LA PERMANENTE SUBDIVISIÓN DE LA IZQUIERDA POLÍTICA

LA PERMANENTE SUBDIVISIÓN DE LA IZQUIERDA POLÍTICA
“Éramos pocos y parió la abuela”.
Una frase popular que se le podía aplicar al profesor titular de la Universidad de Granada y decano de la Facultad de Filosofía y Letras José Antonio Pérez Tapia, licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Filosofía y Letras.
El profesor fue portavoz de la corriente crítica del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Socialista, y diputado en el grupo del PSOE y optó a la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español que perdió.
Repentinamente, para así iniciar el año 2018, salió a los medios de comunicación, con mayor difusión, para anunciar que se había dado de baja en el PSOE. Tal hecho no tendría la menor trascendencia si no fuera acompañado con la promesa de formar un nuevo partido que se situará a la izquierda del PSOE.
El profesor ha desechado lo opción de integrarse en Izquierda Unida o en Podemos, aunque ambos partidos comparten sus ideas sobre el derecho a la independencia y a la conveniencia de que en Cataluña tenga lugar un referéndum para decidir sobre su independencia, que son según sus palabras el motivo principal por el que ha decidido dejar el PSOE, a pesar de sus veinte y cinco años de militancia y de haber tenido cierta relevancia dentro de la organización y contar con un número considerable de seguidores, entre los afiliados, como portavoz de la corriente de Izquierda Socialista.
Carece de sentido discutir si apoyar el derecho a decidir y llevar a término un referéndum, con tal fin en Cataluña, es realmente una actitud progresista, propia de la ideología de izquierdas o se trata simplemente de repetir los errores de la España cantonal, que marcó el punto final y el fracaso total de la Primera República. Pero con tal justificación el profesor se desmarca claramente de los preceptos constitucionales y se alía a los mensajes propios de los populismos, los mismos que pretenden arrastrar a Europa a desastres similares a los vividos a lo largo de su complicada historia, especialmente a los más próximos del siglo XX.
En relación a los efectos contrarios para el PSOE que pueda producir la creación de un nuevo partido político por parte del señor Pérez Tapias son evidentes.
Es difícil preveer el número de afiliados del Partido Socialista Obrero Español que puedan darse de baja para formar parte de la nueva organización política y lo mismo se puede decir en relación al número de votantes que tendría, tanto en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como en las generales a nivel nacional. Pero sean pocos o muchos lo previsible es que cuente con los suficientes votos para restar al PSOE, quizá en algunas circunscripciones, los suficientes para quitarle algún escaño, y no sean los necesarios para que el nuevo partido tenga alguna representación parlamentaria.
El proceder del señor profesor será, en definitiva, una mala jugada para las políticas progresistas a llevar a cabo en el país.
Se repite la historia de siempre entre los partidos progresistas. Los enfrentamientos entre ellos es lo más habitual y cuando llegan a determinados acuerdos que pueden tener cierta trascendencia no saben bien qué hacer con el poder. No ocurre lo mismo entre las fuerzas conservadoras más afines a los pactos y a la unidad.
El período de gobierno del PSOE tras las elecciones de 1982 pasará a la historia como clave para España y como uno de los más positivos para el país, lástima que no se cuente en la actualidad ni con líderes como los de entonces para unificar a los movimientos progresistas en una política socialdemócrata renovada y con objetivos nuevos, positivos y alcanzables.
Como decíamos antaño son necesarios en una determinada opción: la partitura, la dirección de orquesta y el auditorio o público que ratifique la actuación con su reconocimiento y entusiasmo.

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EL DESMADRE AUTONÓMICO

EL DESMADRE AUTONÓMICO

La creación de las Comunidades Autónomas, como una forma moderna de estructurar el Estado español, fue sin duda un avance importante de los legisladores, dadas las circunstancias del proceso de transición del régimen de la dictadura a la plena democracia. Así se recogió en la Constitución Española de 1978, aprobada por los españoles en referéndum.
La Carta Magna daba así respuesta a las demandas de las inquietudes nacionalistas de algunos políticos de determinados territorios. Descentralizaba, además, la prestación de numerosos servicios que afectan directamente a todos los ciudadanos aproximando a ellos la gestión de las Administraciones Públicas y las responsabilidades derivadas. Servicios que aumentarían y se consolidarían con la formalización y desarrollo del Estado de Bienestar, del que en la actualidad disfrutan todos los españoles.
Con el paso de los años, la gestión de los responsables políticos de todos los partidos, han ido trasformando el buen propósito de la descentralización, administrativa y política, en la mala realidad del desmadre autonómico en la que está sumido el país.
Los dirigentes políticos de las Comunidades Autónomas se han olvidado de que son una parte del Estado y que como tal se deben comportar.
En primer lugar, respecto al acatamiento de las leyes así como en relación con la división de poderes y de las funciones de cada uno de ellos, no es admisible que se incumplan las sentencias del Tribunal Constitucional o se busquen trucos estúpidos para simular que se cumplen. Acatar las sentencias de los tribunales y cumplir con ellas, gusten o no, es un deber de todos los ciudadanos y en especial de aquellos que tienen responsabilidades políticas.
No sólo se ha dejado de respetar este principio, sino que se están constituyendo pequeños reinos de taifas y en ellos sus dirigentes se comportan, además, como si tuvieran el derecho a actuar sin tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos del país, es decir no solo los de la comunidad autónoma que gobiernan sino de todos los del Estado español, lo que equivale a decir los de todas las Comunidades Autónomas de España porque son parte del Estado.
En contra de lo dicho los responsables políticos crean rivalidades entre los territorios como si pretendieran ser diferentes y superiores a los demás, presumir de mayor autonomía, pretender la independencia, con permanentes enfrentamientos con las Administración Pública Central. Exigen más y mayores competencias, como si las mismas fueran inagotables y como si lograr tal objetivo fuera favorable a todos los ciudadanos, cuando en la práctica los intereses de los partidos políticos se desvinculan del interés general y son negativos para gran parte de la ciudadanía.
Quizá el cambio más necesario e importante de la constitución de 1978 esté relacionado con la definición de las Comunidades Autónomas.
Sería, pues, imprescindible concretar con precisión tanto las competencias trasferibles, para que favorezca su aplicación a los ciudadanos si son gestionadas adecuadamente, como la financiación necesaria. Dejando claro que serán las mismas para todas las comunidades autónomas. Esto tiene que ser exigible y controlable.
Así mismo el Gobierno Central y la Administración General del Estado deberán tener capacidad para corregir las posibles desviaciones de los entes autonómicos, sin necesidad de aplicar disposiciones extraordinarias. Igualmente, dicha Administración General del Estado deberá armonizar y garantizar la gestión de modo que la ciudadanía disponga de los servicios propios de un Estado de Bienestar allí donde se resida, en cualquier comunidad autónoma, o donde se traslade la residencia, sea temporalmente o en situación de tránsito.
Modificar la Constitución para favorecer a determinados territorios y a sus habitantes sería un disparate descomunal.
Ni tradiciones, ni derechos extraordinarios adquiridos, solo igualdad de derechos para todos los ciudadanos de España e iguales servicios dentro del Estado de Bienestar, sea cual sea el producto interior bruto del territorio y la renta per cápita de sus habitantes.
Los responsables de todas las Comunidades Autónomas se tendrían que someter a tales principios y eliminar el desmadre en el que están sumergidas en la actualidad.
Por nuestra parte, no cabe sino reafirmar los principios de libertad, igualdad y solidaridad, así como la garantía de los servicios públicos.

