LAS SUPERCHERIAS INDEPENDENTISTAS, UNA INFAMIA QUE DAÑA A LOS CATALANES DE BUENA VOLUNTAD

LAS SUPERCHERIAS INDEPENDENTISTAS, UNA INFAMIA
QUE DAÑA A LOS CATALANES DE BUENA VOLUNTAD
El nueve de noviembre de 2014 debe pasar a la historia de España como el día de la infamia independentista catalana.
El gobierno independentista de la comunidad autónoma de Cataluña no solo ha incumplido con la legalidad, si no que ha llevado a cabo una chapuza indecente con resultados contrarios a sus previsiones.
Las cifras resultantes de una consulta ilegal sin censo ni control, con unas supuestas urnas de cartón abiertas al voto de cualquiera y cuantas veces quisiera, sin importar edad ni cualquier otra exigencia de ciudadanía, con la único presencia en las mesas de los independentistas más fanáticos para ejecutar las ordenes del gobierno autónomo y tras una campaña a favor de la participación y del doble si, a cargo del ejecutivo catalán y con los presupuestos de todos los catalanes, resulta que han sido contrarias a los objetivos que perseguían sus organizadores.
Los datos dados por los propios independentistas, que sin duda están manipulados a su favor, lo que señalan con claridad es que han fracasado en sus propósitos. La participación rondó el treinta por ciento de un censo ilegítimo, las respuestas favorables a sus planteamientos no llegan el veinte y cinco por ciento de ese censo. ¿Dónde está la mayoría aplastante de la que presumen? ¿Dónde están los apoyos mayoritarios en los que fundamentan sus reivindicaciones segregacionistas miserables?
También deben pasar a la historia otros dos hechos significativos y de importancia.
El primero fue la pasividad del Gobierno de la Nación ante hechos delictivos, dejando desprotegidos los derechos de todos los españoles y en especial los de los catalanes no independentistas que permanecieron en la legalidad y que tuvieron y tienen que soportar las presiones de unos presuntos delincuentes, los que ostentan el poder gracias a las leyes que violan. El Estado de Derecho ha sido maltratado sin que los maltratadores hayan recibido la respuesta pertinente de ese Estado de Derecho y de los responsables de defenderlo.
El segundo ha sido la presencia de parlamentarios europeos que han dado su visto bueno a un acto ilegal, lleno de irregularidades y contrario a los principios democráticos que defiende la Unión Europea, sin que el Parlamento Europeo haya recibido ya la quejas oportunas de los grupos parlamentarios europeos en especial las del PP partido que gobierna en España.
Los partidos políticos y los medios de comunicación, que recurren a la política como único medio de entendimiento entre el Estado Español y los independentistas catalanes, tendrían que decir con claridad de que forma se puede utilizar la política en esta situación. No sirve hablar en términos genéricos hay que concretar qué se puede tratar con la política en esta situación: ¿Acaso el derecho a decidir de una minoría, termino usado en los proceso de descolonización durante el siglo XX, pero que ningún Estado Democrático contempla en su ordenamiento porque no puede tener cabida? ¿Quizá las elecciones plebiscitarias, fuera de la legalidad y utilizadas por los regímenes totalitarios para apoyar al tirano de turno? ¿Sería por casualidad el derecho a la independencia saltándose la soberanía de todos los españoles y para perjudicarlos?
Algunos invocan, desde la vertiente política, el de autodeterminación, pero éste solo tiene sentido frente a un Estado no democrático y absolutista, sobre todo cuando se forma parte de un Estado que pasó de la Dictadura a la Democracia por amplio consenso, incluso de los propios ciudadanos y el pueblo de Cataluña.
Sin duda la política tiene un papel fundamental en este problema pero dentro de la legalidad y contando siempre con que “LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO ESPAÑOL, DEL QUE EMANAN LOS PODERES DEL ESTADO”.

