CAMPAÑA ANTISINDICAL

CAMPAÑA ANTISINDICAL
Jornada laboral de ocho horas, vacaciones anuales remuneradas, atención sanitaria gratuita, salario mínimo, sistemas de pensiones contributivas administrados por el Estado… La lista de logros para los trabajadores es mucho más amplia, pero ninguno de ellos ha sido una concesión gratuita del Capital o del Poder Político, sino frutos de la lucha que han mantenido las organizaciones que han aglutinado a la clase trabajadora, en los países más desarrollados, justamente con ese fin, conseguir derechos y defenderlos, después, para conservarlos y avanzar en ese camino.
Lo más importante es que la inmensa mayoría de los ciudadanos son trabajadores, lo que un alto porcentaje de los mismos, por su comportamiento, parecen ignorar o pretenden permanecer al margen de su realidad al no actuar como tales.
Igualmente es imprescindible para cualquier país contar con organizaciones que agrupen y representen a los trabajadores, la mayoría ciudadana, si pretende mantener la llamada paz social fundamental para que toda la sociedad avance hacía cotas más altas y justas de bienestar. Es así porque permite negociar, con las organizaciones empresariales, y los representantes del Estado, todos aquellos asuntos que conciernen a sus actividades, laborales o profesionales, y se relacionan con sus intereses y con sus derechos. Por ello, los trabajadores se afilian a un sindicato, ya que solo unidos pueden tener la fuerza necesaria para hacer frente a quienes, para el único lucro de unas minorías, pretendan deteriorar sus derechos o eliminar los que han conseguido a lo largo de cientos de años.
La Unión General de trabajadores (U.G.T.) es un sindicado que se fundó en Barcelona en el año 1888, por treinta y dos delegados de cuarenta y cuatro sociedades de oficios. Coincidió con la Exposición Universal de Barcelona y fue una consecuencia de la concentración de miles de trabajadores de los oficios más diversos, así como de las condiciones de trabajo, poco recomendables, en las actividades relacionadas con la preparación de las instalaciones de evento tan importante.
El nombre lo propuso Pablo Iglesias que fue cofundador y líder de la Organización Sindical.
La U.G.T. ha estado presente, desde su fundación, en los periodos históricos más relevantes de este país, y lo ha hecho en solitario o en unión de otras organizaciones afines o con intereses compartidos. Desde la Primera Guerra Mundial, la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República o la Dictadura Franquista en la clandestinidad, pero siempre para defender los derechos de los trabajadores.
Sería sorprendente que tras el largo periodo de deterioro que han sufrido las instituciones, decadencia de los partidos políticos e incremento de la corrupción en todos los ámbitos del país, las organizaciones sindicales salieran indemnes. Como consecuencia, de tal periodo, es cierto que en gran medida las organizaciones sindicales marginaron de su quehacer parte importante de las acciones reivindicativas y de defensa de los derechos de los trabajadores, que era y es su obligación prioritaria e ineludible.
Es evidente que algunos de sus militantes se esforzaron y conspiraron, más de lo aceptable, para ocupar puestos de responsabilidad en distintos niveles directivos de sus organizaciones, con el pensamiento puesto en los posibles prebendas que podrían conseguir en connivencia con el poder, más que en las pesadas obligaciones que se derivan de la defensa permanente de los trabajadores.
Por tales razones son los responsables de las organizaciones sindicales, que han incumplido con sus deberes para con los afiliados y con todos los ciudadanos, los que tienen que ser criticados y responder ante las bases de las diferentes organización y ante los tribunales de justicia si sus acciones como dirigentes así lo demandaran.
Los organizaciones sindicales, entre ellas la U.G.T., son instituciones que tienen que permanecer por encima del devenir de sus ejecutivos simplemente porque su fin no es satisfacer las ambiciones personales de nadie sino el Bien Común, además de ser imprescindibles en un Estado Democrático de Derecho, tanto para los trabajadores como para la sociedad en general, como puede deducirse del art.7º de la Constitución Española y de la propia experiencia laboral.

