HACIA UN NUEVO PACTO SOCIAL, PAUTAS POLÍTICAS DE PATXI LÓPEZ

HACIA UN NUEVO PACTO SOCIAL. PAUTAS POLÍTICAS DE PATXI LÓPEZ

En un Manifiesto de Derechos y Deberes, desde una perspectiva de Socialismo en Libertad, podríamos convenir , en España, seis puntos clave: 1) Actuar siempre, y en todo momento, mediante un comportamiento justo y equitativo –contrario a todo tipo de corrupción personal, colectiva o sistémica-; 2) defensa efectiva de derechos básicos y de realización personal, ya sean individuales y sociales, sindicales o políticos; 3) garantizar constitucionalmente derechos económicos para lograr una vida digna de la colectividad, así como los derechos sociales de Salud y Educación, Trabajo y Hábitat, Servicios Sociales, Igualdad de trato, e igualdad ante la Ley y la Justicia; 4) defensa ética y política de los derechos emergentes: protección del Medio Ambiente Natural, interculturalidad humana, dignidad de toda persona, y equidad más allá de la Justicia legal; 5) Sentido federal y confederal de integración e inclusión, solidaridad y cohesión económica, social y territorial en España y Europa; 6) reforma de los estatutos socialistas y socialdemócratas, y reformas constitucionales conforme a las exigencias del momento histórico.

Supuestos estos puntos previos, que podría suscribir una mayoría social, Patxi López, marca unas pautas para los próximos debates, de lo que podríamos entresacar lo siguiente:

El quid del socialismo en estos momentos históricos del siglo XXI es un Pacto Social renovado que dé lugar a una sociedad más justa. El viejo contrato entre socialdemócratas y democristianos suscrito en la posguerra mundial proporcionó el periodo de mayor avance social y democrático de la historia europea. Pero ese contrato comenzó a cuestionarse por la ofensiva neoliberal de los años 80, tras la caída del Muro de Berlín, se fue debilitando en un contexto de aceleración de la globalización económica, y se ha quebrado definitivamente tras la crisis del 2008 y la consolidación del capitalismo sin reglas.

En nuestro contexto, el nuevo Pacto Social para una sociedad justa ha de contener desarrollos programáticos relativos a los siguientes aspectos:

El proyecto europeo y la globalización justa
La economía al servicio del empleo digno y el bienestar social
La educación como eje vertebrador de una sociedad justa
Los servicios públicos del Estado de Bienestar
La fiscalidad suficiente y justa
La preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático
La articulación de identidades territoriales en un Estado plural
De la igualdad legal a la igualdad real entre hombres y mujeres
La democracia de calidad y los derechos de ciudadanía
La lucha contra la corrupción
Las consecuencias de la crisis económica de 2008 han precipitado un cuestionamiento muy general del sistema. Se produce una crisis de eficacia, que afecta al propio pacto de ciudadanía: si el sistema no proporciona soluciones en el presente ni seguridades en el futuro, el sistema es cuestionable. Hay también una crisis de dimensión, … de carácter supraestatal o global (desde el dumping empresarial a la elusión fiscal, pasando por el cambio climático, las migraciones o el terrorismo).

En España se suma una crisis de legitimidad en buena parte de la representación democrática, a cuenta de la sucesión de escándalos por corrupción política. Se da también una crisis de participación, por cuanto los actores llamados a encauzar las demandas de participación política no aciertan a abrir y actualizar suficientemente sus organizaciones.

Hay, además, una crisis evidente de los valores clásicos de la política como acción orientada al Bien Común. La política inspira poca confianza y no emociona. El socialismo ha de defender la política democrática, como herramienta destinada a organizar el espacio público compartido conforme a la voluntad, la participación, los valores y los intereses de las mayorías. Y ha de defender una política transformadora eficaz y realista.

El socialismo constituye un proyecto político autónomo, tanto en su formulación como en su gestión. No obstante, el socialismo siempre ha estado abierto a las alianzas que contribuyan a alcanzar metas comunes desde principios y formas democráticas compatibles.

