LA CRISIS SOCIALDEMÓCRATA

LA CRISIS SOCIALDEMÓCRATA

La crisis de la socialdemocracia es un tema de actualidad. Sobre el mismo se ha escrito mucho y, en el caso concreto del PSOE, su crisis se achaca a ese problema, supuestamente genérico para esta opción política que ha sido fundamental para lograr implantar y mantener el Estado de Bienestar en Europa, la causa de su evidente decadencia.
Es cierto que los objetivos fundamentales para la socialdemocracia se han alcanzado en una parte muy importante y que a ellos se han adaptado también los partidos de la derecha civilizada. El Estado de Bienestar está implantado y ninguna opción política seria lo pone en duda, desde la enseñanza hasta el carácter universal y público de la sanidad, pasando por el sistema público de pensiones contributivas y no contributivas, y otras prestaciones sociales que funcionan en este país y que, con matices, todos los partidos políticos lo defienden.
En otros aspectos sociales, muchos de los objetivos de la socialdemocracia que se tenían como imposibles en España se han alcanzado y están en la actualidad respaldados por leyes en vigencia y se aplican. Son aceptados, también, por las fuerzas políticas de derechas con posibilidades de gobernar. Así el divorcio regulado por leyes día a día más funcionales es un derecho que está consolidado y aceptado. El aborto con valoraciones diferentes está regulado por ley. La norma sobre el matrimonio homosexual también ha pasado por gobiernos conservadores y la ley de la dependencia está vigente aunque ya nació sin el respaldo presupuestario necesario.
En definitiva la socialdemocracia ha logrado muchos de los objetivos por los que luchaba. Simplemente porque ha conseguido algunos objetivos es un disparate pretender mantener posiciones de enfrentamientos estériles por cuestiones menores cuando hay aún muchos objetivos por lograr.
El mayor problema de la socialdemocracia es no mirar al futuro y preparar programas de gobierno, con los adecuados respaldos técnicos, para hacer frente no sólo a los problemas actuales, sino también a los que ya se anuncian.
Basta con pensar en el desarrollo tecnológico para saber que será muy difícil conseguir el pleno empleo en el futuro, cuando el porcentaje del trabajo que no requiera de la mano directa del hombre aumente considerablemente. Tal situación irá, sin duda, hacia un incremento imparable acompañado de un aumento considerable de la productividad, que deberá favorecer al interés general. De ahí la necesidad de ir pensando en el adecuado tratamiento de la situación para que favorezca a todos los ciudadanos y no a unas minorías. Sin olvidar la consolidación de las pensiones con recursos procedentes de otras fuentes además de las actuales.
¿Cómo es posible no trabajar ya en normas que impidan la tremenda injusticia en la distribución de la riqueza que se da en la actualidad y con una tendencia que va en el sentido de incrementar las desigualdades?
Ya se intentó en Bruselas limitar los beneficios para los miembros de los consejos de administración y los altos directivos de las empresas. Esa clase está consolidada y representa una de las mayores lacras para la sociedad y origina situaciones muy injustas en la actualidad, con beneficios para personajes que reciben ingresos que superan en más de mil veces el salario mínimo. Situación que se da incluso en empresas que la mala gestión genera pérdidas. Son además una tentación para la corrupción de los responsables políticos y pueden llegar a condicionar acciones de gobierno.
Así se podría hacer un recorrido de objetivos nuevos para la socialdemocracia, pensando no en destruir la riqueza que se genera en la actualidad con acciones nefastas propias de otras ideologías, sino conseguir que la creación de la riqueza aumente pero imponiendo una distribución más justa de la misma.
Carece de sentido mirar hacía atrás para intentar implantar, con extrañas coaliciones, sistemas que han fracasado rotundamente.
El PSOE pasa por momentos difíciles con actuaciones políticas de vuelos cortos y de baja altura, llamémoslos gallináceos, que son los más adecuados para propiciar el camino hacia la autodestrucción.

