LA INSEGURIDAD JURÍDICA SOCAVA EL ESTADO DE DERECHO

LA INSEGURIDAD JURÍDICA SOCAVA EL ESTADO DE DERECHO

En el quehacer de algunas Administraciones Públicas del país se llevan a cabo actuaciones que coloca a los ciudadanos ante situaciones de clara inseguridad jurídica y, aunque por ahora son puntuales, el riesgo de que se generalicen es una realidad que amenaza al Estado de Derecho.
La escasa repercusión, de tendencia tan grave, en los medios de comunicación y en la sociedad en general, es el principal problema, pues ignorarla no es una solución sino todo lo contrario, es dar facilidades para que se consolide.
Dado que los responsables políticos son incapaces de corregir tales desviaciones, porque ellos las provocan, deben ser los ciudadanos quienes lo exijan y actúen sin reservas contra ese tipo de comportamientos, que conducen a las sociedades a someterse a la arbitrariedad del poder y sus consecuencias son desoladoras.
Algunas actuaciones concretas pueden dar una idea muy clara de las afirmaciones hechas, entre otras muchas hay dos que son especialmente claras y significativas.
Cuando cualquier Administración Pública necesita contratar un servicio, hacer una obra, conceder una subvención o cualquier otra actuación que conlleve un gasto, tiene que montar un expediente con el que justificar la necesidad de la actuación, concretar su costo y poner en marcha los mecanismos para su adjudicación. Es condición imprescindible para culminar tal expediente, además de superar diferentes trámites administrativos de autorización, control y seguimiento, contar con la dotación necesaria en forma de crédito que esté recogido en los presupuestos aprobados, en el caso de la Administración Autónoma de Andalucía, por el Parlamento Andaluz.
De los diferentes controles que un expediente que genere gasto tiene que superar, antes de llegar a su ejecución, el más condicionante es el de la intervención. Ésta comprobará, entre otras exigencias, si el gasto que conlleva el expediente en tramitación cuenta con el crédito correspondiente, si es así dicho crédito queda comprometido y solo se puede destinar el mismo al gasto recogido en ese expediente. Esto significa que cualquier expediente intervenido tiene garantizados los recursos pertinentes, para hacer efectivo el pago cuando la actuación se lleve a término en las condiciones previstas y así quede comprobado y certificado.
Es imposible entender que la Administración Autónoma de Andalucía tenga expedientes del año 2008, ejecutados de acuerdo a norma y a las exigencias del expediente, que están pendientes de pago. Esta situación ha llevado a numerosas entidades a la ruina y siembra la inseguridad en los sectores empresariales, que trabajaban para esta Administración Pública Andaluza, y en las entidades que podrían financiar las actuaciones.
Lo más sorprendente es que para justificarse la Administración Andaluza dice no tener recursos para pagar. ¿Dónde están los créditos comprometidos en los correspondientes expedientes intervenidos? Cualquier respuesta estaría probablemente en la ilegalidad. Quizá la acción más frecuente para intentar retrasar el pago es paralizar los trámites administrativos y ampararse en tales retrasos.
Situación de inseguridad jurídica se da también significativamente en el sector de la enseñanza. Las décadas de tolerancia desmedida, con infravaloración del esfuerzo y del mérito, y eliminación de responsabilidades, para alumnos y padres de alumnos, en los diferentes niveles de la enseñanza, así como la infravaloración, la marginación y la inducción al desprestigio de los docentes ante alumnos y padres de alumnos, han tenido resultados perversos para el sistema educativo andaluz. Con el fin de paliar los efectos reconocidos e inhibirse de responsabilidades la Administración Andaluza ha culpabilizado al estamento docente, en todos sus niveles y funciones, y ha recurrido a la inspección educativa con la que al parecer pretende remediar los resultados poco favorables del sector, fruto de una mala política.
Las actuaciones, de la inspección educativa, desmedidas, autoritarias, agresivas, contradictorias y algunas veces posiblemente prevaricadoras, al margen de lo dispuesto por el Boletín Oficial del Estado, han sembrado la inseguridad antes las leyes, el desconcierto y ha mermado la confianza en un sector tan sensible y fundamental para el presente y el futuro de la sociedad. El pretendido remedio está agravando los problemas y en ningún caso resolviéndolos.
La Administración Andaluza que durante algún tiempo fue un ejemplo de buen funcionamiento y base para pensar que siempre prestaría un buen servicio a los ciudadanos, se ha convertido en una fuente de inseguridad jurídica y un tormento para la ciudadanía, de lo que, por el comportamiento que siguen, aún no se han dado cuenta los responsables políticos.

