PRO POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSENSO Y GARANTIAS EFECTIVAS Y REALES

PRO POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSENSO
Y GARANTIAS EFECTIVAS Y REALES

Desde el verano de 2017 al invierno actual de 2018 se ha ido produciendo una acelerada quiebra institucional que hace difícil la esperanza de una nueva primavera constitucional española.
A pesar de que se haya acompasado en el tiempo la relectura de la Constitución de 1978, y aún distanciándose espacialmente de cuanto acontece a diario en este territorio fragmentado en lo social, lo cultural, lo económico y lo político, no parece que sea fácil mantener lo que, en su momento, se proclamó como voluntad política primera: garantizar la convivencia democrática.
Incluso las ideas para una posible actualización y reforma de la Constitución Española, que profesores de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo propusieron en noviembre de 2017, pasaron a un tercer o cuarto plano de la actualidad y el debate.
De hecho, en la Revista Exodo (nº 141, diciembre de 2017), dedicada a Cataluña más allá del vértigo, por una solidaridad real, se constata una solidaridad truncada y un cierto vértigo que agranda distancias entre opciones encontradas.
Vista, pues, la realidad compleja, dinámica, cambiante, pero siempre abierta al mañana, quizás lo más conveniente y pragmático sea centrarse en garantizar, retomar y revitalizar lo que fuera el proyecto de la política social y económica, resquebrajada también por causa de la crisis económica-financiera de hace más de diez años.
Hagamos, en consecuencia, un recordatorio constitucional paso a paso para ver lo que se pueda mejorar, cambiar o reformar, fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero proyectemos, sin miedos, un compromiso de solidaridad que garantice no sólo derechos y libertades sino también “los principios rectores de la política social y económica”, más allá de toda desvertebración social o territorial.
Vista la realidad actual en España, parece casi imposible emprender un proceso de reforma constitucional… y menos todavía utilizar el artículo 168 que aventura la posibilidad de una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al capítulo segundo, Sección Primera del Título I («De los derechos y deberes fundamentales», o al Título II («De la Corona»).
Con independencia de poder superar o no el denominado «cáncer catalanista» (ver el artículo de Javier Pérez Royo: «Primera quiebra constitucional de la democracia»), me parece que sería más pragmático y eficiente: a) normalizar la convivencia y salir de la situación anómala de la aplicación del art. 155 y b) centrarse -los que consideramos que el consenso constitucional fue positivo para el conjunto de España y para la solidaridad interterritorial- en el capítulo III del Título I de la Constitución.
¿Con qué finalidad?
Con la finalidad de pasar «De la desolación a la esperanza» (tema que trata Antonio García Santesmases en su «Balance y perspectiva», en la Revista Exodo citada), pero también con la finalidad de pasar a la acción programática y a la responsabilidad constitucional de garantizar lo que no se garantiza «De los principios rectores de la política social y económica»:
Protección de la familia, política orientada al pleno empleo, la formación y readaptación profesional, asistencia y prestaciones sociales, derechos económicos y sociales de trabajadores españoles en el extranjero, protección de la salud y la educación sanitaria, el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación.
Protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos.
Garantizar una vivienda digna y adecuada, así como la participación libre y eficaz de la juventud, en el desarrollo político, social, económico y cultural; política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas disminuidas en sus capacidades físicas, sensoriales o psíquicas.
Garantía de pensiones adecuadas -periódicamente actualizadas- durante la tercera edad de la ciudadanía, y prestación de servicios sociales que atiendan problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio; defensa de consumidores y usuarios -su información y educación-; y regulación de organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios.

Lo que más necesitamos ahora es un proyecto eficaz y efectivo de política social y económica, basado en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Si de verdad se reconoce que España sea un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugne valores como libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, no debe haber inconveniente ni en garantizar la convivencia democrática dentro del marco constitucional ni en la común aceptación de los derechos y deberes fundamentales, ni en llegar a garantizar también la aplicación efectiva y eficiente “De los principios rectores de la política social y económica (recogidos en el capítulo III, del Título I), y que pueden ser la base de todo un programa de consenso de todas las fuerzas progresistas que defiendan el desarrollo integral de las personas y comunidades de dicho Estado, a su vez miembro de la Unión Europea.

Como subraya el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes”. Ese debe ser nuestro norte, para garantizar la mejor convivencia posible en España, en Europa y en el conjunto de la Comunidad Humana.

SE, 06/02/2018

DOS ISMOS HAN CHOCADO

DOS ISMOS HAN CHOCADO

No se tienen buenos recuerdos de muchos de los “ismos” que han tenido lugar a lo largo de la historia más próxima. Así ocurre con el fascismo, con el comunismo, con el estalinismo, con el franquismo, con el nacionalismo, con el chavismo, con el populismo, y aun se podría ampliar la lista de los movimientos terminados en “ismos”.

