CRITERIOS PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Criterios para la reforma constitucional

Eliseo Aja

Catedrático de Derecho Constitucional UB

En los últimos años se ha abierto paso la idea de realizar una reforma constitucional para combatir los problemas de la crisis que asola a las instituciones en España. En realidad creo que se trata de una triple crisis: la económico-social, evidente, pero también la de legitimidad democrática y del sistema autonómico. El pasado 6 de diciembre El país publicaba un resumen de las propuestas de reforma constitucional del PSOE, UPyD, IU y Podemos, que presentan contenidos y grados de maduración muy diversos. En realidad, Podemos habla de proceso constituyente, que debe indicar algo diferente, como también supone una ruptura constitucional la propuesta de secesión de Cataluña, aunque se mueve en otro plano.

En esta coyuntura, de intuición de la reforma y escasa claridad de su perfil, acaba de aparecer un libro singular, dirigido por el profesor Javier García Roca, Pautas para la reforma de la Constitución (Aranzadi, 2014) que contiene unas cuantas ideas básicas sobre los problemas de la reforma de nuestra Constitución en la actualidad. Se trata de un libro pequeño (140 páginas) y sencillo, al alcance del lector que tenga una cierta cultura política, porque consiste en un relato-resumen de los debates que han realizado una veintena de profesores universitarios, de variadas tendencias políticas y jurídicas, sobre los principales elementos de la crisis de las instituciones y sobre los problemas que suscita la reforma constitucional. García Roca es un prestigioso catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad complutense, a la que pertenecen la mayoría de los participantes, aunque también intervinimos puntualmente algunos profesores de otras universidades.

Cada capítulo consiste en un relato de las ideas expuestas por uno o dos ponentes sobre el tema de discusión (los derechos, la monarquía, las Cortes…) y de las cuestiones que plantean los asistentes al seminario, todos ellos profesores de Derecho, de varias disciplinas. No hay por tanto la típica ponencia técnica del especialista sino el resumen de su exposición y del debate (aceptación o críticas) de los asistentes. Un primer capítulo resume las ideas generales sobre la reforma constitucional, a partir de la evidencia de que en estos años apenas se han realizado reformas constitucionales y la única importante (135 CE) se hizo muy mal.

La incorporación a la Constitución de una “cláusula de la Unión Europea”, expuesta por Ricardo Alonso (catedrático de Derecho Comunitario), arranca de los problemas que ha generado la ausencia de normas constitucionales sobre nuestra pertenencia a Europa. A diferencia de otros puntos, éste cuenta con las reflexiones de los Informes del Consejo de Estado (el específico y el del proyecto abortado de reforma constitucional de Zapatero) que prestan solidez a la propuesta.

Los derechos fundamentales, tratados por Pablo Santolaya (catedrático de Alcalá), Itziar Gómez (letrada del Tribunal Constitucional) y García Roca -en la dimensión judicial europea- son quizás la parte de la Constitución que mejor ha aguantado el paso del tiempo, aunque son aconsejables ajustes y sobre todo mejorar la protección de derechos sociales como la salud, la atención a la dependencia y la vivienda. Los recortes sufridos y la reacción popular en contra deberían inspirar algunas técnicas jurídicas más eficaces que las vigentes.

En las instituciones se examina la reforma del sistema electoral, a partir de ponencias presentadas por Sánchez Navarro (Subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, además de catedrático), Pablo Santolaya e Iñigo Henriquez de Luna, para ganar en proporcionalidad y, sobre todo, para acercar los parlamentarios a los ciudadanos. Un capítulo propio merece la mejora de la democracia representativa y de los medios de participación como la iniciativa legislativa popular y el referéndum, que tienen límites excesivos en la Constitución actual. Otras de las enseñanzas de la crisis ha de ser, sin duda, la limitación del uso del decreto-ley por el gobierno.

La reforma del Senado ya no parece objeto de dudas, y en el capítulo correspondiente se da por descontada y se plantea el debate las posibles alternativas, entre un Senado elegido por los ciudadanos o designado por los Parlamentos autonómicos (Piedad García Escudero, Letrada de las Cortes, además de catedrática) y Eliseo Aja (yo mismo), que volví a defender un modelo inspirado en el Bundesrat alemán, para que las Comunidades Autónomas participen en la aprobación de las leyes del Estado que afecten sus competencias, en las relaciones intergubernamentales y en el proceso de decisión de la Unión Europea. En el debate intervino de forma destacada Diego López Garrido, que a su condición de catedrático une la experiencia de parlamentario y secretario de Estado.

