LA MINERÍA ANDALUZA Y LOS CRÁNEOS PRIVILEGIADOS
Los cerebros privilegiados de nuestro país no dejan de actuar en la vida pública. Lo hacen a diario y dan señales continuas de ello pero, de cuando en cuando su celo sobresale de la rutina de cada día para dar muestras especiales de sus nefastas opciones. Dos hechos de especial relevancia han llegado a los medios de comunicación y es difícil saber hasta qué punto no darán juego para seguir exhibiendo sus capacidades.
La franja pirítica Ibérica, tormento de supuestos amantes de la naturaleza que hubiesen preferido que no existiera o que nadie la hubiese descubierto, se extiende a lo largo de 250 kilómetros desde Portugal hasta Sevilla. Su anchura oscila entre los 30 y los 50 Kilómetros. Sus yacimientos mineros han sido fuente de metales no férricos en explotaciones en las provincias de Huelva y Sevilla, principalmente ricos en cobre y oro, desde le época de los romanos, lo que sin duda, además de brindar riqueza y trabajo no siempre digno, ha deteriorado considerablemente, a lo largo de los siglos, los suelos de las zonas mineras nunca regenerados, salvo puntuales excepciones.
En el caso de Aznalcóllar, tras superar el trauma de la riada de residuos mineros procedentes de la mina, un suceso especialmente grave, aunque también un tanto exagerado, costó remediar sus consecuencias 89 millones de euros de los que nada se ha recuperado, no se sabe si por incompetencia de la Administración Andaluza o por eficacia de la empresa Boliden. Para 2015, estaba previsto que volviera la actividad minera, una decisión valiente digna de elogios. Hacerlo significaba trabajo y actividad económica en valores más que significativos para la comarca. La sorpresa es que de repente los medios de comunicación informaron que la Administración Central había cortado tal iniciativa por motivos de ejercicio inadecuado de competencias por parte de la Junta de Andalucía.
Los cráneos privilegiados que tienen responsabilidades en el asunto tendrían que comprender que lo han hecho muy mal, en el caso de la Administración Andaluza, porque antes de tomar una iniciativa deben tener seguridad de ostentar las competencias oportunas para llevarla adelante y de haber dudas ponerse en el peor de los casos y contar con la colaboración de la Administración Central. Por parte de la Administración Central tomar medidas tajantes para recuperar el ejercicio de competencias, que supuestamente son suyas, sin acordar una solución con la Administración Autónoma y cortar una iniciativa que puede generar actividad económica y trabajo a una comunidad exhausta como la andaluza, es impresentable e inaceptable.
Ha sido necesario que trabajadores, municipios y demás entidades andaluzas den muestras de su desacuerdo y prepararan manifestaciones en contra de tal despropósito para que, por encima de los “cráneos privilegiados”, responsables de tan brillantes acciones, surjan responsables políticos con la capacidad mínima requerida para poner orden en este asunto y no dañar, aun más, a los ciudadanos ndaluces.
La otra cuestión es la historia del llamado céntimo sanitario, que a lo largo de los años se ha transformado en 13.000 millones de euros. Aun estará en la memoria de la ciudadanía la decisión que tomó un Gobierno presidido por José María Aznar en el año 2001, que contó con el apoyo inmediato de la Comunidad de Madrid y que la puso en marcha sin dudar en el año 2002 junto con la Administración Central.
Tal decisión recibió algunas críticas del PSOE, pero a lo largo de los años comunidades autónomas de signo socialista se fueron sumando en el cobro de tal impuesto. Situación que se ha mantenido hasta el año 2013. La suma de lo recaudado por la Administración Central y las Autónomas se cifra en 13.000 millones de euros.
La pregunta es: ¿Cómo es posible que los cerebros privilegiados, de la Administración Central y de las Administraciones Autónomas, que cobraron tal impuesto, no detectaran que la norma española estaba en contra del contenido de una Directiva Comunitaria sobre impuestos especiales?
La denominación que se dio a este impuesto en el año 2013 se podría haber dado en 2001 y destinar el dinero recaudado a la sanidad o cualquier otro fin sin problemas.
Es difícil que los ciudadanos recuperen los euros que el Estado les cobró en la ilegalidad. Sí lo harán algunas empresas, pues fue una dedicada al transporte quién llevó a los tribunales la ilegalidad. A esta situación, se le dé la salida que se le dé, irá en contra del resto de los ciudadanos pues incrementará la deuda pública, saturará algunos sectores de la Administración con miles de trámites burocráticos y es posible que incluso incremente la saturación de algunos órganos jurisdiccionales. Todo gracias a los cráneos privilegiados que nos gobiernan.
Habría que aprender, una vez por todas, de los errores. Sobre todo en estos momentos de tensión social, económica y política. ¿No sería preferible pensar las cosas dos veces antes de tomar medidas
precipitadas?
Senatus Trianae 