La alianza prioritaria para el socialismo español es la alianza imprescindible con los demás partidos socialistas europeos, para definir y materializar un proyecto transformador con dimensión continental. La alianza necesaria para los socialistas es la alianza con la sociedad articulada mediante propósitos y estrategias coincidentes con los propios. Y son alianzas interesantes para la socialdemocracia aquellas que pueden llevarse a cabo tras el voto de la ciudadanía, bien para contribuir a la conformación de gobiernos viables o bien para impulsar tareas eficaces de oposición.

El socialismo renovado mantiene como fundamentos las ideas de justicia, igualdad, libertad y democracia. Y sus grandes adversarios ideológicos son: el neo-liberalismo, que sacrifica la justicia por el mercado libre; el neo-nacionalismo, que desprecia la igualdad por la preeminencia nacional; el neo-populismo, que ignora la libertad por la búsqueda del poder; y el neo-autoritarismo, que quiebra la democracia por el ejercicio de la autarquía.

La sociedad española tiene una gran deuda pendiente con sus jóvenes, en su gran mayoría rehenes hoy de las políticas neoliberales del PP que les impiden desarrollar su proyecto vital y que les expulsa al exilio económico. Los jóvenes españoles están más que cansados de las referencias al futuro, y quieren oportunidades para desarrollar su vida con dignidad aquí y ahora.

Pero hoy sólo se puede hacer socialdemocracia exigente y realmente eficaz a escala global, primero en Europa, después en el mundo. Sólo en la escala global podemos hacer política para someter la economía a las reglas que atajen la desigualdad, la pobreza y la explotación. Pasar del Estado-Nación del Bienestar al Estado Global del Bienestar. Primero en Europa. Después en el mundo. Esta es la nueva utopía socialista. Por eso necesitamos un auténtico Partido Socialista Europeo, reforzado y creíble, del que el PSOE aspira a ser parte fundamental y entusiasta.

Las grandes migraciones son una realidad cotidiana hoy en el mundo y lo serán en mayor medida en el futuro. España constituye la frontera sur de Europa, la frontera europea más directa con África. Esta frontera presenta los mayores desequilibrios de planeta en términos de renta y bienestar social. La presión migratoria sobre Europa es y será tremenda por estas razones económicas y sociales, y también a causa de la persistencia de conflictos bélicos y casos de persecución política y religiosa que se dan y se darán, por desgracia, en las cercanías de nuestro continente.

Europa debe dar una respuesta generosa y eficaz a este desafío. No cabe la ingenuidad de las puertas completamente abiertas, pero las políticas desarrolladas por las instituciones europeas y algunos Estados durante los últimos años han sonrojado hasta el tuétano a quienes siempre presumimos de la superioridad moral de Europa. Hay que regular la entrada y la integración de los migrantes económicos, porque los necesitamos y los vamos a necesitar más, a juzgar por la evolución demográfica descrita. Y Europa no puede traicionar su esencia y su identidad con relación al deber de asilo y refugio. Somos la cuna y el faro de los valores de la igualdad, la libertad y la fraternidad, y tenemos que demostrarlo con una política valiente y solidaria en este ámbito.

Tenemos que recuperar la Formación ideológica, política y técnica al máximo nivel, para mejorar las capacidades de todos los responsables orgánicos y de la propia militancia.

La igualdad radical entre hombres y mujeres debe seguir siendo una guía indiscutible a todos los efectos en nuestra organización. Hemos avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer a fin de alcanzar el 50% de militancia femenina. Necesitamos elaborar e implementar un Plan Estratégico por la Igualdad en el PSOE.

Las relaciones de la dirección del Partido con las Juventudes Socialistas de España deben mejorarse y reforzarse, con programas conjuntos de actuación, con reuniones formales calendarizadas, con órganos conjuntos de seguimiento y evaluación, con participación juvenil en todos los órganos formales e informales del Partido. Un objetivo prioritario en esta relación debe ser el de aumentar la afiliación joven al PSOE.

Concluyamos: la unidad de acción nacerá del debate libre, abierto e integrador, y de la convicción interna en pro de un compromiso transformador. Parece que esa es una pauta válida para el debate de propuestas concretas que unan un discurso claro y conciso con la práctica política real y eficaz.

