POLÍTICA MUNICIPAL

POLÍTICA MUNICIPAL

La importancia de la Administración Local radica en la proximidad de la misma a los ciudadanos. La certeza de tal aseveración, que se repite con frecuencia, es evidente.
Los gobiernos municipales están próximos a los ciudadanos porque de ellos dependen los servicios básicos a prestar, en los núcleos urbanos, con el fin de hacerlos habitables y mejorar la calidad de la vida ciudadana.
El número de servicios es grande y variado. Entre otros, están como los más significativos: el suministro de agua, la limpieza pública y la gestión de residuos urbanos y asimilables, el servicio de lucha contra las plagas, el mantenimiento de parques y jardines, el alumbrado público, mantenimiento de vías y acerados, los transportes urbanos públicos y el control de los privados, la circulación urbana y aparcamientos, los servicios contra incendios, la limpieza y mantenimiento de los centros escolares públicos y de los centros deportivos, las fiestas municipales y el fomento y promoción de la cultura; la vivienda social, la policía municipal, la fijación y recaudación de tasas e impuestos municipales.
Por iniciativa de los ayuntamientos se elaboran los planes de ordenación urbana que, tras su aprobación por los órganos competentes, aplican y controla los gobiernos municipales. Existen, además, los Servicios Sociales Comunitarios de atención a los ciudadanos más desfavorecidos, aunque tras los gobiernos de Zapatero y la aprobación de normas, aunque sin los respaldos presupuestarios necesarios, tales servicios han decaído considerablemente en los entes locales, aunque algunos de ellos sigan manteniendo albergues y constituyen el fundamento de las políticas municipales, así como el de las Diputaciones den importa o no a los Servicios Públicos, la asistencia y el fomento infraestructuras viales que le son propias.
Tanto el fondo como la forma, de cumplir con estas obligaciones, serán distintos si lo hace un gobierno municipal o provincial conservador o uno progresista. Desde la atención a los diferentes barrios de las ciudades según nivel económico de los vecinos, a la forma de cuantificar y asignar las tasas e impuestos, a la manera de aplicar los servicios especialmente aquellos destinados a los ciudadanos más desfavorecidos serán diferentes, pero en definitiva tienen que prestar los servicios para todos los ciudadanos y su obligación es hacerlo lo mejor posible.
Algunos ayuntamientos dedican, también, presupuestos extraordinarios a obras públicas monumentales que suele estar unidas, según su carácter, al signo del gobierno municipal. Lo mismo podría decirse de las Diputaciones Provinciales o de los Cabildos insulares
En las últimas elecciones municipales los fundamentos esenciales de la Administración Local han pesado poco en los ciudadanos, que han orientado su voto por las fobias y las afinidades a los diferentes partidos políticos. Los resultados han dado una considerable dispersión del voto y gobiernos municipales, con respaldos minoritarios, ajenos a la esencia de los servicios a prestar, sus campañas han tocado poco tal cuestión fundamental de la Administración Local: “LOS SERVICIOS” a prestar.
Los gobiernos municipales de las dos grandes Ciudades del país están en manos de raras coaliciones y en evidentes minorías han dado poco de si a favor de una mejor administración. Han practicado el nepotismo con mayor descaro que nunca lo han hecho otros partidos en democracia, y han llevado a término amago de actuaciones, que han intentado hacer pasar por nuevas cuando no lo eran, quedando así en evidencia. Igualmente se han lanzado mensajes y se han producido actuaciones anecdóticas populistas para satisfacer a sus votantes, pero de mejorar los servicios nada han dicho y menos aún hecho.
La cuestión es saber si su quehacer se centrará en mejorar los servicios públicos para todos los ciudadanos o en hacer gestos y promesas populistas, como parte de la campaña para las
próximas elecciones generales.
En vistas al futuro próximo de las elecciones generales, habrá que tener muy en cuenta la situación y el momento actual, con el fin de demandar sobre todo programas y actuaciones coherentes que mejoren la prestación de los Servicios de la Administración General del Estado.

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¿UNA ADMINISTRACIÓN NUEVA?

¿UNA ADMINISTRACIÓN NUEVA?

