PRO POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSENSO Y GARANTIAS EFECTIVAS Y REALES

PRO POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSENSO
Y GARANTIAS EFECTIVAS Y REALES

Desde el verano de 2017 al invierno actual de 2018 se ha ido produciendo una acelerada quiebra institucional que hace difícil la esperanza de una nueva primavera constitucional española.
A pesar de que se haya acompasado en el tiempo la relectura de la Constitución de 1978, y aún distanciándose espacialmente de cuanto acontece a diario en este territorio fragmentado en lo social, lo cultural, lo económico y lo político, no parece que sea fácil mantener lo que, en su momento, se proclamó como voluntad política primera: garantizar la convivencia democrática.
Incluso las ideas para una posible actualización y reforma de la Constitución Española, que profesores de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo propusieron en noviembre de 2017, pasaron a un tercer o cuarto plano de la actualidad y el debate.
De hecho, en la Revista Exodo (nº 141, diciembre de 2017), dedicada a Cataluña más allá del vértigo, por una solidaridad real, se constata una solidaridad truncada y un cierto vértigo que agranda distancias entre opciones encontradas.
Vista, pues, la realidad compleja, dinámica, cambiante, pero siempre abierta al mañana, quizás lo más conveniente y pragmático sea centrarse en garantizar, retomar y revitalizar lo que fuera el proyecto de la política social y económica, resquebrajada también por causa de la crisis económica-financiera de hace más de diez años.
Hagamos, en consecuencia, un recordatorio constitucional paso a paso para ver lo que se pueda mejorar, cambiar o reformar, fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero proyectemos, sin miedos, un compromiso de solidaridad que garantice no sólo derechos y libertades sino también “los principios rectores de la política social y económica”, más allá de toda desvertebración social o territorial.
Vista la realidad actual en España, parece casi imposible emprender un proceso de reforma constitucional… y menos todavía utilizar el artículo 168 que aventura la posibilidad de una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al capítulo segundo, Sección Primera del Título I («De los derechos y deberes fundamentales», o al Título II («De la Corona»).
Con independencia de poder superar o no el denominado «cáncer catalanista» (ver el artículo de Javier Pérez Royo: «Primera quiebra constitucional de la democracia»), me parece que sería más pragmático y eficiente: a) normalizar la convivencia y salir de la situación anómala de la aplicación del art. 155 y b) centrarse -los que consideramos que el consenso constitucional fue positivo para el conjunto de España y para la solidaridad interterritorial- en el capítulo III del Título I de la Constitución.
¿Con qué finalidad?
Con la finalidad de pasar «De la desolación a la esperanza» (tema que trata Antonio García Santesmases en su «Balance y perspectiva», en la Revista Exodo citada), pero también con la finalidad de pasar a la acción programática y a la responsabilidad constitucional de garantizar lo que no se garantiza «De los principios rectores de la política social y económica»:
Protección de la familia, política orientada al pleno empleo, la formación y readaptación profesional, asistencia y prestaciones sociales, derechos económicos y sociales de trabajadores españoles en el extranjero, protección de la salud y la educación sanitaria, el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación.
Protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos.
Garantizar una vivienda digna y adecuada, así como la participación libre y eficaz de la juventud, en el desarrollo político, social, económico y cultural; política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas disminuidas en sus capacidades físicas, sensoriales o psíquicas.
Garantía de pensiones adecuadas -periódicamente actualizadas- durante la tercera edad de la ciudadanía, y prestación de servicios sociales que atiendan problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio; defensa de consumidores y usuarios -su información y educación-; y regulación de organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios.

Lo que más necesitamos ahora es un proyecto eficaz y efectivo de política social y económica, basado en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Si de verdad se reconoce que España sea un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugne valores como libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, no debe haber inconveniente ni en garantizar la convivencia democrática dentro del marco constitucional ni en la común aceptación de los derechos y deberes fundamentales, ni en llegar a garantizar también la aplicación efectiva y eficiente “De los principios rectores de la política social y económica (recogidos en el capítulo III, del Título I), y que pueden ser la base de todo un programa de consenso de todas las fuerzas progresistas que defiendan el desarrollo integral de las personas y comunidades de dicho Estado, a su vez miembro de la Unión Europea.

Como subraya el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes”. Ese debe ser nuestro norte, para garantizar la mejor convivencia posible en España, en Europa y en el conjunto de la Comunidad Humana.

SE, 06/02/2018

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