CRISIS Y DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

CRISIS Y DEFENSA
DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO
Estamos todavía inmersos, a principios de 2015, en una crisis económico-financiera y de valores, vinculada a la lógica de la ganancia y el lucro capitalista. La crisis pasa a ser también energética y de cambio climático, afectando al conjunto de pueblos y comunidades del mundo globalizado de forma distinta. En ese contexto de transformaciones, en España, dentro del marco europeo, urge la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho. Pero dicha defensa exige una actualización, revisión y reforma de la Constitución de 1978 (CE).
Abordamos el Preámbulo, el Título Preliminar y el Título Primero de la CE por considerar que es ahí donde resultan vitales los derechos humanos que se puedan garantizar como fundamentales para toda persona y que, ahora, están condicionados y limitados por los recortes de la política social y la economía neoliberal al uso.
Desde lo local y regional, precisamente para la defensa del Estado Social de Derecho, se postula la actualización de la Declaración Universal los Derechos Humanos de la ONU, y la revisión y refundación de las Entidades Monetarias Internacionales correspondientes. Pues no es lo mismo crecimiento económico (de unos pocos) que desarrollo humano (del conjunto de comunidades y pueblos).
La Asamblea General de Naciones Unidas, a finales de 1948 confiaba su ideal común de Derechos Humanos a todos los pueblos y naciones para que por medio de la enseñanza y la educación, y mediante normas progresivas de los Estados se respetaran y aplicaran práctica y efectivamente dichos derechos. En 1978, en España, no sin dificultades ni reticencias, hubo un cambio histórico de la Dictadura a la Democracia, siguiendo la pauta: ratio facit legem. Por ello, la Nación Española… proclamó su voluntad de “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo” (Preámbulo). Consecuentemente, se decía: “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (art.1 CE).
¿Qué ha pasado para que estemos ahora como estamos? Pues quizás que en los primeros catorce o quince años se mantuvo el compromiso social y los poderes públicos promovieron las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos fueran reales y efectivas. Ello supuso remover obstáculos y facilitar la participación de todos los ciudadanos. Hubo no pocos condicionantes fácticos, socioeconómicos e ideológicos, hubo errores y aciertos, hubo contradicciones e incongruencias, y también corrupción, pero se avanzó en los procesos de socialización, en Salud Pública para todos, en Educación de mujeres y hombres, y en Formación Profesional y empleo, en viviendas sociales…, en comunicaciones, en Cultura y en Medio Ambiente, aunque dichos derechos no estuvieran garantizados como fundamentales en la CE.
En la década de 1980 a 1990 se logró un cierto Estado de Bienestar, que ahora parece añorarse en una situación de Estado de Malestar. ¿Qué pasó después del flamante año 92? Que se cayó en cierta complacencia, se fueron perdiendo reflejos y exigencias éticas y, con el sueño inmobiliario, se llegó a las puertas de la gran crisis económica de 2008, acumulando gastos. Una cierta ceguera hizo que no se revisara siquiera la Constitución en la parte de los Derechos Fundamentales (Título I), con los consiguientes capítulos: “De los españoles y extranjeros” (capítulo primero, que demanda del valor de la interculturalidad y de mayores grados de reciprocidad); “Derechos y Libertades” (capítulo segundo, cuyos derechos fundamentales deben de ampliarse y adecuarse al marco europeo, con las correspondientes previsiones económicas); y el capítulo tercero “De los principios rectores de la política social y económica” (que, en la práctica, ha pasado a ser “de los recortes de la política social y económica”).
De hecho flaquea la protección de las familias y los niños y niñas, flaquea la equidad y la distribución de las rentas, la formación y la readaptación profesional, la Seguridad Social, los derechos económicos de los trabajadores, la protección de la salud, la ciencia y la investigación, la vivienda digna y adecuada, la promoción de las personas jóvenes en el desarrollo político y económico, las políticas de integración, y la suficiencia económica de las personas mayores…
Tal vez por eso, desde mayo 2013, se han iniciado una serie de reflexiones que, desde el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense plantean la necesidad de revisar nuestra Constitución, edificio envejecido con el tiempo y necesitado de reformas importantes. De hecho, se ha emitido un “Informe para el debate”, que se titula Pautas para una reforma constitucional (publicado por Aranzadi, Navarra, 2014). En dicho Informe se dice que algunos principios rectores de la política social y económica podrían pasar a ser derechos fundamentales y, en consecuencia, ser garantizados (a la luz del desarrollo normativo y jurisprudencial).
Esta vía reformista que se propone es, sin duda, una forma de defender prácticamente el Estado Social y Democrático de Derecho. De lo contrario seguiremos bajo la Dictadura de la Economía de Mercado, atraídos y alienados por fetiches mercantiles de la Sociedad de Consumo.
No es necesario partir de cero, ni destruirlo todo para arrancar de la nada. Tenemos una Constitución pero hay que revisarla y reformarla a fondo, serenamente y por etapas, a medida que se puedan ir logrando consensos democráticos y con la ineludible participación ciudadana.