RES PUBLICA FEDERAL Y FORMACIÓN CÍVICA

Res Publica Federal y Formación Cívica
En la actualidad, tal como se presenta la realidad histórica, vista desde España, vista desde Europa, y vista globalmente, no sólo es importante apostar por más Europa sino saber qué Europa queremos frente a nuestras propias tendencias insolidarias – al modo capitalista global que se centra en el afán de lucro-, y frente a procesos de dominación-sumisión de tipo dictatorial; frente a todo tipo de egolatrías patrioteras insolidarias, o nacionalismos cerrados; y frente a grandes carencias de igualdad y libertad en el desarrollo de la Comunidad Humana.
Para una posible Paz Perpetua entre los Estados -lo indicó ética y políticamente Kant-, es necesario un sentido federal de construcción solidaria, sin reservas mentales. Un Estado –ya sea grande o pequeño-, no se debe ni heredar ni comprar ni vender, ni invadir o dominar por medio de guerras ofensivas o de intereses económicos, ni por medio de ejércitos permanentes (miles perpetuus). Tema aparte es la legítima defensa respecto a ataques externos.
En realidad, el sentido federal y constitucional de un Estado, en cuanto que contrato social, implica: 1) La libertad de los miembros de una sociedad; 2) Dependencia respecto de la Ley Común –consensuada y promulgada-; y 3) Igualdad de todos los súbditos. Es decir, 1libertad como posibilidad de actuar sin que se haga a nadie injusticia alguna; sometimiento al Estado de Derecho; e imposibilidad de imponer a otra persona algo distinto de lo que se acepta por ley para todos, conforme al contrato suscrito para la mejor convivencia de la comunidad. De ello deriva, necesariamente, el principio político de separación entre el poder ejecutivo (Gobierno), el poder legislativo (o parlamentario) y el poder judicial (La Justicia), con el fin de lograr un equilibrio armónico en la convivencia.
El sentido federal de lo público se opone frontalmente al despotismo, principio político consistente en que el Estado ejecute arbitrariamente las leyes que el mismo se ha dado, con lo que la voluntad pública es manejada por el gobernante como si fuera su voluntad particular. De ahí la importancia de una buena Constitución. Pues incluso el Derecho Internacional debe basarse en una Federación de Estados libres, sin que se sometan unos a la coacción de otro, sino a modo de una Confederación especial, a la que Kant denomina Confederación Pacífica (Foedus Pacificum), que intentaría terminar con todas las guerras para siempre.
El federalismo obliga a conjugar siempre la libertad que no produzca injusticia a nadie, y que deba respetarse, con la voluntad general mayoritaria. ¿Cuál es si no el imperativo categórico de la Ética? «Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal». Se trata, pues, de ver a la persona como un fin en sí mismo, nunca como un medio o instrumento. Se trata de un nuevo modo de entender la convivencia humana, venciendo tendencias egoístas, sin ley, por medio de leyes que rijan la justicia y la paz. En estos supuestos, de una buena Constitución, cabría esperar que se derivara la buena formación racional de un pueblo, para contrarrestar tendencias egoístas y fomentar así la paz interior y garantizar –conforme a derecho- la paz exterior.
En la realidad de la naturaleza, existen entre los pueblos la diferencia de lenguas y religiones, que propenden al odio mutuo y a buscar pretextos para la guerra, pero que pueden conducir por medio del diálogo civilizado y la interculturalidad a una paulatina aproximación y a un mayor acuerdo en los principios sobre la paz, no con el debilitamiento de las fuerzas –propio del despotismo que genera el cementerio de la libertad- sino logrando un equilibrio de fuerzas dentro de la más viva y enriquecedora competencia e intercambio cultural. En este sentido, los nacionalismos cerrados son contrarios a los procesos abiertos de justicia y de paz.
Como viene indicando reiteradamente Antonio García Santesmases, un proyecto federal choca, de hecho, con dos tipos de nacionalismos que se retroalimentan: el nacionalis¬mo liberal-conservador de los separadores y el nacionalismo independen¬tista de los separatistas. Por ello, dice expresamente: “En este contexto de polarización es casi imposible que cuaje un discurso favorable a una laicidad incluyente y a una multiculturalidad abierta e integra¬dora. Tanto la laicidad como la multiculturalidad ponen en cuestión un con¬cepto rígido de identidad y de nación.” ¿Cómo librarse, entonces, de las tendencias despóticas? ¿Cómo no caer en despotismo?
Defendiendo siempre, y en todo momento, el derecho a la libertad, el derecho a ser todos iguales ante la Ley, y defendiendo el Estado de Derecho, con sentido federal, con sentido inclusivo, con sentido intercultural solidario. Pues, al igual que la nación, la religión se dice de muchas maneras y si no se está dispuesto a asumir un principio tan elemental es imposible la laicidad in¬cluyente o la democracia intercultural. La emotividad y las creencias no bastan. La interculturalidad no consiste tan sólo en que convivan distintas culturas en el es¬pacio público; significa que esas culturas pueden interpelarse unas a otras porque ninguna de ellas tiene toda la verdad.

