IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANTE EL RUPTURISMO CATALANISTA

IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ANTE EL RUPTURISMO CATALANISTA
Por: José Mora Galiana
Desde la Sevilla cosmopolita, con toda su historia y sus restos arqueológicos, el tema catalanista en España da la impresión de quedar a merced de un plan rupturista de algunos iluminados que alardean de mayorías minoritarias de la sociedad de esa parte del territorio de la Península Ibérica. Por eso, tal vez, la Constitución de 1978, antes del Título X «De la Reforma Constitucional» establece el Título IX: «Del Tribunal Constitucional».
Es claro que la Constitución de 1978 consagró una forma de gobierno democrática en el marco de la Monarquía Parlamentaria y de una determinada organización territorial del Estado. Pero también es claro que esa opción ha sido útil para una convivencia social durante los últimos cuarenta años. Por ello, cuando se fuerzan republicanismos e independencias rupturistas, antes de entrar en posibles y hasta necesarias reformas constitucionales, conviene respetar el Estado Social y Democrático de Derecho, y recordar que, en la división de poderes, el poder judicial cuanta con el Tribunal Constitucional, limitado, pero cuyos miembros,12, aunque nombrados por el Rey (4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado – y en ambos casos por mayoría de 3/5-; y 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta de Consejo General del Poder Judicial), dichos miembros del Tribunal son nombrados entre Magistrados y Fiscales, Funcionarios Públicos, y Abogados, «todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional» (art. 159, 2.). Se quiere, además, que los miembros del Tribunal Constitucional sean independientes.
Según el art. 161, 1. «El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer, entre otras cosas, los recursos de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de las de éstas entre sí.
Además, «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses» (art. 161, 2.).
Para interponer recurso de inconstitucionalidad están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas (ver art. 162, 1 a).
Interesa, pues, volver a la normalidad constitucional y desde ella plantear lo que se considere legitimo y viable -por los cauces propios del Estado de Derecho- para mejorar la convivencia y seguir avanzando en Democracia.
En todo caso, siempre el interés general o el denominado Bien Común, debe anteponerse al interés particular.

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