EL FUTURO DE CATALUÑA DESPUÉS DEL 1 DE OCTUBRE

EL FUTURO DE CATALUÑA DESPUES DEL 1 DE OCTUBRE
Hablar a estas alturas del “Embrollo catalán” es quedarse corto porque en la actualidad constituye el mayor problema que tiene ante sí la democracia española desde los lejanos días de 1981, cuando Tejero, pistola en mano, asaltó el Congreso de los Diputados. Aquí no hay armas de por medio pero el golpe institucional violando el Estatut y la Constitución, perpetrado por la mayoría de la mesa del Parlament y por el govern de la Generalitat, es potencialmente tan letal para el país como aquella, felizmente fracasada, intentona golpista.
No se puede decir que hayamos llegado a esta situación rápida ni casualmente, sino dialécticamente. En efecto, han sido años de insidias, tergiversación de la historia, persecución de la lengua común y cooficial y otras tácticas separatistas, por una parte, correspondido por otra de negligencia, falta de visión y ventajismo político a la hora de administrar un país como España a base de ceder continuamente a las presiones y peticiones del nacionalismo catalán. Este craso error lo han cometido todos los partidos que hasta ahora han gobernado España.
¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Cómo detener este disparate? Estamos ante unos fanáticos independentistas que se creen legitimados para saltarse todas las leyes habidas y por haber y crear una nueva legalidad, hablando en nombre del pueblo catalán y con las urnas como instrumento de destrucción masiva. Saben que mienten y que hay graves defectos de fondo y forma en su acción política pero, estiman nimiedades esas cuestiones en aras a la consecución del gran objetivo: La independencia de su país. La soberbia y la desmesura catalanista, a modo de una extralimitación nefasta, son hechos constatables; pero, en contraposición, tenemos el gobierno de Rajoy incapaz en un lustro de poner una idea política sobre el tablero. Sólo dice que hay que cumplir la ley… Claro que hay que cumplir la Constitución, el Estatut, el Código Civil, el Penal y el Reglamento de La Comunidad de vecinos, pero la política y los políticos están para resolver conflictos, pues esa es su función principal. Este es un conflicto para un estadista y Rajoy no lo es.
No somos equidistantes porque este es un golpe al Estado de Derecho español y porque los independentistas, como los partidarios del Brexit, no han calculado qué efectos reales tendría para Cataluña salir de España y de Europa. Así pues, ¿qué se puede hacer? De momento impedir el Referendum del 1 de octubre. Sería devastador para el Estado Español y para Cataluña que llegara a celebrarse, porque tan sólo su celebración en las actuales condiciones implicaría un triunfo, a lo peor, irreversible del independentismo. En este sentido, sólo cabe apoyar al Gobierno de la Nación, es decir, al Gobierno del Estado Social y Democrático de Derecho de España. La celebración del referéndum secesionista significaría para el Estado obviar y burlar sus más altas instituciones. Para Cataluña sería la cristalización definitiva del cisma propiciado por los Mas, Puigdemons, Forns, Forcadells, Junqueras y demás compañeros mártires, en la sociedad catalana. Todo ello por no hablar ni de la CUP -anarquistas cerrilmente nacionalistas-, a la que votan los más ricos de los catalanes, ni de los Puyols encausados todos ellos por delitos económicos.
A partir del 2 de octubre, se abre un tiempo nuevo en el que efectivamente, habrá que negociar. Por ello, quizás, ya se hace referencia al federalismo de la reconciliación –haciendo alusión a la realidad canadiense-. Después de la evaluación de daños, Rajoy no podrá seguir ocultándose tras el Supremo, el Constitucional, los jueces y los fiscales; deberá poner una o varias opciones políticas sobre la mesa teniendo en cuenta que nos afectan a todos y por tanto, tienen que respetar la dignidad y los intereses de todos los españoles. La solución no debe ser para Cataluña si no para España en su conjunto. Y no puede ser acordar más autogobierno para esa Comunidad Autónoma porque, esa senda, transitada por los presidentes del gobierno que en España han sido y son, nos ha llevado al precipicio actual.
Si la cuestión es simbólica y nominativa, se puede resolver. Si el problema se solventa con una reforma de la Constitución que nos conduzca a un Estado tipo República Federal Alemana, también, pero si se trata de la independencia o de obtener réditos a cuenta de la misma, más vale que le digamos ya a los independentistas que NO. Ningún Estado serio negocia su partición.
Así pues, a menos que sean capaces de desgajar Cataluña de la Península Ibérica y alejarse navegando por el Mediterráneo, van a seguir formando parte de esta vieja nación que se llama España, y de la que velis nolis forman y seguirán formando parte de su Historia.

