LA CUOTA VASCA EN LOS PRESUPUESTOS DE ESPAÑA

LA CUOTA VASCA EN LOS PRESUPUESTOS DE ESPAÑA

Carece de sentido negar que la cuota vasca sea un derecho del País Vasco y que su origen se sitúe en el siglo XIX, justamente en el año 1876, tras finalizar la tercera guerra carlista.
Es cierto, también, que durante la guerra civil, año 1937, los militares golpistas – y tras la toma de Bilbao- procedieron a su abolición.
La Constitución de 1978 lo recoge en su Disposición Adicional Primera: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”.
“La actualización general de dicho régimen se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”
El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 desarrolla tal disposición.
Fue el Gobierno del PP de 1997, presidido por José María Aznar, quién aumentó considerablemente la capacidad fiscal del País Vasco, tras conseguir el apoyo del PNV.
La cuota vasca es, en definitiva, la cantidad que debe aportar el País Vasco a los ingresos del Estado, como pago de los servicios que recibe de éste. Los mismos van desde el sostenimiento de las fuerzas armadas a las relaciones exteriores, pasando por las fuerzas de seguridad del Estado que prestan sus servicios en la Comunidad Autónoma. A cambio es el Gobierno del País Vasco el responsable de recaudar y administrar todos los impuestos que son potestad del Gobierno Central en todo el territorio nacional. No ocurre igual con las cuotas de la Seguridad Social, lo que sería perjudicial para las finanzas del País Vasco -dado que su población está entre las más envejecidas de España además de tener la pensión media más alta de todo el país-. Mantener la caja única de la Seguridad Social es bueno, sin duda, para todos los ciudadanos.
La cuota vasca es un derecho y nadie puede negar su legalidad, en sentido positivista. No obstante, hay partidos políticos que se resisten a su reconocimiento y opinan que es un privilegio para una Comunidad Autónoma y que perjudica al resto de España. En consecuencia, coherentes con esa visión, son partidarios de eliminarla, lo que sería posible si se modificara la Constitución del 78 en ese sentido. Mientras tanto, la Cuota Vasca estará vigente y se aplicará de acuerdo con la Ley, actualmente reconocida y aceptada.
Lo más negativo de la Cuota Vasca no estriba sólo en el hecho de ser un derecho particular para una parte del territorio español, lo que se traduce en un privilegio, sino el uso que algunos partidos han hecho, hacen y harán posiblemente de ella; lo que normalmente conlleva una valoración de la cuota favorable al País Vasco y contraria a los intereses del resto de los españoles.
El ejemplo más próximo lo tenemos en el último acuerdo del Gobierno actual del PP con el PNV, para aprobar los presupuestos del Estado para 2017. El cálculo del importe de la Cuota se debería hacer simplemente con una valoración aritmética rigurosa, sin que mediara ningún otro factor ajeno a lo estrictamente relacionado con el importe de los servicios prestados por el Estado a la Comunidad Autónoma, o, en su caso, con la devolución de parte de las cuotas de años anteriores.
Los partidos políticos de ámbito nacional tendrían que llegar a un acuerdo para impedir abusos en relación a la Cuota Vasca y apoyarse mutuamente para impedir que el privilegio llegue a límites intolerables y perjudique a los ciudadanos del resto de España, no sólo por el importe real del mismo, en un momento dado, sino también por los agravios comparativos que se establecen, lo que es, sin duda, más grave.

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