En la actualidad hay dos “ismos” que intentan ofrecer un proceder positivo, y que pretenden, incluso, ser progresistas. Esos “ismos”, sin embargo, tienen a veces en sus promotores, comportamientos sorprendentes y no apuntan hacia nada bueno para la sociedad porque sobreactúan, y los excesos no suelen ser positivos. Dan entonces, una imagen próxima al fanatismo y a la exclusión, lo que puede echar por tierra unas actuaciones que, de estar en la sensatez de la justa medida, podrían situarse en las proximidades del interés general.
Entre estos “ismos” están el animalismo y el feminismo, que han dado base en fechas pasadas, con una actuación concreta claramente insensata en relación a los hombres que piropean, a un enfrentamiento entre ellos y a numerosos comentarios al respecto en los medios de comunicación.
Ambos “ismos” tienen en los últimos tiempos una gran actualidad y han llegado a un punto de sobreactuación tan grande que, antes o después, se volverá en contra de ellos y de sus objetivos.
Para proteger a los animales se ha legislado mucho y se pretende legislar más. Es posible que se llegue al extremo propuesto por una responsable política, de un partido importante de este país que está en expansión, de dar por ley los mismos derechos a los animales que a las personas. En Suiza pretenden que se anestesien a las langostas antes de cocinarlas, si están vivas. Al parecer los miembros de este “ismo” ignoran que la especie humana –animal humano, al fin y al cabo- mató, mata y matará a los animales para comérselos y alimentarse, lo que es consustancial a su naturaleza. Lo hace para sobrevivir.

Desde que se tiene información sobre la vida de la persona humana, el hombre cazaba animales para alimentarse. Por desgracia la especie no la forman espíritus puros, está en la cumbre de la depredación y ahí permanecerá, tal vez, mientras habite en el planeta Tierra.
Ahora bien, mientras se legisla tanto a favor de los animales, los ciento ochenta mil perros que viven en Sevilla, según datos municipales, por ejemplo, llenan de excrementos las aceras de la ciudad y de orines las paredes de los edificios. Es de esperar que los miembros del “ismo” consigan que concedan, por ley, tal derecho a los animales, pues en definitiva, ¿quién es el hombre para poner trabas a la libertad de los canes para que excreten cómo, dónde y cuando quieran?
El choque de este “ismo” con el feminismo ha tenido lugar por una campaña que un organismo de la Administración Autónoma andaluza ha llevado a término bajo el título: “NO SEAS ANIMAL” supuestamente para luchar contra el llamado piropo callejero.
Puede que, arrastrados por el movimiento americano feminista llamado Me Too, los dirigentes del organismo oficial se han lanzado, sin tener en cuenta las declaraciones de algunos intelectuales y artistas franceses, ni tampoco las manifestaciones de las actrices de la misma nacionalidad, Catherine Deneuve y Brigitte Bardot, que durante décadas han representado la esencia de la feminidad en todo el mundo.
En la campaña de referencia se compara a esos hombres, que piropean a las mujeres, con diferentes animales: el pulpo, el buitre, el gallito, el cerdo, el búho, y el gorrión. El otro “ismo” ha salido a los medios considerando intolerable tales comparaciones, pues afectan para mal a la dignidad de los animales.
La situación no merece ningún comentario, sólo decir que, en los excesos y los fanatismos, el número de tontos de alto nivel es incontable y que algunos de ellos ocupan puesto de responsabilidad en nuestra sociedad.
¡ESTAMOS LISTOS!

LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

Resulta preocupante y hasta cierto punto irritante que, la actualidad española en los medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos y no digamos en las redes sociales, esté monopolizada por dos cuestiones a cual más negativas para el país: La peripecia bruselense de un prófugo de la justicia y el interminable rosario de casos judiciales que afectan a políticos y empresarios corruptos que han detraído fondos del erario público. Parecería que nada importa más en España, ni hay otras cuestiones que preocupen a las mujeres y hombres de nuestro país.
Sin obviar la entidad que el independentismo catalán y la corrupción política tienen por estos pagos, queremos señalar algunos problemas que nos acucian a todos:
1) El Paro
Según la EPA, estamos en un 18.5% de paro, aproximadamente el doble de la media de la UE. Especialmente preocupante es el paro juvenil, que alcanza en algunas zonas el 40% y los parados de larga duración, muy en particular, aquellos que han rebasado los 45 años, cuya dificultad es mayor para encontrar un hueco en el mercado laboral.
Hacen falta políticas que fomenten el empleo, y la primera de ellas debe ser recuperar un ritmo vigoroso de inversiones públicas creadoras de empleo.
La reforma laboral del PP ha traído bajos salarios, precariedad y, eso sí, un importante incremento de los beneficios empresariales que no llega a los trabajadores.
2) La Desigualdad
Los gobiernos del PP, de acuerdo con la actuación histórica de la derecha, han acentuado la desigualdad en nuestro país. Hoy estamos entre los más desiguales de Europa. En España se da el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, aquellos cuyo salario no les permite llegar a fin de mes y deben recurrir a organizaciones asistenciales para que les faciliten comida o leche, pañales y ropa para sus hijos.
Hay también una brecha salarial entre hombres y mujeres que viola el principio social de “A igual trabajo igual salario” y que perjudica gravemente a las mujeres.
Mientras le economía crece y los bancos y las empresas obtienen pingües beneficios, hay un sector de trabajadores – el “lumpemprecariado” le han llamado algunos- cuyos salarios no les permiten vivir. Esto es indigno de la 4ª economía de la UE.
3) Las Pensiones.
Desde el 13/972013 cuando el gobierno del PP desvinculó la subida anual de las pensiones del IPC, es decir, de lo que suben los precios todos los años, el poder adquisitivo de los pensionistas no ha hecho sino bajar. La subida del 0.25% anual que el gobierno aplica desde entonces, ha penalizado a todos los pensionistas españoles contribuyendo a su empobrecimiento. No olvidemos que en España, al lado de pensiones dignas, las hay de menos de 800 euros que apenas dan para vivir. Por no hablar de las no contributivas que se asemejan más a limosnas que a pensiones.
Con todo, los pensionistas por sus ingresos fijos, han actuado como salvavidas familiares durante la crisis, dando protección y cobijo a hijos y nietos desempleados. La solidaridad de abuelas y abuelos ha evitado así un posible estallido social en lo más duro de la crisis. En paralelo, el gobierno ha gastado casi la totalidad de los 66.000.000.000 de euros que le dejo el denostado Zapatero. El vaciamiento de la “hucha” viene condicionado por la insuficiencia de las cotizaciones sociales debida a los bajos salarios, y por el gran interés del gobierno en que la gente suscriba planes privados de pensiones, dando así acceso a Bancos y compañías de seguros a la masa ingente del dinero de la pensiones, con el fin último de privatizarlas.
4) Los Políticos.
Las personas que detentan representación política se han convertido, en general, en un problema añadido que así se refleja encuesta tras encuesta cuando se pregunta a la población. Todo ello a pesar de que, el ejercicio de la política como actividad al servicio del bien común, tiene un componente noble y de que los partidos políticos son el instrumento constitucional para la participación de los ciudadanos/as en política.
¿Por qué la población ve a los políticos como problema, en vez de cómo solución? Por la mala utilización que se hace del poder, por la mezcla deliberada y fraudulenta de intereses públicos y privados, por la avidez y desvergüenza culposa de unos individuos que han saqueado los bienes públicos a mansalva, de manera sistemática y organizada con estructuras semejantes a la Mafia, y por el exceso número de representantes públicos y asesores clientelares de los mismos.
Ningún partido está libre de corrupción –con excepción de los recién llegados al escenario político- pero el numero 1 de este triste podio, es para el partido popular al que algunos jueces en sus autos califican de “Organización criminal”
Hemos querido señalar, sin agotarlos, algunos problemas que consideramos importantes para la ciudadanía de muestro país. Naturalmente hay muchos más, pero pensamos que ya va siendo hora de que la crónica judicial y los espectáculos político-circenses de los independentistas, ocupen su lugar dentro de los muchos problemas que tiene España.
Conviene, pues, ir a las raíces de nuestra situación y de la realidad histórica en la que vivimos y no andar por las ramas, un tanto despistados o alienados en nuestro quehacer político.

IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANTE EL RUPTURISMO CATALANISTA

IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ANTE EL RUPTURISMO CATALANISTA
Por: José Mora Galiana
Desde la Sevilla cosmopolita, con toda su historia y sus restos arqueológicos, el tema catalanista en España da la impresión de quedar a merced de un plan rupturista de algunos iluminados que alardean de mayorías minoritarias de la sociedad de esa parte del territorio de la Península Ibérica. Por eso, tal vez, la Constitución de 1978, antes del Título X «De la Reforma Constitucional» establece el Título IX: «Del Tribunal Constitucional».
Es claro que la Constitución de 1978 consagró una forma de gobierno democrática en el marco de la Monarquía Parlamentaria y de una determinada organización territorial del Estado. Pero también es claro que esa opción ha sido útil para una convivencia social durante los últimos cuarenta años. Por ello, cuando se fuerzan republicanismos e independencias rupturistas, antes de entrar en posibles y hasta necesarias reformas constitucionales, conviene respetar el Estado Social y Democrático de Derecho, y recordar que, en la división de poderes, el poder judicial cuanta con el Tribunal Constitucional, limitado, pero cuyos miembros,12, aunque nombrados por el Rey (4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado – y en ambos casos por mayoría de 3/5-; y 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta de Consejo General del Poder Judicial), dichos miembros del Tribunal son nombrados entre Magistrados y Fiscales, Funcionarios Públicos, y Abogados, «todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional» (art. 159, 2.). Se quiere, además, que los miembros del Tribunal Constitucional sean independientes.
Según el art. 161, 1. «El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer, entre otras cosas, los recursos de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de las de éstas entre sí.
Además, «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses» (art. 161, 2.).
Para interponer recurso de inconstitucionalidad están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas (ver art. 162, 1 a).
Interesa, pues, volver a la normalidad constitucional y desde ella plantear lo que se considere legitimo y viable -por los cauces propios del Estado de Derecho- para mejorar la convivencia y seguir avanzando en Democracia.
En todo caso, siempre el interés general o el denominado Bien Común, debe anteponerse al interés particular.