EL CASO PUYOL Y LA POLÍTICA DE ESTADO

EL CASO JORDI PUYOL Y LA POLÍTICA DE ESTADO

Cuando las instituciones del Estado Democrático se corrompen, no importa por qué razón, se inicia un camino que conduce a la tiranía. En ese sentido intentó gobernar Jordi Puyol, al frente de la Generalidad Catalana, durante los muchos años de su mandato, al asimilar sus intereses personales corruptos con los de la Comunidad Autónoma de la que era presidente.
Esa es la triste realidad. Fue así hasta el extremo de organizar concentraciones ante el palacio sede de la Generalidad de Cataluña, en la Plaza de San Jaime en Barcelona, que podían recordar, en el sentido del Estado soy yo, a las que organizaba el tirano ante el Palacio Real en la plaza de Oriente de Madrid.
La herencia política del líder catalán ha intentado, de hecho, marcar para sus paisanos un rumbo imposible de seguir, porque es el adecuado a sus intereses personales y a los de sus socios no a los de los ciudadanos de Cataluña.
Los resultados de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, en 1984, con petición de procesamiento contra varios directivos de Banca Catalana por apropiación indebida, falsedad de documento público y mercantil, y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre los que se encontraba Jordi Puyol, es un ejemplo de los frutos de las artimañas políticas que corrompen las instituciones.
El pleno de la Audiencia de Barcelona en noviembre de 1986 decidió sobre la petición de procesar a Jordi Puyol. Resultado: 33 magistrados votaron en contra y 8 se pronunciaron a favor.
En 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario, de cerca de 65.000 folios de documentación, contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.
Las opiniones y actitudes de algunos políticos de la época sobre la querella de la Fiscalía General del Estado, ampliamente documentada y más que justificada, son dignas de recordar.
Miguel Herrero de Miñón, del PP, dijo: Siento que es un disparate desde todos los puntos de vista.
Roca de CIU se lo tomó con mucho nerviosismo.
Marcos Vizcaya, del grupo vasco, manifestó: La presentación de la querella es una maniobra del Gobierno para desacreditar a la Institución de la Generalidad y a su presidente.
Santiago Carrillo, del PCE, afirmó: La presentación de la querella me parece algo extraño. Las consecuencias de intentar implicar en el caso a Jordi Pujol, de cuya moral no dudo, me parece un grave error político.
Alfonso Guerra del PSOE, comparó a Jordi Puyol con Ruiz Mateos y fue el único que se aproximó a la verdad. Después se calló y no quiso opinar sobre la oportunidad de la presentación de la querella contra dirigentes de Banca Catalana.
Todos los responsables políticos que se pronunciaron en su día sobre la querella de referencia deberían explicar, ante la soberanía popular, las razones de que lo hicieran pues con sus pronunciamientos desfavorables a su tramitación ayudaron, indirectamente, a que la justicia se inhibiera y no profundizaran en el caso que ahora resurge.
En definitiva, la historia de tantos comportamientos lamentables respecto a la transparencia público-privada deteriora las instituciones del Estado Democrático.
El presidente Maragall (PSC) dijo en el Parlamento Autonómico Catalán (febrero 2005) dirigiéndose a CIU: Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%. La acusación velada de corrupción institucionalizada, por cobro de comisiones, quedó en el aire, pero nadie pidió una investigación y por supuesto el Ministerio Fiscal ni se inmutó, quizá ahora tenga que hacerlo si realmente se profundiza en el caso Pujol, lo que aún está por ver.
La regeneración política, tan necesaria en este país, exige una limpieza a fondo de instituciones y partidos políticos. Lo lamentable sería que se intentara llevar a término por medio de movimientos populistas, pues los resultados forjarían una realidad aún más lamentable de la que padecemos.

