Los números de 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

Un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York transporta 1.200 personas. Este blog fue visto alrededor de 7.700 veces en 2013. Si fuera un tren de NY, le tomaría cerca de 6 viajes transportar tantas personas.

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UNA CONCEJALA RETRIBUIDA CON 105.000 EUROS AL AÑO

 

 

 

 

UNA CONCEJALA RETRIBUIDA CON 105.000 EUROS AÑO

Hablar de los desatinos que acompañan a la gestión de la municipalidad parece un mal hábito. Calificar a la Administración Local de un cáncer que padece este país y que necesita de un tratamiento enérgico, para controlar, al menos, su malignidad, puede ser una exageración. Pero lo cierto es que resulta muy difícil encontrar, con carácter genérico, un quehacer positivo de los responsables de gobernar y administrar los miles de municipios que conforman este país.

En plena crisis económica, cuando los casos de corrupción se multiplican en las Administraciones Públicas, especialmente en la Local, y saturan los juzgados; y cuando está en discusión un anteproyecto de Ley sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, surgen dos noticias que le afectan y que deben comentarse   con el fin de que la ciudadanía conozca tantos despropósitos.

Conviene reaccionar y acabar con las arbitrariedades al uso. El mismo día que la Junta de Andalucía hizo saber que los funcionarios de la Administración Autónoma cobrarían, durante el año 2014, unas pagas extraordinarias reducidas; y, aunque ello se sumaba a otras muchas medidas de reducción salarial de todos los funcionarios públicos, eliminación de organismos y despido masivo de interinos y contratados, el Alcalde de Sevilla decidió aumentar el salario, en un cincuenta por ciento, a una de sus ediles. En números redondos pasó de 70.000 euros a 105.000 euros, anuales. Esto  significa que el salario de la concejala, en cuestión, es mayor del que cobra el Presidente del Gobierno, la Presidenta de la Junta de Andalucía y que el propio Alcalde de Sevilla. No hay motivo alguno que justifique tal disparate y los responsables del mismo merecen un castigo político proporcional a una barbaridad de esa magnitud.

Además, consta que en el Ayuntamiento de Sevilla hay decenas de trabajadores que cobran más que el Alcalde.

La oposición apenas le ha dado importancia al dislate y, tras algunos tibios comentarios críticos, ha dejado el asunto, quizá porque piense en hacer desatinos de similar envergadura si alguna vez alcanza de nuevo el gobierno del municipio.

La segunda noticia proviene de datos dados por el Banco Mundial en relación a la facilidad para instalar actividades industriales en 185 países.  Con todas las reservas en relación a la fiabilidad de los datos de las instituciones internacionales, que aciertan poco en los últimos tiempos, los resultados sitúan a España en el puesto 136 en el año 2012 y en el 142 en el año 2013.

La interpretación a este resultado es muy sencilla: el país con el segundo porcentaje de paro más alto de la Unión Europea es, al mismo tiempo y entre todos los países del mundo, uno de los que pone más dificultades para instalar y poner en marcha actividades industriales.

¿Qué tiene que ver la Administración Local con resultado tan negativo? Pues… todo, porque los municipios son los que conceden la inmensa mayoría de las licencias para las actividades industriales.

En la clasificación que da el Banco Mundial en lugar de España, deberían figuran los municipios españoles.

Durante los años en los que surgió y se infló la burbuja inmobiliaria los municipios españoles rechazaron miles de solicitudes de actividades industriales, por los motivos más disparatados y pintorescos, y otras muchas los solicitantes renunciaron a instalarlas ante tantas exigencias y ante una morosidad de años en la tramitación administrativa, técnica y política.

Daba la impresión de que los responsables municipales solo pensaban en la recalificación del suelo, en busca de plusvalías, lo que entre otros efectos negativos estaba el facilitar el desarrollo de la corrupción, entre políticos, banqueros y empresarios, el desmadre urbanístico y, en definitiva, provocar la crisis económica-financiera. Olvidaban que un país sin un tejido industrial consolidado, tendrá siempre problemas graves de empleo y su grado de desarrollo y riqueza no se consolidará estructuralmente.

