LA JUSTICIA ESPAÑOLA

LA JUSTICIA ESPAÑOLA

La última década venimos sufriendo en nuestro país lo que se ha dado en llamar la judialización de la pólitica que no es otra cosa que el permanente recurso a los tribunales para resolver cuestiones que, como la catalana corresponden al ámbito de la negociación política. Claro que hay que respetar las leyes, especialmente la Constitución y claro que, los representantes políticos están obligados a acatarla y hacerla acatar por los demás pero ello, no puede ser pretexto para sustanciar jurídicamente lo que no quiere o puede abordarse mediante el dialogo y la negociación.
Por otra parte, los tribunales de justicia llevan años juzgando las prácticas corruptas de una época que grosso modo, arranca en los años 90 y llega hasta nuestros días. De ahí que, la crónica política actual se haya convertido en una crónica de tribunales con una ristra de casos de políticos, empresarios, banqueros, responsables públicos, conseguidores y picaros de toda laya, digna del patio de Monipodio cervantino. Muchos de los delitos del Código Penal , especialmente los que tienen que ver con el saqueo de bienes públicos, han sido aplicados a un elevado número de personas de todas las instituciones del Estado, desde la familia real hasta miembros de pequeñas corporaciones españolas. Lo curioso es que ninguna de estas personas se muestra avergonzada o arrepentida sino todo lo contrario, por lo general su actitud ha sido arrogante y en algunos casos chulesca. Así vemos a un Francisco Correa explicando a los jueces en plan didáctico como se repartían las comisiones que terminaban financiando las campañas del Partido Popular y explicitando la parte que él se quedaba del botín como si fuera una operación financiera perfectamente legal y legitima. O a un Bárcenas ex senador y ex tesorero del PP, hablando con naturalidad de una “Contabilidad alternativa” o dinero negro del partido del gobierno, donde se recogían los sobresueldos pagados a su cúpula dirigente. O también a Rodrigo Rato afirmando impertérrito que los gastos abonados con la tarjeta Black formaban parte de su sueldo. O al ex duque de Palma aduciendo que “El se dedicaba a lo que se dedicaba”. También están los convergentes con Más a la cabeza tratando de ocultar su 3% envolviéndose en la cuatribarrada como hizo Jordi Puyol en los años 80. E incluso el ínclito Javier Guerrero, bromeando con la juez Alaya momentos antes de ser enviado a prisión.
¿ Cómo ha afrontado la justicia española este alud de casos de corrupción que parece no tener fin? El Roto ( El País 23/2/2017) dibuja en su viñeta un juez con toga, puñetas, escudo en el pecho y elegante pajarita al cuello que dice. “La justicia es igual para todos, las sentencias, no” ¿Es esta la situación de la justicia en España? No, pero puede parecerlo. Hay una desconfianza histórica por parte del pueblo español en la acción de tribunales y jueces. No hay más que leer a los clásicos del Siglo de Oro para comprobarlo, especialmente a Quevedo que hablado del dinero dice:

¿Quién los jueces con pasión,
Sin ser ungüento, hace humanos,
pues untándolos las manos
los ablanda el corazón?

¿Estamos hoy en manos de jueces venales que se dejan comprar por dinero? Alguno ha habido pero ha sido la excepción, lo normal es que se trate de probos funcionarios que ejecutan su labor honradamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta esta desconfianza popular que, solo ve a los jueces como sancionadores de delitos unas veces con sumo rigor y otras con benevolencia suma, arranca de la arbitraria justicia medieval del Señor de Horca y Cuchillo, que tenía jurisdicción para imponer a sus vasallos incluso la pena capital y recorre los siglos XVI, XVII y XVIII hasta nuestros días. Y está fundamentada en las diferencias estamentales de clase y incluso de oficio con las que, en esta época, se aplicaba la Justicia. Así, había una jurisdicción militar y otra eclesiástica y otra civil y dentro de esta, no se juzgaba igual a un noble que a un campesino y caso de ser condenados a muerte, no se ejecutaban de la misma manera las sentencias. Había además una caterva de abogados, escribas, corchetes, verdugos y carceleros a los que el pueblo llano temía con razón.
Volviendo a la actualidad ¿Estamos ante una Justicia igual para todos en España? Tan igual como puede serlo dentro de una sociedad fragmentada cuyo sistema –Capitalista- contiene desigualdades, económicas, sociales, educativas y culturales que discriminan de manera importante a unos ciudadanos con respecto a otros.
Hay además otro problema importante que conviene señalar, es la interferencia gubernamental en la acción de la justicia. Es verdad que la separación de poderes ya establecida en la Grecia del siglo V a de C. y defendida y teorizada en el siglo XVII por John Locke y Montesquieu, en ejecutivo, legislativo y judicial, rige en nuestro país y está recogida en nuestra Constitución pero, ministros de Justicia como Rafael Catalá que se permite opinar sobre medidas cautelares incluso antes de que las magistradas se hayan pronunciado (Caso Noos, apartado Urdangarín) constituye una injerencia inadmisible en el ámbito de la jurisdicción. Si a esto añadimos que este ministro pretende modificar el funcionamiento de la Justicia en España para que sean los fiscales –Organizados jerárquicamente y dependientes del gobierno- quienes instruyan las causas es decir, decidan a quien se acusa y a quien no y de qué se les acusa, podemos concluir que a nuestra lenta Administración de Justicia le queda un trecho para alcanzar los niveles de independencia e imparcialidad exigibles en las modernas sociedades democráticas.

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2 pensamientos en “LA JUSTICIA ESPAÑOLA

  1. Las supuestas interferencias y presiones respecto del Poder Judicial son simplemente “nefastas”, no justas, contrarias al sentido recto del Derecho, que debe conjugar libertad e igualdad en la Justicia, pero que debe ser referente de rectitud (Ver “La Justicia y la Constitución”, en http://www.desarrolloliberador.blogspot.com

  2. Con un gobierno tan manipulador como este que pretende dictar o al menos condicionar las sentencias judiciales, es un riesgo inmenso que los fiscales instruyan las causas, justamente por su dependencia del gobierno. !SACAD VUESTRAS SUCIAS MANOS DE LA JUSTICIA¡

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