NORMAS HIPOTECARIAS MÁS JUSTAS, UNA EXIGENCIA DEL ESTADO SOCIAL Y DE DERECHO

NORMAS HIPOTECARIAS MÁS JUSTAS, UNA EXIGENCIA

DEL ESTADO SOCIAL Y DE DERECHO

El Decreto Ley para asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Parlamento Andaluz, ha desencadenado todo tipo de reacciones. Desde el rechazo total de algunos sectores afectados, a un sinnúmero de alabanzas propagandísticas de los seguidores del partido político que la promovió, así como la valoración negativa del Gobierno Central.

Incluso la Administración de Bruselas se ha interesado por la legalidad de su contenido, hasta llegar al extremo de que los responsables de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en los préstamos dados a la banca, estudien la normativa y pidan información a las autoridades de la Comunidad Autónoma Andaluza, para terminar por pronunciarse en contra.

Lo que nadie ha dicho es que el mencionado Decreto Ley se sostiene, básicamente, en el desarrollo de una disposición ya existente, fundamentalmente en el Capitulo II: “DE LA EXPROPIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD”, del Titulo III: “PROCEDIMIENTOS ESPECIALES”, de la ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Sin entrar en la propiedad privada cuando el titular es una persona física.

Lo importante es que tal desarrollo se aplique correctamente, que alcance realmente el objetivo, que con ella se dice perseguir, y que las actuaciones del Gobierno Autónomo no se enreden en la burocracia que el propio Decreto Ley fomenta, con la implantación de organismos nuevos y tramites complementarios a los ya complejos procedimientos  propios de cualquier expropiación.

Otra cuestión es la necesidad de modificar el contenido de las normas que regulan las hipotecas de las viviendas en este país, lo que, al parecer, han olvidado los responsables políticos.

No basta con conseguir que la entrega de la vivienda hipotecada cubra el pago de la hipoteca. Lo más importante sería fijar un precio mínimo de la vivienda y mantenerlo, para que los banqueros no jueguen siempre con ventaja, al valorar a la baja cuando les interesa. En tal caso sería frecuente que el valor de la misma sobrepasara el de la deuda hipotecaria, lo que jugaría a favor del hipotecado.

Importante sería también aumentar, en los primeros años,  el porcentaje de la cuota a pagar mensualmente para amortizar el capital; y que el porcentaje para pagar intereses fuera mayor en los últimos años, pues ello favorecería a los ciudadanos que suscriben préstamos hipotecarios.

Podrían tener, también, cabida en el contrato hipotecario la posibilidad de conseguir periodos de carencia o reducción temporal de cuota, cuando circunstancias temporales impidan a los titulares de la hipoteca pagar la cantidad estipulada. Así como la posibilidad, también temporal y regulada, de permanecer en la vivienda como alquilados de los titulares de la hipoteca que no la pueden pagar. En este sentido se pueden buscar otras muchas mejoras de las condiciones en que se concedan tales préstamos a los ciudadanos que en la actualidad están descaradamente a favor de los banqueros.

Lo que no se puede admitir, en ningún caso, es que escudándose en el Decreto Ley aprobado, los políticos que la han promovido intenten librarse de las responsabilidades, tanto legales como éticas y políticas, que tienen contraídas con la sociedad, a consecuencia de sus actuaciones, como miembros que fueron de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro. Tanto por su aquiescencia, pasividad -o puede que algo más-, ante los disparates que cometieron las entidades que fueron causa principal de la canallesca crisis que padecemos. Además de los comportamientos delictivos de los banqueros, que los Consejos de Administración aprobaban.

El proceder inaceptable de tales Consejos de Administración ha tenido, en Andalucía, una incidencia especial al dejar a la Comunidad Autónoma prácticamente sin unas instituciones tan importantes, tanto por las obras sociales que llevaban a cabo, como por ser la base de un posible sistema financiero andaluz.

Ejemplos: 1) Caja Sur, que fue la primera en caer por una desastrosa administración, que además hizo frente a los proyectos del Gobierno Andaluz para crear la gran caja andaluza. Enfrentamiento que contó con el apoyo de gran parte de su Consejo de Administración, en el que estaba representada no solo la Santa Madre sino también partidos políticos, organizaciones sindicales e impositores. 2) Caja Sol, que pretendió ser el núcleo de la fusión de las cajas andaluzas. Todas han cedido su titularidad, por desgracia, a entidades foráneas.

El Decreto Ley no pude hacer olvidar que los partidos políticos deben a los ciudadanos andaluces una explicación, una retractación con disculpas y la salida de la escena política de los responsables que perdieron la dignidad, en un periodo disparatado de desafueros.