Dice Antonio García Santesmases, en un artículo, que titula “La Carpeta Vacía”, sobre Democracia, laicidad e interculturalidad, que existe un laicismo de tipo socialista en el que debe¬ríamos inspirarnos. Se trata de un laicismo más minoritario que el de corte liberal o el de raíz anticlerical. Se trata de un laicismo que piensa que los derechos de la primera genera¬ción (es decir los derechos individuales, civiles y políticos) son imprescindibles pero insuficientes y que frente al neoliberalismo económico reivindica los derechos económico-sociales, los derechos al empleo, a la salud, a la protección social y a la educación. Los derechos que ven en peligro las clases medias y que hace que se lancen en brazos de propuestas como el Brexit en Inglaterra, Le Pen en Francia o Donald Trump en Estados Unidos.

En la batalla por preservar el modelo social europeo, por ser sensible a las periferias, por dar voz a los excluidos, por combatir los muros de incom¬prensión y por tender puentes de entendimiento, los laicistas de inspiración social o socialista, como dice Santesmases, encuentran en innumerables ocasiones aliados en sectores cris¬tianos de izquierda que llevan años luchando en este mundo de la frontera entre las religiones y entre los excluidos. Este sentido de laicidad racional estaría más de acuer¬do con lo que defendió ejemplarmente durante años Luís Gómez-Llorente. Y ese sentido de laicidad es el que se necesita para una correcta Educación para la Ciudadanía que promueva la res Publica, el Estado Federal.

Los Estados Libres Federados, y la Confederación Pacífica de Estados Libres, sería muy conveniente que no abandonaran la Filosofía ni el sentido de la Historia y que promovieran la Formación para la Ciudadanía, en aras a alcanzar la Justicia y la Paz Perpetua.

