INTERÉS GENERAL, ECONOMÍA Y SOCIALISMO EN LIBERTAD

INTERÉS GENERAL,
ECONOMÍA Y SOCIALISMO EN LIBERTAD

Bertrand Russell (1872-1970), en su libro Caminos de libertad: socialismo, anarquismo y comunismo (1918), nos indica, desde su propia experiencia, la necesidad de conjugar la libertad y la justicia económica como modo de lograr el “goce de vivir” y la defensa del interés general.
Por nuestra parte, entre el 1975 y finales de 1978, fuimos capaces de lograr un consenso constitucional en el que toda la riqueza del país en sus distintas formas, fuera cual fuere su titularidad, debería estar subordinada al interés general. Ese es el gran reto constitucional -recogido en el Título VII, sobre Economía y Hacienda (artículos 128 al 136 de la CE)-.
En este quehacer constitucional, nos inspiramos en otros países europeos, tales como Italia (al Sur) y Alemania (al norte). Una vez logrado el consenso, fuimos de hecho un referente en el conjunto iberoamericano. El reto indicado implicaba un especial sentido de responsabilidad compartida, de planificación, de modernización; de equilibrio presupuestario; de solidaridad interterritorial; de estabilidad presupuestaria y participación efectiva de los distintos ámbitos, incluso sociales (empresariado y personas trabajadoras, en el art. 129).
Concretamente, en el art. 135, 5 de la CE de 1978 se estableció, además, que una Ley Orgánica desarrollaría los principios enunciados así como la participación, en los procedimientos respectivos, de la coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera.
Ello implica regular: a) la distribución de los límites del déficit y de la deuda; b) el cálculo del déficit estructural; c) la responsabilidad de cada Administración Pública, en su caso, por incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El tema es de tal importancia que, además de la coordinación institucional, es imprescindible un Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, con dependencia directa de las Cortes Generales (art. 136, 1).
Como en el caso del Poder Judicial, «Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces» (art. 136, 3).

En consecuencia, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales tendrán que conjugar la coordinación institucional en las cuestiones presupuestarias con la gestión económica, la planificación, la mejora del producto interior bruto y la subordinación de la riqueza, de toda riqueza, al interés general.

¿Qué es lo que suele fallar? Pues… el sentido de solidaridad, la coordinación, la participación efectiva, y la supeditación del interés particular al interés general. Ahí es donde resulta difícil avanzar en la relación entre Ética y Política, absolutamente necesaria en cualquier reforma constitucional en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Por eso, tal vez, conviene leer, en la actualidad, el libro de Josep Borrell y otros, que se titula Escucha, Cataluña. Escucha, España –cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión-.
Josep Borrell (con su aportación “Catalán, Español, Europeo”), Francesc de Carreras (en “La defensa espiral del silencio”), Juan-José López Burniol (en torno a “El problema español”), y Josep Piqué (“En busca de la política perdida”) apuestan, razonada y documentalmente, por el diálogo y el reencuentro de la mayoría de los españoles, frente al crispado debate territorial. El reto tal vez parezca imposible, pero, para estos autores, incluso los puentes rotos pueden rehacerse si se antepone el interés general al interés particular.