Pero no se olviden las responsabilidades legales a las que se tenga que responder, ni lo que desde la propia Administración Autónoma se deba de investigar, amén de las actuaciones que se tengan que acometer para asegurar la función social  de la vivienda.

SENTIDO CONSTITUCIONAL Y FUTURO EN EUROPA

En estos momentos de quiebra de tantas realidades, se viene hablando de la necesidad de un nuevo Contrato Social, en España, en Europa… y en Naciones Unidas. En mi opinión, respecto de España, convendría retranquearse un poco del momento crítico en el que estamos inmersos, y retomar el sentido constitucional de 1978 que quiso garantizar la convivencia democrática y establecer un orden económico y social justo. 

¿Acaso puede fracasar aquella fuerza interior que movió a tantas personas en la década del 68? Hoy vivimos otra realidad pero la juventud nos pide un cambio y no pocos mayores denuncian la incapacidad de gestionar la crisis económica y financiera con sentido social solidario.

El «sentido» constitucional tiene que ver con la filosofía hermenéutica. No se trata de interpretar sólo lo escrito al pie de la letra o con cierta coherencia interna y jerárquica sino de «desvelar» el hacia dónde y el para qué de la norma de las normas o de la Ley de las Leyes, y, teniendo en cuenta la realidad presente, «actualizando» la realidad y los hechos sociales, económicos, políticos e institucionales, tratar de dar una respuesta; resolver, en su caso, transformar si fuera necesario. Es cuestión, pues, de introducir, junto al conocimiento y la impresión afectiva de la realidad, la voluntad efectiva de una praxis transformadora orientada hacia el bien de toda la ciudadanía. 

El tema puede parecer complicado. Pero tampoco es tan difícil como para esquivarlo. Hay que afrontarlo. Por mi parte, incluso pienso que sería suficiente con que retomásemos, en España, la lectura de los diez primeros artículos de la Constitución (CE), sin olvidar, claro está, el Preámbulo que viene a darnos magistralmente la «voluntad constituyente». 

¿Qué se pretendía entonces? Se deseaba establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de toda persona. ¿ Acaso no es eso lo que se pretende en Europa? ¿Acaso no es ese el reto de Naciones Unidas?

Ello implica, al menos en España: 

1. Garantizar la convivencia democrática

2. Consolidar un Estado de Derecho bajo el Imperio de la Ley

3. Proteger los Derechos Humanos, culturas y tradiciones, lenguas e instituciones

4. Promover el progreso cultural y económico con el fin de lograr una mayor calidad de vida

5. Lograr una sociedad democrática avanzada, superando realidades vergonzantes

6. Colaborar en fortalecer relaciones de paz y de cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 

¿Cuáles eran los valores superiores? La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Se dirá que son valores subjetivos, pero el Derecho garantiza al menos esos valores de forma relativa.

 Hoy, quizás por contraposición al enfrentamiento de civilizaciones promovido por intereses económicos y de hegemonía política, habría que añadir «la interculturalidad». Muy subjetivo pero muy necesario para el diálogo, la convivencia, y las alianzas de paz justa, incluso en procesos de Transición.

La propia visión cultural de las cosas y el propio sentir y pensar conviene dialogarlo con la visión de los demás y sus apreciaciones de la realidad; y, en la comunicación de una cultura con otra o de una lengua con otra, hay que establecer un espacio de entendimiento y de intercambio. Los Partidos Políticos expresan pluralismo pero no dialogan, se enfrentan o se alían según intereses, no son interculturales, y además, fallan mucho en democracia interna y externa. Lo mismo podría decirse de los distintos gobiernos, de los sindicatos, y de las asociaciones empresariales, o de las actuales asociaciones de autónomos. 

¿Qué decir de la Soberanía Nacional o de la Forma Política del Estado y de Las Fuerzas Armadas? Cuanto menos que es absolutamente necesario «actualizar las realidades» y, tomada la pertinente conciencia, avanzar hacia un Nuevo Contrato Social. De hecho, el «sentido constitucional» es naturalmente contractualista, y, desde el presente, debe encarar el futuro por medio de un amplio consenso. Hay que encaminarse hacia un Nuevo Horizonte de Comunidad Humana. 

Los artículos 9 y 10 (de la CE) no tienen desperdicio. Sujetos a la Constitución y al Ordenamiento jurídico, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad y la igualdad. Lo fundamental: la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley justa, y a los derechos de los demás… Para concluir la orientación y el norte del sentido constitucional esbozado, bastaría con recordar el art. 10, 2: 

«Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». 

¡Ojala! Ni conviene bajar la guardia, ni tampoco desfallecer en los avances hacia una democracia cada vez más real. Ya nos lo indica Stéphane Hessel, en pro de una Europa Federal, una Europa Política y Social -frente a la Europa Mercantilista e Individualista- en su opúsculo: ¡No os rindáis! 

Algunos consideran que el proyecto Europa pasa por una especie de Leviatán, económico o político, pero los principios de cohesión económica, territorial y social, así como los Derechos Fundamentales de la Unión, son muy claros y permiten apostar por “Otra Europa”, Social, Solidaria, y de Futuro, en la “mixtura Erasmus” que han logrado nuestros jóvenes más despiertos y ágiles. 

“Si dejamos que el nacionalismo y el euro-escepticismo se impongan, corremos el riesgo de ser arrastrados de nuevo a los lados más oscuros de nuestra historia”, en Berlín y en Paris, en Ámsterdam y en Atenas…, en Lisboa, Madrid, y Roma. ¡No nos rindamos!

 

 

José Mora Galiana,

Sevilla, junio 2013

LAS PENSIONES DEL PP

 

LAS PENSIONES  DEL PP

 

Hace unas semanas con motivo del fallecimiento de Margaret Thatcher, despedida con honores de Jefe de Estado en Reino Unido, la prensa española publicaba amplias semblanzas de su vida y obra, especialmente de su larga etapa al frente del gobierno de Su Majestad. De todos los datos publicados hubo uno que nos resultó particularmente lacerante: “Cuando llegó al gobierno uno de cada siete niños británicos era pobre, al final de sus mandatos lo era uno de cada cuatro”.

Sin duda esta señora forma ya parte de la historia pero, de la historia universal de la infamia.

Parece que los políticos del PP, aparte de la admiración que le profesan, están por emularla también en extender la pobreza infantil por toda la geografía española. Por lo pronto, ya han conseguido que se den miles de casos de malnutrición en Cataluña, ambas Castillas y Andalucía, si bien en este último caso hay una reacción positiva del Gobierno de la Junta que, no parece dispuesto a que los niños andaluces pasen hambre.

Después del metódico derribo y privatización de la Sanidad y la Educación, acometido con cínico entusiasmo por este gobierno depredador, ahora le toca el turno a las pensiones públicas.

Hay que recordar que ya hubo una reforma en 2011 acordada con empresarios y sindicatos que, alargaba la edad de jubilación, ampliaba el periodo mínimo para tener derecho a la percepción y se desplegaba por completo en 2027.  En definitiva, suponía un cierto recorte de las pensiones y contribuía a mantener el sistema.

Al gobierno de Rajoy no le parece suficiente la reforma y ha convocado a los llamados sabios que han desligado las pensiones del IPC y han introducido un coeficiente de esperanza de vida inversamente proporcional a dicha esperanza. Es decir, a mayor esperanza de vida menor cuantía de la pensión. El dictamen también incluye su inmediata puesta en vigor.

La fórmula propuesta por estos descubridores de la pólvora perjudica a los pensionistas actuales y, desde luego, a los futuros.

Cuando se pone en duda la viabilidad del sistema, su sostén en el tiempo y la garantía estatal, se está fomentando el miedo entre la población y abriendo el campo para que Bancos y Aseguradoras accedan a un gran volumen de negocio. La consigna es clara; El Estado solo repartirá pensiones de subsistencia, luego Vd. deberá hacerse un seguro privado, sino quiere una vida larga pero miserable.

En el selecto grupo de los “sabios” ha habido casi unanimidad al recomendar estas medidas. Afortunadamente el catedrático de Economía Aplicada de la UAM Santos Ruesga, representante de UGT, se negó a suscribir el documento final por desacuerdo con el mismo.

Según afirma Cayo Lara y alguna publicación, sin que nadie lo haya desmentido, 7 de los 10 miembros del grupo trabajan para aseguradoras y entidades financieras como Unespa, Mapfre, BBVA y otras. Así pues, la mayoría de los elegidos por el gobierno cobran además de los que esperan hacer negocio con el miedo y la pobreza de la población.

Pero¿ Por qué no se pueden pagar las pensiones en España?. El país dedica a este capítulo poco más del 10% del PIB, muy alejado de la media comunitaria que emplea más del 13% para  el mismo fin  o de Francia e Italia, lejos también de Finlandia, la patria del Comisario Olli Rehn que propugna para los pueblos del sur, amargos recortes que no se atrevería a aplicar en su país. No obstante, no nos engañemos el gobierno va más lejos de las recomendaciones europeas. Conclusión: Los casi 9 millones de pensionistas y los que mañana se añadan, deberán oponerse a estas medidas y recordar a la hora del voto que, es el gobierno del Partido Popular el que está intentando perpetrar este latrocinio.

 

 

 

EL FRAUDE FISCAL, UN HÁBITO SOCIAL

El FRAUDE FISCAL, UN HÁBITO SOCIAL

Un trabajador autónomo, con una actividad profesional de servicio a las empresas y con despacho abierto al público, decidió comprarse una vivienda. Llegó a un acuerdo con el vendedor en relación al precio, pero no lo consiguieron en cuanto al valor que se debía recoger en la Escritura Pública de Propiedad, habitualmente inferior al real con el fin de pagar menos impuestos.

El trabajador intentaba moverse, en su actividad profesional, dentro de la legalidad pero en la práctica le resultaba imposible hacerlo. Prestaba sus servicios a empresas que mantenían parte de su actividad sumergida, otras que pagaban a sus trabajadores horas extraordinarias que no figuraban en nómina y otras que ni tan siquiera estaban constituidas como tales. Ayudaba así a engañar a los trabajadores y defraudar a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Él tenía que cobrar parte de sus honorarios en negro, porque así se lo imponían los empresarios a los que su despacho les trabajaba y repetía los mismos engaños a los intereses generales. Tampoco podía evitar que cuando le reparaban los electrodomésticos, el coche o el fontanero lo visitaba por causa de una avería, no le dieran facturas porque no querían complicarse la vida. Él tampoco las pedía cuando iba al dentista o al médico. Así persistía en prolongar las irregularidades. Cuando se preguntaba por la razón de qué lo hiciera de ese modo la respuesta era que se limitaba, simplemente, a adaptarse a los hábitos sociales.

El argumento de los hábitos sociales fue lo que hizo que se pusiera de acuerdo con el vendedor de la vivienda, en relación al precio que debería figurar en la Escritura. Si hacían costar el dinero real harían el ridículo ya que si nadie lo hacía así, ¿por qué razón ellos iban a ser diferentes y pagar a la Hacienda Pública más que la generalidad de los ciudadanos? Incluso las grandes constructoras cobraban en sus ventas parte del precio de las viviendas que vendían en negro, al margen de la hipoteca y de la Escritura de Propiedad.

La operación la completaron en la propia Notaria donde el notario, ese personaje arcaico que suplanta a la Administración Pública en sus funciones por las que consigue ingresos millonarios, le indicó el precio mínimo que la Hacienda Pública aceptaría y se retiró para que vendedor y comprador intercambiaran el pago en negro sin testigos incómodos que comprometieran la acción.

Este hábito social, arraigado con profundidad en la sociedad española, a la mayoría le supone  unos cuantos euros de beneficios fraudulentos y, a otros, millones de euros, lo que indica que en definitiva hasta para engañar a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social hay clases, aunque todos defraudan.

El problema es de mucha gravedad para la economía del país, que se cifra en decenas de miles de millones, y en definitiva para todos los ciudadanos, pero aunque es bien conocido por los responsable políticos de la Hacienda Pública, al parecer por los resultados no son capaces de encontrarle una solución.

La normativa vigente para luchar contra el fraude está hecha para los grandes defraudadores, pero si la aplicaran con rigor, lo que sería posible, ¿cómo ayudaría este país a que los paraísos fiscales se mantuvieran y prosperaran, para mayor gloría de la clase política de todo el mundo y los beneficios extras de banqueros, corruptos, mafiosos y demás elementos que tienen el poder real, el poder económico?

Este país dispone, desde hace décadas, de una legislación completísima en todos los campos del derecho, el problema es que por motivos diferentes se aplica mal o no se aplica, e incluso con más frecuencia de lo que se imagina son normas inútiles, hechas para que la clase política justifique con esa labor estéril su razón de ser. La proliferación legislativa ha llegado a tales extremos que en algunas ramas incluso a los profesionales del derecho les resulta imposible abarcarla en su totalidad. Hay expertos que aseguran que dentro de ella se encuentran contradicciones y algo más. A pesar de tanta abundancia los legisladores han sido incapaces de poner en aplicación unas normas que acaben con el hábito social de defraudar a la Hacienda Pública, que es hacerlo a todos los ciudadanos.

No se trataría de aplicar esas propuestas maximalistas e improductivos de poner en píe de guerra a un ejército de inspectores, que persigan a los ciudadanos. Costaría más mantenerlos  que lo que fueran ingresos recaudados.

La solución es más sencilla y a la vez más complicada, consiste en que esa clase política que anda metida siempre en guerras, internas y externas, para administrar una parcela de poder ponga en marcha un sistema tributario para desterrar de la sociedad ese hábito de defraudar, tan negativo para la mayoría de los ciudadanos.

Se trata, en definitiva, de promover un cambio de mentalidad y de cultura solidaria, que requiere ejemplaridad en la “res pública” y en los negocios y contratos privados.