EL FUROR JUSTICIERO

EL FUROR JUSTICIERO
Sobre la situación del tercer poder, en nuestro país, se ha escrito y criticado mucho en los últimos tiempos. Lo que es lógico en un estado democrático. Pues debe ser una exigencia de la ciudadanía que el tercer poder, además de independiente, funcione de forma adecuada. Si son merecedores de críticas el Legislativo y el Ejecutivo, ¿por qué no lo va a ser el Judicial?
Las críticas sobre la lentitud de la justicia han sido permanentes. Con la avalancha de la corrupción han surgido otros aspectos dignos de críticas, no sólo por el comportamiento de tribunales y ministerio fiscal, sino también y sobre todo por la falta de respeto -por parte de los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad en general- respecto del principio de la presunción de inocencia, un derecho básico que se respeta muy poco. Las consecuencias de tal comportamiento, condenable sin reservas, causan estragos entre los ciudadanos inocentes dados por culpables antes de que los tribunales se pronuncien.
Ciertos jueces contribuyen a veces, directa o indirectamente, llegar a tal estado de cosas pues presos de un furor justiciero incontrolado se dejan arrastrar al saber que de su proceder, en ningún caso, se les va a pedir ningún tipo de responsabilidad, a no ser que se trate de un caso claro de prevaricación.
En Andalucía, más allá del correcto funcionamiento del Poder Judicial, se ha dado un prolongado periodo de furor justiciero que, sin duda, merece la pena de ser comentado.
El periodo se inició con el caso Mercasevilla, empresa municipal, se conectó con un caso de subvenciones de la Junta de Andalucía, que llevaron al caso de los ERES y paralelamente como si mandará un poderoso impulso incontenible de furor justiciero se inició el caso de las subvenciones de los cursos de formación para trabajadores, a cargo del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
A lo largo de los años trascurridos se han sucedido las acciones judiciales que hasta la fecha han dejado un saldo demasiado negativo para el tercer poder, con consecuencias nefasta para cientos de ciudadanos.
Los imputados por cientos se han visto condenados desde el principio, algunos encarcelados, obligados a pagar fianzas desmesuras y destruidas sus vidas familiares, profesionales y sociales, simplemente porque en ningún caso se ha respetado su derecho a no ser condenados antes de someterse a juicio.
La realidad actual es sencillamente inadmisible para un Estado Democrático de Derecho. El resultado final del caso de los terrenos de Mercasevilla es el siguiente: de los 18 imputados 8 fueron exculpados y los otros 10 han ido a juicio y han sido declarados inocentes por el tribunal.
En el caso de los ERE hasta la fecha ya han sido exculpados 24 de los imputados y no se sabe bien cómo terminaran los que irán a juicio o continúan imputados.
El caso de los cursos ha sido, quizá, el más lamentable pues se ha diluido como un azucarillo en agua. Las consecuencias han sido sin embargo extremadamente negativas, pues demás de los efectos destructivos para las vidas de los que fueron imputados, está la incidencia sobre trabajadores y empresarios. Los primeros se han quedado sin cursos formativos, durante tres años, tan necesarios siempre y en especial en un periodo de crisis económica y de altísimo índice de paro, como lo tenía Andalucía. Los empresarios y profesionales del sector, también se han visto afectos, han quebrado cientos de pequeñas empresas y entidades dedicadas a tal actividad y miles de puestos de trabajo han desaparecido, sin olvidar los cientos de millones de euros que la Junta de Andalucía ha perdido, fondos europeos, al suprimir la impartición de cursos durante años. (800 millones de euros según el Sindicato Andaluz de Funcionarios, otras fuentes elevan la cantidad hasta 1.100 millones de euros)
El balance del furor justiciero en Andalucía ha dado, hasta ahora, un balance desolador y puede incrementarse en el futuro, para mal de la vida e intereses de los andaluces.
El tercer poder cuenta con capacidad para impedir los furores justicieros, y si a alguno no se le puede ponerle freno a tiempo tiene la obligación, en su momento, de depurar responsabilidades como lo hacen los otros dos poderes del Estado.