LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES

LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES

En mayor o menor medida, todos los partidos políticos están basando sus campañas electorales, para las elecciones del 20 de diciembre, en prometer cambios en la Constitución de 1978.
Muchos hablan del cambio del Senado, aunque ninguno dice con precisión en qué consistiría tal cambio.
Varios prometen modificar el Estado de las Comunidades Autónomas para recoger las peculiaridades de la Comunidad Catalana y reconocerla como Nación, como si todas y cada una de las Autonomías de este país no tuvieran sus propias peculiaridades y algunas de ellas tan significativas como las diferencias, a la baja, en el producto interior bruto y en consecuencia la renta per cápita con las correspondientes implicaciones negativas, fruto, posiblemente, de injusticias del trato dado por los poderes del Estado durante un siglo y que, en algunos aspectos, persisten en la actualidad.
Algunos hablan de reconocer el derecho a decidir como si el país estuviese integrado por colonias que tuvieran derecho a formar Estados independientes y dividir el actual en decenas de cantones.
Otros hablan de formar un Estado Federal, aunque no aclaran si los Estados Federados tendrían más o menos competencias que las actuales Comunidades Autónomas y si podrían tener la tentación de proponer un Estado Confederal, para dar así satisfacción a los grupos independentistas de algunas Comunidades Autónomas, aunque están en minoría y desprecian la soberanía de todo el pueblo español.
Y así se podrían ir desgranando las muchas ofertas a los ciudadanos de las diferentes organizaciones políticas, en relación a la Carta Magna y sus derechos fundamentales –no siempre garantizados- sobre la que se asienta la legalidad del país.
Lo que ningún partido político reconoce y explica a los ciudadanos es que, de acuerdo con el resultado que dan las encuestas respecto al reparto de escaños en las próximas elecciones generales, ninguno podrá hacer modificaciones de los contenidos básicos de la Constitución, dado que es necesario, para iniciar tal proceso, dos tercios de los escaños del Congreso de los Diputados, y todos los partidos políticos estarán muy lejos de esos números de parlamentarios.
Lo más probable es que ni tan siquiera los dos partidos más votados, juntos, consigan llegar a tales porcentajes. Es decir, que están todos obligados a consensuar y ponerse de acuerdo, si quieren modificar la Constitución dentro de la legalidad que rige en el país.
No se puede negar que todas las normas son mejorables y exigen modificaciones, así como actualizar aquellas partes que ya no responden adecuadamente a las necesidades actuales.
Es normal que los países democráticos introduzcan enmiendas en sus constituciones. En España se puede y se debe hacer lo mismo pero los responsables políticos tienen que tener claro, y así se lo deben decir a los ciudadanos, lo que quieren enmendar y la necesidad de que pacten diferentes fuerzas políticas para poder hacerlo.
La Constitución de 1978 se hizo con la participación de fuerzas políticas muy variadas que llegaron a acuerdos. Fue un pacto que permitió elaborar y aprobar una norma básica imprescindible para mantener un Estado Social y Democrático de Derecho, como del que disfrutamos en la actualidad, y así debe de perdurar con las enmiendas constitucionales acordadas por el mayor número posible de fuerzas políticas.