LOS CATALANES Y ESPAÑOLES SUFRIDORES
En las elecciones para elegir el parlamento autonómico de Cataluña del pasado 27 de septiembre el 37´8 por ciento del censo votó por partidos políticos de clara posición independentista, es pues lógico deducir que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no son independentistas.
Ante esta realidad es asombrosa la poca relevancia que se les da a los millones de catalanes, que representan tal opción, por parte de los ciudadanos en general, de los medios de comunicación y de los partidos políticos. Tal proceder trasmite la impresión de que solo cuentan, en este país, los sectores que además de buscar la independencia muestran un claro desprecio hacía el resto de los españoles y a las leyes por las que se rigen.
A nuestro modo de ver, carecen de sentido -y es no solo improcedente sino injusto- ciertos comportamientos contrarios a Cataluña y a los catalanes, por parte del resto de los españoles. Pues además de tener una significativa incidencia negativa sobre millones de personas, afecta también para mal al comercio de aquellos productos de procedencia catalana, y eso no es bueno ni para los catalanes, la mayoría no independentistas, ni para todos los españoles.
Cuando se habla de la necesidad de hablar el Gobierno Central con Cataluña solo se menciona a los independentistas, como si el resto de los catalanes no existieran y sin embargo son mayoría.
Desde nuestro punto de vista, carece de sentido sentarse para tratar ningún tipo de asunto que afecte a toda la ciudadanía de Cataluña y de España con los fanáticos de la independencia, cuando la mayoría de los catalanes no optan por está opción y representan además mayor dosis de racionalidad, única base de trabajo para una posible negociación. Solo con ellos sería aceptable llegar a acuerdos viables, posibles además de otros escenarios en donde no predominaran actitudes cerradas regionalistas o centralistas –por sus respectivos nacionalismos.-
Basta con tener en cuenta o pensar en los puntos a negociar con los independentistas. El primero y posiblemente único que ellos aceptarían sería el derecho a decidir, paso decisivo para fundamentar el proceso de secesión. Lo que es absurdo cuando nada en relación a tal derecho se recoge en la Constitución de 1978. Aceptar que la soberanía no reside en todo el pueblo español y dar paso a ese extraño derecho a decidir sería contrario a la legalidad e iniciar una escalada de referéndums en el territorio nacional para terminar, por las buenas o por las malas, en un proceso similar al que tuvo lugar en 1873 que dio como resultado la España Cantonal. Es decir, a la disgregación del país con más de quinientos años de historia. De hecho, cuando se llevó a cabo tan demencial proceso solo fue por unos meses y las consecuencias resultaron desastrosas.
Lo curioso es que cuando España se dividía en cantones, bajo el control de los “lúcidos políticos” (iluminados), en Europa tenían lugar dos movimientos en sentido contrario para crear dos Estados que son, en la actualidad, parte fundamental de la Unión Europea. Así en 1870 tuvo lugar la unificación de Italia, es decir se constituye la Italia actual. Y en 1871 se unieron treinta y ocho pequeños estados para dar vida al primer imperio Alemán, equivalente a la Alemania actual.
Por desgracia, España ha tenido por tradición, durante siglos, ir en sentido contrario al marcado por los países más avanzados de Europa. Por fortuna tal tendencia se corrigió con la Constitución del 78 y la integración en la UE en 1986. Es de esperar se continúe en esa dirección con permiso de las mentes dogmáticas, con una gran cortedad de miras que surgen por generación espontánea en los momentos claves en este país, y que siempre han preocupado a intelectuales regeneracionistas con sentido de la solidaridad internacional.
Con frecuencia se reprochan unos partidos a otros ser con sus comportamientos creadores de independentistas en algunas regiones. Tales temores son absurdos y con frecuencia responden a actuaciones derivadas de hacer cumplir las leyes lo cual es un deber irrenunciable de los poderes del Estado. Tales planteamientos y las concesiones de los gobiernos centrales para contar con el apoyo de los nacionalistas en el Congreso de los Diputados han sido nefastos, al permitir sistemas de enseñanza con planes de adoctrinamiento muy parecidos a los franquistas.
Es una responsabilidad de todos los españoles hacer que esta tendencia cambie y sean los catalanes sufridores, por cierto la mayoría, los que marquen la pauta en Cataluña con el apoyo del resto de los españoles.
Para establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra, cuando España se constituyó en Estado Social y Democrático de Derecho, se consensuó que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Considerar, de hecho, que la soberanía resida en “los pueblos de España”, en vez de “en el pueblo español” (art. 1,2) no es, en la actualidad, conforme a Derecho.
Los sufridores españoles, cuando vemos “inflamaciones” e “irritaciones” nacionalistas nos preguntamos: Y después de las independencias con estrechez de miras ¿qué? ¿No sería más racional y útil, incluso, avanzar en federaciones que vayan haciendo posible el gobierno justo y solidario de la Comunidad Humana?
Senatus Trianae 