LOS GOBIERNOS OCCIDENTALES Y LA INTENTONA TURCA

LOS GOBIERNOS OCCIDENTALES Y LA INTENTONA TURCA

Cualquier golpe de Estado es condenable y aún más si se hace contra un gobierno elegido democráticamente.
La noche de 16 de julio de 2016 los gobiernos de todo el mundo guardaron silencio ante el movimiento golpista que tuvo lugar en Turquía, por parte de algunos militares. Fue un proceder impropio de los regidores de estados democráticos y especialmente condenables el de los occidentales. La impresión era que esperaban el resultado final para actuar en consecuencia. Solo cuando la información apuntaba a que había fracasado la intentona golpista procedieron a condenarla.
¿Qué querían que ocurriera realmente?
Turquía además de ser miembro de la OTAN, es aliado preferente de USA y aspirante a integrase en la Unión Europea. Es en la actualidad un freno a los refugiados que pretender llegar a Europa procedentes de países que fueron antes de la primera guerra mundial parte del imperio otomano, la actual Turquía, lo que está recogido en un convenio con la UE.
La posición actual del presidente de la Republica Turca y de su gobierno ante el Islam despierta la desconfianza de los países occidentales. En los últimos tiempos, además, su democracia estaba perdiendo calidad y el problema curdo tomaba una entidad diferente, al enfrentarse los curdos al estado islámico poniendo a Turquía en una situación complicada.
Es evidente que las acciones políticas del actual presidente del gobierno turco Recep Tayyip Erdogan y de su partido político, el partido de la justicia y el desarrollo, rezumaba autoritarismo y marcaba una dirección poco acorde con el espíritu laico, impuesto en la actual constitución turca. Tras la convulsa historia del país, antes y después del golpe militar de 1980, Turquía ha vivido un periodo de progreso económico y modernización considerable, lástima que las ambiciones del actual jefe de Estado y su adscripción religiosa haya derivado, al parecer, en una intentona fracasada –como prevista-, con unas consecuencias terribles.
Las purgas en el ejército, la policía, los maestros, los funcionarios públicos y la Justicia, los periodistas y, en general, entre toda la población, junto a la declaración del Estado de Emergencia con suspensión del Tratado de protección de los derechos humanos, y con la posible implantación de la pena de muerte, marca una dirección tenebrosa.
Es difícil saber hasta los extremos que puede llegar este dirigente político, marcado por la religión islámica hacia el fanatismo y con deseos desmedidos de poder, lo que ha demostrado a lo largo de sus últimos años de estar primero en la jefatura del gobierno y después en la presidencia de la república. Ha procedido como un monarca absolutista por sus actuaciones y por la magnificencia con la que vive, con deseos de tener un poder absoluto.
Es posible que la intentona golpista facilite un golpe de Estado triunfante, pero dado desde el poder constituido legalmente.
Si la República Turca se suma, con el proceder propio de un Estado religioso, a los Estados islámicos no democráticos los frentes islamistas se multiplicarán y Occidente se enfrentará a nuevas y serias dificultades.
¿Cuál será el papel de nuestro país que estará en la frontera, y de Al-Andalus, en el pensamiento de los islamistas más fanáticos?