HACIA LA REFUNDACIÓN DE NACIONES UNIDAS

HACIA LA REFUNDACIÓN DE NACIONES UNIDAS

Por José Mora Galiana

Tras los hechos terroristas de los días 16 de agosto en Alcanar (Tarragona), el 17 en la Ramblas de Barcelona, y el 18 en Cambrils (Tarragona), se ha escrito desde distintos puntos de vista sobre redoble de la seguridad, sobre recelos y descoordinación institucional –en el contexto del proceso secesionista catalán-, sobre yihadistas y musulmanes e inmigrantes, sobre las amenazas del ISIS a España – incluso concretamente a Andalucía-, sobre la necesaria cooperación entre los Estados de la Unión Europea, sobre la Ley de Seguridad Nacional (LSN)…, y también sobre la urgente refundación de Naciones Unidas (tal como viene postulando Federico Mayor Zaragoza (ahora en su artículo: «Ante amenazas globales, alianzas globales»).

Como viene a decir Josep Fontana, en El siglo de la revolución, análisis histórico de 1914 a 2017, estamos ahora inmersos en “La era de la desigualdad”, desigualdad en las sociedades desarrolladas y desigualdad de la Naciones, con muchos interrogantes abiertos hacia el futuro. Quizás por ello, más allá de La España Autonómica – que planteaban Tierno Galván y Antoni Rovira en la primavera de 1985- y más acá de El mito nacionalista –en la crítica de Fernando Savater de 1996, convenga subrayar o entresacar de las recientes reflexiones de Mayor Zaragoza, los siguientes puntos (ver http://www.desarrolloliberador.blogspot.com):

1) Es urgente actuar de tal modo que se eviten tantas y tantas víctimas, y tantas y tantas muertes, teniendo en cuenta que todas las vidas humanas del mundo valen lo mismo, y que todas las muertes y todas las víctimas son personas de la Comunidad Humana, ya sean víctimas del terrorismo, del sistema de la carrera armamentística (4.000 millones de dólares diarios de gasto), ya sean víctimas – cotidianas, infantiles, y anónimas- del hambre, la desnutrición y las enfermedades, o de las migraciones de personas y comunidades que buscan un lugar mejor para poder vivir con dignidad.

2) «La Europa insolidaria que nos estremece y sonroja no sólo es incapaz de llevar a cabo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sino que aplaza el cumplimiento del gran acuerdo de cooperación que ya se ha proyectado en varias ocasiones para hacer frente al terrorismo, mediante una serie de medidas bien articuladas: coordinación permanente con intercambio de datos, experiencias, … por medio de los servicios de inteligencia en interacción constante a escala europea, y sustancial incremento del número y preparación de los agentes de seguridad, adoptando todas las medidas preventivas posibles y evitando las acciones que pueden incitar el rencor, la animadversión, el fanatismo. »

3) Tolerancia cero con la yihad, pero igual contundencia con todo tipo de terrorismo, con el racismo de Le Pen, con las manifestaciones fascistas y neonazis, y los alardes de supremacía de algunos ciudadanos blancos de los Estados Unidos, y…tolerancia cero con los países árabes que, desde su colosal riqueza, han acallado las reacciones internacionales por su permanente y descarada ayuda a las variantes del islamismo violento que fomenta el ISIS…

4) «La única manera de impedir nuevas acciones bélicas inaceptables, de encauzar conflictos armados en curso, de desmantelar tráficos de toda índole, de mediar con autoridad en situaciones de enfrentamiento en cualquier parte… es reforzar el multilateralismo democrático, convocando al efecto, con urgencia histórica, con el apoyo generalizado de los Medios de Comunicación, una Asamblea General de las Naciones Unidas que resolviera la eliminación de los medios masivos de exterminio, facilitar los procesos de paz y garantizar la habitabilidad de la Tierra. Estas Naciones Unidas cumplirían, por primera vez desde su fundación, lo que establece la Carta: «Nosotros, los pueblos», y permitiría la adopción unánime de un nuevo concepto de seguridad. La Asamblea General contaría con el 50% de representantes de los Estados y el 50% de representantes de entidades de la sociedad civil. Al Consejo de Seguridad actual se le añadirían un Consejo Socioeconómico y otro Medioambiental. »

Lo de la descoordinación supuesta o real entre los responsables del Estado Español y la Comunidad Autónoma de Cataluña por la no aplicación inmediata de la LSN es, o puede haber sido, una falta grave de responsabilidad o una deficiencia institucional en el conjunto de carencias de voluntad política efectiva que nos aquejan globalmente en la Comunidad Humana Mundial.