EL PARO Y LA CRISIS

EL PARO Y LA CRISIS
– CUANDO LAS PALABRAS SE PERVIERTEN-

La economía española está enferma de paro. El síntoma de esta dolencia es su desmesura.
Cuando nos alcanza el ciclo de la prosperidad nuestra economía es capaz de generar nuevos empleos en cantidades que sobrepasan a los que crean los países que constituyen nuestro entorno. Hay que añadir que a pesar de ello el paro se mantiene en esos momentos en España en tasas que en otros países, incluso en fases recesivas, se consideran alarmantes. Así viene ocurriendo desde que se instauró la democracia por no referirnos a épocas anteriores.
Cuando atravesamos un ciclo de dificultades económicas nos convertimos en un país con cifras de desempleo propias del tercer mundo, que es, crónicamente, la situación en que permanecen determinadas comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Extremadura y otras, así como determinadas comarcas nacionales.
El problema ha sido abordado siempre desde el cada vez más insoportable abaratamiento y deterioro de las relaciones laborales reduciendo el número de trabajadores con la condición de fijos, aumentando el de los temporales hasta doblar al del país que nos sigue en precariedad dentro de nuestro entorno, facilitando el despido e insistiendo en la flexibilización de los trabajadores..
Todo hace presagiar que estamos ahora ante una cautelosa ofensiva contra el sindicalismo y contra la negociación colectiva que se desarrolla en el ámbito más proclive a dicho sindicalismo.
¿Qué más flexibilización necesitan los que no quieren mirar a la que representan más de cinco millones de parados y más de dos terceras partes de la población ocupada en condiciones de precariedad?
¿Cuántas nuevas fragilizaciones de esas arruinadas relaciones de trabajo se van a continuar introduciendo, con la cínica justificación de que, con ellas, se va a lograr la erradicación del paro?
Los hechos son contundentes: el paro se mantiene en tasas intolerables cualquiera que sean las circunstancias del ciclo y cualquiera que sean los tipos de medidas que se han venido imponiendo como garantía de una recuperación razonable del empleo.
Un nuevo tratamiento del problema se impone: hay que empezar por crear puestos de trabajo de calidad e ir gradualmente transformando en esa dirección los que no lo son.
Hay que introducir el”nuevo modelo productivo”, prometido durante la penúltima campaña electoral que finalmente se ha convertido en humo.
No es condición suficiente la calificación de los trabajadores; la prueba de esta insuficiencia es la cantidad de personas con titulaciones elevadas que se encuentran en situación de desempleo de larga duración. A quienes habría que mandar a recalificarse es a los que teniendo competencias en conexión con el empleo se muestran incapaces de encontrar nichos de empleo o de utilizar técnicas distintas a las de las manidas amputaciones de los derechos laborales.
Hay que indagar, y creemos que existen estudios bastante avanzados sobre esta cuestión, desde que el socialista Jacques Delors se interesó por crear nuevos puestos de trabajo, sobre las necesidades insatisfechas o mal resueltas, aumentando las inversiones en I+D+i, fomentando la creación y explotación de patentes así como la incorporación de nuevos valores añadidos a los productos clásicos de nuestro país que deben complementarse con una nueva gama de artículos que hasta ahora se han venido elaborando fuera de nuestras fronteras. En este sentido tenemos mucho que aprender del inicio de los procesos industrializadores de la India, Japón o Corea del Sur entre otros
Paradójicamente muchos empleos podrían crearse diseñando recorridos de reinserción, valiéndose de los propios parados para efectuar tareas sociales desatendidas y reduciendo la hemorragia del gasto público que representa una ingente cifra de desempleados víctimas de una errónea manera de abordar el tema el paro.
Una de esas tareas tiene que ser la concepción del servicio de empleo como un servicio público unitario o al menos estrechamente coordinado, incluyendo las características personales y profesionales así como las preferencias laborales de cada desempleado, extendiéndose este registro desde el ámbito europeo hasta el nivel municipal y creándose un censo, hoy por hoy inexistente, de empresas y puestos de trabajo permanentemente actualizado y en el que se reflejara, también con sus correspondientes características, los que momentáneamente estuvieran vacantes en todo el territorio de Unión Europea de manera que fuera posible el cruce de los datos del desempleado con los puestos de trabajo disponible.
Para minimizar la economía sumergida es preciso que los inspectores que tienen competencias para controlar y reprimir a aquella, pudieran levantar actas donde se hicieran constar las causas a que la inmersión responde y en su caso instar a realizar las oportunas modificaciones normativas cuando se constatase que las disposiciones reguladoras son defectuosas.
Si las medidas que se han ido estableciendo para crear empleo han estimulado su reducción otro tanto sucede con las directrices europeas para superar la delicada situación de la economía europea y ello a pesar de que desde hace tiempo economistas de la talla de Paul Krugman o Joseph Stiglitz venían advirtiendo de que nos iban a llevar a la recesión pues no es el déficit o el endeudamiento la causa de la reducción de la actividad sino al revés y no es la austeridad y la reducción indiscriminada del gasto lo que prepara la plataforma para el despegue sino el aumento de la fiscalidad sobre las grandes fortunas y el incremento de las inversiones, por lo que hay que castigar impositivamente a las personas y empresas que no inviertan e incentivar fiscalmente a las que inviertan.
Hay que terminar cuanto antes con el liderazgo europeo de la señora Merkel quien tras la reciente rebaja crediticia a nueve países de la eurozona se ha reafirmado en la política que viene defendiendo y que como ha dicho el mencionado Krugman “conduce a los países de la eurozona por una carretera sin rumbo, cuesta abajo y a toda velocidad”.
En definitiva, la manipulación de los dos grandes problemas que tenemos, el paro y la crisis, se asemejan a la persona que se agita y patalea sobre arenas movedizas: cuanto más se mueve, más se hunde.
Carlos Navarrete Merino (2013/2014)