NO A LOS DESPROPÓSITOS MUNICIPALES

NO A LOS DESPROPÓSITOS MUNICIPALES

Por José Manuel Llamas

Los gobiernos municipales de los dos primeros municipios de España, Madrid y Barcelona, formados por Podemos y sus confluencias, que prometían cambios sin fin hasta llegar a la ciudadanía más afín a la misma gloria, requieren un cierto seguimiento para saber de su evolución y logros.
Ambos gobiernos son, sin duda, una fuente de noticias dignas de pasar al anecdotario español de los despropósitos.
No es necesario repetir anteriores ocurrencias de la señora alcaldesa de la capital de España, en relación a la limpieza de colegios y calles, la interpretación de determinadas tradiciones o actos culturales, incluso la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Sus tres últimas son suficientes para hacer una nueva desvaloración de la labor municipal de la alcaldesa si se tiene en cuenta que, por los mentideros de la villa, se insiste que no hay recuerdos de haber padecido una ciudad más sucia que la actual, con mayores problemas en el tráfico, extrema desorientación de la policía municipal y mayor obstrucción, de la habitual y propia de la Administración Local, a todo tipo de actividades generadoras de empleo y de riqueza.
De las tres últimas ocurrencias una, la de implantar en la piscinas municipales un día a la semana sin bañador, no pasa de ser una satisfacción para la minoría de nudistas que habían solicitado al Ayuntamiento disponer de “una” instalación donde poder practicar el nudismo, y un mal rato para la mayoría de los usuarios de las piscinas del municipio que probablemente decidan no ir a las piscinas municipales un día a la semana, porque su concepto de la estética no esté en concordancia con el nudismo y no quieran exhibir su desnudez ni ver la ajena.
La segunda es una muestra más del uso y abuso de la arbitrariedad por parte de algunos políticos cuando están en el poder, en este caso se trata de aplicar en el municipio de Madrid una rebaja del impuesto de bienes inmuebles, aunque sólo se hará efectivo en algunas zonas de la ciudad, aquellas donde sus ciudadanos han sido más favorables con su voto a Podemos.
La tercera ocurrencia es diferente y puede ser además de un problema de ilegalidad grave, un proceder impropio de un Estado democrático y de derecho. Se trata de la propuesta para implantar los llamados jurados vecinales. Los mismo estarían presididos por un gestor de barrio, nombrado a dedo por el Ayuntamiento, responsable de la llamada unidad de policía comunitaria formada por voluntarios nombrados, también, a dedo por el Ayuntamiento. Al parecer tendrían como objetivo solucionar los problemas que surgieran entre los vecinos. Aunque no lleguen a ser -como apuntan algunos medios de la derecha- unos soviets, similares a los implantados en Cuba y Venezuela, son sin duda una demostración más de sectarismo y burla a la legalidad vigente, pues tanto la jurisdicción como la policía judicial están perfectamente reguladas por leyes así como sus competencias, ajenas por supuesto a la Administración Local. Ello, para una persona que ha sido juez durante muchos años, debería estar claro.
En Barcelona, la señora alcaldesa, que ha logrado el apoyo del PSC, no termina de distinguir las obligaciones del gobierno municipal con sus sentimientos de antigua ocupa. Así lo ha demostrado en la crisis relacionada con el desalojo de propiedades ocupadas por orden judicial y desórdenes públicos relacionados con tales actuaciones. Permanece, también, ajena a la proliferación descomunal, en Barcelona, de los llamados manteros, sin tener en cuenta que ellos son víctimas de mafias perfectamente organizadas, que los tratan como esclavos, y por supuesto son una competencia ilegal al pequeño comercio de la ciudad. Por último, en la misma línea de la alcaldesa de Madrid, además de aumentar las dificultades para la implantación de actividades económicas se atribuye competencias que son exclusivas de la Administración Central.
Pasan los días y los gobiernos municipales regentados por Podemos y afines incrementan sus actuaciones anecdóticas que acaparan la atención de los medios de comunicación, con intenciones claramente antisistema, pero sus gobiernos no materializan en las ciudades ningunas de sus promesas porque nunca pasan de las ocurrencias.
Las ocurrencias, aunque puedan ser geniales a veces, en estos casos de gobierno local ciudadano, si no son actuaciones responsables y coherentes, producen daños a la convivencia armónica de la diversidad y la pluralidad de la ciudadanía que desea, sobre todo, que se solucionen los problemas más acuciantes en lo que a competencias locales se refiere: servicios públicos efectivos y de calidad; obras propias, urbanismo y vivienda; contenedores y recogidas de basuras para mantener limpia la ciudad; policía local; servicios sociales de atención a las personas, con el fin de evitar exclusiones; circulación fluida, creación de empleo; y fomento de la participación ciudadana responsable en todos y cada uno de los Distritos.

José Manuel Llamas