JORGE FÉRNANDEZ DÍAZ ÉMULO DE CAMILO ALONSO VEGA

 

JORGE FÉRNANDEZ DÍAZ ÉMULO DE CAMILO ALONSO VEGA

 

Camilo Alonso Vega, General de Infantería que participó en la guerra civil en el bando de los golpistas y que intervino en las acciones más sangrientas de la contienda, fue Ministro de la Gobernación, equivalente al actual Ministerio del Interior, desde febrero de 1957 a octubre de 1969. El Tirano lo mantuvo en ese puesto durante más de doce años, periodo en el que las manifestaciones públicas contra el régimen de la Dictadura se generalizaron en todo el país.

Los que fueron estudiantes o trabajadores contestatarios, en aquella época, seguro que no lo  han olvidado, pues podían terminar en una mazmorra por el simple hecho de pasar por un lugar próximo a cualquier manifestación y tener la mala suerte de que un “gris” o cualquier policía del Cuerpo General de Seguridad decidiera detenerlo. Venían, después, las multas y las condenas, sin paliativos, porque los ciudadanos no tenían derecho a manifestarse y carecían de instrumentos legales efectivos para defenderse de las arbitrariedades del poder de la tiranía.

Siendo Ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega, que sus subordinados lo llamaban la mula por su brutalidad, se aplicaron dos instrumentos básicos para hacer más funcional la represión a la ciudadanía. El primero fue LA LEY DE ORDEN PÚBLICO, en 1959. Las sanciones administrativas que recogía la ley iban desde 250 a 500.000 pesetas (equivalentes aproximadamente a los 50 euros y a los 98.000 euros actuales) y las podían imponer Alcaldes, Gobernadores Civiles, Ministros y Consejo de Ministros, según la cuantía de las mismas.  Para completar los mecanismos represores en 1963 entró en funciones el TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO (el famoso TOP), formado por magistrados adictos al régimen y con especial predisposición para reprimir. Por el TOP pasaban aquellos ciudadanos que manifestaban su oposición al sistema político o a sus valedores.

El contenido de la ley de Orden Público lo invalidó la Constitución de 1978 y formalmente fue derogada por Ley Orgánica en 1992. El TOP fue suprimido por Real Decreto en 1977.

El actual Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, miembro activo de una las ramas más reaccionaria y sectaria de la Santa Madre, después de dar por ley atribuciones a los vigilantes privados -lo que tal vez sea inconstitucional-, ha preparado para su tramitación un proyecto de ley con el título de Seguridad Ciudadana, en el que se contemplan sanciones administrativas, para acciones muy variadas que puedan tener lugar en las manifestaciones públicas de la ciudadanía, que van de los 100 a los 600.000 euros, cuantías  muy superiores a las que contenía la Ley de Orden Público del Franquismo.

Da la impresión que con este proyecto de norma intenta emular a su antecesor en el cargo, Camilo Alonso Vega, aunque indudablemente con mayor celo pues multiplica el importe de las sanciones que manejaba la Ley de Orden Público, por 2 la mínima y por 6 la máxima.

Es de temer que después, y para superar el recorrido de aquel Ministro franquista, apodado la mula, intente poner en marcha en colaboración con el Ministro de Justicia una jurisdicción especial que entienda de los supuestos delitos que se comentan en relación con la seguridad ciudadana; y, en definitiva, contra las manifestaciones públicas, coartando así uno de los derechos constitucionales de la ciudadanía.

Entre los motivos de sanción que contempla el proyecto de ley uno muestra descaradamente la afiliación sectaria del señor ministro, y las relaciones especialmente significativas que mantiene este gobierno con la clerecía conservadora. Habrá sanciones que podrán llegar hasta 30.000 euros por actuaciones que alteren la seguridad en solemnidades de carácter religioso.  Es probable que se le ha olvidado al señor Ministro incluir en la Ley la sanción a los españoles que no vayan a misa los domingos o fiestas de guardar.

Probablemente haya que recordarle al Sr. Ministro el art. 14 de la Constitución Española de la Democracia para que no siga emulando al General  de Infantería de oscura memoria, en la Dictadura.

El artículo 14 dice:” Los españoles son iguales ante la ley, sin     que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición  o circunstancia personal o social”.