LA JUSTICIA ESPAÑOLA

LA JUSTICIA ESPAÑOLA

La última década venimos sufriendo en nuestro país lo que se ha dado en llamar la judialización de la pólitica que no es otra cosa que el permanente recurso a los tribunales para resolver cuestiones que, como la catalana corresponden al ámbito de la negociación política. Claro que hay que respetar las leyes, especialmente la Constitución y claro que, los representantes políticos están obligados a acatarla y hacerla acatar por los demás pero ello, no puede ser pretexto para sustanciar jurídicamente lo que no quiere o puede abordarse mediante el dialogo y la negociación.
Por otra parte, los tribunales de justicia llevan años juzgando las prácticas corruptas de una época que grosso modo, arranca en los años 90 y llega hasta nuestros días. De ahí que, la crónica política actual se haya convertido en una crónica de tribunales con una ristra de casos de políticos, empresarios, banqueros, responsables públicos, conseguidores y picaros de toda laya, digna del patio de Monipodio cervantino. Muchos de los delitos del Código Penal , especialmente los que tienen que ver con el saqueo de bienes públicos, han sido aplicados a un elevado número de personas de todas las instituciones del Estado, desde la familia real hasta miembros de pequeñas corporaciones españolas. Lo curioso es que ninguna de estas personas se muestra avergonzada o arrepentida sino todo lo contrario, por lo general su actitud ha sido arrogante y en algunos casos chulesca. Así vemos a un Francisco Correa explicando a los jueces en plan didáctico como se repartían las comisiones que terminaban financiando las campañas del Partido Popular y explicitando la parte que él se quedaba del botín como si fuera una operación financiera perfectamente legal y legitima. O a un Bárcenas ex senador y ex tesorero del PP, hablando con naturalidad de una “Contabilidad alternativa” o dinero negro del partido del gobierno, donde se recogían los sobresueldos pagados a su cúpula dirigente. O también a Rodrigo Rato afirmando impertérrito que los gastos abonados con la tarjeta Black formaban parte de su sueldo. O al ex duque de Palma aduciendo que “El se dedicaba a lo que se dedicaba”. También están los convergentes con Más a la cabeza tratando de ocultar su 3% envolviéndose en la cuatribarrada como hizo Jordi Puyol en los años 80. E incluso el ínclito Javier Guerrero, bromeando con la juez Alaya momentos antes de ser enviado a prisión.
¿ Cómo ha afrontado la justicia española este alud de casos de corrupción que parece no tener fin? El Roto ( El País 23/2/2017) dibuja en su viñeta un juez con toga, puñetas, escudo en el pecho y elegante pajarita al cuello que dice. “La justicia es igual para todos, las sentencias, no” ¿Es esta la situación de la justicia en España? No, pero puede parecerlo. Hay una desconfianza histórica por parte del pueblo español en la acción de tribunales y jueces. No hay más que leer a los clásicos del Siglo de Oro para comprobarlo, especialmente a Quevedo que hablado del dinero dice:

¿Quién los jueces con pasión,
Sin ser ungüento, hace humanos,
pues untándolos las manos
los ablanda el corazón?

¿Estamos hoy en manos de jueces venales que se dejan comprar por dinero? Alguno ha habido pero ha sido la excepción, lo normal es que se trate de probos funcionarios que ejecutan su labor honradamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta esta desconfianza popular que, solo ve a los jueces como sancionadores de delitos unas veces con sumo rigor y otras con benevolencia suma, arranca de la arbitraria justicia medieval del Señor de Horca y Cuchillo, que tenía jurisdicción para imponer a sus vasallos incluso la pena capital y recorre los siglos XVI, XVII y XVIII hasta nuestros días. Y está fundamentada en las diferencias estamentales de clase y incluso de oficio con las que, en esta época, se aplicaba la Justicia. Así, había una jurisdicción militar y otra eclesiástica y otra civil y dentro de esta, no se juzgaba igual a un noble que a un campesino y caso de ser condenados a muerte, no se ejecutaban de la misma manera las sentencias. Había además una caterva de abogados, escribas, corchetes, verdugos y carceleros a los que el pueblo llano temía con razón.
Volviendo a la actualidad ¿Estamos ante una Justicia igual para todos en España? Tan igual como puede serlo dentro de una sociedad fragmentada cuyo sistema –Capitalista- contiene desigualdades, económicas, sociales, educativas y culturales que discriminan de manera importante a unos ciudadanos con respecto a otros.
Hay además otro problema importante que conviene señalar, es la interferencia gubernamental en la acción de la justicia. Es verdad que la separación de poderes ya establecida en la Grecia del siglo V a de C. y defendida y teorizada en el siglo XVII por John Locke y Montesquieu, en ejecutivo, legislativo y judicial, rige en nuestro país y está recogida en nuestra Constitución pero, ministros de Justicia como Rafael Catalá que se permite opinar sobre medidas cautelares incluso antes de que las magistradas se hayan pronunciado (Caso Noos, apartado Urdangarín) constituye una injerencia inadmisible en el ámbito de la jurisdicción. Si a esto añadimos que este ministro pretende modificar el funcionamiento de la Justicia en España para que sean los fiscales –Organizados jerárquicamente y dependientes del gobierno- quienes instruyan las causas es decir, decidan a quien se acusa y a quien no y de qué se les acusa, podemos concluir que a nuestra lenta Administración de Justicia le queda un trecho para alcanzar los niveles de independencia e imparcialidad exigibles en las modernas sociedades democráticas.