El proyecto de Ley sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local      está en el Congreso de los Diputados, para su tramitación y su aprobación como Ley. El título de la norma parece indicar que se pretende terminar con los frecuentes abusos de los municipios, en cuanto a las retribuciones de algunos de sus trabajadores, así como eliminar la burocracia estéril para facilitar la implantación de actividades industriales. Su contenido, por desgracia, no apunta a esos objetivos.

Parece que a los políticos lo que más le preocupa son sus intereses particulares.

 

 

MADRID O EL DESASTRE MUNICIPAL

MADRID O EL DESASTRE MUNICIPAL

La gestión de los residuos urbanos y asimilables, es uno de los servicios públicos con mayor repercusión en el bienestar de los ciudadanos y, además, es una especial responsabilidad municipal, conforma a Ley. Por ello, lo ocurrido en Madrid, la capital del Reino, es un hecho que degrada la Política Municipal.

Como en tantos otros asuntos los municipios ponen continuamente de manifiesto, en esta materia, su incapacidad para cumplir adecuadamente con sus obligaciones.

Los municipios, gracias a recursos que vinieron de Europa, y con la ayuda de las otras dos Administraciones Públicas (La General del Estado y la de la Comunidad Autónoma) disponen en la actualidad de unas infraestructuras básicas medianamente aceptables para el tratamiento de los residuos, tras su recogida, parte fundamental de la gestión. Este país hace 25 años carecía de tales infraestructuras.

Un volumen inabarcable de normas llegó, también, con los fondos europeos. Normas que regulan la gestión, todas ellas elaboradas de acuerdo con criterios de los países del norte de Europa que son equivocadamente ambiciosas e inapropiadas para los países del sur. Normas que la Administración Local incumple por sistema, aunque solo las tentativas de adaptarse a ellas han encarecido considerablemente los Servicios Públicos.

Los Ayuntamientos tienen capacidad legal para cobrar tasas específicas, destinadas a costear la gestión de los residuos. Lo que hacen, aunque les costó trabajo adaptar el importe de las mismas al de la gestión, y conseguir que su cuantía fuera proporcional a la cantidad de residuos que generaba cada vivienda, así como cobrarlas con regularidad.

Se podría decir que, en la actualidad, los problemas mencionados están en parte resueltos. No está solucionado sin embargo el que, aunque las tasas para la gestión de los residuos urbanos y asimilables son finalistas, es decir que solo se pueden gastar en gestionar los residuos, los Ayuntamientos las destinen al fin que consideran más oportuno, entre otros a pagar sueldos desproporcionados a los munícipes y a cientos de paniaguados. Ello puede tipificarse  como  malversación de caudales públicos y debería ser investigado por la fiscalía, aunque es seguro que no lo hará.

El Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de Europa gracias a la demencial gestión del actual Ministro de Justicia, optó en su momento por privatizar la gestión de los residuos. Una consecuencia más de la obsesión privatizadora de los neoliberales de condenar la gestión pública, con la excusa de que todo lo público es malo. Bastaría para desmentir tal aseveración con preguntarles a los británicos como les ha ido la privatización de los ferrocarriles, o a los españoles la privatización de la energía eléctrica y la telefonía.

En realidad, un porcentaje importante de las tasas, que el Ayuntamiento cobra para gestionar los residuos, está destinado al beneficio industrial de las empresas privadas a las que se asigna la contrata. Dinero que se destinaría al servicio si el mismo se realizara desde las estructuras municipales. Además, si las tasas no han disminuido, si no todo lo contrario, ¿por qué lo ha hecho el importe que cobran las contratas, si dichas tasas son finalistas?

La huelga podría dejar al descubierto alguna que otra irregularidad en la administración de los recursos procedentes de las tasas y ha demostrado, una vez más, la incapacidad manifiesta de la Señora Alcaldesa que, al igual que su marido Aznarín el pinturero, tienen el convencimiento – y así lo manifiestan siempre muy malencarados – que hacen un favor a la ciudadanía jugando a la política. Aunque el favor lo harían si desaparecieran para siempre de la escena pública. Librarían a la ciudadanía de su desagradable presencia y sus nefastas acciones.