EXIGENCIAS FUNDAMENTALES DE LA UE

EXIGENCIAS FUNDAMENTALES DE LA UE

En un artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 12 de agosto de 2014, dicho autor denuncia las desigualdades sociales y el deterioro del sistema democrático español. Entre las causas está la conjunción neoliberal del poder económico, político y mediático, gracias al predominio influyente de los grupos más ricos de la UE. Sin embargo, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, hay unas exigencias que obligan a garantizar la cohesión social y la solidaridad.
Efectivamente, en primer lugar, en el marco de la dignidad humana inviolable se reafirman el derecho a la vida, el no a la pena de muerte, la integridad física y psíquica de toda persona; y la prohibición expresa de la tortura, los tratos inhumanos, la esclavitud, el trabajo forzado y la trata de seres humanos.
En segundo lugar, respecto a la libertad y la seguridad, se afirma el respeto a la vida privada y el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a fundar una familia, la libertad de pensamiento, de expresión e información, la libertad de reunión, la libertad de cátedra, de las artes y de las ciencias; el derecho a la educación y a la formación profesional permanente, el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a disfrutar de los bienes legalmente adquiridos; se protege la propiedad intelectual; se reconoce el derecho de asilo, de conformidad con los Tratados de la UE, y se prohíben expulsiones colectivas o devoluciones y extradiciones personales a Estados en los que se corra un grave riesgo de sometimiento.
En tercer lugar, en cuanto a la igualdad ante la Ley, se prohíbe toda discriminación, se respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística; se quiere garantizar la igualdad de género inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución; se establece el derecho de protección de los niños, así como la vida digna para las personas mayores; y se reconoce y se respeta el derecho de las personas discapacitadas.
En cuarto lugar, en relación con la solidaridad, se garantizan los derechos de los trabajadores y de sus representantes, el derecho a la negociación y a celebrar convenios colectivos (art. 28), además de fomentar el acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido, y el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas. Se prohíbe el trabajo infantil hasta concluir la escolaridad obligatoria; se garantiza la protección de la familia (ver el art. 33); se establece el derecho a prestaciones de seguridad social y servicios sociales –para garantizar la cohesión social-; se afirma el derecho a la prevención y a la atención sanitaria (art. 35); se facilita el acceso a los servicios de interés económico; se defiende el desarrollo sostenible y la protección del Medio Ambiente, y se garantiza un alto nivel de protección de los consumidores.
En quinto lugar, la ciudadanía se reafirma mediante el sufragio activo y pasivo en el Estado, con una especial atención a las elecciones municipales del Estado miembro de la UE, así como en la defensa de los derechos respecto de las instituciones, órganos administrativos y organismos de la Unión (art. 41). Igualmente se establece el derecho de acceso a documentos, cualquiera que sea su soporte; el derecho a poderse dirigir al Defensor del Pueblo; derecho de petición ante el Parlamento Europeo; derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros –siempre que la residencia sea legal- (art. 45); y derecho de protección diplomática y consular en las mismas condiciones que los nacionales del Estado.
Esos cinco puntos, a modo de los cinco dedos de la mano, quedan unidos por la Justicia, en la tutela judicial efectiva al amparo del Derecho y de la legalidad (arts. 47-50), con expresa prohibición del abuso del Derecho o interpretación de disposición alguna tendente a la destrucción de los derechos y libertades reconocidos, o a limitaciones más amplias de las estrictamente previstas en la mencionada Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
¿Dónde está, pues, el problema? En la práctica, en la despolitización de los sistemas democráticos, so pretexto de aplicaciones del denominado “conocimiento económico científico”, en contra de derechos sociales y laborales consolidados políticamente y que ahora se consideran la causa de la inviabilidad del Estado del Bienestar. Esta postura, tanto central como periférica de la eurozona, hace que la Sra. Merkel, canciller del gobierno alemán, que defiende con rostro de campesina a los suyos, subraye “la importancia de que las deliberaciones parlamentarias se desarrollen en conformidad con la lógica de los mercados”. Ello implica, claro está sometimiento de la democracia a las fuerzas económicas y financieras.
Frente a ese tipo de provocaciones, se producen las reacciones y los movimientos de protesta que ganan espacio incluso político por denunciar políticamente el deterioro del sistema democrático español y europeo, más formal que real.
¿Cuál es la solución? Mirar por el Interés General y el Bien Común Global. Retomar las exigencias de la Política en mayúscula –cualitativamente hablando-; avanzar realmente en Democracia Participativa, Deliberativa y Transformadora; y garantizar efectivamente las exigencias establecidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

