LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

Los dos asuntos de Estado de más relevancia, sobre los que se trata en la actualidad, se centran en la financiación de las Comunidades Autónomas y en la reforma de la Constitución de diciembre de 1978.
En relación con ambos temas los responsables políticos hacen manifestaciones de contenido diverso. Lo más interesante es que hay coincidencias entre ellos, cuando manifiestan que el objetivo de conseguir la correcta financiación de las Comunidades Autónomas es hacer que todos los ciudadanos de España dispongan de los mismos servicios públicos y con la misma calidad. Sin importar el lugar del país de donde sean naturales, en donde residan o se encuentren en tránsito en un territorio determinado del país.
Aunque tales son las palabras de los responsables políticos, sus hechos distan mucho de ellas. La realidad así lo demuestra y está muy distante de tales manifestaciones. Son justamente los gobernantes autonómicos, sin que haya excepciones entre ellos, los que hacen imposible conseguir objetivos tan favorables para los ciudadanos.
Un español que viaje por el territorio nacional con la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma donde reside, no puede conseguir en las farmacias de otras comunidades autónomas los medicamentos que le ha recetado un facultativo de la suya y se recogen en la mencionada tarjeta.
Un maestro funcionario de la enseñanza pública de una comunidad autónoma, que traslada su residencia por necesidades imperativas a otra, deja de ser un funcionario docente en ésta y lo mismo les ocurre a otros funcionarios de carrera en las mismas circunstancias.
Un pequeño empresario que concurre a un concurso público de una Comunidad Autónoma donde no tenga su domicilio fiscal será discriminado, negativamente, con relación a otros pequeños empresarios que residan en la misma a la hora de
valorar su oferta para la adjudicación.
Un niño que está obligado, por el traslado de sus progenitores a determinadas Comunidades Autónomas, se ve obligado a estudiar en un idioma diferente al suyo materno, el español, aunque el artículo tres de la Constitución del 78 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarla.
Determinadas Comunidades Autónomas disfrutan de fueros por los que sus gobernantes pueden dedicar a los servicios de sus ciudadanos mayores recursos que al resto de los españoles, servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos con la misma calidad.
Algunos impuestos que afectan directamente a los ciudadanos individualmente son diferentes en las diferentes comunidades autónomas, ¿qué decir del impuesto de sucesiones?
A la alta inspección del Estado para la enseñanza las Comunidades Autónomas no le prestan la menor atención, y hacen con la enseñanza lo que quieren, adoctrinando incluso a los alumnos, con fines políticos, sin respetar los derechos del menor.
Con frecuencia los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas elaboran normas innecesarias, con base en las nacionales y comunitarias, endureciendo su contenido en contra de los ciudadanos, para diferenciarse de otros territorios.
Se podrían mencionar otras muchas situaciones en las que hay una clara demostración de que los responsables políticos han dado, con sus acciones de gobierno, más importancia a los territorios que a sus ciudadanos. Con tales acciones favorecen a los nacionalismos pues han llegado al extremo de levantar barreras en sus territorios que en determinados casos llegan a ser auténticas fronteras. Sitúan, siempre, a los territorios por encima de los ciudadanos.
Por tales razones cuando reclaman una financiación más justa piensan en los territorios y en su posición no en los ciudadanos.
Los responsables políticos no pueden continuar lanzado mensajes que son contrarios a la realidad de cada día. Si persiguen que todos los ciudadanos de este país dispongan de los mismos servicios públicos y de la misma calidad, que se pongan de acuerdo, lo hagan realidad y dejen la demagogia de la que los ciudadanos, los perjudicados, están hastiados.
En cualquier posible o viable reforma constitucional habrá que tener muy presente el sentido de solidaridad interterritorial, para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía.

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