PODEMOS: LA DOBLE NEGACIÓN

LA TRIBUNA
Podemos: la doble negación
RAFAEL RODRÍGUEZ PRIETO / | ACTUALIZADO 10.11.2014 – 01:00
(PUBLICADO EN DIARIO DE SEVILLA.ES)
LA realidad es la que despierta las posibilidades; nada sería tan absurdo como negarlo” (R. Musil). Parecía como si los españoles nos hubiéramos acomodado a una política sin atributos; un narcontizante turnismo salpicado por las plañideras enriquecidas del nacionalismo periférico. Pero algo sucedió el 15 de mayo de 2011. Una de las movilizaciones democráticas más ilusionantes de la historia fue recibida con desdén y calculada condescendencia hostil por unos políticos acostumbrados a monopolizar la política. Fueron incapaces de percibir que los españoles les brindaban una posibilidad de fortalecer tanto las instituciones como la propia democracia. Nada de eso.

Unos aprovecharon la coyuntura para expandir con mayor ahínco el virus nacionalista y otros continuaron a lo suyo. Elecciones, promesas y, finalmente, decisiones que terminaron por liquidar el Estado social. Sin embargo la sociedad española es generosa. Tuvieron otra oportunidad. Mareas ciudadanas desarrollaron el legado del 15-M como colectivos sectoriales que reivindicaron la protección de los servicios públicos en un contexto de crecimiento de la desigualdad y la pobreza. Nada de eso se tomó en serio. Muestra de ello fue una ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, con un apoyo popular abrumador, fue desatendida.

Podemos surgió en los albores de la campaña a las elecciones europeas. Un grupo reducido de personas, que habían estado vinculadas al 15M, decidió poner en marcha una iniciativa partidaria. Se encontraron -como otros grupos como el Partido X- con una primera negación. La mayoría de los políticos los tacharon de aventureros o hasta de frikis. La oxidada nomenclatura de IU, encamada con el régimen andaluz y con el dulce sopor de la derrota vocacional, les negó encaje en sus listas. El resto, les auguraron una presencia testimonial al estilo de Ruiz Mateos o Jesús Gil. Pero erraron.

