NEGOCIAR ¿QUÉ SE PUEDE NEGOCIAR?

NEGOCIAR
¿QUÉ SE PUEDE NEGOCIAR?

En la situación por la que pasa el país con la actitud de los independentistas de Cataluña, un despropósito más de una serie que parece no tener límites, hay medios de comunicación y algunos componentes de fuerzas políticas que insisten en aseverar que la única salida a tan complicada y, en ocasiones, demencial situación es la negociación.
Resulta difícil intentar una negociación cuando se trata una realidad irracional propiciada y llevada hasta el absurdo y el encono por una minoría, que se ha degradado hasta dejar de respetar la ley y constituirse en “movimiento social” de presión permanente.
Una situación similar únicamente se puede ubicar en movimientos antidemocráticos, más propios de contextos históricos de siglos pretéritos -cuando se comenzaron a constituir los Estados que en la actualidad conforman la Unión Europea-, o de los periodos de descolonización, que del contexto de mundialización del siglo XXI.
En la actualidad los Estados deben pensar en el futuro y en él se incrementarán, sin duda, los problemas que ya originan los procesos de globalización, porque avanzan sin que ni tan siquiera políticos tan retrógrados como el actual presidente de USA -la primera potencia mundial- pueda ponerles freno.
La pregunta a tan contundente aseveración de negociar es muy simple: ¿Negociar qué? Es muy fácil exhibirse con un aire de temple y moderación, para pretender dar una imagen de equidistancia entre el independentismo esquizofrénico y las exigencias legales de un Estado democrático, haciendo tal propuesta y definirla como la única salida posible, pero lo que nunca dicen los proponentes, con la concreción necesaria, es lo que se debe de negociar.
Como dice un veterano socialista, a los independentistas le han cedido todo tipo de competencias, diferentes gobiernos de España para mantenerse en el poder, todo la tripa del embutido de las competencias del Estado loncha a loncha y ya no queda una sola rodaja que entregarle. Sólo subsiste la cuerda que une la Comunidad Autónoma con el Estado y los denominados independentistas la quieren también así como arrastrar con ella algo más, quizá hacia el desastre. En definitiva, nada queda ya para negociar.
Llega a ser un martilleo permanente, por parte de medios de comunicación y de políticos, la referencia al supuesto referéndum y a los datos que giran en torno de él. Se dan los porcentajes de ciudadanos que desean que tenga lugar el mismo pero que sea legal, los que los quieren se lleve a término aunque sea ilegal, los que no quieren ningún tipo de consulta, los que votarían en cada uno de los casos, los que de votar lo harían en sentido afirmativo o aquellos que se inclinarían por hacerlo en sentido negativo, los que votarían en blanco o nulo, los que no votarían en ningún caso.
Lo que, sin embargo, no se ha investigado ni valorado son las competencias que se podrían negociar para los diferentes grupos de opinión, si es que aun queda alguna sin trasferir, para mantener a España y no romperla en mil cantones.
En realidad, no parece que haya nada que se pueda negociar a estas alturas por dos razones muy fáciles de entender, incluso por las mentes más romas. La primera es que lo único que pretenden lograr los independentistas es justamente la creación de la Republica de Cataluña, lo que es imposible materialmente y legalmente. La segunda razón es que los partidos constitucionalistas, no puede sentarse en una mesa de negociación para tratar sobre el camino a seguir para constituir la Republica de Cataluña.
¿Acaso pretenderían los independentistas catalanes negociar algo distinto de la República Independiente de Cataluña?
La experiencia de quienes, en tiempo, vivimos positivamente la Transición, en un denodado esfuerzo de consenso de unidad y pluralidad, entendimos la Democracia en España como un proyecto de vida en común. Al final, la Transición de la Dictadura a la Democracia, marcó las “Nuevas Reglas de Juego” –como dijera Peces Barba en sus reflexiones sobre La democracia en España-. Habrá que darle, pues, la primacía al Parlamento para garantizar la paz y la convivencia de la sociedad en su conjunto dentro del Estado Español, plural en sus distintas Comunidades pero solidariamente unidas como Estado Social y Democrático de Derecho.

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