LOS FOSFOYESOS DE HUELVA

LOS FOSFOYESOS DE HUELVA
–LO QUE NO PUÉ SER, NO PUÉ SER Y ADEMÁS ES IMPOSIBLE-
El diario EL PAÍS publico el 25 de mayo del año en curso un trabajo, de una página, sobre los fosfoyesos de Huelva y la multa impuesta por La Junta de Andalucía a Fertiberia. En el mismo se recogía con grandes letras “120 TONELADAS DE RESIDUOS EN 720 HECTAREAS”. El diario publicó al día siguiente otro trabajo, de algo más de media página, sobre el mismo tema, y ya recogía la cantidad real de residuos, aunque en letra pequeña, “120 MILLONES DE TONELADAS”. Quizá hizo esta publicación con la intención de cubrir el error del día anterior.
Fertiberia se instaló en Huelva en el año 1969, el país estaba en vías de desarrollo pero todavía era básicamente agrícola y venía de una posguerra tremendamente dura y no solo por las represiones directas del tirano, sino también por sus consecuencias -entre ellas los problemas de alimentación-. Durante casi dos décadas la producción de alimentos fue insuficiente para dar de comer a la población, entre otras razones porque la agricultura volvió, tras la guerra civil, a formas de explotación propias del siglo XIX ya que ni tan siquiera se disponían de abonos para los cultivos. Tenía, pues, sentido la fabricación de fertilizantes. Fertiberia producía concretamente fosfatos, amónico y diamónico, para ello previamente obtenía acido fosforito tratando fosfato cálcico con ácido sulfúrico, el residuo era sulfato de calcio, que lógicamente arrastraba otros elementos, en conjunto lo que se denomina en términos genéricos fosfoyesos.
No hay la menor duda de que el tratamiento que se dio a los residuos fue incorrecto desde el principio, aunque también es cierto que entonces no había una legislación específica de aplicación, al respecto, para tener que hacer con ellos una gestión adecuada. El resultado es que en la actualidad hay en torno a los 120 millones de toneladas de residuos, aunque algunas cantidades se han destino a la enmienda de suelos, bajo el control de los responsables de la Administración de Agricultura, y la Medioambiental, que ha destino considerables recursos para actuaciones de mejora en zonas de las marismas donde están depositados estos materiales.
En torno a este problema se han dicho y escrito cantidad de despropósitos siempre por parte de organizaciones impresentables que acostumbran a no usar la verdad en sus reivindicaciones. Denunciaron un alto riesgo para todos los habitantes de Huelva a causa de la radiactividad de los fosfoyesos, lo que la Administración Autónoma tuvo que desmentir por medio de trabajos de organismos especialistas en la materia. Han exigido con reiteración la limpieza de la zona, trasladar los residuos a un vertedero de residuos peligrosos y dejar las marismas en su estado primitivo. Tales organizaciones son contrarias a cualquier tipo de vertedero y en especial de residuos peligros, sean cuales fueran sus características técnicas y de gestión. Aunque en el caso hipotético de recurrir a tal solución la realidad manda y no hay en Andalucía, ni en España, tampoco en Europa y posiblemente en ningún otro país del mundo un vertedero de residuos peligros con capacidad para recibir 120 millones de toneladas y de haberlo el importe de la admisión superaría los 15.000 millones de euros, a los que se tendrían que sumar el precio del movimiento y transporte.
Lo lamentables es que a causa de ese tipo de planteamientos no se ha llevado a término, en toda se extensión, un plan viable para disminuir al máximo posible el impacto de estos residuos, solución que posiblemente pasaría por un depósito adecuado de los residuos y el tratamiento de los lixiviados que generen, lo que se hace en algunos países con problema similares.
Lo cierto y verdad es que el día 5 de junio, El País Extra, dedicado al día del Medio Ambiente, al analizar “Los puntos negros” y “las asignaturas pendientes” incluía los 120 millones de toneladas de fosfoyesos, como “residuos altamente peligrosos depositados por Fertiberia en la ría de Huelva” –punto negro no solo en Andalucía y España, sino también en Europa-. Exageraciones desmedidas.
Una vez más tiene vigencia la famosa frase del Gallo: “Lo que no pué ser, no pué ser, y además es imposible”