El crecimiento electoral de Podemos es un hecho incuestionable. No es extraño. Ha sabido reutilizar la infraestructura social de Acampada Sol y completarlo con medios convencionales para así lograr un fuerte impacto intergeneracional. Han escuchado al 15-M y eso se nota en su programa. Muchas de las reivindicaciones que se plantearon en las plazas de España están hoy recogidas en su discurso. Cualquiera que conozca mínimamente los textos del 15-M puede certificarlo. Pero lo mejor para Podemos ha sido encontrarse con las excrecencias del régimen del 78. Políticos que acreditan un escaso bagaje intelectual; jóvenes sin ideas cuya astucia para trepar en sus partidos es inversamente proporcional a su currículum o capacidad para debatir en público. Fotocopias de fotocopias de políticos que lo fueron todo en los ochenta y que hoy, como senadores romanos, se solazan en la renta vitalicia que les otorga la profesionalización política o en una empresa del Íbex 35. Los partidos quisieron hacerse un lifting, pero les salió una cara hinchada de botox.
La segunda negación es consecuencia de sus expectativas electorales. Ahora se trata de desacreditar sus propuestas como indeseables, inaplicables e irrealizables. Es curioso que un programa socialdemócrata -para mi gusto, moderado, ante la emergencia social del país- provoque unas reacciones así. La ideología neoliberal ha sido tan naturalizada y extendida que políticas que repugnarían cualquier sensibilidad social pasan como realizables o aplicables. Hablo de incrementar nuestra deuda al nacionalizar entidades financieras manejadas por corruptos; del salvamento de autopistas privadas; de la probable privatización, a precios de risa, de aeropuertos y del sistema ferroviario o de la demencial gestión de la energía. Después de tantas autonomías, UE y fanfarrias nos encontramos con niños comiendo pan con nada en la “España de las oportunidades”. No precisamente para nuestros científicos. Más bien para el neopelotazo que te hace rico si cuentas con una tupida red de contactos empresariales y políticos. No obstante, quizá la mayor corrupción no sean esas oportunas tarjetas enlutadas, sino un modelo que ha puesto al Estado al servicio de las clases más privilegiadas.

Las iniciativas de Podemos deben estar sujetas a crítica y debate. No comprendo su errónea actitud comprensiva con el discurso nacionalista y sus apéndices estalinistas en camiseta. Recuerdo el surgimiento de Ciudadanos en Cataluña como un colectivo resistente y no acomplejado frente al discurso nacionalista. Tampoco comparto ciertas valoraciones sobre cuestiones de índole internacional. Pero Podemos es una propuesta articulada, seria y vinculada a las expectativas de muchos ciudadanos, cansados de partidos nominalmente distintos con políticas análogas. Sería un error ligar exclusivamente su crecimiento a los casos de corrupción.

Incluso con éxito electoral, Podemos lo tendrá difícil en un escenario donde la democracia es mal negocio para poderes supranacionales armados con la prima de riesgo y los tratados bilaterales y multilaterales de comercio. Pero, en todo caso, no deja de ser uno de los últimos diques de contención contra un desencanto preñado de ultraderecha xenófoba y racista. Si no me creen, pregunten en Francia.

LA BANCA PÚBLICA

LA BANCA PÚBLICA
El domingo 26 de octubre el BCE dio resultados del test de estrés al que sometió a 150 bancos, los más importantes de Europa, 15 de ellos españoles.
Dado que las entidades españolas han superado la prueba, de nuevo se han lanzado a repartir alabanzas el Gobierno y el Banco de España y han dicho que los bancos españoles están entre los mejores del continente. Similar comportamiento siguieron ambas instituciones antes de desencadenarse la crisis bancaria con los resultados por todos sufridos. Lo que no quiere decir que la situación actual sea la misma de entonces.
La ayuda económica a la banca para su recuperación ha sido y es base de argumentaciones de todo tipo y arma arrojadiza, que unos partidos se lanzan a otros generando demagogia sin fin. Lo cierto es que aún ninguno de los partidos políticos ha dicho en palabras claras y en cifras concretas donde han ido las ayudas y cuál ha sido
la cuantía total exacta de la misma.
En la tabla del Tribunal de Cuentas (tomada del Artículo de M. Llamas publicado en Libremercado el 4-09-2014) pueden contrastarse algunos datos al respecto.

