LOS ERES (EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO)

LOS ERES

(EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO)

ERE es un término que solo se usaba en los ámbitos laborales. Pero ha pasado a utilizarse con frecuencia como consecuencia del procedimiento abierto por la justicia en Andalucía, para investigar un procedimiento administrativo, supuestamente irregular, que la prensa llama el caso de los ERES.

La supuesta corrupción se detecta en marzo de 2009, en las investigaciones que lleva a cabo la Justicia en el caso Mercasevilla. Después se ramifica hasta convertirse en uno de los casos más amplio de corrupción en Andalucía, que por su extensión puede recordar al del gansterismo del municipio de Marbella en su época de mayor esplendor.

Sobre los ERES se escribe, ahora, con profusión   pero no se dispone de un esquema sencillo del asunto y de las responsabilidades que conlleva, dentro y fuera de la Administración Pública Andaluza, de modo que ayude al ciudadano a situarse ante una realidad que tiene que conocer, digerir y, en consecuencia, sacar conclusiones para actuar.

El esquema básico del caso se podría describir en los términos siguientes: Se descubre, el llamado caso de los ERES, como una consecuencia de los intentos de extorsionar a unos industriales, para que pudieran percibir una subvención de la Administración Pública Autónoma. Lo que al parecer era una práctica frecuente, en la que estaban implicados responsables políticos que algunos ya han sido condenados por los tribunales de Justicia.

Los llamados ERES son un mecanismo o procedimiento espacial del que se ha hecho un uso fraudulento, y que puso en marcha la Junta de Andalucía, con el fin de que los trabajadores sometidos a una regulación de empleo de empresas en crisis cobraran prejubilaciones y despidos.

El mecanismo consistía en suscribir pólizas de seguro con determinadas empresas que efectuaban los pagos. El mecanismo lo consideró irregular el Interventor General de la Junta de Andalucía que remitió quince informes al respecto al Consejero responsable, escritos que el político no atendió.

Según parece, el Interventor General no hizo uso adecuado de sus atribuciones para impedir que el mecanismo que tenía como irregular continuara funcionando. En consecuencia tiene, presuntamente, responsabilidades directas en las consecuencias de tales irregularidades, (por lo que sería recomendable que en el cuerpo de interventores no hubiera ningún puesto que fuera de libre designación, para suprimir cualquier tipo de servilismo político.)

En torno al mecanismo de los ERES se generan diferentes actuaciones que pueden ser delictivas.

Primera, se incluyen en ERES de empresas concretas personas que no estaban en las plantillas de trabajadores de las mismas. Entre tales furtivos figuraban parientes, amigos y conocidos de políticos y de gestores de los ERES, que en algunos casos reciben compensaciones de los beneficiados.

Segunda, surgen comisionistas y conseguidores, entre los que hay organizaciones públicas y privadas, que consiguen ilegalmente cantidades suculentas por supuestos trabajos.

Tercera, para completar el esquema del reparto de dinero negro se suman políticos que además de aumentar sus patrimonios personales, regalan a sus amigos y gastan en actividades lúdicas y en drogas.

El tinglado se inicia en el año 2000 y durante el tiempo trascurrido hasta que interviene la justicia las estructuras políticas y técnicas de la Junta de Andalucía no reconocieron ninguna irregularidad, ni en los ERES ni en las subvenciones, para actuar en consecuencia.

El dinero destinado a los ERES hasta el año 2011 se estima en 721 millones de euros y estaba previsto que llegaran hasta la actualidad a 1.400 millones de euros. A las subvenciones se destinaron 78 millones de euros. Todavía no se conoce con exactitud el porcentaje de estas cantidades que fue sustraída, aunque se maneja una cifra en torno a los 140 millones de euros.

Desde el año 2009 hasta la actualidad ni en el PSOE de Andalucía ni en la Administración Pública Andaluza se ha llevado a cabo una limpieza a fondo, con la correspondiente depuración de responsabilidades. El caso se ha dejado en manos de la justicia, como si el Partido del Gobierno y la Administración Pública Andaluza fueran romas e incapaces de autodepurarse en la lucha contra la corrupción, lo que si hace, a veces, por otros intereses bastardos.

Puede haber verdad en que los trámites judiciales se prolongan demasiado. Puede haber verdad en que determinadas actuaciones judiciales se han llevado a término en fechas con especial relevancia política y se les ha dado excesiva publicidad. Puede haber verdad, que en las instrucciones que lleva a término la jurisdicción se deje al margen a políticos aforados o se elaboran autos, en relación a los mismos, que pueden ser prevaricadores, para impedir que el caso pase a tribunales superiores. Al margen de las posibles incoherencias mencionadas en la jurisdicción u otras que puedan surgir, lo cierto es que la trama de corrupción es evidente y que la justicia tiene que actuar con el máximo rigor. Si se confirmaran alguna irregularidad en los trámites del caso de los ERES, en la vía jurisdiccional habría que depurarlas y vendrían a confirmar la necesidad de las reformas, con urnas por medio, que son necesarias para democratizar el Poder Judicial.

La crisis económica y financiera es también una crisis institucional y una crisis de valores, sin duda alguna.

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Un pensamiento en “LOS ERES (EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO)

  1. Los ERE constituyen el caso de corrupción más grave ocurrido en Andalucía, deben dilucidarse las responsabilidades políticas y penales hasta las últimas consecuencias. Tambien deben servir para que nunca más vuelva a ocurrir.

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