SE, 13/XI/17

LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

LA HISPANIDAD Y LOS NACIONALISMOS

Sobre los nacionalismos se ha escrito prácticamente todo, y es difícil decir algo nuevo sobre sus nefastas consecuencias derivadas de los sentimientos identitarios, todos orientados a imponer una superioridad indiscutible de ellos, los nacionalistas, sobre todos los humanos foráneos.
Los sentimientos nacionalistas e identitarios son peligrosos porque llegan a dominar el ánimo de las personas para convertirlas en servidores de la sinrazón.
No es pues aceptable que, frente a los nacionalismos imperantes en parte de los ciudadanos de algunas regiones de este país, surja además el nacionalismo español. Sería retornar a épocas pretéritas, superadas para bien de todos, en las que hubo que combatir en enfrentamientos físicos sin sentido.
Frente a los nacionalismos está la necesidad de que los ciudadanos de un país conozcan su historia, se entiende que la conformada por especialistas suficientemente objetivos que hayan valorado en el trascurrir de un país tanto los hechos positivos como los negativos, pero que en su conjunto han forjado una cultura que contiene la esencia del vivir de una ciudadanía que debe saber el lugar que ocupa en este mundo. Un mundo que poco a poco elimina fronteras para llegar, posiblemente, cuando pase el tiempo, hasta una cultura universal, a la que también tenemos la obligación de ir conociendo y asimilando para hacerla compatible con la propia y armonizar las formas de vida y de relacionarse entre todos los seres humanos sin distinciones. En ese sentido el concepto de “Hispanidad” implica una apertura a lo más universal que la propia Nación.
¿Cómo es posible, pues, que ante el panorama de hacer universal la cultura haya ciudadanos de este país que pongan objeciones al concepto de hispanidad y lo que significa? Aceptarla y compartirla es un primer paso de aproximación a una cultura más universal.
Se trata de un hecho histórico incontestable que en los países hispánicos ha tenido lugar, a lo largo de los siglos, un proceso de sincretismo entre diferentes culturas generando quizá la mayor extensión de seres humanos con un patrimonio común que abarca desde monumentos históricos a la comunicación y la lengua, hasta el arte y el folklore y cuantos aspectos incumben al vivir y convivir de los seres humanos. ¿Quién puede negar esta realidad? Carecen de sentido las valoraciones hechas, precisamente por nacionalistas contrarios al concepto de hispanidad, en base a hechos históricos, de la llamada colonización. Ellos pretenden valorarlos con los parámetros de una sociedad democrática avanzada del siglo XXI, cuando tuvieron lugar a lo largo de periodos lejanos con valores aceptados por la sociedad muy distintos a los actuales.
¿Qué pueden decir, entonces, de la colonización de la península Ibérica por los cartaginenses, los romanos, los bárbaros del norte y los musulmanes? Todos dejaron huellas algunas de enorme importancia y trascendencia, y constituyen el legado de una herencia inestimable a la sociedad española actual. Desde el patrimonio monumental, que por su variedad, amplitud y riqueza constituye, posiblemente, el primero del planeta hasta las lenguas, las ciencias y las artes. Por eso, precisamente, no sólo se habla de interculturalidad y mestizaje sino incluso de “transculturalidad”, o de “crisol de culturas”.
Ese patrimonio, en realidad, ha trascendido a otros pueblos y en la actualidad se manifiesta ampliamente en los pueblos hispanos de un modo singular.
El conocimiento de su historia, debe predisponer a los habitantes de este país a posturas de apertura hacia los demás, y más en una época que se llama de la globalización económica, o mejor, de la mundialización.
La primera celebración del día de la Hispanidad tuvo lugar durante la Segunda Republica el 12 de octubre de 1935 en Madrid y su concepción nunca debe ser la base para fundamental ningún tipo de nacionalismo, sino de un deseo de apertura hacia todos los pueblos del planeta para compartir su inabarcable riqueza y propiciar un enriquecimiento mutuo.
La Hispanidad es un reto de interculturalidad y sentido de diálogo y de apertura hacia la mundialización de la gran Comunidad Humana.