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EL DRAGADO DEL RÍO GUADALQUIVIR PROYECTO INCONCLUSO, COMO EL CANAL SEVILLA-BONANZA

EL DRAGADO DEL RÍO GUADALQUIVIR PROYECTO INCONCLUSO, COMO EL CANAL SEVILLA-BONANZA
En relación al artículo de Senatus Trianae que trataba sobre el dragado del río Guadalquivir, hubo un comentario que manifestaba su asombro ante la situación de un proyecto aprobado y subvencionado por la Unión Europea y que no se ejecuta. Este hecho cierto puede ayudar a poner al descubierto uno de los problemas mayores que tiene este país como es el empeño en poner obstáculos, con frecuencia absurdos e insuperables, procedentes de ámbitos sociales, políticos y administrativos, a las iniciativas para implantar cualquier tipo de actividad industrial, ejecutar obras públicas u otras iniciativas ya sean de interés general o beneficien a sectores concretos de la comunidad.
Tanto los responsables políticos como los funcionarios olvidan que son servidores públicos y que su obligación es trabajar para el bien general. Del mismo modo, determinados colectivos defienden posiciones contrarias a intereses de la mayoría con argumentos que basan en medias verdades o en falsedades, con las que atemorizan a los responsables políticos, quienes terminan por abandonar actuaciones que ayudarían al desarrollo industrial del que tan necesitado está este país y aún más Andalucía.
El dragado del río Guadalquivir es un ejemplo claro del desastre estructural de las Administraciones Públicas de este país, desde la Central a la Municipal o local, pasando por la Autónoma, en relación a cualquier tipo de actuación, de lo que son responsables todos los poderes del Estado.
Tanto la construcción de la esclusa como el dragado del río Guadalquivir son proyectos subvencionados por la Unión Europea.
Para conseguir subvenciones de Bruselas, para cualquier acción, el Estado que la solicite debe presentar el proyecto de ejecución y un estudio de impacto ambiental, que se somete antes a información pública para completarlo con las consideraciones que se consideran pertinentes. Ambos documentos si proceden de una Comunidad Autónoma deberán tener su aprobación y, por supuesto, la de la Administración Central que, en definitiva, lo presenta en Bruselas.
Si la Unión Europea da la subvención quiere decir que aprueba el proyecto y por supuesto el estudio de impacto ambiental. Pero tal aprobación no es suficiente para ejecutar las obras. Tras recibir el visto bueno de Bruselas y la correspondiente subvención se inicia otro procedimiento administrativo que lleva el nombre de declaración de impacto ambiental, por parte del organismo medioambiental responsable, en este caso el Ministerio, imprescindible para poder montar el expediente de ejecución del proyecto que corre a cargo del organismo sustantivo – en este caso el Ministerio -.
La declaración de impacto ambiental favorable al dragado del río Guadalquivir la dio el Ministerio el año 2003, pero el expediente de las obras no lo montó, es decir no se ha ejecutado a pesar de cumplir con los tramites preceptivos. No se ha ejecutado por la incapacidad de los responsables políticos, trabados por sectores muy concretos que están en contra del proyecto, y para perjuicio de la mayoría.
Estos hechos se pueden unir a lo ocurrido con el canal Sevilla Bonanza, para valorar hasta qué extremos de incapacidad pueden llegar los responsables políticos para llevar a cabo determinadas actuaciones. El proyecto tenía como objetivo unir el puerto de Sevilla con el mar por medio de un canal de 68 kilómetros de longitud, doscientos metros de ancho, diez metros de profundidad y sesenta metros de base, así como montar a lo largo del canal zonas industriales. Trascurriría paralelo al río Guadalquivir y facilitaría la navegación de grandes buques sin depender de las mareas. El proyecto se comenzó a elaborar en 1953 y lo aprobaron las Cortes Franquistas en 1964 pero solo se construyeron dos kilómetros de los sesenta y ocho previstos. Al parecer los recursos destinados a su ejecución se desviaron al gran puerto de Bilbao y a otras obras públicas catalanas.
No es fácil asumir el dicho popular de que Andalucía tenga la clase política que se merece. Pero en realidad y en cualquier caso, los hechos son lamentables. Pues cuando se quiere alcanzar un objetivo no puede faltar ni inteligencia, ni constancia, ni entusiasmo.

