros de la época, eran los años sesenta, se aseguraba que el dictador sufrió un tremendo ataque de ira tras ver en el cine del Pardo la proyección de la Película Veridiana, de Luis Buñuel, y dio la orden terminante de destruirla pues ningún español decente podía ver tan enorme escarnio.
Esta obra maestra del cine español, en colaboración con el mexicano, que se salvó de ser destruida gracias a la copia que la protagonista consiguió sacar del país, fue palma de oro en el festival cinematográfico de Cannes el 18 de mayo de 1961 y el Vaticano la condenó por blasfema.
El contenido básico de la película es una crítica sin paliativos al concepto rancio de la caridad cristiana, y tal como marchan los asuntos políticos de este país, esa caridad cristiana podía tener una apreciable similitud actualizada con el buenismo en política, que marca el camino directo a la necedad, con consecuencias muy negativas. Vale la pena ver la película para comprenderlo.
Sea contrapartida o no el hecho es que se están haciendo los trámites oportunos para trasladar a presos etarras a las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca. Los buenistas definen la operación como acción humanitaria y dicen: pobres presos y pobres familias tenerlos tan lejos de su tierra natal. Esos pobres hombres son asesinos condenados por los crimines de sangre que cometieron, no solo mataron dejaron, también, miles de heridos disminuidos anímica y físicamente para el resto de sus vidas.
Los asesinos no se han arrepentido y si tuvieran armas y posibilidades, probablemente, volverían a asesinar sin importarle lo más mínimo el daño que hacían.
Con el acercamiento de presos etarras se pone fin al acertado plan de dispersión puesto en marcha por el gobierno de Felipe González en 1988.
Allí, en su tierra natal, los asesinos etarras podrán reunirse y conspirar para fines que no serán precisamente los más adecuados para beneficio de todos los ciudadanos de este país.
Otro posible pago o contrapartida, con justificación también en el buenismo humanitario, con el argumento de que siendo buenos y dialogantes se arreglan todos los problemas de cualquier país, está en el traslado de los presos independentistas catalanes. Algunos de ellos ya están procesados por rebelión contra el Estado de Derecho, pues intentaron dar un golpe contra la soberanía nacional para constituir la republica de Cataluña.
Estos presuntos delincuentes no se han arrepentido de sus actos criminales contra el pueblo español, sino que están dispuestos a repetirlos si tienen posibilidad de hacerlo. Allí en Cataluña con unas competencias de prisiones trasferidas a la Autonomía Catalana, otro de los muchos errores de los gobiernos de Madrid, tendrán todas las posibilidades imaginables para conspirar y organizar el próximo intento de golpe. Ya han sido recibidos y tratados como héroes, algunos de ellos, por instituciones catalanas.
Si estos independentistas, descerebrados y supremacistas, tuvieran a sus órdenes unas fuerzas armadas de entidad estarían dispuestos a retroceder al siglo XIX para iniciarla la cuarta guerra carlista.
El dialogo en política es imprescindible cuando ambas partes están dispuestas para negociar, dentro de la racionalidad y sabiendo respetar los límites que imponen las leyes de un Estado de Derecho, y con el objetivo del interés general no el de unos cuantos.