LA INSEGURIDAD JURÍDICA SOCAVA EL ESTADO DE DERECHO

LA INSEGURIDAD JURÍDICA SOCAVA EL ESTADO DE DERECHO

En el quehacer de algunas Administraciones Públicas del país se llevan a cabo actuaciones que coloca a los ciudadanos ante situaciones de clara inseguridad jurídica y, aunque por ahora son puntuales, el riesgo de que se generalicen es una realidad que amenaza al Estado de Derecho.
La escasa repercusión, de tendencia tan grave, en los medios de comunicación y en la sociedad en general, es el principal problema, pues ignorarla no es una solución sino todo lo contrario, es dar facilidades para que se consolide.
Dado que los responsables políticos son incapaces de corregir tales desviaciones, porque ellos las provocan, deben ser los ciudadanos quienes lo exijan y actúen sin reservas contra ese tipo de comportamientos, que conducen a las sociedades a someterse a la arbitrariedad del poder y sus consecuencias son desoladoras.
Algunas actuaciones concretas pueden dar una idea muy clara de las afirmaciones hechas, entre otras muchas hay dos que son especialmente claras y significativas.
Cuando cualquier Administración Pública necesita contratar un servicio, hacer una obra, conceder una subvención o cualquier otra actuación que conlleve un gasto, tiene que montar un expediente con el que justificar la necesidad de la actuación, concretar su costo y poner en marcha los mecanismos para su adjudicación. Es condición imprescindible para culminar tal expediente, además de superar diferentes trámites administrativos de autorización, control y seguimiento, contar con la dotación necesaria en forma de crédito que esté recogido en los presupuestos aprobados, en el caso de la Administración Autónoma de Andalucía, por el Parlamento Andaluz.
De los diferentes controles que un expediente que genere gasto tiene que superar, antes de llegar a su ejecución, el más condicionante es el de la intervención. Ésta comprobará, entre otras exigencias, si el gasto que conlleva el expediente en tramitación cuenta con el crédito correspondiente, si es así dicho crédito queda comprometido y solo se puede destinar el mismo al gasto recogido en ese expediente. Esto significa que cualquier expediente intervenido tiene garantizados los recursos pertinentes, para hacer efectivo el pago cuando la actuación se lleve a término en las condiciones previstas y así quede comprobado y certificado.
Es imposible entender que la Administración Autónoma de Andalucía tenga expedientes del año 2008, ejecutados de acuerdo a norma y a las exigencias del expediente, que están pendientes de pago. Esta situación ha llevado a numerosas entidades a la ruina y siembra la inseguridad en los sectores empresariales, que trabajaban para esta Administración Pública Andaluza, y en las entidades que podrían financiar las actuaciones.
Lo más sorprendente es que para justificarse la Administración Andaluza dice no tener recursos para pagar. ¿Dónde están los créditos comprometidos en los correspondientes expedientes intervenidos? Cualquier respuesta estaría probablemente en la ilegalidad. Quizá la acción más frecuente para intentar retrasar el pago es paralizar los trámites administrativos y ampararse en tales retrasos.
Situación de inseguridad jurídica se da también significativamente en el sector de la enseñanza. Las décadas de tolerancia desmedida, con infravaloración del esfuerzo y del mérito, y eliminación de responsabilidades, para alumnos y padres de alumnos, en los diferentes niveles de la enseñanza, así como la infravaloración, la marginación y la inducción al desprestigio de los docentes ante alumnos y padres de alumnos, han tenido resultados perversos para el sistema educativo andaluz. Con el fin de paliar los efectos reconocidos e inhibirse de responsabilidades la Administración Andaluza ha culpabilizado al estamento docente, en todos sus niveles y funciones, y ha recurrido a la inspección educativa con la que al parecer pretende remediar los resultados poco favorables del sector, fruto de una mala política.
Las actuaciones, de la inspección educativa, desmedidas, autoritarias, agresivas, contradictorias y algunas veces posiblemente prevaricadoras, al margen de lo dispuesto por el Boletín Oficial del Estado, han sembrado la inseguridad antes las leyes, el desconcierto y ha mermado la confianza en un sector tan sensible y fundamental para el presente y el futuro de la sociedad. El pretendido remedio está agravando los problemas y en ningún caso resolviéndolos.
La Administración Andaluza que durante algún tiempo fue un ejemplo de buen funcionamiento y base para pensar que siempre prestaría un buen servicio a los ciudadanos, se ha convertido en una fuente de inseguridad jurídica y un tormento para la ciudadanía, de lo que, por el comportamiento que siguen, aún no se han dado cuenta los responsables políticos.

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Un pensamiento en “LA INSEGURIDAD JURÍDICA SOCAVA EL ESTADO DE DERECHO

  1. La razón pública y la democracia participativa se resquebrajan cuando no hay suficiente información-comunicación y empatía-colaboración y compromiso.

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