Cuadro2: Recursos públicos empleados o comprometidos en la actuaciones de reestructuras, clasificadas por entidad
(en miles de euros)

ENTIDADES—–FROB——-FGDEC——B.DE ESPAÑA—–TOTAL
Banco CAM—-3.002.444–21.859.000—————24.861.444
BFA/Bankia–22.426.103—————————22.426.103
B.Valencia–11.868.527————–6.000.000—-17.874.527
CX———12.054.988—————————-12.054.988
NCG———9.054.803—————————–9.504.803
CMM———————4.316.306—-3.000.000—-7.316.305
Unnim Bank——2.394—5.777.264—————–5.799.658
Cajasur—- 2.693.533—————————–2.693.533
BMN———1.645.944—————————–1.645.944
B.CEISS—–1.130.507—————————–1.130.507
B.Gallego—–246.047——————800.000—-1.046.047
B.Civica——977.000——————————-977.000
B.G.Cajatres–408.168——————————-408.168
Liberbank—–125.767——————————-125.767
Otros———209.502—315.118———————524.660
TOTAL——65.845.727—32.267.728—9.800.000–107.913.455

Se recoge aquí con claridad de dónde proceden, a dónde han ido y la cuantía de la ayuda pública a la banca pública.
Es fácil apreciar que en la lista no figura ningún banco privado, son los restos de la mayoría de las cajas de ahorro que había en nuestro país, en definitiva la banca publica que representaba aproximadamente el cincuenta por ciento del negocio bancario.
Debe pues quedar claro que ha sido la banca pública la que ha requerido recursos que corren a cargo de todos los ciudadanos. Pero esto es lo que no se atreven a decir, con claridad, los partidos políticos, desde el PP a IU pasando por el PSOE y los nacionalistas, porque ellos son los responsables del desastre, con la colaboración inestimable de las organizaciones empresariales y sindicales, así como otros entes entre los que se encuentra en algún caso la Santa Madre y algunos impositores.
Ninguna de estas organizaciones ha tenido hasta la fecha la dignidad suficiente para tomar las medidas oportunas y hacer ver a los ciudadanos que están decididos a depurar responsabilidades. Para ello sería imprescindible en primer lugar que dieran a conocer los nombres de los que fueron sus representantes en las entidades que se vieron abocadas a la quiebra y necesitaron de los recursos de todos para reestructurarse. Todos son todos, desde los miembros de las asambleas generales hasta los integrados en los órganos directivos y los consejos de administración así como las prebendas recibidas, porque todos por acción o por omisión tienen parte de responsabilidad en los desastres. Todos ellos tendrían que ser expulsados de las organizaciones.
El otro paso sería ayudar a depurar las posibles actuaciones delictivas. El Gobierno habla de operaciones detectadas de dudosa legalidad por importe cercano a los tres mil millones de euros. Tiene que haber muchas más operaciones oscuras y entre todas las entidades afectadas tendrían que detectarlas y hacer llegar a la jurisdicción los datos necesarios para iniciar las oportunas actuaciones antes de que prescriban los posibles delitos.
Los partidos políticos tienen importantes débitos con los ciudadanos de este país y están obligados a pagarlos, porque es un asunto de interés general y necesario para la supervivencia de las organizaciones que son necesarias para la gobernanza del país.