La Administración Autónoma Andaluza fue durante los primeros años, tras su constitución, una fuente de esperanza para Andalucía, por la racionalidad y agilidad en afrontar y desarrollar las funciones que le eran propias, con unos resultados en su gestión global ciertamente excelentes.
Por desgracia, para los andaluces, tal situación comenzó a decaer tras el primer periodo de gobierno autónomo pleno, hasta llegar a la situación actual de total descomposición y que exige, sin demora alguna, los cambios oportunos para que vuelva a ser un instrumento útil al servicio de los ciudadanos y trabaje a favor de los intereses generales en la Comunidad Autónoma.
Los casos de los ERES y de las subvenciones ilegales han marcado el punto más alto de la corrupción, sin mencionar otros asuntos de menor entidad, trascendencia y cuantía, pero también fruto perverso de la mala administración.
Los casos mencionados muestras hasta qué punto el control sobre los altos cargos debe ser una de las tareas fundamentales de cualquier partido político en el poder, que está obligado a cuidar al máximo sus decisiones y en ningún caso puede permitir nombramientos caprichosos de personas carentes de la preparación, y/o de los méritos y de la entidad ética exigible a cualquier servidor público sea del nivel que sea. Fuera, pues, las cuotas de cualquier tipo y los compromisos injustificables o clientelares y territoriales de los responsables políticos.
A los casos de corrupción se suma la mala gestión con prácticas inadecuadas, procedimientos absurdos y desequilibrios de plantillas en los órganos responsables de administrar los recursos públicos y hacer cumplir las leyes. Sin olvidar el sistema sancionador exagerado en cuantía y frecuencia, como si administrar fuera castigar. El caso más evidente y trascendente lo tenemos en los cursos de formación para los trabajadores, donde la inhibición de la Administración Autónoma de sus obligaciones de control y seguimiento ha causado un desastre.
La lamentable situación de la Administración Andaluza se agravó aun más con la creación de la llamada administración paralela, es decir, con la constitución de innumerables empresas publicas, fundaciones y otros entes que, con la excusa de agilizar la gestión de la Administración Andaluza, suplantaron a los funcionarios en sus funciones y se constituyeron en creadores de numerosos puestos directivos, mejor pagados que los funcionarios públicos, para políticos sin oficio ni beneficio que a su vez colocaban a familiares, compañeros, y amigos a cargo de los recursos públicos.
Para completar este panorama desalentador este año se ha sumado el desbarajuste administrativo en el proceso de escolarización. La Administración Educativa Andaluza ha llegado al extremo de matricular a escolares en centros elegidos a su gusto sin la autorización y ni siquiera el conocimiento de los padres. Se ha dado el caso de escolares que viviendo en lugares próximos a varios centros docentes, la Administración Autónoma los ha matriculado en colegios situados a varios kilómetros de donde vive. De este tipo de actuaciones se desprende un tufo desagradable y extraño a arbitrariedad, imposición, incompetencia que intenta autojustificarse con comportamientos obstruccionistas, controladores y sancionadores. Tal comportamiento ha generado alarma social y recursos ante la jurisdicción, lo que han hecho muchos padres en desacuerdo con la forma impositiva de escolarizar a sus hijos.
Los casos expuestos responden a comportamientos impropios de un Gobierno Autónomo que defiende los principios constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho y que supuestamente se mueve bajo los principios de la socialdemocracia.
Al inicio de una nueva legislatura y un nuevo gobierno en Andalucía la pregunta es la siguiente: ¿Tendremos una Administración Autónoma nueva, justa y equilibrada, o se mantendrán los mismos hábitos?

