EL FRAUDE FISCAL, UN HÁBITO SOCIAL

El FRAUDE FISCAL, UN HÁBITO SOCIAL

Un trabajador autónomo, con una actividad profesional de servicio a las empresas y con despacho abierto al público, decidió comprarse una vivienda. Llegó a un acuerdo con el vendedor en relación al precio, pero no lo consiguieron en cuanto al valor que se debía recoger en la Escritura Pública de Propiedad, habitualmente inferior al real con el fin de pagar menos impuestos.

El trabajador intentaba moverse, en su actividad profesional, dentro de la legalidad pero en la práctica le resultaba imposible hacerlo. Prestaba sus servicios a empresas que mantenían parte de su actividad sumergida, otras que pagaban a sus trabajadores horas extraordinarias que no figuraban en nómina y otras que ni tan siquiera estaban constituidas como tales. Ayudaba así a engañar a los trabajadores y defraudar a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Él tenía que cobrar parte de sus honorarios en negro, porque así se lo imponían los empresarios a los que su despacho les trabajaba y repetía los mismos engaños a los intereses generales. Tampoco podía evitar que cuando le reparaban los electrodomésticos, el coche o el fontanero lo visitaba por causa de una avería, no le dieran facturas porque no querían complicarse la vida. Él tampoco las pedía cuando iba al dentista o al médico. Así persistía en prolongar las irregularidades. Cuando se preguntaba por la razón de qué lo hiciera de ese modo la respuesta era que se limitaba, simplemente, a adaptarse a los hábitos sociales.

El argumento de los hábitos sociales fue lo que hizo que se pusiera de acuerdo con el vendedor de la vivienda, en relación al precio que debería figurar en la Escritura. Si hacían costar el dinero real harían el ridículo ya que si nadie lo hacía así, ¿por qué razón ellos iban a ser diferentes y pagar a la Hacienda Pública más que la generalidad de los ciudadanos? Incluso las grandes constructoras cobraban en sus ventas parte del precio de las viviendas que vendían en negro, al margen de la hipoteca y de la Escritura de Propiedad.

La operación la completaron en la propia Notaria donde el notario, ese personaje arcaico que suplanta a la Administración Pública en sus funciones por las que consigue ingresos millonarios, le indicó el precio mínimo que la Hacienda Pública aceptaría y se retiró para que vendedor y comprador intercambiaran el pago en negro sin testigos incómodos que comprometieran la acción.

Este hábito social, arraigado con profundidad en la sociedad española, a la mayoría le supone  unos cuantos euros de beneficios fraudulentos y, a otros, millones de euros, lo que indica que en definitiva hasta para engañar a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social hay clases, aunque todos defraudan.

El problema es de mucha gravedad para la economía del país, que se cifra en decenas de miles de millones, y en definitiva para todos los ciudadanos, pero aunque es bien conocido por los responsable políticos de la Hacienda Pública, al parecer por los resultados no son capaces de encontrarle una solución.

La normativa vigente para luchar contra el fraude está hecha para los grandes defraudadores, pero si la aplicaran con rigor, lo que sería posible, ¿cómo ayudaría este país a que los paraísos fiscales se mantuvieran y prosperaran, para mayor gloría de la clase política de todo el mundo y los beneficios extras de banqueros, corruptos, mafiosos y demás elementos que tienen el poder real, el poder económico?

Este país dispone, desde hace décadas, de una legislación completísima en todos los campos del derecho, el problema es que por motivos diferentes se aplica mal o no se aplica, e incluso con más frecuencia de lo que se imagina son normas inútiles, hechas para que la clase política justifique con esa labor estéril su razón de ser. La proliferación legislativa ha llegado a tales extremos que en algunas ramas incluso a los profesionales del derecho les resulta imposible abarcarla en su totalidad. Hay expertos que aseguran que dentro de ella se encuentran contradicciones y algo más. A pesar de tanta abundancia los legisladores han sido incapaces de poner en aplicación unas normas que acaben con el hábito social de defraudar a la Hacienda Pública, que es hacerlo a todos los ciudadanos.

No se trataría de aplicar esas propuestas maximalistas e improductivos de poner en píe de guerra a un ejército de inspectores, que persigan a los ciudadanos. Costaría más mantenerlos  que lo que fueran ingresos recaudados.

La solución es más sencilla y a la vez más complicada, consiste en que esa clase política que anda metida siempre en guerras, internas y externas, para administrar una parcela de poder ponga en marcha un sistema tributario para desterrar de la sociedad ese hábito de defraudar, tan negativo para la mayoría de los ciudadanos.

Se trata, en definitiva, de promover un cambio de mentalidad y de cultura solidaria, que requiere ejemplaridad en la “res pública” y en los negocios y contratos privados.

 

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Un pensamiento en “EL FRAUDE FISCAL, UN HÁBITO SOCIAL

  1. En este tema de la aportación fiscal conforme a la legalidad, como en tantos otros, es clave la cultura, desde la familia y la escuela, pero también en el sentido y la gestión de lo público en beneficio de la sociedad. Si fallan ambas cosas, como dicen en el pueblo “la cabra tira al monte”.

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