Las reformas del poder judicial, en concreto, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se abordan por García Roca, que también había sido letrado del TC, sobre una multiplicidad de vertientes que impiden su resumen aquí. El propio Garcia Roca y yo mismo, presentamos una ponencia coincidente sobre el Estado autonómico, con propuestas de reforma sobre el conjunto del sistema (competencias, relaciones, naturaleza de Estatutos, etc.) y sobre el reconocimiento de nacionalidad específico a Cataluña, el País Vasco y quizás alguna otra CA, así como la pluralidad y diversidad que ha de implicar para el conjunto de España. En concreto, la financiación autonómica y su vasto campo de reformas posibles, fue expuesta por Alfonso García Moncó (catedrático de Derecho Financiero) y Julio López Laborda (catedrático de Economía).

Los mismos procedimientos de reforma constitucional en la actualidad merecieron la crítica y propuestas de reforma presentadas por Asunción García Martínez, confluyendo con opiniones de los participantes más dirigidas a la articulación –hasta donde pueda adivinarse- de una reforma constitucional a corto plazo.

Casi 30 conclusiones, redactadas con brevedad (uno o dos párrafos cada una), cierran el libro, permitiendo una primera reflexión seria sobre las vertientes de la reforma constitucional aquí y ahora. La más importante reside en su carácter político (la reforma corresponde principalmente a las Cortes Generales), pero avanzar en su perfil técnico puede ayudar a inclinar la balanza en un sentido u otro. Por eso tienen mucho sentido que el debate se haya realizado entre expertos de todas las orientaciones políticas.

Miércoles, 7 de enero 2015.
Institut de Dret Public

LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES

LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES
Sobre la hipótesis de hacer cambios en la Constitución de 1978 se está librando una batalla encubierta entre los Partidos Políticos de este país.
El Partido Socialista Obrero Español está por hacer de España una Federación de Estados, aunque no pone en negro sobre blanco el Estado Federal que propone con todas las características que lo definirían. El Partido Popular es poco partidario de cambios aunque algunos aceptarían, pero no concreta por escrito lo que sería partidario de modificar o de introducir. El resto de los partidos mantiene actitudes similares de no concretar sus opiniones y para completar el panorama Podemos ha anunciado la estrategia más arriesgada con la propuesta, hecha por su líder en Barcelona durante un mitin, de iniciar un proceso constituyente, lo que podría significar no cambios en la norma si no ir a elaborar una Carta Magna ex novo. Propuesta hecha entre evidentes guiños a los independentistas catalanes al defender el derecho a decidir, pese a manifestar su preferencia de la permanencia de Cataluña en España, y con presencia entre los asistentes de Pascual Maragall que fue, como miembro del PSC, presidente de la Generalidad Catalana y alcalde de la Barcelona de los Juegos Olímpicos.
Los partidos escenifican, ante los ciudadanos de este país, una obra que nunca terminan por la sencilla razón de que no lo pueden hacer, pero consiguen sembrar inseguridad, desilusión y desafecto. No basta con los enunciados que hacen, es necesario que den mucha más información y que valoren con rigor las posibilidades objetivas de hacer realidad sus propuestas.
En primer lugar tienen la obligación de poner a disposición de los ciudadanos, con puntos y comas, el texto completo de los cambios que proponen llevar a término. Y en el caso de optar por un proceso constituyente el texto integro del proyecto de la nueva Constitución.
Es una postura demagógica la de aquellos Partidos Políticos que pretendan cambiar la Constitución sin contar con la colaboración de ninguna otra fuerza política, por la sencilla razón de que hacerlo es un imposible. Basta con que los ciudadanos lean en la Constitución actual el “Titulo X”, para que entiendan la sinrazón de lo que nos ofrecen.
¿Alguno de los partidos que están por los cambios constitucionales estima como posible conseguir, en las próximas elecciones generales, las mayorías de tres quintos o dos tercios en el Congreso de los Diputados, es decir 210 o 233 escaños, para poner en marcha procesos, que en determinados casos tendrían que someter a la aprobación de los ciudadanos mediante un referéndum?
No hay alternativa, si es necesario modificar la Constitución es imprescindible que los partidos políticos lleguen a un acuerdo y no solo porque los números se imponen, sino también porque la historia ya ha demostrado, y no solo en este país, que para hacer una norma fundamental que perdure, sea efectiva y favorable a los intereses generales es imprescindible el consenso de las diferentes fuerzas políticas.
Es pues deber de los responsables políticos intentar llegar a ese consenso, en lugar de lanzar sus mensajes de cambios constitucionales, pues evidentemente tienen que negociar y hacer una oferta concreta y creíble a la ciudadanía desde las garantías de derechos fundamentales hasta la división territorial del Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN 2015-2020