¿RUPTURA, REVOLUCIÓN O REFORMA?- PRO MEDIACIÓN DISCURSIVA DE DIÁLOGO-

¿RUPTURA, REVOLUCIÓN O REFORMA?
-PRO MEDIACIÓN DISCURSIVA DE DIÁLOGO –

A mediados de febrero del presente año ya se veía como imperativo social el avanzar en democracia participativa, pues la sociedad, sobre todo generaciones más jóvenes –respaldadas por personas adultas, con mucha experiencia- lo venían demandando, incluso en manifestaciones callejeras. Ahora, ante la proximidad de las elecciones generales en España, la realidad aparece como especialmente compleja. Tal vez haya ya una ruptura real en Cataluña; hay, además no pocas aspiraciones revolucionarias y, frente al continuismo y el más de lo mismo, sólo cabe un proceso de reforma –incluso constitucional-.
El problema, tal vez, es que se ha perdido no sólo decencia respecto a la corrupción sino sentido internacional y solidaridad inter-territorial, a la vez que se ha caído en una especie de localismo sentimental de identidad, fruto tal vez de nostalgias históricas, de la gran crisis que se sigue sufriendo y de los correspondientes recortes sociales.
En el primer trimestre del año, en base a algunas publicaciones más recientes, pero también teniendo en cuenta los análisis realizados desde 2010 por Juan Torres López, así como el grito de Stéphane Hessel ¡No os rindáis!, parecía conveniente indicar la importancia de reformas puntuales urgentes contra lo que se ha denominado el “austericidio” pero, además, resultaba urgente la exigencia de asumir no sólo un nuevo y renovado proyecto de democracia y ciudadanía, a más largo plazo, sino también la posibilidad de reformar el edificio constitucional de 1978, marco de convivencia hasta el presente. Desde un pensamiento crítico, se suele entender que es la ciudadanía la que, rompiendo con la apatía, puede producir un cambio normativo liberador de cierta asfixia propia de la actual democracia representativa. Además, el libro Pautas para la reforma de la Constitución (Aranzadi, 2014) contiene unas cuantas ideas básicas sobre los problemas de la reforma de nuestra Constitución en la actualidad. Se hablaba, en dicho Informe, de la opción reformista como exigencia estructural, decisión política y camino para racionalizar el sistema electoral, las funciones del Senado, la democracia interna de los Partidos, y la garantía de derechos fundamentales; se hablaba de una más nítida separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y de la conveniencia de abordar el debate sobre la forma política del Estado, así como de revisar todo el título VIII de la actual Constitución de 1978; finalmente se abordaba la cuestión del procedimiento de la reforma constitucional, con el fin de flexibilizar y unificar procedimientos legislativos.

Todo lo antedicho son opciones de reforma. Ocurre, sin embargo, que ya hay una ruptura de hecho y que se vislumbran también planteamientos de revolución, aunque los revolucionarios que se expresan en contra de la corrupción y con propuestas de futuro (al estilo de Baltasar Garzón o Federico Mayor Zaragoza) acentúen de momento la exigencia de una evolución responsable. Bastaría con leerse el libro titulado El Fango, cuarenta años de corrupción en España o ver las líneas programáticas a escala mundial, escala europea o escala española para comprender los imperativos de una evolución responsable como revolución en la cultura democrática.

El bipartidismo está superado, de forma que tanto el Partido Popular (PP), demasiado anclado, falto de reflejos en la iniciativa política y demasiado autocomplaciente, como el PSOE, que no levanta el vuelo y demasiado pendiente de encuestas y mecanismos para mantener o conseguir el poder, van a tener que competir con Ciudadanos (Cs) –cuyo líder, diputado en el Parlamento Catalán con 26 años, desde 2006, es el más joven de los candidatos, teniendo ahora 35 años-, y con Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias, aunque ha bajado en aceptación sigue siendo una incógnita en el ámbito de la izquierda política, demasiado condicionada por un pasado comunista y muy fragmentada –a pesar de que algún otro joven como Garzón, desde una facción de IU pretendiera en su día todo lo contrario-.

Ante la realidad del momento, resultar un tanto obsoleta la pretensión de avanzar pronósticos. La campaña electoral próxima debería ser distinta e imprevisible y será, sin duda, durísima. La realidad española actual es mucho más compleja que la de hace unos años y son muchas las categorías que hay que saber barajar para efectuar un análisis, diagnóstico y gestión de la misma que no tienda a convertirla en complicada. Ya no nos valen las mentes “simples” que – como suele argumentar Edgar Morin (de quien conviene leer Nuestra Europa) – complican lo complejo. Y este país está lleno de analistas, expertos en diagnósticos y gestores demasiado simplistas en sus tareas.

Confiemos en el sentido común de la ciudadanía española y de todos los pueblos de España, sin exclusión alguna, a pesar del proceso separatista iniciado en Cataluña. Pues no todo es como se pinta o se quiere pintar.

Quizás fuera deseable una Reforma, viable y efectiva, pero ya hay indicios claros de ruptura y algunas propuestas de revolución responsable. Tiempo al tiempo. La mediación discursiva, el diálogo y la negociación tendrán que imponerse si se quiere avanzar en convivencia armónica en España, en Europa y en el Mundo.