EL PSC, UN PARTIDO DE IZQUIERDAS

EL PSC, UN PARTIDO DE IZQUIERDAS
Senatus Trianae publicó en abril de 2013 un artículo sobre el PSC. En él se hizo una exposición escueta de su formación y se dieron unos trazos de los partidos políticos que se integraron para constituirlo. Se insistió en el hecho del carácter nacionalista de los mismos. Todos eran primero nacionalistas y después socialistas, todos menos la nueva federación del PSOE de Cataluña. El nacionalista en partidos que se llaman de izquierdas es una peculiaridad rara como se comentó.
Tras un periodo de dudas e indefinición parece ser que la mayoría del PSC se ha inclinado por dar prioridad en la política del mismo a los signos propios de la izquierda, que no son precisamente nacionalistas sino todo lo contrario, aunque mantenga en este caso el carácter catanalista.
Tal cambio de la posición del partido ha hecho también que se acentúe y se haga más evidente la división interna del PSC en dos fracciones. La evolución a medio plazo, de esta fractura, es muy difícil de preveer, pero se dan unos comportamientos en sectores de sus afiliados que nada bueno presagian.
La manifestación más clara de esta situación tuvo lugar hace ya algunas semanas en Gerona, donde primero dimitieron nueve miembros de la ejecutiva provincial para sumarse a ellos unos días después otros diez.
La situación fue que de los cuarenta y un miembro que constituían la ejecutiva provincial dimitieron diez y nueve, lo que al parecer se aproximan a los supuestos objetivos que perseguían los dimisionarios, que era forzar la convocatorio de un Congreso Provincial Extraordinario si la ejecutiva perdía el cincuenta y uno por ciento de sus miembros e impedir, al mismo tiempo, la celebración de las primarias para elegir el candidato del partido al ayuntamiento de la capital.
El comportamiento de los militantes del PSC más afines al independentismo que a los principios de la izquierda buscaban quizá otros objetivos más ambiciosos, que un simple Congreso Extraordinario
Provincial o una supresión de las primarias. Los fundamentos para pensar así son más que evidentes. Cuando un militante está tan incomodo en un partido político que decide demitir como miembro de su ejecutiva, no por causas circunstanciales de lucha por el poder sino por no compartir los principios que sustenta la mayoría del partido al que pertenece, lo lógico sería que dejara la organización y, por supuesto, dimitiera de los cargos electos que ocupara en representación del partido. De no comportarse así es lógico pensar que serían otros los propósitos que ocultaban las maniobras de los dimisionarios.
No es lo mismo que un grupo de militantes salgan de una organización política por discrepancias ideológicas para fundar otra que se ajuste a su ideología, que llevar a cabo las maniobras adecuadas para quedarse ellos y hacer que salgan los demás.
Es mucho más rentable quedarse con unas siglas consolidadas y, junto a ellas, con el patrimonio no solo material, también del electorado que mantiene la fidelidad a tales siglas, sin molestarse en valorar la situación real de la organización que las ostenta.
La dimisión del Primer Secretario, como consecuencia de los malos resultados del PSC en las elecciones al parlamento europeo, ha venido a complicar aún más la situación y a incrementar las tensiones internas.
Sean los que sean los proyectos de las dos tendencias que se perfilan en el partido los importante sería que los enfrentamientos internos terminaran y el partido se consolidara y definiera su claridad su posición como partido de izquierdas, aunque mantenga ese calificativo de catalanista simplemente por el hecho de ser un partido catalán, aunque integrado en el proyecto socialista del PSOE.
La importancia de esa clarificación es sumamente importante en el contexto más reciente y actual en puertas de un Congreso Federal -que se quiere abierto pero integrador- y en un momento histórico de abdicación del Jefe del Estado de la Monarquía Parlamentaria que abre las puerta a una nueva generación, a una regeneración y a una segunda Transición en esta España que tiene que conjugar unidad y diversidad, unidad y pluralidad, libertad e igualdad, justicia y solidaridad internacional.