¿INCOMPETENCIA O MALA VOLUNTAD?

¿INCOMPETENCIA O MALA VOLUNTAD?

Cuando un miembro de uno de los poderes del estado lleva a término acciones que perjudican gravemente a la sociedad, de la que forma parte, a causa de una manifiesta incompetencia o puede que de mala voluntad, debe ser cesado de sus responsabilidades si antes, por simple dignidad, él no ha renunciado a seguir ejerciéndolas.
Con frecuencia se habla y se suele hacer en sentido crítico del exceso de garantías que tiene para los ciudadanos el ordenamiento jurídico de nuestro país, aunque hay casos que ocurre todo lo contrario y tales garantías brillan por su ausencia.
En Andalucía ha tenido lugar un caso donde la jurisdicción ha causado, con sus actuaciones, muy graves perjuicios a la sociedad y a los intereses generales. Es cierto que tales actuaciones han contado con el apoyo incondicional e interesado de varios partidos políticos. Uno de ellos reclama ahora sensatez a nivel nacional para gobernar este país, aunque él ha tenido muy poca en el caso que nos ocupa.
Senatus Trianae ya publicó un artículo en relación al asunto que nos ocupa:
https://senatustrianae.wordpress.com/los-cursos-de-formacion-para-los-trabajadores-un-escandalo-ficticio/.
En él se anticipaba al contenido del acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas.
¿Cómo se remedía las consecuencias nefastas de tanta incompetencia o mala voluntad?
En primer lugar están los responsables políticos y funcionarios que se han visto afectados por acciones de todo tipo por parte de la jurisdicción. ¿Cómo restaurar su dignidad y su honor y posiblemente todo tipo de perjuicios a causa de ser relacionados con actos, supuestamente delictivos, sin bases sólidas?
¿Cómo se compensa a los miles de trabajadores que podían haber recibido formación para ampliar sus campos de conocimientos y facilitarle encontrar un trabajo? ¿Cómo saber el número de empresas que desarrollaban su trabajo con honradez y efectividad, que se han visto abocadas al cierre o al concurso de acreedores y, junto a los empresarios afectados, los miles de trabajadores que han perdido sus empleos por las crisis de las empresas a causa de las acciones de la jurisdicción?
Si se llega a saber con precisión las empresas afectadas sería prácticamente imposible poder compensar los daños causados.
El gobierno autónomo andaluz tiene también responsabilidades en los daños derivados de este asunto.
En primer lugar, su falta de control sobre los cursos concedidos y su ejecución.
En segundo lugar, la suspensión de las actividades docentes, durante años, con pérdidas de cientos de millones de procedencia comunitaria con ese destino.
En tercer lugar, la elaboración y puesta en aplicación de normas con exigencias difícil de cumplir, cuando las anteriores que eran realmente efectivas no supo aplicarlas en tiempo y forma como era su obligación. Con las nuevas lo único que hace es entorpecer aún más la ejecución de cursos y su seguimiento, posiblemente no pueda hacerlo correctamente y se preste a cometer excesos para compensar precedentes de los que solo el gobierno autónomo es responsable.
La dimisión o cese de los responsables de los poderes del Estado implicados en este asunto sería, quizás, la única y la pobre compensación que pudiera tener la sociedad andaluza que ha sido víctima de tan importantes perjuicios.