GOBERNADORES DEL BANCO DE ESPAÑA

GOBERNADORES DEL BANCO DE ESPAÑA

La historia del Banco de España es relativamente corta para una institución con tal nombre, aunque muy compleja y llena de cambios.

El organismo primitivo se fundó en el siglo XVIII y, cómo no, durante el reinado de Carlos III. Llevaba, como tantas otras instituciones, en este país subyugado durante siglos por la Santa Madre, el nombre de un santo, aunque fuera también el del monarca, fue el Banco Nacional  San Carlos. Estaba bajo la protección de la corona aunque tenía carácter privado, y su función principal era el descuento de vales reales, equivalentes a la deuda pública actual.

Puede resultar sorprendente pero su primer director pasó en prisión seis años, por supuestas irregularidades en su gestión.

Recibió el nombre de Banco de España el año 1856, tras la revolución de 1854, antes la institución sufrió cambios, refundaciones y funciones diferentes tuvo el nombre del soberano de turno: fue el Banco San Fernando, por Fernando VII, y el banco Isabel II, aunque continuaba manteniendo su carácter  privado y era emisor de moneda.

Hasta el año 1962 no se nacionalizó y dejó de tener actividades como banco privado. Desde entonces hasta ahora, también ha sufrido considerable modificaciones y las últimas funciones que le han asignado están asociadas y condicionadas a la entrada de España en la zona euro, con el Banco Central Europeo.

Lo cierto es que está institución, que entre sus funciones primordiales tiene la de promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero del país, ha tenido en los últimos años gobernadores que han dejado mucho que desear, por no decir que han sido un desastre para los intereses de los ciudadanos de este país.

Todos ellos, sin excepción, después de Mariano Rubio, que fue encausado por los tribunales de justicia, y protagonizó uno de los episodios más turbios y lamentables de la historia del Banco de España, han incumplido con su misión que es de gran importancia para la marcha de este país.

Cuando comenzó a inflarse la burbuja inmobiliaria y los banqueros se entregaban a diversas actividades perniciosas: “aquelarre” de sueldos disparatados, pensiones demenciales, bonos, y blindajes, o hacían préstamos millonarios a los “amiguetes” sin la menor garantía, formalizaban hipotecas a insolventes y por valor superior al que tenía el bien hipotecado, especulaban con el suelo en connivencia con políticos a los que financiaban inversiones de proyectos demenciales, sin el menor interés general, negociaban con productos financieros basura, y pedían ingentes cantidades de dinero a bancos extranjeros para llevar la deuda de los ciudadanos a límites demenciales, o realizaban otras muchas lindezas, los gobernadores del Banco de España salían a los medios para asegurar que el país tenía el sistema financiera más sólido, más eficaz y con más garantías del mundo y por supuesto añadían que a la economía del país le convenía una reducción salarial y un disminución de los tributos sociales, asunto que nada tiene que ver con sus funciones, con las que sistemáticamente incumplían para favorecer intereses bastardos.

Llegada la crisis, dichos señores tuvieron que terminar por reconocerla, no entonaron el mea culpa, y comenzaron  a informar a los tribunales sobre las actuaciones de los banqueros, en muchos casos delictiva, pero sí continuaron pidiendo la reducción salarial y la disminución de los tributos sociales.

El actual gobernador no ha podido controlarse y, en diferentes ocasiones, ha formulado la misma petición: reducción salarial y disminución de tributos con fines sociales.

La pregunta es obvia: ¿Ha estudiado a fondo el proceder de sus antecesores y el de los banqueros de los últimos años, para informar de las irregularidades en la gestión de los mismos – que sin duda las habrá en abundancia – al Ministerio Fiscal y a los tribunales?  Seguro que nada han hecho en ese sentido, que es un paso ineludible para que la entidad recupere la dignidad que necesita.

Los gobernadores del Banco de España ratifican, con su conducta, que cada día es más evidente que la clase dirigente de este país merece un buen suspenso y el cese colectivo inmediato.

El problema actual es cómo evolucionar de la “Democracia Vergonzante” a una “Nueva Democracia”, regenerada, responsable y justa.