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
¿PENSANDO EN LOS CIUDADANOS O EN LOS TERRITORIOS?

Los dos asuntos de Estado de más relevancia, sobre los que se trata en la actualidad, se centran en la financiación de las Comunidades Autónomas y en la reforma de la Constitución de diciembre de 1978.
En relación con ambos temas los responsables políticos hacen manifestaciones de contenido diverso. Lo más interesante es que hay coincidencias entre ellos, cuando manifiestan que el objetivo de conseguir la correcta financiación de las Comunidades Autónomas es hacer que todos los ciudadanos de España dispongan de los mismos servicios públicos y con la misma calidad. Sin importar el lugar del país de donde sean naturales, en donde residan o se encuentren en tránsito en un territorio determinado del país.
Aunque tales son las palabras de los responsables políticos, sus hechos distan mucho de ellas. La realidad así lo demuestra y está muy distante de tales manifestaciones. Son justamente los gobernantes autonómicos, sin que haya excepciones entre ellos, los que hacen imposible conseguir objetivos tan favorables para los ciudadanos.
Un español que viaje por el territorio nacional con la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma donde reside, no puede conseguir en las farmacias de otras comunidades autónomas los medicamentos que le ha recetado un facultativo de la suya y se recogen en la mencionada tarjeta.
Un maestro funcionario de la enseñanza pública de una comunidad autónoma, que traslada su residencia por necesidades imperativas a otra, deja de ser un funcionario docente en ésta y lo mismo les ocurre a otros funcionarios de carrera en las mismas circunstancias.
Un pequeño empresario que concurre a un concurso público de una Comunidad Autónoma donde no tenga su domicilio fiscal será discriminado, negativamente, con relación a otros pequeños empresarios que residan en la misma a la hora de
valorar su oferta para la adjudicación.
Un niño que está obligado, por el traslado de sus progenitores a determinadas Comunidades Autónomas, se ve obligado a estudiar en un idioma diferente al suyo materno, el español, aunque el artículo tres de la Constitución del 78 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarla.
Determinadas Comunidades Autónomas disfrutan de fueros por los que sus gobernantes pueden dedicar a los servicios de sus ciudadanos mayores recursos que al resto de los españoles, servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos con la misma calidad.
Algunos impuestos que afectan directamente a los ciudadanos individualmente son diferentes en las diferentes comunidades autónomas, ¿qué decir del impuesto de sucesiones?
A la alta inspección del Estado para la enseñanza las Comunidades Autónomas no le prestan la menor atención, y hacen con la enseñanza lo que quieren, adoctrinando incluso a los alumnos, con fines políticos, sin respetar los derechos del menor.
Con frecuencia los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas elaboran normas innecesarias, con base en las nacionales y comunitarias, endureciendo su contenido en contra de los ciudadanos, para diferenciarse de otros territorios.
Se podrían mencionar otras muchas situaciones en las que hay una clara demostración de que los responsables políticos han dado, con sus acciones de gobierno, más importancia a los territorios que a sus ciudadanos. Con tales acciones favorecen a los nacionalismos pues han llegado al extremo de levantar barreras en sus territorios que en determinados casos llegan a ser auténticas fronteras. Sitúan, siempre, a los territorios por encima de los ciudadanos.
Por tales razones cuando reclaman una financiación más justa piensan en los territorios y en su posición no en los ciudadanos.
Los responsables políticos no pueden continuar lanzado mensajes que son contrarios a la realidad de cada día. Si persiguen que todos los ciudadanos de este país dispongan de los mismos servicios públicos y de la misma calidad, que se pongan de acuerdo, lo hagan realidad y dejen la demagogia de la que los ciudadanos, los perjudicados, están hastiados.
En cualquier posible o viable reforma constitucional habrá que tener muy presente el sentido de solidaridad interterritorial, para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía.