LA INEFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

LA INEFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Colegios profesionales y asociaciones empresariales han dado un ultimátum al Ayuntamiento de Sevilla, con relación al desastroso funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo y a las carencias del Plan General de Ordenación Urbana.
Al margen de lo aceptable o no de la actitud amenazante de profesionales y empresarios es evidente, como desde este blog se ha tratado en otras ocasiones, que la Administración Local, en general, y en concreto la de Sevilla deja mucho, demasiado, que desear.
Es indudable que no son los responsables políticos los que materializan la gestión directa de las funciones del municipio, pero sí son responsables de que los servidores públicos municipales, muy bien pagados en relación a los funcionarios de otras Administraciones Públicas, se comporten como si los ciudadanos fueran los que debieran de servirles a ellos.
Los gestores municipales son con frecuencia tan impresentables que si se valoran con seriedad algunas actuaciones, los resultados reales serían claramente vergonzosos.
Un ciudadano fanático de la legalidad que tenga previsto hacer una obra menor para renovar el cuarto de baño, y pida la preceptiva licencia municipal para hacer una obra menor se puede enfrentar a años de espera. A nadie le debe extrañar que la mayoría de este tipo de obras se haga sin licencia y, en caso de solicitarla, la obra se termine antes de que llegue la correspondiente autorización, que suele demorarse más de lo debido.
De hecho, hay demasiados industriales, pequeños empresarios, que llevan años esperando la licencia de su actividad y pasan días enteros en las instalaciones municipales para intentar que los trámites burocráticos culminen, aportando continuamente nueva documentación requerida por el leguleyo de turno. Los servidores públicos según Larra están instalados en el Ayuntamiento de Sevilla.
Con frecuencia da la impresión que los funcionarios tienen acocotados y dominados a los responsables políticos por la prepotencia con que tratan a los ciudadanos. Olvidan que deben aplicar las normas vigentes en vez de interpretarlas según su criterio, por lo general obstruccionista, para atender las peticiones de los ciudadanos
En la actualidad el atasco de todo tipo de licencias, para obras de cualquier entidad y actividades industriales, debería ser prácticamente inasumible por una corporación medianamente responsable.
Parte de la economía de la ciudad está secuestrada por la incompetencia de los órganos gestores del ayuntamiento.
Si un funcionario se convierte en una especie de tapón en los trámites de la Administración Local con una actitud de prepotencia, paralizando expedientes, imponiendo en la gestión la interpretación personal de las normas desde posiciones contrarias al solicitante; si echa atrás expedientes por cuestiones marginales, que paraliza la marcha normal de cualquier tipo de licencia amparándose en los posibles errores cometidos por otro departamento del Ayuntamiento, sin ponerse en contacto con el mismo para solventar los posibles errores; si por cualquier tiquismiquis invalida expedientes con documentación compleja y costosa de formaliza. . ., y así se podía continuar con otros muchos obstáculos ficticios, ese funcionario debería ser erradicado de las funciones que desempeña y dedicarlo a tareas que no dañen a los ciudadanos y a la ciudad.
Por desgracia los responsables políticos municipales no le dan la menor importancia a este tipo de obstáculos que sufren la población y la propia economía local.
Se puede considerar inadecuada la actitud amenazante de los colegios profesionales y asociaciones empresariales, pero tras ellos están muchas personas dañadas en sus intereses por una
gestión funcionarial impresentable.
Los responsables políticos tienen la obligación de buscar una solución adecuada a esta situación que es nefasta para la ciudad y por lo tanto para los ciudadanos y su mejor bienestar socioeconómico.

LA BROCHA GORDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LA BROCHA GORDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Es bien conocido por los servidores públicos el uso que los responsables políticos de las Administraciones hacen de la brocha gorda. La utilizan en situaciones que se dan en las tres administraciones públicas, obviando así soluciones más justas e inteligentes, por el esfuerzo de precisión técnica y profesionalidad que implica.
Es frecuente que el incumplimiento de determinadas disposiciones por parte de los funcionarios, que van desde el horario y ciertas normas internas relacionadas con los trámites administrativos hasta la marginación de los principios más elementales de carácter interno de funcionalidad y convivencia, dan origen a comportamientos irracionales.
En circunstancias como las mencionadas utilizan la brocha gorda con la intención de poner coto a los incumplimientos e irregularidades, aunque no consiguen solucionar los problemas sino todo lo contrario, pues complican más la situación.
Los responsables no se enfrentan directamente a los hechos ni hacen lo necesario para que los incumplidores, que suelen ser una minoría, rectifiquen su conducta y, si es necesario, se inicien contra los infractores los correspondientes expedientes sancionadores.
Recurren a poner en marcha medidas que afectan a todos los funcionarios y no precisamente a su favor sino en su contra, pues suelen ser normas restrictivas. Nada positivo consiguen con esa forma de actuar, pues los incumplidores buscan la forma de saltarse las nuevas disposiciones, aunque sean más restrictivas y los cumplidores permanecen, en su comportamiento correcto, pero más presionados con las nuevas restricciones.
Valga a modo de ejemplo el siguiente: ¿Cómo establecer el valor real de un inmueble? En la compra y venta de viviendas de segunda mano es bien conocido que algunos compradores declaraban, acogiéndose al modo de proceder tolerado, un precio inferior al real de compra, con el fin de pagar menos impuestos por la operación de dicha transmisión patrimonial.
Ante esta situación la Administración Pública ha tomado la brocha gorda y ha decidido castigar a todos los ciudadanos que compran una vivienda de segunda mano. No ha optado por vigilar tales operaciones de compra-venta, que se hacen ante un notario que además de dar fe de la transacción actúa como recaudador de impuestos, que sería lo correcto, sino que ha decidido fijar ella el precio mínimo de cualquier inmueble en transacción para cuantificar los impuestos pagar. El mismo es el precio catastral multiplicado por un coeficiente que está normalmente, según el municipio de que se trate, por encima del 2 y en ocasiones muy próximo al tres. Pero… ¿Cuál es el valor real del bien que se transmite, en la situación y el estado en que se transmite?
La normativa en general no contempla todas las variables y, en consecuencia, suele castigar a los ciudadanos que cumplen por sistema las leyes. Se limita, además, muy considerablemente la libertad de comercio, y hasta podría llegar a deteriorar, incluso, derechos fundamentales de los ciudadanos, como el del acceso a la vivienda de familias jóvenes. Ya que, con esta disposición, quien tenga la suerte de comprar una vivienda de segunda mano por su valor catastral o en su entorno, lo que puede ocurrir por circunstancias muy diversas, tiene que tributar por un valor varias veces superior.
El castigo a los ciudadanos que cumplirían correctamente con sus obligaciones tributarias es más que probable que sea burlado por los listillos que encontrarán alguna forma de burlar la norma fruto de la brocha gorda.
Lo correcto sería poner en marcha los mecanismos adecuados, en los que tendrían un papel importante que cumplir los notarios, para que los ciudadanos que compran una vivienda de segunda mano tributaran lo justo, ni más ni menos, sólo lo justo, es decir el impuesto sobre el importe real pagado.
Concluyendo: Con la brocha gorda nada bueno se consigue, porque es poner en marcha por los responsables políticos mecanismos defensivos e incluso justificativos de su labor, que sin duda es muy negativa.