LA BRECHA DE LA SOCIEDAD CATALANA

LA BRECHA DE LA SOCIEDAD CATALANA

La brecha originada en la sociedad catalana, supuestamente por los acontecimientos políticos de no se sabe cuantos años, aunque es de suponer que muchos, muchísimos, o al menos desde la crisis económica y los recortes de la Administración General del Estado, es un tema recurrente, tratado y comentado por todo tipo de profesionales y por la ciudadanía en general.
Se trata el tema como si fuera un caso único, peligroso, sin solución y que ennegrece el futuro, a medio y largo plazo, no sólo de Cataluña sino de todo el país, y con influencias incluso sobre otros países de Europa. Es así, al parecer, porque ocurre en Cataluña el “ombligo” del universo mundo para los nacionalistas catalanes independentistas deseosos de la secesión efectiva.
La pregunta al respecto es: ¿Qué sociedad constituida sobre principios democráticos es en la actualidad de pensamiento único y sus ciudadanos forman un bloque monolítico sin enfrentamientos dialécticos internos de todo tipo, y en grados diferentes?
El bipartidismo, que constituye de por si dos bloques enfrentados, a veces muy enfrentados, está por desgracia en crisis, aunque retornará, y las opciones políticas son temporalmente muy numerosas y dispersas. En consecuencia más bloques enfrentados, pues no sólo en España hubo problemas para formar gobierno tras las últimas elecciones generales, también tienen dificultades Alemania, Austria, Holanda; las tuvo Portugal y Bélgica y en un futuro próximo es posible que lo tengan más países en la UE porque las sociedades están muy fragmentadas, nos guste o no la dimensión económica de la realidad es muy determinante en todo tipo de conflicto, aunque también pesen aspectos culturales, ideológicos, sociales y políticos.
Los problemas de entendimiento entre miembros de familias, de grupos de amigos e incluso de asociaciones culturales y deportivas o de cualquier otra índole, por posicionamientos políticos enfrentados de sus miembros, ni son exclusivos de la sociedad catalana ni son nuevos, aunque en ésta puedan ser más agudos. De hecho, desde hace tiempo, es frecuente en toda España que en algunas familias numerosas, y en pandillas de amigos, el acordar cuando se reúnen para cualquier tipo de celebración, no hablar de política, para impedir enfrentamientos que rompan la armonía entre los reunidos.
Resulta evidente que tal fenómeno ni es nuevo, ni es grave, ni alumbra un futuro negro. Es propio de una ciudadanía en libertad en sus términos más genéricos, y así continuará siendo en las sociedades democráticas. Es posible que en Cataluña hayan fermentado, en tales enfrentamientos, sentimientos de odio por parte de algunos nacionalistas pero por tal razón, es aún más necesario el imperio de la ley.
Lo intolerable, con consecuencias funestas, es que una minoría social se haga con el poder y, además de incumplir con la ley, lo ejerza para castigar, humillar, marginar, someter, controlar y realizar otras lindezas contra los ciudadanos que no comparten determinas principios que ellos elevan a la categoría de dogmas. Es lo que pasa en Cataluña y, por tal razón, aplicar las leyes para romper con tal situación es además de necesario, conveniente. Sus efectos serán no sólo beneficiosos para la parte sometida sino para toda la sociedad española y catalana y si el Estado mantiene el imperio de la Ley, pronto se verán los efectos.
En un Estado de Derecho las leyes son de aplicación para todos los ciudadanos, y una de las más importantes consecuencias de su aplicación es la defensa de los débiles frente a los fuertes porque todos están sometidos a la legalidad.
En Cataluña el imperio de los fuertes, los nacionalistas, montados en los principios que sustentan tales ideologías, al intentar diferenciarse de los demás por una superioridad genética, económica, cultural y cuantas ocurrencias pasen por esas mentes calenturientas, a veces nefastas, los ha llevado a saltarse todas la leyes para subyugar no sólo a toda la sociedad catalana sino a que se supedite a sus decisiones el resto de España. Por supuesto que aducen, los independentistas, razones económicas de crisis motivada por la Administración General del Estado –con su centro en Madrid- y por los recortes en el Estado del Bienestar, las inversiones en infraestructuras y especialmente en el aplazado sine die corredor del Mediterráneo. Pero esos y otros argumentos no hacen sino enmascarar un golpe secesionista en el contexto jurídico del marco constitucional.
Sin duda, el acuerdo de los partidos constitucionalistas para aplicar la ley y retornar al Estado de Derecho, es un paso a favor de que los débiles vuelvan a estar protegidos por la legalidad.
Es lógico que los partidos nacionalistas no estén a favor de tales medidas. En cuanto a ese conjunto de confluencias que intentan formar un partido político con el nombre de Podemos, que están también en contra del imperio de la ley, pueden pensar poco porque al parecer siguen buscando dónde está su lugar -si más próximos a Pancho Villa o a José Stalin-.
La llamada brecha catalana no pasa de ser una huella más de las muchas que marcan y separan a los miembros de la especie. Conviene, pues, desdramatizar y retomar los temas de fondo una vez que las aguas vuelvan a su cauce, sin ello será sumamente difícil transformar la sociedad y la propia comunidad positivamente, mirando el presente y el futuro del momento histórico actual.