LA HISTERIA NACIONAL, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

LA HISTERIA NACIONAL, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

Es difícil saber si es la casualidad o no, pero con periodicidad tienen lugar en nuestro país sucesos relacionados con la salud pública, que despiertan la histeria nacional, lo que en cierta medida libera alguna tensión e incluso, como ahora en el caso de la infección del Ébola por parte de una auxiliar de enfermería, nos desvela no solo debilidades neuronales sino también deficiencias graves de nuestro sistema democrático y de los servicios públicos.
El problema es que el comportamiento de los responsables políticos al comienzo de todas las crisis no transmitieron tranquilidad a los ciudadanos, sino todo lo contrario, pues cuando parecía que tomaban las riendas la desconfianza se había impuesto a la razón y recuperar la sensatez era casi un imposible.
Los medios de comunicación, además, se apuntan rápido al alarmismo y al sensacionalismo; algunos incluso siguen comportamientos impresentables al jugar con la dignidad de las personas, porque lo sensacional vende más que la información objetiva, y más tarde, cuando pretenden ser didácticos, las personas sensatas desconfían de su información.
En 1981 tuvo lugar el llamado caso del aceite de colza; afectó a más de 20.000 personas, que sufrieron importantes secuelas para el resto de sus vidas y, de ellas, 330 murieron (datos de la sentencia, aunque otras referencias dan cifras mayores).
Un político de la época, ministro en aquellos años, pasaría a formar parte de la guasa popular pues antes de confirmarse que se trataba de un envenenamiento por causa de un aceite de colza desnaturalizado dijo en TVE, en hora de máxima audiencia, que el causante de la supuesta enfermedad era un bichito que si se caía al suelo se mataba.
En el año 2000 llegó a España la llamada enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina), que procedía del Reino Unido de la Gran Bretaña como consecuencia del incumplimiento, por parte de los fabricantes de piensos con residuos animales, de las normas que regulaban el tratamiento industrial de los mismos.
Hasta 2007, solo en le Reino Unido se sacrificaron más dos millones de reses; y en 2010 se diagnosticaron 220 pacientes, víctimas humanas de la enfermedad transmitida.
En España apareció un caso en el año 2000 y se desató la histeria colectiva. La prensa no hablaba de otra cosa y hasta que por designación del gobierno un especialista se hizo cargo del problema, el gobierno fue de error en error. El quehacer político fue un desastre.
Celia Villalobos, entonces ministra, hizo numerosas declaraciones polémicas, dirigidas especialmente a las amas de casa y que sembraron más confusión. Una de sus frases más celebradas fue: “La enfermedad de las vacas locas es un problema de sanidad animal”.
Se tomaron diferentes medidas en relación del consumo y se terminó con la industria dedicada a la fabricación de piensos con residuos animales, lo que originó otros problemas cuando hubiese sido suficiente garantizar el cumplimiento de las normas de fabricación de piensos.
Las victimas finales se cifraron en cinco fallecimientos, aunque probablemente todas enfermaron fuera de España.
La gripe aviar hizo su aparición en España en abril de 2009. En mayo de 2009 se reconocieron 73 casos y el balance final oficial se cifró en torno a 15.000 los afectados y en 8 personas fallecidas. Otras fuentes situaron la cifra de afectados por encima de los 150.000. Los responsables políticos respondieron a la histeria nacional con la compra de millones de dosis de vacunas, con críticas – en este caso – por parte de los medios de comunicación, respaldadas por especialistas, dada su inutilidad y el abuso de los laboratorios farmacéuticos con el visto bueno de los Organización Mundial de la Salud.
El problema final se cifró en la forma de deshacerse de los millones de dosis de vacuna que no se utilizaron.
La crisis del Ébola – que lleva años por distintos territorios africanos y sus vulnerables poblaciones – se inició aquí con la llegada a España de dos misioneros infectados. Sobre lo acertado o no del traslado hay diferentes opiniones, a favor y en contra, pero lo cierto es que con ellos llegó el virus. El ambiente ya estaba caliente y la histeria se disparó con la infección de una trabajadora de la sanidad voluntaria para atender a los misioneros infectados.
La respuesta política no ha podido ser más impresentable: pasividad ministerial, negligencia en la formación del personal sanitario respecto al seguimiento del protocolo y, además, declaraciones nefastas de un miembro del Gobierno Autónomo de Madrid (Consejero de Salud) señalando a la víctima paciente cómo si ella fuera la culpable.
Se ha hablado de la modificación de los protocolos técnicos de actuación de los profesionales ante esta enfermedad, para hacerlo con la máxima seguridad, pero sería necesario también preparar un protocolo de actuación de los responsables políticos ante estas situaciones, y en el primer punto del mismo hacer constar que es imprescindible que las autoridades dijeran siempre la verdad a los ciudadanos, aceptaran sus responsabilidades y no intentaran culpar a los demás de sus errores.
Desvincular a la Ética de la Política es una enfermedad grave de nuestro sistema democrático.
Ahora, pasado el peligro de la paciente, hay que pedir dimisiones o ceses, y responsabilidades políticas y judiciales, en su caso.