CAMPAÑA ANTISINDICAL

CAMPAÑA ANTISINDICAL
Jornada laboral de ocho horas, vacaciones anuales remuneradas, atención sanitaria gratuita, salario mínimo, sistemas de pensiones contributivas administrados por el Estado… La lista de logros para los trabajadores es mucho más amplia, pero ninguno de ellos ha sido una concesión gratuita del Capital o del Poder Político, sino frutos de la lucha que han mantenido las organizaciones que han aglutinado a la clase trabajadora, en los países más desarrollados, justamente con ese fin, conseguir derechos y defenderlos, después, para conservarlos y avanzar en ese camino.
Lo más importante es que la inmensa mayoría de los ciudadanos son trabajadores, lo que un alto porcentaje de los mismos, por su comportamiento, parecen ignorar o pretenden permanecer al margen de su realidad al no actuar como tales.
Igualmente es imprescindible para cualquier país contar con organizaciones que agrupen y representen a los trabajadores, la mayoría ciudadana, si pretende mantener la llamada paz social fundamental para que toda la sociedad avance hacía cotas más altas y justas de bienestar. Es así porque permite negociar, con las organizaciones empresariales, y los representantes del Estado, todos aquellos asuntos que conciernen a sus actividades, laborales o profesionales, y se relacionan con sus intereses y con sus derechos. Por ello, los trabajadores se afilian a un sindicato, ya que solo unidos pueden tener la fuerza necesaria para hacer frente a quienes, para el único lucro de unas minorías, pretendan deteriorar sus derechos o eliminar los que han conseguido a lo largo de cientos de años.
La Unión General de trabajadores (U.G.T.) es un sindicado que se fundó en Barcelona en el año 1888, por treinta y dos delegados de cuarenta y cuatro sociedades de oficios. Coincidió con la Exposición Universal de Barcelona y fue una consecuencia de la concentración de miles de trabajadores de los oficios más diversos, así como de las condiciones de trabajo, poco recomendables, en las actividades relacionadas con la preparación de las instalaciones de evento tan importante.
El nombre lo propuso Pablo Iglesias que fue cofundador y líder de la Organización Sindical.
La U.G.T. ha estado presente, desde su fundación, en los periodos históricos más relevantes de este país, y lo ha hecho en solitario o en unión de otras organizaciones afines o con intereses compartidos. Desde la Primera Guerra Mundial, la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República o la Dictadura Franquista en la clandestinidad, pero siempre para defender los derechos de los trabajadores.
Sería sorprendente que tras el largo periodo de deterioro que han sufrido las instituciones, decadencia de los partidos políticos e incremento de la corrupción en todos los ámbitos del país, las organizaciones sindicales salieran indemnes. Como consecuencia, de tal periodo, es cierto que en gran medida las organizaciones sindicales marginaron de su quehacer parte importante de las acciones reivindicativas y de defensa de los derechos de los trabajadores, que era y es su obligación prioritaria e ineludible.
Es evidente que algunos de sus militantes se esforzaron y conspiraron, más de lo aceptable, para ocupar puestos de responsabilidad en distintos niveles directivos de sus organizaciones, con el pensamiento puesto en los posibles prebendas que podrían conseguir en connivencia con el poder, más que en las pesadas obligaciones que se derivan de la defensa permanente de los trabajadores.
Por tales razones son los responsables de las organizaciones sindicales, que han incumplido con sus deberes para con los afiliados y con todos los ciudadanos, los que tienen que ser criticados y responder ante las bases de las diferentes organización y ante los tribunales de justicia si sus acciones como dirigentes así lo demandaran.
Los organizaciones sindicales, entre ellas la U.G.T., son instituciones que tienen que permanecer por encima del devenir de sus ejecutivos simplemente porque su fin no es satisfacer las ambiciones personales de nadie sino el Bien Común, además de ser imprescindibles en un Estado Democrático de Derecho, tanto para los trabajadores como para la sociedad en general, como puede deducirse del art.7º de la Constitución Española y de la propia experiencia laboral.