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN 2015-2020

En esta breve reflexión teórico-práctica, ante el reto de las próximas elecciones locales, se pretenden esbozar unas líneas estratégicas de intervención para los próximos años, más allá de las recomendaciones al uso del Consejo de Europa, siempre tendentes a la privatización liberal y a las restricciones y controles del gasto público, que no suelen abordar decididamente la necesidad de generar empleo y producción sostenibles, y hacen caso omiso de la necesidad de rejuvenecer una población envejecida.
Frente a la destrucción de empleo ocasionada en España, teniendo en cuenta el momento presente de crisis, que presenta distintas facetas: en el mundo financiero y económico, en el mundo laboral y en las industrias de transformación, en la producción agro-alimentaria y otras actividades primarias (minería y pesca), en el agotamiento de los recursos naturales (respecto de la energía), en el hecho del cambio climático, en los sistemas institucionales encorsetados, en el mundo de las deficientes y pobres investigaciones (y, más concretamente, en I+D+I) y de la cooperación internacional –bajo mínimos-, se pretenden plantear unos principios o valores clave y unas líneas estratégicas básicas para el desarrollo local, vinculado necesariamente al mundo global.
I.- Principios básicos: Cohesión económica, vertebración territorial, y bienestar social como condiciones de desarrollo humano en libertad, igualdad y justicia. Ello implica, en la práctica, generar riqueza, empleo y mayor responsabilidad frente a tendencias de corrupción personal o institucional y sistémica. Creciendo todos nos desarrollamos más y mejor. Más allá de la Teoría del Contrato Social urge una Justicia alternativa en relación con el Desarrollo Humano, que nazca de la razón y la emoción discursiva pero con sentido práctico frente a las injusticias reales.

I) Objetivos estratégicos:

1) Promover una mejor ordenación y vertebración territorial urbana y rural: Área Metropolitana, Ciudad, Pueblos y campo, conforme a criterios de cohesión y de necesidades reales de la población interior y exterior.
2) Dotaciones de infraestructuras y energía, comunicaciones, depuración de aguas y saneamientos, según criterios productivos eficientes y de salud medio ambiental.
3) Infraestructura social básica para servicios sociales, sanitarios y también farmacéuticos –dada la realidad o la tendencia al pago de los medicamentos-; dotaciones y presupuesto de mantenimiento y funcionamiento de calidad para escuelas, formación profesional, academias, institutos, y talleres de artesanos; para comercios, mercados, instalaciones deportivas y parques; para las políticas de gestión y aprovechamiento del agua; y para entidades bancarias o financieras solidarias.
4) Promoción del turismo rural y urbano, y fomento de centros de proyección cultural, en lugares estratégicos de la ciudad y de los pueblos.
5) Rehabilitación de edificios antiguos y casas de barriadas de interés, para su puesta en valor como bienes patrimoniales y de servicios.
6) Nuevos hábitats conforme a la ordenación urbanística y acorde con la demanda racional y viable.
7) Política de protección familiar eficiente mirando el necesario rejuvenecimiento de la población y el derecho a una vivienda digna de toda familia.
8) Fortalecimiento institucional, gobernabilidad, y servicios administrativos funcionales, ágiles, transparentes, cercanos, y creación de un Centro de Investigación permanente I+D+I que responda a las necesidades del momento.
9) Formación de recursos humanos en trabajos profesionales, en gestión, en organización, y en responsabilidades compartidas, ya sean en equipos de trabajo profesional o técnico, o en ámbitos de dirección.
10) Promover la buena gestión y la evaluación de resultados logrados de forma semestral y anual.
11) Ejecutar las recomendaciones de los diagnósticos que se hayan realizado, que se encarguen o que hayan sido ya validados.
12) Transparencia en la gestión de fondos corrientes e inversiones y lucha eficiente contra la corrupción, incrementando auditorías fiables y los medios necesarios para el ejercicio profesional del Poder Judicial.
13) Fomento productivo sostenible y generación de empleo estable, con sentido de Justicia Social.
14) Adecuar las exigencias del mundo laboral a la necesidad de conciliar la vida familiar y el trabajo, con el fin contribuir estratégicamente a facilitar el empleo y al rejuvenecimiento de la sociedad y de las actividades profesionales.
15) Velar por las garantías de igualdad ante la Ley entre mujeres y hombres, y de igualdad salarial por el mismo trabajo o funciones a desempeñar, así como facilitar una relación paritaria en puestos de responsabilidad pública o privada.