Sabemos de la poca voluntad política de las grandes potencias mundiales para ponerse de acuerdo en caminar hacia la Paz Perpetua, fomentar el federalismo político solidario y refundar, en consecuencia, Naciones Unidas para que sea efectiva y operativa ante los grandes retos de la Comunidad Humana. Nuestra obligación ética y política es insistir, no obstante, una y otra vez, en esa exigencia con el fin de lograr: a) una mayor igualdad, seguridad y libertad para toda persona humana y para todos los pueblos del Planeta Tierra; b) una justa distribución de la riqueza; c) la necesaria corresponsabilidad en el desarrollo económico solidario; y d) la conservación adecuada del Medio Ambiente –como Patrimonio de la Humanidad- a transmitir a las generaciones venideras, en cuanto que Casa Común de toda persona humana.
José Mora Galiana

EL FUROR JUSTICIERO

EL FUROR JUSTICIERO
Sobre la situación del tercer poder, en nuestro país, se ha escrito y criticado mucho en los últimos tiempos. Lo que es lógico en un estado democrático. Pues debe ser una exigencia de la ciudadanía que el tercer poder, además de independiente, funcione de forma adecuada. Si son merecedores de críticas el Legislativo y el Ejecutivo, ¿por qué no lo va a ser el Judicial?
Las críticas sobre la lentitud de la justicia han sido permanentes. Con la avalancha de la corrupción han surgido otros aspectos dignos de críticas, no sólo por el comportamiento de tribunales y ministerio fiscal, sino también y sobre todo por la falta de respeto -por parte de los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad en general- respecto del principio de la presunción de inocencia, un derecho básico que se respeta muy poco. Las consecuencias de tal comportamiento, condenable sin reservas, causan estragos entre los ciudadanos inocentes dados por culpables antes de que los tribunales se pronuncien.
Ciertos jueces contribuyen a veces, directa o indirectamente, llegar a tal estado de cosas pues presos de un furor justiciero incontrolado se dejan arrastrar al saber que de su proceder, en ningún caso, se les va a pedir ningún tipo de responsabilidad, a no ser que se trate de un caso claro de prevaricación.
En Andalucía, más allá del correcto funcionamiento del Poder Judicial, se ha dado un prolongado periodo de furor justiciero que, sin duda, merece la pena de ser comentado.
El periodo se inició con el caso Mercasevilla, empresa municipal, se conectó con un caso de subvenciones de la Junta de Andalucía, que llevaron al caso de los ERES y paralelamente como si mandará un poderoso impulso incontenible de furor justiciero se inició el caso de las subvenciones de los cursos de formación para trabajadores, a cargo del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
A lo largo de los años trascurridos se han sucedido las acciones judiciales que hasta la fecha han dejado un saldo demasiado negativo para el tercer poder, con consecuencias nefasta para cientos de ciudadanos.
Los imputados por cientos se han visto condenados desde el principio, algunos encarcelados, obligados a pagar fianzas desmesuras y destruidas sus vidas familiares, profesionales y sociales, simplemente porque en ningún caso se ha respetado su derecho a no ser condenados antes de someterse a juicio.
La realidad actual es sencillamente inadmisible para un Estado Democrático de Derecho. El resultado final del caso de los terrenos de Mercasevilla es el siguiente: de los 18 imputados 8 fueron exculpados y los otros 10 han ido a juicio y han sido declarados inocentes por el tribunal.
En el caso de los ERE hasta la fecha ya han sido exculpados 24 de los imputados y no se sabe bien cómo terminaran los que irán a juicio o continúan imputados.
El caso de los cursos ha sido, quizá, el más lamentable pues se ha diluido como un azucarillo en agua. Las consecuencias han sido sin embargo extremadamente negativas, pues demás de los efectos destructivos para las vidas de los que fueron imputados, está la incidencia sobre trabajadores y empresarios. Los primeros se han quedado sin cursos formativos, durante tres años, tan necesarios siempre y en especial en un periodo de crisis económica y de altísimo índice de paro, como lo tenía Andalucía. Los empresarios y profesionales del sector, también se han visto afectos, han quebrado cientos de pequeñas empresas y entidades dedicadas a tal actividad y miles de puestos de trabajo han desaparecido, sin olvidar los cientos de millones de euros que la Junta de Andalucía ha perdido, fondos europeos, al suprimir la impartición de cursos durante años. (800 millones de euros según el Sindicato Andaluz de Funcionarios, otras fuentes elevan la cantidad hasta 1.100 millones de euros)
El balance del furor justiciero en Andalucía ha dado, hasta ahora, un balance desolador y puede incrementarse en el futuro, para mal de la vida e intereses de los andaluces.
El tercer poder cuenta con capacidad para impedir los furores justicieros, y si a alguno no se le puede ponerle freno a tiempo tiene la obligación, en su momento, de depurar responsabilidades como lo hacen los otros dos poderes del Estado.