UNOS CUADERNILLOS MUNICIPALES

UNOS CUADERNILLOS MUNICIPALES

La falta de una mejor coordinación entre las Administraciones Públicas parece una evidencia que ya ha recibido críticas de todo tipo, aunque por los resultados bien poco influyen sobre los responsables políticos que tienen capacidad para buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
Antes o después, sin embargo, se tendrá que poner freno a los excesos pues ya no serán solo los territorios periféricos minados por las falacias independentistas, sino que el resto de los entes administrativos del país tienden a fragmentarlo, movimiento no sólo promovido por la Comunidades Autónomas, pues también participan en el fenómeno los entes locales de cierta entidad y capacidad técnica, ya que cada alcalde se siente un virrey para gobernar su municipio como si fuera un Estado, sin prestar la atención debida a la estructuración real del país, del que forma parte y al que están llevando, en unión de las otras Administraciones Públicas, a la ingobernabilidad.
Las tres Administraciones Públicas: Local, Autónoma y Central están en el empeño de no ponerse de acuerdo y con frecuencia además de repetir actuaciones, dilapidan recursos y están más pendientes de ellas mismas que de los ciudadanos y de los servicios que los entes bajo su gobierno están obligadas a prestar para ellos, y que deben tener la misma calidad y extensión para todos los españoles, conforme al principio de solidaridad, que el Estado debe garantizar en su realización efectiva (art. 138, del Título VIII: De la Organización Territorial del Estado).
En general, se percibe cierta dejación de funciones de los organismos centrales del Estado y, además, una hipervaloración del autogobierno, a todos los niveles, un camino seguro hacia el desmadre y la descomposición, aunque haya quien invoque las “Ciudades Estados”, como la clásica Atenas, para el caso de las grandes urbes.
Una simple anécdota, con poca trascendencia, evidencia la descoordinación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, así como la suficiencia excesiva del ente local, y que ha tenido lugar a causa de unos cuadernillos con nombre genérico “EDUCACIÓN PARA LA SALUD” editados por una de sus concejalías.
Los cuadernillos están dirigidos a los alumnos de la Educación Primaria Tercer Ciclo, Segundo Ciclo y Primer Ciclo, con el nombre de Educación Afectivo-Sexual.
Se han distribuido por los centros educativos de la ciudad de Sevilla y han ocasionado problemas, al instante, a los centros que los han hecho llegar hasta los alumnos de los diferentes niveles educativos a los que estaban destinados.
Un cierto número de madres se han personado en la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía para denunciar los cuadernillos, al considerar su contenido inadecuado para la edad de los niños a los que van dirigidos. La respuesta de la Junta de Andalucía ha sido decir que tales cuadernillos no se contemplan en sus planes de estudios y por lo tanto se tienen que retirar.
Al margen del contenido de los cuadernillos que pretenden ser imaginativos, aunque el tratamiento de la información, a transmitir al alumnado con acceso al ciberespacio, es demasiado simplista, lo lamentable es que su destino será el vertedero de basura o, como mucho, el contenedor para el supuesto reciclaje de papel.
Posiblemente la preparación de los cuadernillos fue fruto de la buena voluntad de algún político municipal que no tuvo en cuenta que es la Junta de Andalucía, junto con el Gobierno Central, los responsable de fijar los planes de estudios de la Educación Primaria y que cualquier actuación en ese campo se debe de hacer forzosamente, al menos, en coordinación con la Administración Autónoma. Pues, aunque en ello debe intervenir también la Administración Central, la Alta Inspección de Educación del Gobierno Central está siendo marginada por completo, o en demasiadas ocasiones, por los Gobiernos Autónomos.
Si dos entes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, encabezados por el mismo partido político no coordinan sus políticas, ¿qué ocurrirá entre aquellos entes controlados por partidos políticos diferentes?
La Administración Central del Estado tiene la obligación de ejercer sus funciones, de actuar como elemento coordinador y controlador de todas las Administraciones Públicas pues de hacer dejación de sus obligaciones, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en la actualidad, la descomposición del Estado será inevitable.