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD, LO QUE ENCIERRAN LAS PALABRAS

COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD, LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS
En el ámbito de la política surgen con periodicidad palabras a las que los políticos se entregan igual que si contuviesen la propia esencia de la existencia, al menos de la suya. Las repiten con insistencia y siempre que tienen ocasión como si por ellas mismas fueran suficientes para justificar actuaciones que los ciudadanos no llegan a entender, aunque sospechen que lo que hay detrás de los términos en nada les favorezca.
Dos palabras hay en la actualidad que los políticos repiten tanto que deben ser mágicas, por la importancia que les dan cuando recurren a ellas. Una es COMPETITIVIDAD, la otra SOSTENIBILIDAD. Lo que todavía no han dejado claro es lo que esconden detrás de cada una de ellas.
El diccionario de la Real Academia de la Legua Española dice de Competitividad: “Capacidad de competir”. “Rivalidad para la consecución de un fin”, y de Sostenibilidad: “Cualidad de sostenible”.
Competir forma parte de la esencia de la propia política, está en la naturaleza de las actividades deportivas y cualquier ser humano, por indiferente y pacífico que sea, más de una vez a la largo de su existencia se ve obligado a competir incluso por su propia supervivencia. Pero tras el uso que hace la clase política del término, hay otros factores que le infunden una naturaleza maligna y antisocial.
La economía global tal y como está planteada por quienes la controlan, sean personas, entidades o incluso mecanismos que terminan por ser autónomos, han hecho de la competitiva un mal que afecta a toda la humanidad. Los mercados se rigen por la competitividad y el descontrol de los mismos origina un proceso de degradación, en el que se imponen los beneficios para unas minorías, y los perjuicios para las mayorías.
Muchas personas se asombran y admiran que la Alemania Nazi levantara unas infraestructuras tan impresionantes durante el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. Citemos desde el muro defensivo atlántico a las fábricas de armamento, o inmensos laboratorio de investigación de nuevas armas, que eran ciudades, o puertos invulnerables para sus flotas de submarinos.
Pudieron hacerlo y además con la mínima inversión y la máxima competitividad imaginable porque utilizaron como trabajadores a millones de esclavos, procedentes de los países ocupados, a los que trataban peor que si fueran bestias de carga de la época. Estaban mal alimentados y tenían jornadas de trabajo interminables y agotadoras. La vida de los trabajadores esclavos carecía de valor y era muy breve. Lo que representaba el mayor costo de la mano de obra era eliminar los cadáveres y sustituir, inmediatamente, los esclavos muertos por nuevos esclavos.
Con la excusa de la competitividad los países democráticos llevan tiempo recortando los derechos de los trabajadores, cuando lo que realmente deberían hacer sería excluir del comercio mundial aquellos países que mantuvieran a mano de obra en condiciones de esclavitud o próximas a ella, exigiéndoles para que participaran unas condiciones salariales y de condiciones de trabajo acordes con la dignidad de las personas trabajadores. Un control especial de calidad a los productos con los que comercian los países con trabajadores sometidos a condiciones laborales de esclavitud o próximas a ella, sería más positivo para la mayoría que la exaltación de la competitividad que, entonces, tendría otra valoración.
Los políticos tendrían que utilizar menos esa palabra y controlar más las relaciones comerciales con terceros países.
La palabra sostenibilidad es la predilecta de un sector de descerebrados con la que amenazan a la sociedad y, además, apuntan con ella como si fuera un arma a quién no comparte sus demenciales criterios. Los políticos la emplean para calificar las actividades más diversas, aunque nunca dicen lo que encierra si son sostenibles porque son rentables, si son sostenibles porque perdurarán sobre el paso del tiempo, si merecen tal denominación por su respeto al medioambiente o por cualquier otra razón.
La Presidenta de la Junta de Andalucía, aunque debería avanzar más, ha dado un paso importante para poner claridad en el uso de la palabra “sostenibilidad” con dos frases recogidas en sus intervenciones públicas:
“Con todas las cautelas necesarias, con todos los (requisitos) de sostenibilidad medioambiental y de seguridad no vamos a renunciar a que Andalucía se beneficie de sus recursos mineros”.
“Pero tampoco vamos a sostener discursos muy bonitos, muy ideológicos pero insostenibles en la práctica”.
Es imprescindible que los señores políticos expliquen a los ciudadanos lo que hay tras esas dos palabras de sostenibilidad y competitividad tan importantes para ellos, pero con frecuencia contrarias al Bien Común o al Interés General.